Estas últimas semanas han estado marcadas por una serie de eventos políticos adversos, definidos por el conocimiento de extendidos casos de corrupción. Este factor comienza a pasarle una creciente factura a la economía, agravando la pérdida de dinamismo de la inversión, el consumo privado, la demanda interna, y por tanto reduciendo más la velocidad de crecimiento del PBI. Si bien estructuralmente, esta desaceleración económica viene por lo menos de 2 años atrás al ir apagándose el motor llamado economía internacional; es la desconfianza creciente proveniente del complicado actual contexto político, la que estaría acelerando la perdida de viada de ese avión llamado economía peruana.
El año pasado el crecimiento del PBI (que estimo en un 3.8%) estuvo explicado en un 53% por el sector minería e hidrocarburos (al entrar en operaciones la ampliación de Cerro Verde y Las Bambas). Para el 2017, la esperanza está cifrada en el sector servicios como nuevo motor del crecimiento económico, pero pareciera que esto –dadas las circunstancias actuales- será difícil de ocurrir. Luego del 2010, la inicial desaceleración y posterior contracción de la inversión privada -sustentada en el deterioro de las expectativas económicas- comenzó a afectar la velocidad de crecimiento del consumo privado y por tanto de los servicios. Si a eso le sumamos que el crecimiento del año pasado basado en sectores intensivos en capital y con poco impacto en la economía urbana como minería y petróleo, definió una debilitada base de esta, debilidad a su vez extendida a la demanda hacia el sector servicios. Empeorando el cuadro descrito, el contexto político volátil, determinado por una caja de pandora de casos de corrupción que recién comienza a abrirse, genera un clima de desconfianza generalizada. De acuerdo a Transparencia Internacional el Perú en el 2016, ocupa el lugar 101 en una muestra de 176 países en cuanto a percepción de corrupción.
Para poder caracterizar el efecto proveniente del factor corrupción, es imposible no referirnos al llamado efecto Odebrecht; el cual no se circunscribe solo a la postergación del proyecto Gasoducto del Sur, sino también a la ralentización de otras obras de infraestructura aun en curso. A manera de referencia, si solo consideramos los cuatro proyectos de infraestructura vial adjudicados a Odebrecht entre el 2010 y 2015 por US$ 1563.3 millones pendientes de entrega, en uno de ellos, el proyecto Via Costa Verde Tramo Callao, con una buena pro otorgada por US$ 302.7 Mills, a través de varias adendas este alcanza hoy US$ 470.7 Mills (56% adicional), por ello, este proyecto ya cuenta con denuncia en firme en la Fiscalía Anticorrupción del Callao. Y es que a partir de lo anterior, y dada la sospecha extendida, no se necesita mucha perspicacia para suponer que los procuradores, van a solicitar que sean objeto de investigación los otros proyectos –como ya ocurrió con la Vía de Evitamiento del Cusco-por ello la viada de avance de los proyectos previsiblemente será menor. Esta es la carta de presentación directa del llamado efecto Odebrecht, que se gatilla a partir del propio reconocimiento de esta firma de haber entregado sobornos (habiendo indicios que otras firmas también habrían aplicado similar Know How) para ganar adjudicaciones de proyectos y luego inflando costos de las obras via sucesivas adendas al contrato original, obtener ilícitos ingresos adicionales.
La factura política marcada por los casos de corrupción conocidos y por conocer, se extiende más allá de los sobrecostos de los proyectos: Enrarece el clima de los negocios desincentivándose la inversión, en tanto por ejemplo en el caso de una licitación, no se selecciona al postor más eficiente sino al corruptor, con lo cual se pierde eficiencia económica, además la corrupción origina una más regresiva distribución del ingreso; de esta forma estos costos mediatos deben adicionarse a los efectos adversos de corto plazo sobre el crecimiento. Al final el adverso factor político, origina una costosa cuentasa que pagamos todos. Frente a ello, liderazgo, credibilidad y una plausible propuesta de política contra cíclica (¿Qué sentido tiene seguir con el sobreajuste fiscal graficado con un déficit de 2.6% a enero?), son indispensables ya.
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