En estos últimos días tanto el ministro de Economía como el presidente del Consejo de Ministros, abiertamente refieren que dado un déficit fiscal creciente, la opción inmediata es cortarel gasto, básicamente el gasto corriente “superfluo”. No obstante, dicha opción dista de ser simple, no solo por conocer en particularcuál es la denominación gubernamental de lo que es “superfluo”; sobre todo cuando a renglón seguido las autoridades aluden al gasto en consultorias. Estos asuntos no pueden mirarse solo desde una perspectiva financiera, pues el lado económico también importa, en tanto si se les pasa la mano en el ajuste del gasto, podría afectarse el regular funcionamiento del Estado, como ocurrió con el ajuste fiscal de octubre del 2016, que causó una fuerte desaceleración de la economía.
Que es necesario que el déficit fiscal esté bajo control, está fuera de toda discusión, más aún cuando a la fecha este anda en un 3.3% del PBI, (siendo el tope un 3.5% para este año); fundamentalmente porque ello trae aparejado un mayor ratio deuda pública PBI que llegaría al 25%, con lo cual perdemos solvencia y a continuación se elevaría probablemente la curva de rendimientos, encareciéndose el costo del financiamiento, incluso para el sector privado.
El caso es que este déficit fiscal, hoy responde básicamente a una sostenida caída de los ingresos fiscales; es así que actualmente la presión tributaria solo es del 12.9%. Entonces, diría que para controlar este déficit comenzaría por revertir medidas equivocadas que solo implicaron pérdidas de ingresos como el creado régimen Mype Tributario o las extendidas exoneraciones tributarias sectoriales y geográficas.
Por otro lado, mirando el lado del gasto, no perdamos de vista de que el Estado es un ente prestador de servicios: administrar justicia, seguridad interna y externa, salud y educación básicas, etc. Por lo cual, no debería ser novedad que el gasto corriente, o sea el gasto de funcionamiento, sea predominante. Así, en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2018, este representa el 65.7%. Esto no quita que siempre hay la posibilidad de reducir algo de grasa al interior del gasto, pero cuidado que este ajuste no solo debe hacerse con una mirada financiera, sino debe tenerse en cuenta la perspectiva económica también. Alternativamente, siempre hay posibilidades de menor gasto por el lado financiero, por ejemplo, aprovechando oportunidades de canje de deuda.
En cuanto a la posibilidad explícita mencionada por las autoridades de recortes en servicios profesionales y técnicos (básicamente consultorías), se refiere que en soles nominales el devengado de estos servicios pasó de S/ 7,305 millones a S/ 9,759 millones entre 2014 y 2017; señalándose también que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el 2018 es de S/ 10,831 millones.
Dándose una connotación oficial negativa al crecimiento de estos servicios cabría preguntarse: ¿Acaso no se contratan consultorías porque no se cuenta con la suficiente cantidad instalada en términos de capacidades técnicas, por ejemplo, para elaborar expedientes técnicos que sustentan proyectos de inversión, o para corroborar la pertinencia técnica de una decisión gubernamental? Podrían decir algunos que hay consultorías contratadas poco útiles, ¿acaso la entidad y los funcionarios encargados no asumen la responsabilidad de la pertinencia de los servicios contratados, sobre todo en un contexto donde se persigue dinamizar la inversión pública? De lo expuesto, planteo que se tiene que ser muy cuidadoso en los recortes por hacerse, dado que es fundamental preservar el regular funcionamiento del Estado. Las finanzas son importantes, pero la economía también lo es.
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