Autor: kburneo

¿Cirujano o carnicero?

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En estos últimos días tanto el ministro de Economía como el presidente del Consejo de Ministros, abiertamente refieren que dado un déficit fiscal creciente, la opción inmediata es cortarel gasto, básicamente el gasto corriente “superfluo”. No obstante, dicha opción dista de ser simple, no solo por conocer en particularcuál es la denominación gubernamental de lo que es “superfluo”; sobre todo cuando a renglón seguido las autoridades aluden al gasto en consultorias. Estos asuntos no pueden mirarse solo desde una perspectiva financiera, pues el lado económico también importa, en tanto si se les pasa la mano en el ajuste del gasto, podría afectarse el regular funcionamiento del Estado, como ocurrió con el ajuste fiscal de octubre del 2016, que causó una fuerte desaceleración de la economía.

Que es necesario que el déficit fiscal esté bajo control, está fuera de toda discusión, más aún cuando a la fecha este anda en un 3.3% del PBI, (siendo el tope un 3.5% para este año); fundamentalmente porque ello trae aparejado un mayor ratio deuda pública PBI que llegaría al 25%, con lo cual perdemos solvencia y a continuación se elevaría probablemente la curva de rendimientos, encareciéndose el costo del financiamiento, incluso para el sector privado.

El caso es que este déficit fiscal, hoy responde básicamente a una sostenida caída de los ingresos fiscales; es así que actualmente la presión tributaria solo es del 12.9%. Entonces, diría que para controlar este déficit comenzaría por revertir medidas equivocadas que solo implicaron pérdidas de ingresos como el creado régimen Mype Tributario o las extendidas exoneraciones tributarias sectoriales y geográficas.

Por otro lado, mirando el lado del gasto, no perdamos de vista de que el Estado es un ente prestador de servicios: administrar justicia, seguridad interna y externa, salud y educación básicas, etc. Por lo cual, no debería ser novedad que el gasto corriente, o sea el gasto de funcionamiento, sea predominante. Así, en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2018, este representa el 65.7%. Esto no quita que siempre hay la posibilidad de reducir algo de grasa al interior del gasto, pero cuidado que este ajuste no solo debe hacerse con una mirada financiera, sino debe tenerse en cuenta la perspectiva económica también. Alternativamente, siempre hay posibilidades de menor gasto por el lado financiero, por ejemplo, aprovechando oportunidades de canje de deuda.

En cuanto a la posibilidad explícita mencionada por las autoridades de recortes en servicios profesionales y técnicos (básicamente consultorías), se refiere que en soles nominales el devengado de estos servicios pasó de S/ 7,305 millones a S/ 9,759 millones entre 2014 y 2017; señalándose también que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el 2018 es de S/ 10,831 millones.

Dándose una connotación oficial negativa al crecimiento de estos servicios cabría preguntarse: ¿Acaso no se contratan consultorías porque no se cuenta con la suficiente cantidad instalada en términos de capacidades técnicas, por ejemplo, para elaborar expedientes técnicos que sustentan proyectos de inversión, o para corroborar la pertinencia técnica de una decisión gubernamental? Podrían decir algunos que hay consultorías contratadas poco útiles, ¿acaso la entidad y los funcionarios encargados no asumen la responsabilidad de la pertinencia de los servicios contratados, sobre todo en un contexto donde se persigue dinamizar la inversión pública? De lo expuesto, planteo que se tiene que ser muy cuidadoso en los recortes por hacerse, dado que es fundamental preservar el regular funcionamiento del Estado. Las finanzas son importantes, pero la economía también lo es.

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Cuidado con el lado fiscal

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Un aspecto fundamental de la situación macroeconómica de  cualquier país, está referido a la salud de las finanzas públicas. Si bien  para el caso de nuestro país, no estamos frente a un inminente colapso de estas, más bien quisiera alertar sobre su progresivo deterioro, con la consecuencia adicional que el MEF, tendría menos margen para desarrollar en el futuro,  una política fiscal expansiva , opción de política macro de suma utilidad, sobretodo, cuando aún existe el riesgo  de originarse un nuevo proceso de deterioro de las expectativas por parte de los agentes económicos; deterioro originado por ejemplo, porque  hoy resulta poco plausible, que se incremente en 14.2%  la inversión pública este año,-como pronostica el BCRP en su último Reporte de Inflación-  dada la caída de esta en el 1er bimestre en 19%.

