La incipiente recuperación de la actividad económica y del empleo originaría la necesidad de extender en el tiempo la aplicación de las distintas iniciativas estatales de ayudas económicas: otorgamientos de bonos, subsidios a planillas, garantías estatales por préstamos, etcétera. Pero también, mantener por más tiempo estas ayudas, tiene implicancias claras sobre la sostenibilidad fiscal, asunto que quedará como problema por resolver, cual presente griego obsequiado a la administración entrante.
La preocupación por el lado fiscal se sustenta desde varios planos. Primero, por la evolución del déficit, que ya en el 2019, sin covid-19, alcanzaba US$ 4,000 millones (- 1.6% del PBI) y este año, según el Marco Macroeconómico Multianual, este llegaría a US$ 21,000 millones (10,7% del PBI). Como todo déficit para efectivizarse necesita ser financiado; para tal efecto el MEF refiere una combinación de nueva deuda por US$ 9,000 millones y venta de activos financieros por US$ 12,000 millones. Con ello la deuda pública respecto al PBI pasaría del 26.8% y 35.4% entre el 2019 y 2020.
Por otro lado, como se venden activos, se toma deuda, y el PBI se contrae en 12.7%. Ello originaria evidentemente que la deuda neta crezca sustantivamente del 12.9% al 22.8%, entre 2019 y el 2020. Está claro que el crecimiento del endeudamiento conlleva a una menor solvencia, mayor riesgo y, más aún, en caso de no regresarse a una senda fiscal sostenible, estaríamos renunciado a una fortaleza macro que con mucho esfuerzo desarrollamos desde el MEF 20 años atrás, a través, por ejemplo, del reperfilamiento de la deuda publica, el desarrollo del Programa de creadores de mercado y la generación de una curva de rendimiento en soles, lo cual permitió que no solo el Estado sino el sector privado pudieran financiarse a largo plazo en moneda local.
¿Será fácil revertir el déficit fiscal del 10.7% al 6.2%? Es claro que no. El BCRP prevé para el 2021 un aumento del ingreso corriente del Gobierno general en 15.3% y a la vez una contracción del gasto no financiero del Gobierno general en -2.3% ¿Cuán factible es este ajustón fiscal? ¿Alguien tiene alguna duda de que este regalito se dejará para el segundo semestre del 2021, existiendo una nueva administración?
En mi opinión, a partir de lo reportado, una papa caliente que heredará la administración entrante es conseguir la tan necesaria sostenibilidad fiscal pendiente de lograr; más aún pudiendo empeorar la situación fiscal, en tanto se mantenga una ralentizada reactivación económica que a su vez origina una lenta recuperación de la demanda de empleo, lo cual a su vez implicaría la necesidad de extender en el tiempo el otorgamiento de bonos y distintas ayudas económicas del estado. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para ello? Y sobre todo ¿Qué se esta haciendo para recuperar los recursos gastados? Y si alguien esta pensando como respuesta los recursos del presupuesto público 2021, sabemos que esta es una autorización máxima de gasto, sujeta al cumplimiento de las proyecciones sobre las distintas fuentes de financiamiento (recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, etcétera).
Las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal no son nuevas. Desde hace meses, el Consejo fiscal señalaba que el deterioro de las cuentas fiscales generado por la crisis del covid-19 define la transición de una etapa de fortaleza fiscal hacia una de vulnerabilidad en las finanzas publicas, por lo cual con acierto sugiere: a) restablecimiento de las vigencia de las reglas fiscales a partir del año 2022, b) la factibilidad de las proyecciones de las cuentas fiscales de mediano plazo y c) la intensidad del proceso de consolidación fiscal requerida en los próximos años. Al final, superar el reto de las sostenibilidad fiscal implica una asimetría: costos inmediatos y beneficios mediatos. Advertidos estamos.
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