Kurt Burneo, Profesor Investigador CENTRUM Católica.
La reciente primera vuelta electoral, permitió visualizar en cuanto a los planes económicos 2 grupos de opciones decantadas con claridad: Dejar el modelo intocado o introducirle modificaciones, y esta última opción, fue respaldada con sus votos, por un tercio de los electores. ¿Hay fundamento para estas demandas? ¿Atender a ellas redundaría favorablemente también en las firmas? Creo que sí y daré alguna evidencia de ello.
El modelo económico actual, (entendido en el imaginario común más como estrategia), adopta al mercado como mecanismo de establecimiento de precios y cantidades además de ser crecientemente abierto al exterior; ciertamente este posibilito el crecimiento económico desde hace 15 años, lo que facilito la reducción de la pobreza y pobreza extrema, dejando de ser Perú, un país de bajos ingresos para ser uno de medianos ingresos. A nivel macro camino bien, ¿Pero a nivel microeconómico? Creo que no tanto. Mencionemos alguna referencia sobre lo último: a)Tasas de interés para créditos de consumo por encima del 100% b)Acceso a educación y salud de calidad, reservado solo aquellos que tienen altos ingresos c) 4 AFPs que no tienen incentivos para maximizar rendimiento fondos administrados y sin competencia d)Exceso estructural de oferta de trabajo no calificado, que limita ajustes salariales al alza, e) Inseguridad ciudadana permanente, f)Inciertos beneficios si un productor se formaliza frente a costos resultantes absolutamente efectivos g) Mantención casi sin cambio, de la desigual distribución del ingreso (Gini 2007 0.50 y 0.44 en 2014).
La lista podría ser más extensa, pero es suficiente para graficar elementos que configuran el día día de compatriotas nuestros, que frente a la bonanza macroeconómica que se refleja en el crecimiento de PBI y de las reservas internacionales, deuda con grado de inversión, mas tratados de libre comercio, alza de los índices bursátiles etc.; al final se pregunta ¿a y a mi cuando me toca? ¿Cuándo mi vida cotidiana cambiara para mejor? ¿Cuándo tendré más oportunidades para salir de misio? El punto es que tal como está, el modelo que funciona para la macroeconomía, a su vez tiene limitaciones para mejorar aspectos microeconómicos como los referidos líneas arriba.
¿Que necesitamos para enfrentar este listado de limitantes? Y que sin duda será asunto a incluir en las propuestas de los 2 candidatos que pasaron a 2da vuelta. Antes que nada un Estado que funcione eficientemente como promotor, ente normativo, fiscalizador y gestor de recursos que administra. ¿Nada más? No. Creo que también se necesita, un sector privado interesado e identificado con mercados que funcionen con la mayor transparencia posible; una práctica que va a contrasentido de esto último se da por ejemplo cuando un agente privado corrompe a un funcionario público: Para que haya corrupción, se necesitan 2 personajes: Un corrupto, y un indispensable corruptor.
El solo atender esta lista corta de demandas ciudadanas, ¿Acaso no se mejora la calidad de la mano de obra y con ello un factor productivo de las firmas, aumentando su productividad? ¿No se propendería con ello una mayor productividad de factores, incrementando el producto potencial?
Por otro lado, las políticas que posibilitarían en el futuro la resolución de problemas tan cercanos al ciudadano de a pie, y con ello mejorar el capital humano para las firmas, cuestan. Se necesitan recursos para implementarlas; el asunto es que es más restrictiva esta disponibilidad, no solo porque que ahora el déficit fiscal nominal es 2.1% y el estructural 1.8% del PBI –sujeto obligadamente a generar una trayectoria descendente de estos- , sino también porque se requiere financiar las propias iniciativas de nuevos Fondos y Programas así como de reducciones impositivas incluidos en los propios planes de gobierno de los 2 candidatos que pasaron a la 2da vuelta.
En conclusión, lo descrito, fuerza a no solo ser conscientes de las limitaciones del modelo, sino también enfrentarlas y contar con el debido financiamiento. Ignorar esto podría ser un error peligroso, dada la acumulación de demandas insatisfechas, lo cual complicaría la gobernabilidad futura del país.
Apuntes de Economía 
APUNTANDO A NIVELAR EL BIENESTAR A NIVEL MICRO ECONÓMICO
Octubre 4, 2011
La Reforma Tributaria del Siglo XXI
© Enrique Woll Battistini 2011
Me permito hacer un comentario respecto a la necesidad de una reforma tributaria en el Perú, aunque sea quizás demasiado teórico y académico, para muchos, o demasiado radical para otros, o no, según lo pragmático, conservador, o audaz que sea cada uno. Lo hago, en todo caso, porque considero que es necesario contribuir a la discusión de este tema, que en realidad es de evidente importancia mundial en este siglo de crecientes confrontaciones entre los ricos y los pobres, en que se alcanzará la paz social general solo si se logra instalar con rapidez un sistema global articulado para el desarrollo sostenible: Es decir, un sistema para el desarrollo integral, justo, y amigable con el medio ambiente. Cabe señalar también que estas líneas reflejan mi pensamiento de los últimos veinte años, que se ha centrado en la elaboración y difusión de una propuesta efectiva para tal sistema, que necesariamente merecería e incluiría una profunda reforma tributaria global complementaria.