Si tomamos como referencia la misma fuente, los ingresos corrientes del gobierno general han venido reduciéndose desde el 2012  22.8% del PBI, llegando al 2017 al 18% del PBI, proyectándose para este año un  incremento marginal,  que llevaría a estos al  18.3%.   En cuanto al Gasto no financiero del gobierno general, entre el 2012  y el 2014, este mostró una tendencia al alza del 19.6% al 21.5% del PBI; para luego descender sostenidamente desde el 21.3% en el 2015 al 20% del PBI en el 2017; proyectándose para el 2018, que este déficit se mantenga casi igual  esto es 20.3% del PBI.   Si relacionamos la evolución de gastos e ingresos desde el 2015 en adelante; incluyendo  los datos proyectados para este año, resulta que los déficits fiscales  son crecientes, pero en promedio no lo son por la expansión del gasto, sino principalmente por la caída de los ingresos fiscales y esto sí debe ser motivo de preocupación.

Otro aspecto de las finanzas públicas a mirar con atención, se refiere a la consecuencia de estos déficits crecientes: El aumento  sostenido  del ratio Deuda Pública/PBI.      Este pasó del 20% en el 2013 al  24.8% en el 2017; proyectando el BCRP, que este ratio llegue al 25.3% del PBI este año; con lo cual nos estamos acercando sostenidamente, al tope de 30% establecido por la regla fiscal vigente. A pesar de lo que dicen las calificadoras de riesgo que han mantenido la perspectiva de nuestras emisiones en la calificación Estable; un incrementado ratio Deuda Pública/PBI cada vez más  cercano al tope, nos hace  sostenidamente  menos solventes, y más riesgosos; por añadidura difícilmente el PBI crecerá  4.5%, con lo cual, se podría poner próximamente en cuestión la sostenibilidad fiscal.

En conclusión de lo descrito hoy, resulta fundamental advertir, sobre  varias complicaciones macro fiscales futuras;  sobre todo cuando la regla fiscal vigente, señala que el déficit fiscal debe ser reducido al 1% hacia el 2021, y para lograrlo es clave definir por ejemplo, un plan de intervención económica,  que contenga propuestas de política macro fiscal. Quizás una acción sugerida es implementar nuevas medidas tributarias administrativas, que si bien con su aplicación, solo permite en el mejor de los casos, adelantar ingresos al fisco, ello daría a su vez, el margen de tiempo necesario para elaborar medidas tributarias de mayor envergadura, y permanencia en el tiempo, asumiendo que efectivamente se recuperará la inversión pública y con ello la demanda interna, con lo cual se impulsaría el PBI de corto plazo pero a diferencia de hoy, con un mayor grado de sostenibilidad  y grados de libertad para implementar  política fiscal contracíclica,;asunto importante pero poco discutido, excepto cuando los desequilibrios son bastante grandes y surge la necesidad de costosos ajustes por el lado de la demanda, que son plausibles de evitar.

La calle está dura

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Según una encuesta de PULSO PERU reportada el lunes en Gestión, han pasado de 59 a  73%. Los  peruanos que consideran que actualmente será más difícil encontrar trabajo: La calle esta dura dicen. ¿Es solo una percepción, sin mucho asidero real? O, si realmente no hay trabajo suficiente, se crearían más oportunidades laborales  descentralizadamente, siguiendo la recomendación de un ex Ministro de Produce  de este gobierno,  de reducir la Remuneración Mínima Vital en el interior del país. La desaceleración de la demanda de empleo formal es real (porque el sub-empleo sí viene aumentando crecientemente), ello es el reflejo  no sólo de  insuficientes tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), sino también de ser este poco demandante de empleo por su composición sectorial.

