Como es por todos conocidos, la pandemia del covid-19 implicó en el Perú puestas de política públicas para reducir las tasas de contagio como el aislamiento social y parara en seco la actividad de formas que explicaban casi el 65% de la actividad económica de país o del PBI. El reto a continuación fue evitar una masiva interrupción de la cadena de pagos por quiebras masivas de empresas, así el gobierno nacional desarrolló una serie de iniciativas con importante costo fiscal como el otorgamiento de bonos de distinto tipo, subvenciones a la planilla, o el diferimiento de pago de impuestos, etc.
A estas afectaciones fiscales, se agrega la caso inmediata caída de la recaudación tributaria producto de la retracción del PBI. Empero, poco se ha dicho sobre la sostenibilidad fiscal del cuadro descrito y mucho menos sobre la recuperación de los recursos públicos ya gastados. Tener en cuenta estos factores de manera realista, es central para vislumbrar lo que viene desde el lado fiscal de la macroeconomía.
Una primera cuestión es que dependerá de la magnitud y rapidez de la recuperación del PBI (resultado del plan de reactivación en curso), la recuperación de la recaudación tributaria y del empleo; entendiendo que no pocas iniciativas públicas como Reactiva Perú (programa de garantías estatales), o el subsidios a planillas en 35% en el caso de salarios inferiores a S/ 1,500, apuntalan más acceso a recursos como capital de trabajo, pero apuntalar las empresas para estar en capacidad de producir no equivale a que efectivamente se produzca y se venda más, porque para ellos tiene que haber quien compre, y ciertamente el talón de Aquiles del plan de reactivación en curso es una débil demanda.
Si bien hay pequeños brotes verdes por el lado de la reactivación, el costo de ello no solo es una tasa de contagio del covid-19 no disminuida, sino también el deterioro de nuestras cuentas fiscales. Al respecto el BCRP en su último Reporte de Inflación pronostican un déficit fiscal de -9.7 y 4.2% del PBI para el 2020 y 2021, respectivamente, con lo cual la deuda pública pasaría a un 33.9% el 2020 y a un 33.1% en el 2021. Detrás de estos resultados fiscales en términos nominales, está implicado un impulso fiscal positivo de 1.8% del PBI potencial para esta año y un impulso fiscal negativo de 1.7%.
Estas proyecciones denotan una política fiscal contracíclica, tal como estaría referida en cualquier libro de texto de macroeconomía, pero se discute poco sobre los límites y efectos de estas decisiones de política económica. Por ejemplo, el ajuste fiscal implícito mirando la variación pronosticada por el BCRP, es un gasto público que de crecer un 10% en el 2020 pasa a una contracción de -1,8% en el 2021. Esto se me hace poco creíble por 4 razones:
i) Los ajustes fiscales no son muy populares que digamos, más aun considerando un gobierno muy pendiente de las encuestas.
ii) Es una administración de salida, sin partido y con y con poco capital política por afectar.
iii) Nadie sabe cuándo se tendrá la pandemia bajo control, tanto del lado local e internacional, y que resultados se lograron con las medidas de políticas adoptadas.
iv) Efectivamente, la actual administración gobierna y toma decisiones, pero solo hasta abril – mayo. Con presidente electo e incio de trabajo de comisiones de transferencia con acompañamiento de la Contraloría, mi experiencia es que la administración saliente en estas circunstancias pone piloto automático.
Es muy probable que con la presentación del Marco Macroeconómico Multianual, junto con los proyectos de ley de Presupuesto , Equilibrio y Endeudamiento a fin de mes por el Ejecutivo al Congreso, deberíamos tener información más actualizada y con una fundamental dosis de realismo, lo que es vital, porque como sabemos las asimetrías de información conducen a decisiones ineficientes por parte de los agentes económicos. ¿Un sinceramiento de la política económica en general y de la política fiscal en particular es útil y plausible? Yo creo que sí.
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