La pandemia covid-19, en el Perú, obligó al Gobierno, desde el 16 de marzo, a establecer el aislamiento social y la paralización de actividades económicas equivalentes al 60% del PBI, a fin de limitar la tasa de contagio. El 30 de junio se levantó este aislamiento, comenzando el 3 julio la aplicación de un plan de reactivación económica. Pero ello generó la movilización de trabajadores, acelerándose la tasa de contagio. Por ello, la recuperación económica dependerá de la velocidad de recuperación de la actividad económica sectorial y de la desaceleración de la tasa de contagio. No lograr esto último podría conducirnos a una nueva paralización económica no determinada por el Gobierno sino por el sector empresarial.
Los recursos implicados por las intervenciones del Estado en el plano económico al 17 de agosto alcanzan los S/. 129,766 millones; de estas medida para mitigar la emergencia se asignaron S/. 43,205 millones, las cuales implican intervenciones como atención a la emergencia, soporte a hogares y soporte a las empresas. El otro componente de intervenciones corresponde a las referidas a la etapa de reactivación, por S/. 86,561 millones, relacionadas al soporte a la cadena de pagos y medidas de apoyo y soporte a la economía.
En esta intervención, un componente central es el Plan de Reactivación Económica, desde el mes de mayo, habiéndose implementado tres de sus cuatro fases. En la primera fase se autorizó el inicio de operaciones de 27 actividades económicas; en la segunda, 28 y 38 actividades en la tercera. El total de estas actividades autorizadas implica un equivalente al 90% del PBI. Este gradual reinicio de actividades tuvo un efecto marginal sobre la recuperación del PBI en abril de -40,5% al -32,8% en mayo y a -18,1% en junio.
Evaluar la disminución de la tasa de caída tiene algunas dificultades. Dado que no hubo oficialmente una línea de base sectorial y otra de metas, para cada fase, cómo evaluar la solidez de indicios de recuperación económica. Por ejemplo, la tasa de caída del consumo de electricidad previa a la fase 1 fue de -18,8% y en la fase 2 esta caída se redujo a -12,8%. En adición, al estar varias actividades autorizadas relacionadas en distintas fases, una pobre performance de alguna de ellas podría afectar adversamente a las vinculadas.
Por otro lado, la aplicación de este Plan origina la restitución de las capacidades de producir, lo cual no necesariamente implica que esto ocurra. Para que tenga sentido producir y vender, se necesita que haya demanda por las mercancías producidas. Reto difícil, dado que el consumo privado – 64% de la demanda- se contraería en -9,4%, resultado de la contracción de la Masa Salarial, definida a su vez por el empleo y salario, ambas variables en contracción.
Pero el reinicio de actividades originó una mayor movilización de trabajadores dependientes e independientes también, con lo cual vuelve a acelerarse la tasa de contagio con un factor R de 1.3, alcanzandose 585,236 contagiados y 27,453 fallecidos, al 22 de agosto. Esta aceleración fue más notoria en las primeras semanas de mayo como también a fines de julio.
Un problema potencial es que de no reducirse la tasa de contagio, habrá más dificultad para contar con trabajadores sano, y dado que la permanencia de trabajadores infectados en labores origina responsabilidades legales y económicas para los empresario, estos podría decidir para sus actividades. Es como una cuarentena de facto decidida por los empresarios.
Al final, la estrategia y táctica del Gobierno frente a la pandemia se constituye como un factor crucial (dado que el acceso a una vacuna tiene para varios meses más), mientras tanto existiría el riesgo de una nueva paralización de la actividad económica, ya no del 60% del PBI, como en marzo, sino en un porcentaje bastante mayor.Pero con menos recursos para atender esta nueva y difícil situación resultante.
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