Un asunto bastante discutido en estas semanas es el relacionado a la posibilidad que el sector privado importe vacunas, dada la urgencia de contar con un mayor stock de capital humano disponible, clave para la indispensable mejora en expectativas en los mercados y recuperar el crecimiento económico. ¿Ayudaría la entrada del sector privado para estos fines? Veamos las implicancias de esto.
Antes de explorar las implicancias de una hipotética (porque por el momento los laboratorios solo venden a los Estados) mayor oferta de vacunas entrando el sector privado; hay un tema de eficiencia regularmente ignorado: la oferta de vacunas es insuficiente y además tiene para largo el contar con las suficientes dosis para lograr la inmunidad colectiva, entonces se necesita priorizar. Por eso existen planes de vacunación, que en el caso del Perú presenta 3 fases tratándose de países emergentes, con pocas capacidades de negociación frente a los laboratorios.
Las estrategias de priorización, como la nuestra, se sustentan en el tipo de actividad que realizan las personas –priorizando personal de salud, policías, bomberos, militares, para luego seguir con adultos mayores y comprender luego al resto de población. El mes pasado, en el artículo “ Model-informed COVID-19 vaccine prioritization estrategias y age and serostatus” en la revista Science, se señala que la utilización de pruebas de anticuerpos (serológicas) podría ser un factor clave para formular una más óptima estrategia de priorización, para la asignación de las vacunas. Quienes se vacunan, y quienes ya tuvieron el Covid19, tienen menor probabilidad de contraer y contagiar la enfermedad y de allí se lograría la inmunidad colectiva, en menos tiempo –dado una cantidad de vacunas disponibles-. ¿Acaso no podría hacerse esta evaluación del mas de millón de personas que ya tuvieron la enfermedad, optimizándose el programa de priorización, actual?
Retomando a la controversia sobre el ingreso de ofertantes privados de vacunas, los que están a favor afirman que la vacunación de un ciudadano no afecta adversamente al resto, -suponiendo que no afecta adversamente al desarrollo del proceso de vacunación a cargo del Estado- apelándose al principio de Pareto: la mejora de situación de un agente económico, no implica la perdida de bienestar de nadie. Se señala también que se generan externalidades positivas en tanto a más personas vacunadas menor transmisión de la enfermedad. Incluso a pesar que previsiblemente las vacunas obtenibles por privados cuesten más de lo que le costarán el estado, -por menores economías de escala-, se argumenta que los beneficios a lograr con la mayor provisión privada e inmunización de más gente, más que compensarían estos precios mayores.
Al respecto, debe distinguirse dos situaciones en cuanto a una hipotética oferta privada de vacunas: a) Empleadores que se abastecen de vacunas estrictamente para inmunizar a sus colaboradores –quizás el caso menos controversial- siempre que haya cumplimiento estricto de normatividad y control y b) empresas que oferten comercialmente las vacunas. En este último caso, a diferencia del anterior, ¿el Estado tendría la capacidad de control sobre la actividad de estas firmas? ¿Se imaginan la cantidad de estafas resultantes? En caso de surgimiento de efectos secundarios dadas las distintas vacunas existentes- ¿Quién asume esta responsabilidad? ¿No se afectará el desarrollo actual del Plan actual de vacunación? Por añadidura se envía desde el Estado un controversial mensaje, donde el que tiene plata se inmuniza (aunque creo que los más platudos, hace rato ya se vacunaron en el extranjero) y el que no tiene recursos que siga haciendo su cola en medio de la pandemia.
Cómo vemos, además de poder optimizarse la actual priorización contenida en el plan de vacunación, también es evidente que no sería muy eficiente que el sector privado oferte vacunas también, y todo esto para facilitar la obtención de lucro por parte de este. ¿Vale la pena?
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