El INEI publicó hace pocos días que el PBI creció en 0.62% en el mes de mayo; incluso en términos desestacionalizados la tasa correspondiente a dicho mes fue de 0.26% respecto a abril; esta reducida dinámica tiene tras de sí aparte de un entorno externo poco amigable (bajos precios de metales, guerra comercial EE.UU.-China, incertidumbre en mercado divisas, etcétera), una limitada demanda interna, resultante en parte de la política macro en general y fiscal en particular. Es en este último plano donde se vuelve a poner en evidencia –una vez más– el antiguo dilema en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) motivo de esta nota.
Ciertamente, era previsible que mayo presentase una tasa de crecimiento menos mala que la de abril (0.02%), mes en el que se produce una caída del PBI primario de 8.3%, explicado principalmente por la pesca que cayó 63%. En mayo, el PBI primario todavía tuvo una caída, pero no tan fuerte como la observada en abril (pesca -26.79%, minería y petróleo -1.54, manufactura primaria -18.65%).
Mirando los números de mayo en términos acumulados, por ejemplo, entre enero y mayo de este año, el PBI creció en 1.45% y en términos anualizados 2.6%, tasa bastante distante del 3.4% de crecimiento estimado para este año por el BCRP.
Si bien datos adelantados de junio señalarían que la inversión del Gobierno general creció 20.1% y la producción de electricidad se incrementó en 3.69%, junto a una expansión estimada de 8.8% del consumo interno de cemento, con lo cual se esperaría mejoría del PBI en junio, el desafío está en cómo hacer sostenible –al menos en términos aproximados– la tasa de crecimiento del PBI prevista a junio (cerca al 3.5% según el MEF).
La idea es que estemos frente a una recuperación continua de la demanda y del producto, y no frente a un episódico hipo del PBI, y en esto es central el manejo del gasto público en general y en particular de la inversión pública implicada, no solo por ser componente de la demanda con efecto directo sobre el PBI de corto y largo plazo, sin por ser funcional a la inversión privada, al facilitarla.
Dado que en mayo el déficit fiscal (DF) fue de 1.44 % y llegando a junio pasó a 1.5% del PBI, este DF bajo, podría dar al Gobierno –dado un tope de 2.2%– margen para elevar el gasto público en general y la inversión en particular, dado los déficits fiscales en dichos meses, considerando los ingresos fiscales anualizados en el último año, que se mantuvieron en 19.8% del PBI y, tímidamente, el gasto no financiero del Gobierno general pasó de 20 a 20.1% entre mayo y junio. Margen para un incremento moderado del DF existe y si bien ello afectará limitadamente la solvencia, y por consiguiente implicará algún aumento del riesgo (algún nivel de elevación de la curva de rendimientos), estos efectos son temporales porque una mayor demanda lleva a mayor producto y mejora en la recaudación a continuación.
Por supuesto que considerar como parte de la decisión de gestión macroeconómica, desarrollar un mayor nivel de gasto –sujeto al DF límite de 2.2%– y además respetando la regla macrofiscal que establece el límite de la deuda ‘pública que no puede ir más allá del 30% del PBI, la decisión es básicamente financiera, pero si a la vez con ello se mejoran expectativas y demanda, es claro que estamos resolviendo en el plano de la economía.
Al final, bajo controles preestablecidos, se puede flexibilizar –aunque con límites– la gestión financiera, en el propósito de dinamizar la demanda, expectativas y el PBI mismo. Esta propuesta buscando una recuperación sostenible de la actividad económica, es lo que creo que el MEF podría hacer, pero al hacerlo estaría anteponiendo la economía a las finanzas. Ya era hora.
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