Sabemos que la demanda de empleo es una demanda derivada de la dinámica del PBI, así como de la estructura que presente este. Por un lado, desde el 2011 viene desacelerándose el crecimiento del PBI, pero sobre todo desde el 2015 en adelante, sostenidamente el crecimiento del sector Primario  -basado fundamentalmente en actividades extractivas (minería, pesca, hidrocarburos)- ha presentado tasas de crecimiento por encima de las exhibidas por el  PBI no primario, -intensivo en mano de obra-. Sólo a manera de referencia en el 2017 el PBI creció en 2.5%, explicado por el crecimiento del sector primario en 2.9% mientras que el no primario lo hizo en 2.4%. Esta diferencia de dinámicas intra PBI que podría parecer marginal, explica que el año pasado, el empleo formal en el área urbana se redujo en 2.8%  en comparación al 2016.  Por lo referido, el que la calle este dura, no es simple percepción,  y entonces cabe preguntarse si la política económica, no tiene nada que hacer al respecto. Considero que sí tiene un rol y planteo algunas ideas.

Es fundamental a fin de apuntalar la demanda interna, concentrar esfuerzos para que se efectivice la inversión para la reconstrucción, (dada la ocurrencia del Fenómeno del Niño Costero el año pasado); por parte del Estado, que no es poca cosa,  no sólo por el monto presupuestado, más de S/. 7,000 millones destinados este año; sino también por la relación de complementariedad con la inversión privada.  El caso es, que dada la coyuntura electoral regional y local de este año, esta evidentemente, se puede constituir –o quizás  ya lo está siendo- como un factor que ralentizará la ejecución de la inversión pública prevista.  Por ello, en mi opinión se debería modificar la normatividad actual, que establece  un orden de prelación en la ejecución de los proyectos de inversión en reconstrucción, que prioriza a los gobiernos locales y regionales; debiendo asegurarse la ejecución a través del gobierno nacional, por excepción. Estos proyectos al estar descentralizadamente distribuidos, siendo intensivos en empleo,  descentralizan también la demanda de mano de obra.

Adicionalmente a lo anterior, sería de utilidad formular una relación detallada de políticas sectoriales específicas, debidamente articuladas, por parte de  los Ministerios de Economía y Finanzas, Producción, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento; dirigidas a promover al sector no primario  de nuestra economía; (manufactura no primaria, construcción, servicios).  Esta específica intervención estatal, debe de ser presentada explícitamente, por el MEF con indicadores  medibles, ordenados  en el tiempo, señalándose  metas cuantificadas por lograr.  Esta última sugerencia, además sería útil, para revertir la actual caída del tramo optimista de las expectativas de los agentes económicos. En parte originada por la inestabilidad política –que sí la hay- , pero también por la de carácter económico, cuyo efecto  se hace directamente perceptible por la gente al ser cada vez más difícil encontrar trabajo.  Sí, la calle está dura y no sólo es percepción, es una situación real, pero también  hay márgenes de acción para actuar.

Remuneración mínima: ¿Es el mejor momento para aumentarla?

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La semana  pasada se anunció la convocatoria al Consejo Nacional del Trabajo (CNT), para discutir un aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV); estando hoy  en riesgo de ocurrir un  nuevo episodio de desaceleración  de la economía, en razón de la aún no resuelta inestabilidad política presente, y limitaciones para impulsar la demanda ¿Cuán oportuno  es discutir en este contexto, un alza de la RMV y cuales podrán ser algunos resultados previsibles?

La lógica de un aumento de la RMV, puede ser vista desde la macroeconomía: Un aumento de esta, podría propulsar el consumo privado, explicando este último  casi el 65% del gasto en la economía, lo que a su vez impulsaría el PBI de corto plazo. ¿Puede tal aumento ser  de cualquier magnitud? No. Este debe de estar sustentado en un aumento de la productividad laboral y ello se asocia a su vez  con la posibilidad de efectivizarían del aumento por parte de los empleadores, ¿Es factible ello?

Existen tres segmentos  de trabajadores cuyos salarios  se elevarían con el aumento de la  RMV: a) los que perciben  S/850 o menos, implicando  108 mil empleos. b)  los que ganan entre S/850 y S/930 , involucrando 105 mil empleos;  y c) los que perciben  entre S/930 y S/1.000  posibles beneficiarios indirectos implicando  96 mil empleos más. Es decir, un aumento de la RMV  implicaría un aumento  a  potencialmente  309 mil trabajadores. Pero como dice el dicho, del cuero salen las correas; esto es, el empleador debe de tener la capacidad de lidiar con este aumento que no podría ser mayor a S/.95 considerando la variación de la productividad e incluso la inflación, ocurridas  luego de mayo del 2016,fecha del último ajuste de la RMV.

