La pandemia covid-19 más el aislamiento social adoptado desde el 16 de marzo -a fin de reducir la tasa de contagios- y la determinación oficial de paralización del 70% de la actividad económica, serían básicamente los factores que explicarían la caída del PBI en marzo en 16.26%, con previsibles mayores caídas en abril y mayo.
Creo que son dos los restos inmediatos para el Gobierno. Desde el plano económico, ¿cómo inducir efectivamente una reactivación económica y no solo en el papel? Y desde el plano ético, ¿cómo ser eficaz en detectar y sancionar los hechos de corrupción, en la compras urgidas por el Estado, para cubrir la insuficiente oferta de servicios de salud frente a las demandas de la población?
Llegada la pandemia al Perú, el Gobierno, determina una cuarentena además de establecer la mencionada paralización de la actividad económica del país. Afin de moderar la ruptura de la cadena de pagos (por ejemplo, cese de pagos de salarios y a proveedores), el Estado despliega una serie de intervenciones equivalentes al 14% del PBI: subsidios a empresas y población pobre, facilita acceso a fondos pensiones, alivios tributarios e inyecciones de liquidez. Habiéndose ejecutado al 15 de mayo aproximadamente solo el 47% de estas ayudas.
Siendo un factor crítico la rapidez de dichas intervenciones, ¿a qué respondería la lentitud? Básicamente por idas y venidas: profusión de protocolos, uso exigido de guantes y restricciones para que personas obesas trabajen, sumado a un plan de reactivación con definiciones pendientes de supuestos, líneas de base y metas para mejorar su solvencia técnica y credibilidad.
Cabe mencionar la necesidad de presentar un plan económico de mediano plazo para adecuar expectativas; esta carencia última, sin duda, reforzará que la dinámica de nuestra economía se comporte como una L con una base bastante larga, y no como una V, como algunas autoridades económicas suponen.
El tema de la reactivación es crítico no sólo por los niveles del desempleo, que entre febrero y abril solo en Lima se registró 1 millón 200 mil despidos, sino también para revertir la caída de la recaudación de 17.9% en términos reales en marzo. Si no pasa esto, las posibilidades de acción gubernamental se verán severamente limitadas.
El otro reto es enfrentar con efectividad distintas formas de corrupción. Como sabemos, los costos de esta son presentes y diferidos, como es la introducción de ineficiencia en la economía. Por ejemplo, ganadores de procesos de compras estatales – corruptas – no son los que ofertan los mejores productos y servicios con calidad y precios de mercado. De allí que las necesidades de mantenimiento futuras en el caso de un activo son mayores en recurrencia y costos respecto a promedios en el mercado.
En nuestra experiencia, las compras y distribución de bolsas de alimentos por parte de las municipalidades por S/220 millones fueron cuestionadas, no obstante que, por la urgencia y la pandemia, antes se asignaron S/483 millones para apuntalar servicios de salud, existiendo también varias denuncias por irregularidades. La respuesta gubernamental fue plantear el acompañamiento de la Contraloría en los distintos procesos de adquisiciones, el famoso control recurrente. ¿Suficiente?
Generar riesgo es disuasivo, ¿pero la Contraloría tiene, por ejemplo, la capacidad instalada de ejercer control, para comenzar, en 1,665 distritos, 196 provincias, 25 regiones y 19 ministerios? Es evidente que no, por lo cual el reto económico y el de un enfrentamiento eficaz y rápido frente a la corrupción están absolutamente vigentes. Los ciudadanos ahora, más que nunca, estamos muy pendientes de ello.
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