Situación fiscal:¿presente griego para julio?

Cuando a principios de enero comenzaban a verse algunos pequeños brotes verdes de una incipiente reactivación económica en nuestro país, aparece la temida segunda ola del covid19, y por ello el gobierno decidió establecer un nuevo aislamiento social desde principios de febrero hasta el 15 -extendido hasta fin de mes-, focalizado por regiones, a fin de moderar la tasa de contagios. Este hecho de todas maneras retrasará la aún pendiente recuperación de la actividad económica, y con ello se genera la necesidad también de extender en el tiempo los distintas ayudas que el gobierno a familias y empresas, con lo cual se continuaría el flujo de egresos fiscales que, junto a una continua caída de la recaudación tributaria, se seguiría con un elevado déficit fiscal y también del endeudamiento público en el 2021.Veamos un poco más de cerca este tema.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el último Reporte de Inflación de diciembre 2020, estimaba un déficit fiscal para el 2021 de 5.4% del PBI, con un crecimiento de 9.5% del PBI y una ratio de deuda pública/PBI de 34.4%, proyecciones que deben reajustarse a continuación, considerando los efectos adversos sobre la actividad económica del reciente aislamiento de febrero.  

Es evidente, además, que, si no hay progreso en la reactivación económica, y por ello tampoco en la recaudación tributaria, el costo fiscal de las intervenciones generará incrementos en el déficit. A manera de referencia, si se replicara el otorgamiento del bono universal, tan solo esta medida implicaría un gasto adicional en S/ 6,350 millones esto es un 0.8 del PBI.

Pero las amenazas sobre estabilidad fiscal, provienen también de proyectos sin mucho sustento técnico de Congreso: Devolución de aportes de la ONP,  que costaría 2 puntos del PBI, la eliminación de los topes fiscales en la negociación colectiva en el sector público que podría costar hasta S/ 14,500 millones por año. Esto implica el 1.8% del PBI, entre otras.

El sólo considerar estas iniciativas –hay varias más- que implican casi 4 puntos del PBI, llevaría en la práctica, a una no reducción del déficit y tampoco del ratio deuda/PBI, con lo cual se reduce la solvencia fiscal y de allí se tendría que incrementar el rendimiento en futuras emisiones soberanas al aumentarse el riesgo, con el añadido que rebajas en la perspectiva como lo hizo calificadoras como Fitch Ratings, sería la clarinada de alerta de una próxima reducción en la calificación como emisores de deuda y, como sabemos, la curva de rendimiento de activos financieros privados se aumentará también. Por ello presentar una propuesta, técnicamente solvente, de retorno a una senda de sostenibilidad fiscal es fundamental.

Al margen de lo anterior, y asumiendo optimistamente que en el próximo proceso electoral se elija a un presidente –y equipo de gobierno- con experiencia en gestión pública y propuestas económicas sensatas, junto a un Congreso no obstruccionista, creo que la resolución del problema fiscal, al paso que vamos, será tarea para el equipo económico de la administración entrante. Ello a pesar de los esfuerzos de mi amigo Waldo en el MEF, tratando de hacer docencia en finanzas públicas en el Congreso y en el Ejecutivo también, a la vez de tapar multiplicados huecos en el bote fiscal, provenientes de las iniciativas de algunos de sus alumnos de paso, que aún creen que la sostenibilidad fiscal no importa.

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