No son 30 pesos, son 30 años

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En estas últimas semanas en Chile, se ha venido produciendo una masiva protesta social, inicialmente expresando el rechazo al alza de 30 pesos en la tarifa del Metro en Santiago, aunque rápidamente esta protesta escaló en magnitud, al sumarse otras demandas resultantes de asimetrías propias del modelo económico: inequitativo sistema previsional privado, salarios reales bajos, altas tarifas de servicios públicos, crítica calidad y cantidad de los sistemas de educación y salud, exigencias por cambios constitucionales, entre otras demandas.

Dado que el modelo económico vigente hoy en el Perú es muy parecido al chileno, cabría preguntarse si el actual derrotero chileno es el espejo inminente en el que debemos de vernos próximamente. Analicemos esta posibilidad con un poquito más de detenimiento.

La protesta de la gente en Chile es la mayor movilización en la historia de dicho país, desplazándose 1.3 millón de personas en las calles de Santiago y un millón en regiones, 3,162 detenidos, 1,051 heridos de bala, 17 personas muertas; desplazamientos que se dieron bajo una contundente y reveladora consigna que dice mucho del carácter estructural de varias demandas de la población: “No son 30 pesos, son 30 años”, así se resumen exigencias que van más allá de lo coyuntural.

Frente a este contexto, el presidente Piñera, buscando calmar esta creciente protesta social, congela tarifas eléctricas, cambia a medio gabinete, eleva salarios, revierte el aumento de tarifas de transporte e, incluso, reconoce la necesidad de revisar la Constitución Política del Estado. Pero las protestas, aunque ahora más espaciadas, continúan. Considero que el trasfondo de gran parte de las demandas reside en una sustantiva concentración del ingreso, que ni el libre mercado ni el crecimiento económico per se han servido para revertirla. ¿Qué evidencia tenemos?

Considerando información sobre crecimiento y el coeficiente de Gini, encontramos habiendo crecido el PBI chileno desaceleradamente entre el 2009 y 2017 y un coeficiente de Gini, que muestra una reducción marginal de 0.49 a 0.47 en dicho periodo. Esta combinación de tasas de crecimiento menores y poco progreso en lograr una menos desigual distribución del ingreso, podría intensificar efectos adversos sobre la gente de una regresiva distribución del ingreso, a pesar que en el 2018 la economía creció 4%.

En nuestro caso, en similar periodo el PBI muestra un mayor dinamismo, pero el coeficiente de Gini se reduce también marginalmente de 0.47 a 0.43. Entonces, ambas economías crecen pero con esa desaceleración y sin progresos sustantivos en la distribución del ingresos. ¿Se reeditaría -cual calco y copia- lo que viene ocurriendo en Chile? Yo diría que no. Tasas de crecimiento más altas comparadas con las chilenas podrían explicar goteos de ingreso incrementados en nivel, pero de variaciones menores miradas en el tiempo; lo cual -dado el resto de factores implicados, entre otros los de política pura- podría explicar en parte diferir reacciones de protesta. En el mismo sentido, el que en nuestro país el sector informal es mucho mayor que el chileno respecto al PBI, esto podría implicar una suerte de colchón de oportunidades que amortiguaría pérdidas de bienestar en la gente, resultado de la expulsión del sector formal, ante una contracción de este último.

En suma, hay factores que en escenarios de regresiva distribución del ingreso, postergan pero no eliminan la posibilidad de protestas sociales futuras. Ser proactivos vía políticas públicas para revertir la concentración del ingreso es lo obvio, ¿no?

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