Sin embargo, no obstante la moderada magnitud del incremento, el riesgo actual de un nuevo episodio de desaceleración económica hará inviable la efectivización de este,  en tanto se empieza a deteriorar la confianza del sector empresarial , en medio del ruido político actual, y una incipiente recuperación de la demanda interna.   Por ello lo que sucedería de determinarse un aumento de la RMV,   es que  los segmentos de trabajadores con menor productividad relativa sea por falta de formación y/o experiencia  (jóvenes  y mujeres principalmente) serían los primeros en perder sus puestos de trabajo formales. Lo antes descrito se daría en un contexto donde desde hace varios años la economía crece por debajo del 5%, con lo cual no se logra absorber a los 230,000 trabajadores que anualmente se incorporan al mercado laboral;  recordemos que la demanda de  mano de obra es una demanda derivada de la evolución del PBI y su estructura; razón por la cual, hoy  dada la insuficiente tasa de crecimiento; de cada 10 trabajadores, 7 son subempleados, siguiendo una  tendencia creciente iniciada desde el 2015 en adelante.    Para corroborar  ello miremos lo ocurrido el año pasado: El empleo total  subió en  1,9%, esto es  314 mil puestos de trabajo, sin embargo, esta cifra esconde  una reducción  del empleo formal de 2,9%, esto es 131 mil empleos, junto a un aumento del  empleo informal de 3,8%   representando 445 mil empleos. Es así como la informalidad laboral  alcanza  al  73,3% de los trabajadores.

Por lo expuesto, no obstante la moderada  magnitud en que se incrementaría la  RMV, sobre la base de la inflación y productividad  ocurrida desde el último ajuste, el cuestionamiento es la oportunidad del mismo. Tanto porque las  expectativas económicas  hoy tienden a ser más escépticas o pesimistas, dado el ruido político actual, como también porque existen limitaciones para expandir sostenidamente  la demanda, por el lado de la inversión privada y pública. Qué la búsqueda de inciertos réditos políticos, no nos lleve a acelerar aún más el subempleo.

Entre la verdad y la plata

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La ciudadanía ha venido  conociendo, de la existencia de una estructura administrativa  organizada y dirigida por la constructora Odebrecht, para vía sobornos, ganar licitaciones públicas y a continuación incrementar fuertemente los costos de las obras, vía sucesivas adendas a los contratos. Frente a ello, el Poder Ejecutivo, priorizando la retención de dinero para fines de pago de la reparación civil, un año atrás  promulgó el DU 003  en el que se impedía  la venta de activos por parte de empresas como Odebrecht -confesa en prácticas de sobornos-, en tanto tuvieran obligaciones pendientes de pago, como la reparación civil, tributos etc. El resultado: Retención de S/.25 millones de soles; en contraposición a la afectación adversa de  la cadena de pagos (a pesar que el DU dio el respaldo a los funcionarios, para que se hagan pagos de obra pública); originándose efectos macro adversos:450 firmas proveedoras con pagos pendientes por Odebrecht por casi S/. 80 millones, se perdieron  alrededor de 50,000 puestos de trabajo, afectándose  el  repago de créditos por S/.1, 000 millones y con riesgo de ejecución de alrededor de S/. 11,000 millones en fianzas bancarias.   Por añadidura según el MEF, el 4.3% de la cartera de créditos de los bancos está colocado en obras. Si estos créditos pasan a impagables, se pondría en riesgo el 40% de patrimonio de los bancos.

