Un lugar común muy extendido del conocimiento económico es afirmar la importancia de la inversión en general y minera en particular, en el sentido de promover inexorablemente el desarrollo territorial. No obstante, paradójicamente, hay algunas zonas del corredor minero sur, donde habiendo inversión minera, los progresos de algunos indicadores socioeconómicos estuvieron incluso por debajo del promedio nacional. ¿A qué respondió ello?
Descomponiendo la inversión en pública y privada, la primera asociada con una mejor y más ampliada infraestructura, que entre otros efectos posibilitan una mayor competitividad (transporte), mejora de la calidad del capital humano (saneamiento), o incluso ampliación de mercados. Cabe mencionar además que el desarrollo de la inversión pública facilita la implementación de inversión privada, y así la aparición de nuevas oportunidades de actividad económica. Pero además que esta causalidad desde la inversión pública, a veces se mediatiza u ocurre marginalmente, debilitando el efecto sobre el crecimiento económico, ¿qué factores explican esto?
Una primera idea es suponer para explicar lo anterior, es saber cuál sería el resultado de la falta de recursos destinados a la inversión pública, lo que no habría venido ocurriendo: en el 2022 a nivel macro, la inversión pública subió en 23.4%, por el mayor gasto de inversión del gobierno general —gasto que deliberadamente promovimos cuando estuvimos a cargo el Ministerio de Economía y Finanzas—; a pesar de que las empresas públicas ejecutaron menos en sus planes de inversión.
Pero si no hubo menos plata para la inversión pública, ¿qué pasó? Veamos. Desde la minería, solo por canon y regalías —que representa solo el 20% de las transferencias que reciben los gobiernos locales y regionales— en el 2022, las municipalidades tuvieron S/8,047 millones y las regiones S/2,367 millones (en el 2004 recibieron S/348 millones) aparte de otras transferencias canon de distintos tipos, (Foncomun, Provías, Saneamiento urbano etc.).
Los gobiernos subnacionales tuvieron más plata, pero ¿se gastó en lo necesario para mejorar la calidad de vida para la gente? Tomando una muestra representativa en el caso de los gobiernos locales visto por funciones, luego del gasto de transporte, el 17% del gasto 2022 se fue en planeamiento y gestión. ¿Es una adecuada distribución? ¿Planeamiento que aterriza en qué de utilidad efectiva?
Pero hay otros factores a mencionar. Si bien la aplicación de canon y regalías en el mejor de los casos amplió la infraestructura, en la práctica no se consideró la indispensable disponibilidad de insumo requerido para que esta funcione a total capacidad: escuelas nuevas con insuficiente cantidad de maestros, sistemas de agua sin disponer de suficiente agua tratada son algunos ejemplos de ello.
También podríamos referir la insuficiente cantidad de gestores públicos calificados y una alta rotación de estos. Cabe mencionar también un insuficiente alineamiento de los proyectos con el cierre de brechas sociales y una clara tendencia de gobernadores y alcaldes de priorizar el corto al largo plazo en la priorización de ejecución de los proyectos.
A los factores que problematizan los resultados esperados de la inversión, se suma hoy la violencia social, sobre todo contra la actividad minera. Actualmente no solo se desarrolla por la oposición a proyectos futuros (como era antes) sino incluso afectando a proyectos mineros en operación; generando así más incertidumbre sobre la continuidad de la inversión; más aún, cuando somos menos atractivos para atraer inversión minera.
Hay que agregar también el mayor tiempo que hoy le lleva a los opinantes, emitir los informes requeridos por las empresas para la continuidad de los proyectos: como corolario de lo descrito, en el índice de atracción del Instituto Fraser hemos descendido del 27ª (2018) al 42º lugar (2021).
Esta claro, a partir de lo reportado, que para nada debemos asumir como automática la ocurrencia de efectos favorables de la inversión pública y privada (minera) sobre el bienestar de la población. Un reto para la gestión pública actual es levantar las restricciones presentadas que debilitan los efectos de la inversión, no solo para que funcione mejor la macro sino para potenciar los efectos de esta sobre el bienestar de los ciudadanos.
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