Opino que los impuestos no deben ser instrumento de la envidia, del castigo, o de la nivelación económica o social abrupta de las gentes. Creo que con esto estaría de acuerdo la mayoría de las personas. Además creo que los impuestos tampoco deben ser usados por el Estado primordialmente como instrumentos de manipulación social, ni de manejo indirecto de actividades económicas, ni siquiera de las que sean de interés nacional, porque la salud de la economía debe resultar, primordialmente, de actividades esencialmente libres del sector privado. Este enfoque no es suficientemente directo y está sujeto a los efectos corruptores habituales de los grupos de presión con intereses especiales. Al contrario, la economía debe seguir su curso libremente bajo un marco legal que restrinja la generación de externalidades negativas importantes prohibiendo y limitando directamente las actividades que les darían lugar, concediendo responsablemente las licencias para las actividades que requieran regulación, y garantizando que todos esos costos sean incluidos en los precios.
El Estado puede y debe conservar la salud de la economía, a nivel macro, esencialmente a través del Banco Central de Reserva, y por medio del Tesoro Público que maneja el Ministerio de Economía. Dichas entidades deberán actuar con independencia, y coherencia, dentro del marco regulatorio general y específico aplicables a las actividades de los sectores público y privado. La primera, controlando la inflación mediante ajustes a la tasa de descuento, y efectuando operaciones de compra y venta de bonos del Tesoro en el mercado abierto, y la segunda, complementando, por excepción, la financiación del presupuesto integral del Estado mediante endeudamiento responsable, emitiendo y retirando sus bonos del mercado según convenga.
Creo por lo tanto que los impuestos no solo deben ser la fuente de financiación del Estado, para que pueda cumplir con sus fines constitucionales, sino que deben ser su fuente por excelencia, casi única, y que estos fines y las actividades Estatales consecuentes deben apuntar de manera constante a la búsqueda directa del bienestar ciudadano tangible, a través de la prestación de servicios de su competencia exclusiva, en los rubros de Seguridad Ambiental Alimentaria y de Salud, Seguridad Energética de Educación y de Desarrollo Integral, Seguridad Social y de Orden Interno, y Seguridad de Defensa Nacional, limitándose drásticamente la complementación de los ingresos Estatales tributarios a través del endeudamiento, o de actividades complementarias, o empresariales, particularmente aquellas en las cuales competiría con el sector privado, cosa con la cuál también estarían de acuerdo las grandes mayorías. Es más, cuando las intervenciones del Estado en las actividades del sector privado sean socialmente necesarias, aceptadas, y existan, no deben ser efectuadas por éste como empresario, repito, salvo en raras excepciones, y deben siempre ser hechas de manera directa, a través del presupuesto integral del Estado, apuntando a los sectores y actores estratégicos del caso, sin olvido de los estratos poblacionales más empobrecidos, y sin recurrir a regímenes tributarios especiales.
Ahora bien, habiendo vinculado el asunto tributario con los fines constitucionales del Estado, en su contexto natural, que es el presupuesto integral del Estado, corazón del sistema fiscal del Estado, e instrumento fundamental de gobernanza, cabe señalar que el sistema fiscal Estatal del siglo XXI debe reunir ciertas características esenciales para que el Estado pueda cumplir de la manera más efectiva y eficiente con su objetivo central, la búsqueda directa del bienestar ciudadano tangible:
1. Simplicidad conceptual
2. Simplicidad administrativa
3. Divorcio fiscal
4. Transparencia absoluta
En mi opinión, los requisitos de simplicidad conceptual y administrativa señalados demandarían la existencia de un solo impuesto, o impuesto único, que sería un impuesto único al consumo, o IUC, aplicable exclusivamente a nivel de productos de consumo sin excepción, y tendría una tasa plana, y fija, digamos que menor al 20%. Es decir, el IUC sería aplicable a todos los bienes y servicios producidos total o parcialmente en el territorio nacional, para el consumo individual directo, adquiridos por las personas naturales, o por personas jurídicas, indistintamente de los fines o usos buscados o dados, incluso como insumos, o para reventa, o para exportación. Este impuesto lo pagarían las personas naturales y jurídicas al momento de la compra, de manera análoga a la forma de pago del actual impuesto general a las ventas, IGV, segregándose su monto, en las facturas, del precio total de los bienes y servicios del caso, incurriendo las personas naturales o jurídicas vendedoras que lo cobrasen, indistintamente de su naturaleza o tamaño, la obligación de pago inmediato a la Sunat, según lo permitan las tecnologías informáticas y comunicacionales del momento.
La simplicidad conceptual y administrativa requeridas demandarían también, tal como he señalado, la no existencia de regímenes tributarios especiales, es decir, la no existencia de créditos tributarios de ninguna clase, ni de deducciones, ni de exoneraciones, ni de reducciones, ni de fraccionamientos, ni de condonaciones, o de cualquier distinción en las reglas tributarias aplicables a diferentes personas jurídicas o a diferentes personas naturales, ni entre estas categorías. Al haber sólo el IUC, no habría impuestos a la renta, ni a la propiedad, ni a la herencia, por ejemplo, y tendría por fuerza que ser cobrado y administrado a nivel central por la Sunat y el Tesoro Público, respectivamente.
