En estos tiempos finalizando un duro año 2020, con Pandemia, recesión económica sin precedentes, inseguridad ciudadana, sucesivas crisis políticas, corrupción extendida, institucionalidad pública bajo permanente sospecha, clase empresarial poniéndose de perfil y por cierto un Congreso fuente constante de iniciativas que podrán tener un propósito de mejorar condiciones a sectores más desfavorecidos, pero en la práctica se termina paradójicamente afectando a estos.
Todo este listado de limitantes para ser un país próspero podría ser más largo, pero es suficiente como encuadre para evaluar en este corto artículo, a un factor poco exhibido, como es el de la actitud de las empresas, muchas veces muda cuando no reactiva y poco capaz de hacer indispensables análisis prospectivos –dada la calidad de información que detentan- frente a situaciones críticas no sólo en sectores donde ellas participan. Veamos este asunto a continuación.
Entender el funcionamiento de un sector económico, implica referir la interacción de empresas consumidores, regulación estatal (en algunos casos) y un contexto macroeconómico que lo condiciona. El caso es que la interrelación entre estos distintos agentes económicos antes referidos, no está libre de diferencias o contingencias resultantes. El punto es: ¿Cómo se resuelven estas? ¿Quiénes aparecen para resolver desacuerdos y quienes se ponen de perfil? Como podría ser el caso de las firmas, a pesar que cuando escalan estos conflictos económicos (y políticos también) a pesar de verse afectadas, presentan un no disimulado grado de inacción, como si el asunto no fuera con ellas. O si plantean posición lo hacen vía opinólogos “independientes” Al final, la idea errada es asumir que el sólo cumplimiento de normatividad legal, es condición necesaria y suficiente para operar.
El que las firmas tengan que -desde el principio- buscar explícitamente soluciones ante diferendos, por lo menos en sectores donde participan es indispensable. A manera de ejemplo en el caso de las empresas agroexportadoras y no obstante recibir por más de 20 años beneficios provenientes de una ley promotora para ellos: Impuesto a renta 15%, depreciación acelerada, pago a Essalud de 5% etc, nunca se anticiparon a un embalsado problema de salarios reducidos para sus trabajadores, y mucho menos actuaron proactivamente.
Pero al margen de su propio sector, adicionalmente incluso con participación de sus gremios, deberían –por su propio interés- fijar posición en otros sectores, dadas las externalidades negativas generadas. Pensemos, por ejemplo, en los efectos económicos en empresas de transporte de carga, servicios almacenaje, servicios aeroportuarios relacionados etc. siendo la cereza en el helado, el bloqueo de carreteras y la afectación económica en sectores económicos que no tienen relación directa con la agro exportación. Por ejemplo, servicios de transporte interprovinciales, turismo etc.
En mi opinión, no basta este mayor involucramiento de las firmas, importa también, si el cómo, es consistente con la conducta real de estas. Al respecto, algunos señalan como posibilidad de involucramiento empresarial, el tomar como referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, sin decir en cuáles de ellos se enmarca el priorizado actuar de ellas. Alternativamente, siempre desde el sector empresarial, otros plantean tomar posición sobre el respeto a la normatividad cercana al ciudadano como la laboral.
El problema es que nadie les cree, porque, por ejemplo, en el caso de las agroexportadoras, nunca se hizo referencia por parte de ellas, de la existencia de empresas de services que intermediaban ilícitamente en la contratación de trabajadores. ¿O en verdad alguien cree que no se sabía de la existencia de estas irregulares situaciones? Por lo expuesto, la recuperación de la confianza en las empresas, plantea una senda empinada y extendida en el tiempo. ¿Las empresas y sus gremios se animarán a dar primer paso?
PD.: Que este 2021 sea un exitoso año para todos, -en verdad, cualquiera será mejor que el 2020- que ya se va.
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