El Ejecutivo propuso un proyecto de ley, para reemplazar este DU, más plausible, al contemplar factores específicos de retención para empresas confesas y/o condenadas, (50% de utilidades por proyecto de inversión,, 10% de los pagos que el Estado podría darles);  reduciéndose el grado de incertidumbre para potenciales inversores  y bancos interesados en comprar y prestar respectivamente a estas firmas, adicionalmente ,el proyecto  incluye en estos esquemas de retenciones, a  empresas consorciadas al grupo anterior (50% sobre dividendos o patrimonio por cada participación en Asociaciones Público Privadas, 10% del valor proyecto si es obra pública), también se incluye a empresas investigadas (retención voluntaria 10% valor proyecto) y las colaboradoras eficaces; en este último caso con la posibilidad de excluirse de estas retenciones. los recursos retenidos, van a un fideicomiso, que servirá para pagar obligaciones pendientes con el Estado. Hay 4 aspectos fundamentales a considerar, para este tipo de intervenciones del Estado: i)Severidad en la sanción por aplicar) ii) Normalización de operaciones de firmas, iii)Cobertura para pago reparación civil, y iv)Obligatoriedad adopción de prácticas de compliance.  El proyecto de ley presentado, cumpliría las 4 condiciones referidas; no obstante hay todavía temas por discutir, como la metodología para estimar la reparación civil por ejemplo. Debe remarcarse, que los montos de dinero implicados no son menores. Las empresas vinculadas a situaciones de corrupción, detentan  entre proyectos inversión pública y APPs, alrededor de S/ 30,000 millones, (4.2% PBI) Por otra parte, cuanto más altas sean las reparaciones civiles exigidas a las firmas confesas, menos colaborativas serían estas para revelar implicados, circunstancias y dinero entregado, en los ilícitos cometidos. Al respecto, creo que es más útil, saber lo que realmente ocurrió, en vez de maximizar las reparaciones civiles. Conocer lo sucedido, facilitaría  una suerte de depuración en las esferas política, empresarial y estatal. Finalmente, dado que el Congreso rechazó evaluar el proyecto con la celeridad necesaria, se  tuvo que extender  la vigencia del DU por 30 días. Gracias señores Congresistas por  anteponer los intereses del país frente a todo. Gracias de verdad.

Atención con el lado fiscal

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Un mayor gasto inercial, junto a una reducción de los ingresos fiscales permanentes, son hechos que caracterizan hoy a nuestras finanzas públicas, asunto que debería llevarnos a reflexión, en tanto si bien este año el déficit fiscal llegaría a 3.5% del PBI, a partir de allí el déficit deberá reducirse sostenidamente hasta llegar al 1% en el 2021. Dada la actual situación de ingresos y gastos, y la futura trayectoria de estos, debemos mirar esto con especial cuidado. Tratemos brevemente estos asuntos.
El compromiso fiscal asumido y vigente es ,llegar al 2021 con un déficit fiscal de 1%, con lo cual, sin duda se limita cualquier política fiscal expansiva futura, a pesar que esta es muy útil, por ejemplo cuando se necesita aumentar la demanda agregada con el fin de propulsar el PBI de corto plazo. Pero ¿Que números están implicados?
De acuerdo al Consejo fiscal entre el 2012 y 2017, los ingresos corrientes cayeron 4.8%, destacando al interior de estos, la disminución del impuesto a la renta en 2.4%, muy ligada a la caída de precio de exportaciones de commodities; como también por las reducciones decididas en la administración pasada en el impuesto a la renta, reducciones que tuvieron un costo fiscal de 0.44 y 0.28% del PBI, para el 2015 y 2016 respectivamente según el MMM 2017-2019. En cuanto al gasto del Gobierno General, pasó de 19.6 a 20.1% entre el 2012 y 2017. Cabe mencionar también, según estimaciones del Consejo Fiscal, que el gasto rígido pasó de 10.7 a 12.34% en el periodo bajo referencia; por lo que la consecuencia esperada es un déficit fiscal promedio de -1.5% entre el 2013 y 2017, que contrasta con un superávit fiscal promedio de 0.7% del PBI entre el 2009 y el 2012.
Dado lo descrito, un reto fiscal, siempre será el definir una senda de gasto, consistente con las reglas contenidas en el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal; habida cuenta de la volatilidad actual de los ingresos fiscales. Por otro lado, ¿Este mayor déficit, responde a factores cíclicos y transitorios o a una decisión expresa de postura fiscal? Dado que el gasto ha sido mayor al ingreso estructural, es que de un déficit fiscal estructural pasa de 0.4% en el periodo 2009 -2012, a un déficit estructural de 1.5% del PBI potencial entre el 2013-2017. Si bien es claro que ha habido un mayor impulso fiscal en estos últimos años, también lo es, el que este ya no podría ni debería ser repetible; porque existe el compromiso de reducir el déficit fiscal desde el 2019 en adelante para llegar al 2021 al 1%.
Pero para que realmente, esto tenga reales probabilidades de ocurrencia, se requerirá que los ingresos permanentes se eleven y mientras esto se logre, sugeriría implementar medidas tributarias administrativas (que al final son sólo adelantos de impuestos por recibir), a la vez de limitar el ritmo de expansión del gasto rígido, aunque teniendo alguna flexibilidad, respecto a los compromisos futuros resultantes de Asociaciones Público Privadas (15 proyectos por US$ 5,104 mills), vehículos claves de inversión .No hacer nada, nos lleva a déficits fiscales crecientes, mayor endeudamiento menos solvencia, más riesgo y elevación en general del costo del crédito no sólo para el gobierno sino para los privados también; la curva de rendimientos incrementada, afecta a todos
A manera de conclusión, costó mas de 20 años institucionalizar en el país, un manejo fiscal responsable, aun a veces a costa de mantener un férreo control del gasto y del déficit fiscal –y se de lo que escribo, en tanto tuve el honor de haber sido Viceministro de Hacienda por varios años- luego entonces, la tarea del MEF es actuar proactiva y no reactivamente, se está aún a tiempo de hacerlo

