La llegada de la pandemia covid-19 al Perú obligo -para reducir la tasa de contagios- que, a partir del 16 de marzo, el Gobierno tomara la decisión de establecer el aislamiento social (cuarentena), más la paralización de actividades económicas equivalentes al 60% del PBI. Así, el producto bruto interno (PBI) del primer semestre de este año se contrajo en -17.4% con una retracción de la demanda interna de -15.1%, dada la contracción del consumo privado e inversión.
Debe mencionarse que a partir de mayo se implementa el Plan de Reactivación Económica, compuesto de cuatro fases -para la entrada en operación de las actividades económicas suspendidas-, de las cuales se implementaron tres de ellas, junto con el levantamiento gradual del aislamiento y/o cuarentenas más focalizadas en provincias; de allí que las contracciones del PBI desciendan de una 40.47% en abril a un -11.7% en julio; resultado posible también por aplicar una política fiscal y monetaria expansivas. ¿Son sostenibles estas al 2021 y, del contexto resultante, se sustentan anuncios de inversión por asociaciones publico – privadas (APP) por US$ 2,800 millones para el próximo año por parte de ProInversión?
El BCRP proyecta una recesión para el 2020 de -12.7%. La interrogante surge de la sostenibilidad de los estímulos, sobre todo del fiscal, el BCRP proyecta que el resultado primario estructural se reducirá del -2.9% al -0.6%, entre el 2020 y el 2021, dejándose como regalito a la siguiente administración un impopular ajustón fiscal para el segundo semestre del 2021, afectándose adversamente la tasa de crecimiento del PBI.
En el mejor de los casos, manteniéndose la actual política monetaria expansiva con una descendente tasa de referencia real negativa (hoy -1.35%), abaratando el crédito. Pero esta sería una condición necesaria pero no suficiente para que haya más consumo e inversión. ¿Los trabajadores mantienen su propensión a consumir cuando hay riesgo importante de perder sus empleos?¿O los inversores entusiasman para invertir, cuando no se tiene claridad de los que pasará en los mercados donde operan? Esto en un contexto político de mayor debilidad de Gobierno nacional, sin mayores anuncios de este en medidas de política económica por adoptar, en medio de un enfrentamiento aún no resuelto con el Congreso de la República.
En medio de este complejo contexto, llama la atención el reciente anuncio de ProInversión de adjudicar 14 proyecto bajo la modalidad de asociaciones publico – privadas (APP) hasta julio del 2021, implicando inversiones por US$ 2,800 millones, cifra no vista desde el 2018, año en el que no hubo pandemia, ni estrecheces fiscales ni campaña electoral. ProInversión refiere como que su performance mejorará con la creación de Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO), para formular nuevos proyectos en los ministerios, como si la formulación fuese el problema urgente por resolver y no la cola de proyectos listos para adjudicar. Se anuncia además la creación de una unidad de monitoreo y seguimiento de proyectos.
Estoy seguro de que a julio del 2021 tendremos las oficinas anunciadas con su burocracia respectiva, pero muy pocos proyectos adjudicados. Quizás la implementación de Mesas Ejecutivas para destrabar procesos de inversión por proyecto serían iniciativas más efectivas que las anunciadas.
Siendo el 2021 un año electoral, con un Gobierno nacional debilitado, gobiernos subnacionales que no atan ni desatan, en medio de una pandemia que no estará bajo control, incluso contando la vacuna- en el mejor de los casos- a fin de año, y con una engañosa recuperación económica en el 2021 por efecto estadístico entre abril y agosto -dada la comparación con una base de calculo reducida-, por ello, dado este complicado contexto, se hacen bastante discutibles los anuncios de Proinversión, poniéndose en cuestión su credibilidad futura. De esta manera, la necesidad de contar con instituciones cuyos anuncios sean creíbles seguirá siendo un reto pendiente por superar y quizás parte del presente griego que recibirá la administración entrante.
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