En mi artículo anterior “Destruyendo instituciones y a la economía también” (Gestión 02.10.2019) refería como siendo las instituciones “factores claves para explicar tanto la prosperidad y la pobreza, dada su relevancia en las interacciones de los agentes económicos” y mostraba que en el caso del Congreso, desde su accionar sesgado a favor de determinados grupos de interés, se evidenciaba este proceso destructivo.
Debo decir, sin embargo, que con el pasar de los días me quedé corto en la narrativa de estas negativas experiencias de continua afectación institucional en el país, en tanto esta afectación se extiende, al multiplicarse los casos de instituciones con accionar sesgado y así poco predecible, se genera aún mayor grado de impredictibilidad en el efectivo cumplimiento de mandatos normativos definidos institucionalmente.
Veamos lo nuevo y adverso también. En estos últimos días se produjo una clara vulneración al efectivo cumplimiento de los mandatos institucionales; como fue el caso de las atribuciones detentadas por la Superintendencia Nacional de educación Superior Universitaria (Sunedu). Esta institución desde enero del 2015 tiene la responsabilidad de otorgar el licenciamiento para ofrecer el servicio educativo superior universitario. Y como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación, verifica también el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad (CBC) y fiscaliza si los recursos públicos y los beneficios otorgados a través del marco legal son destinados hacia fines educativos y el mejoramiento de la calidad.
El caso de afectación adversa institucional que presento trata de lo siguiente: existiendo una solicitud de licenciamiento por parte de la Universidad Privada Telesup, de propiedad del excongresista José Luna Gálvez, la Sunedu denegó el licenciamiento institucional a esta universidad hasta en dos ocasiones, luego de comprobar que esta entidad educativa no cumplía con los indicadores establecidos según las condiciones básicas de calidad (CBC) y la Ley Universitaria.
Frente a ello la universidad presentó tres acciones de amparo para suspender los efectos de el no licenciamiento en juzgados de Lima, Talara y Bagua. Los dos primeros fueron desestimados, pero el tercero procedió en una medida cautelar con fecha 9 de octubre. Esta medida al dejar suspendidos los efectos del no licenciamiento, como es la implementación de un plan de cierre de la universidad en los siguientes 2 años, va en contra del proceso de exigencia de estándares de calidad educativa por la Sunedu, y también en contra de la reforma universitaria y de garantizar a los estudiantes peruanos de una educación de calidad.
La medida cautelar del juez de Bagua (que extrañamente renuncia a los pocos días a la magistratura) es un claro absurdo, la medida cautelar ordena a la Sunedu que mantenga en el proceso a una universidad cuyo licenciamiento fue denegado. Es evidente el menoscabo a la efectivización del accionar institucional de la Sunedu, haciendo por ello impredecibles los resultados efectivos de los actuales procesos de licenciamiento de entidades educativas en curso. ¿Así lograremos tener educación de mejor calidad en el país? Al final habíamos tocamos fondo, pero pareciera que podemos seguir cavando.
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