El divorcio fiscal requerido consistiría de y demandaría la separación e independencia total e irreversible, en el Estado, del rubro de ingresos y del rubro de egresos en el presupuesto integral del Estado, es decir, del rubro de la recaudación del IUC y del rubro de sus usos o aplicaciones al gasto público o a la inversión pública, sin excepción alguna, más allá de la correspondencia que deben guardar para mantener un equilibrio fiscal razonable y la deuda nacional por emisiones de bonos del Tesoro en un nivel mínimo, y bajo control. Por lo tanto, el presupuesto integral del Estado debe contemplar e incluir un Fondo Nacional de Reserva en Prosperidad (FNRP) que permita el crecimiento del gasto e inversión pública en línea con el crecimiento histórico del PBI de la nación en tiempos de Recesión Económica, e incluso de Depresión Económica, es decir, que permita al Estado efectuar estímulos económicos contra cíclicos compensatorios cuando convenga.
Además, en ausencia de los referidos instrumentos tradicionales de manipulación a través de los impuestos, para que el Estado pueda cumplir a cabalidad con su fin primordial, que sería la búsqueda directa del bienestar tangible ciudadano, como he señalado, habrían por fuerza casos de intervenciones suyas en las actividades del sector privado, socialmente necesarias y aceptadas, que no serían efectuadas por éste como empresario, sino que serían mas bien hechas de manera directa, apuntando a los sectores y actores estratégicos del caso, sin olvido de los estratos poblacionales más empobrecidos, mediante aportes no reembolsables, o de préstamos, o de capital accionario complementario, por el Tesoro Público de acuerdo al referido presupuesto integral. Estas intervenciones del Estado en las actividades del sector privado, a través del Tesoro Público, estarían sujetas a fiscalización privada y pública, para satisfacer el requerimiento de transparencia absoluta, publicando los detalles de cada caso en la respectiva página Web, como parte del rendimiento de cuentas fiscales de la nación.
Este nuevo instrumento de estímulo económico, y de justicia social, eliminaría los engaños y errores a que están sujetos los elementos más complejos del sistema tributario actual, por personas naturales y jurídicas, y a los ejércitos de abogados del sector privado permanentemente enfrentados a los ejércitos de abogados del sector público que producen un resultado económico de suma cero. Además, este instrumento simplificaría la función Estatal, permitiendo su reorganización, reforma, y consecuente reducción y ahorro público, y eliminaría decenas de miles de juicios de todo tipo ligados a temas tributarios y los consecuentes esfuerzos fútiles del y en el poder judicial por hacer o deshacer justicia, con el consecuente ahorro e incremento de la productividad en el sector privado.
Un sistema fiscal de esta índole, en igualdad de entornos económicos internos y externos, en comparación con el actual, de corte tradicional, no solo permitiría sino que facilitaría el establecimiento de un nivel de vida mínimo socialmente aceptable para los más empobrecidos, apuntando a lograr, en el tiempo, para el estrato poblacional más pobre que en conjunto genere el 1% del PBI nacional, un crecimiento monotónico del consumo per cápita promedio relativo al PBI per cápita nacional, que en un contexto de crecimiento del PBI per cápita nacional, especialmente, serviría como índice de inclusión económica y social objetivo, y realista, de acuerdo a las posibilidades económicas de la nación.
Por lo tanto, un objetivo nacional digno y realista, en el mediano y largo plazo, sería el de alcanzar un nivel de consumo para el estrato poblacional más pobre que en conjunto genere el 1% del PBI nacional de no menos de, digamos, el 10% del nivel de consumo del estrato compuesto por los individuos más ricos que en conjunto generen un nivel de referencia del 50% del PIB nacional, con el estímulo concomitante al ahorro y la inversión. Durante el resto de este siglo, este nivel de referencia sería lenta y juiciosamente reducido para mayor igualdad e inclusión de los pobres.
Con tiempo, este sistema fiscal alcanzaría, a nivel micro, esta meta y el más amplio objetivo nacional de inclusión económica y social, permitiendo la financiación de toda suerte de programas de apoyo social regulares y de emergencia, incluyendo un programa de ingresos líquidos suplementarios, y su seguimiento en un esquema de presupuestos integrales del Estado por resultados, y de base cero, con la transparencia necesaria para combatir efectivamente la corrupción en los sectores público y privado. Crucialmente, un sistema fiscal de este tipo permitiría la determinación ciudadana, de manera democrática y directa, de la participación porcentual de los diversos rubros de gasto e inversión en los presupuestos integrales del Estado, cuando menos por las categorías gruesas antes señaladas de Seguridad Ambiental Alimentaria y de Salud, Seguridad Energética de Educación y de Desarrollo Integral, Seguridad Social y de Orden Interno, y Seguridad de Defensa Nacional.
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