A raíz de la emisión por parte del Gobierno del Decreto de Urgencia (DU) 032, que establece un retorno más gradual a la regla de resultado económico del Sector Público no Financiero (SPNF) y modifica el Decreto Legislativo N° 1441 (Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería), el Consejo Fiscal (CF) la semana pasada emitió un informe con advertencias a considerar, y sobre las que adiciono algunos elementos de contexto que podrían ser útiles de tomar en cuenta también.
El aspecto central establecido en el DU 032 es plantear una trayectoria más gradual para llegar al 1% de déficit fiscal, no en el 2021 sino en el 2024. La secuencia es 2.1% este año, 1.8%, 1.6% y 1.3% para el 2021, 2022 y 2023, respectivamente. Esta mayor gradualidad asociada a espacios fiscales facilitaría incorporar una futura e incrementada inversión pública. Esto último en respuesta a la actual debilidad en la capacidad de gasto del Ejecutivo, privilegiando –con acierto– dar espacio fiscal en el tiempo para que pueda darse la posibilidad de ejecutarse un mayor nivel de inversión pública (aumento 6% y así dar la oportunidad de revertir la contracción de esta en -0.5% el año pasado), y un déficit fiscal resultante de solo 1.7% (siendo la meta de 2% del PBI).
La posibilidad de un mayor nivel de inversión pública, aparte de ser funcional a los requerimientos de reducir los déficits de infraestructura y la implementación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, apuntalaría además a revertir una débil demanda y en consecuencia combatir la desacelerada tasa de crecimiento del PBI en el corto plazo. Adicionalmente, la necesidad de no reeditar una política fiscal contractiva, dada –en el 2019– la ocurrencia de un impulso fiscal negativo equivalente al 0.6 del PBI potencial. La pregunta obvia es ¿qué cambios en la gestión presupuestal se propone para revertir los bajos niveles de ejecución y pasar de una contracción del -0.5% de la inversión pública en el 2019 a una expansión prevista del 6% para este año? Solo a manera de referencia, en el 2019 se ejecutaron S/ 4,530 millones menos que en el 2018.
Independientemente del correcto objetivo económico antes referido, como es posibilitar una mayor inversión, demanda y crecimiento; el Consejo Fiscal, con una necesaria dosis de prudencia, señala que estos más altos déficits fiscales por más años implican ratios Deuda Pública/ PBI más altos y más cercanos al 30% tope según la normatividad fiscal vigente. Cabe mencionar que el más rápido acercamiento al tope de 30% tiene como contexto un ratio de endeudamiento creciente: 19.2% en el 2013, 26.7% el año pasado y 27.3% para el presente año en una proyección pasiva del BCRP.
Una segunda advertencia del CF plantea la preocupación de que el espacio fiscal que se abriría podría servir para compensar menores ingresos en el futuro o incrementar gastos corrientes. Este último riesgo –sobre todo el de caída de ingresos– tendría más asidero si ocurriese una afectación adversa sobre la gobernabilidad, producto de una masiva derogación basada no en fundamentos técnicos, sino por revanchismo político puro. De los hasta ahora 40 DU, muchos de ellos ya están reglamentados y en vigencia. Vistos los riesgos advertidos, dada una más gradual convergencia a la meta fiscal de 1% de déficit, cabe a nuestras autoridades actuar proactivamente para lograr revertir la actual pérdida de dinamismo del PBI, aprovechando el espacio fiscal generado, considerando, más aún, que una no improbable más difícil gobernabilidad puede hacer entrar a nuestra economía en zona de turbulencia. Para tener en cuenta, ¿no?
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