Más allá del corto plazo

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Conocida la cifra de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) a noviembre (1.87%), y un acumulado de 2.38%, en los 11 meses de 2017,  un lugar común  hoy, son las apuestas respecto al numerito final del crecimiento  para el 2017 y por supuesto para  el  2018.   En contraposición, se hace muy poco de análisis prospectivo   (al menos cualitativamente)  de escenarios económicos futuros, base para cualquier seria proyección cuantitativa. A continuación desarrollaré brevemente  algo de esto último.

Comencemos comentando el corto plazo. Sin duda alguna  hoy están ayudando  al avión llamada economía  peruana, los vientos de cola favorables que vienen del exterior; vía un aumento de las exportaciones en 6.4%%., complementariamente,  la demanda interna  habría crecido en  sólo 2.2%.    Sin embargo, la vulnerabilidad de este tipo de expansión del producto reside, en que la  producción  dirigida al exterior promediamente tiene  un grado de necesidad relativamente  menor  de mano de obra por unidad de producto. respecto a otros sectores ligados a demanda interna. Por tanto si  el mercado laboral no absorbe a estos excedentes, lo que veremos es un incremento del subempleo; que hoy  implica a  7 de cada 10 trabajadores de la Población económicamente activa (PEA).

Por otro lado, dado que los términos de intercambio   del país, desde hace un año vienen recuperándose, y conocida la relación directa entre estos y la inversión rezagada por un año; podríamos pronosticar un aumento de la inversión y la demanda , siempre que se progrese  en la simplificación de procesos relacionados a la inversión, y se incrementen también las expectativas optimistas, y para ello el poder Ejecutivo debería de contar con una estrategia  clara para aminorar el ruido político actual. .

Independientemente de la importancia macro de crecer en el corto plazo; tan o más  importante es lograr que haya crecimiento  en el mediano y largo plazo; en tanto este a su vez se constituye como un límite  a la dinámica  del PBI de corto plazo. En línea con  lo anterior, debemos evaluar las  perspectivas de los contextos que marcaran  las posibilidades de crecimiento  futuro.    Por ejemplo desde el 2019  de acuerdo a la normatividad vigente, el déficit fiscal debe de reducirse  desde el 3.5% en este año a 1% del PBI en el 2021.  Relacionados al cumplimiento de  esta meta fiscal, hay factores que deberían, ser objeto de seguimiento y corrección.  Por ejemplo la baja presión  y efectividad tributaria, la informalidad económica,  el adecuado manejo  de tensiones  sociales por incrementos presupuestales etc. Un aspecto adicional a tenerse en cuenta, es que  a diferencia de la calma en los primeros  18 meses, de gobierno con gobernadores y alcaldes,  a partir del 2019 habrá nuevas autoridades regionales y locales, y con ello más lentitud en la ejecución presupuestal.

Pero mucho más importante, es que  el casi inevitable ajuste fiscal por venir, originará nuevas demandas  presupuestales, sea  de sectores o desde gobernadores y alcaldes al gobierno de PPK; razón por la cual  plantear y evaluar escenarios futuros  es absolutamente indispensable. ¿El Ejecutivo  ya hizo esta tarea?