Autor: kurtburneo

De la teoría a la práctica fiscal

Como es por todos conocidos, la pandemia del covid-19 implicó en el Perú puestas de política públicas para reducir las tasas de contagio como el aislamiento social y parara en seco la actividad de formas que explicaban casi el 65% de la actividad económica de país o del PBI. El reto a continuación fue evitar una masiva interrupción de la cadena de pagos por quiebras masivas de empresas, así el gobierno nacional desarrolló una serie de iniciativas con importante costo fiscal como el otorgamiento de bonos de distinto tipo, subvenciones a la planilla, o el diferimiento de pago de impuestos, etc.

A estas afectaciones fiscales, se agrega la caso inmediata caída de la recaudación tributaria producto de la retracción del PBI. Empero, poco se ha dicho sobre la sostenibilidad fiscal del cuadro descrito y mucho menos sobre la recuperación de los recursos públicos ya gastados. Tener en cuenta estos factores de manera realista, es central para vislumbrar lo que viene desde el lado fiscal de la macroeconomía.

Una primera cuestión es que dependerá de la magnitud y rapidez de la recuperación del PBI (resultado del plan de reactivación en curso), la recuperación de la recaudación tributaria y del empleo; entendiendo que no pocas iniciativas públicas como Reactiva Perú (programa de garantías estatales), o el subsidios a planillas en 35% en el caso de salarios inferiores a S/ 1,500, apuntalan más acceso a recursos como capital de trabajo, pero apuntalar las empresas para estar en capacidad de producir no equivale a que efectivamente se produzca y se venda más, porque para ellos tiene que haber quien compre, y ciertamente el talón de Aquiles del plan de reactivación en curso es una débil demanda.

Si bien hay pequeños brotes verdes por el lado de la reactivación, el costo de ello no solo es una tasa de contagio del covid-19 no disminuida, sino también el deterioro de nuestras cuentas fiscales. Al respecto el BCRP en su último Reporte de Inflación pronostican un déficit fiscal de -9.7 y 4.2% del PBI para el 2020 y 2021, respectivamente, con lo cual la deuda pública pasaría a un 33.9% el 2020 y a un 33.1% en el 2021. Detrás de estos resultados fiscales en términos nominales, está implicado un impulso fiscal positivo de 1.8% del PBI potencial para esta año y un impulso fiscal negativo de 1.7%.

Estas proyecciones denotan una política fiscal contracíclica, tal como estaría referida en cualquier libro de texto de macroeconomía, pero se discute poco sobre los límites y efectos de estas decisiones de política económica. Por ejemplo, el ajuste fiscal implícito mirando la variación pronosticada por el BCRP, es un gasto público que de crecer un 10% en el 2020 pasa a una contracción de -1,8% en el 2021. Esto se me hace poco creíble por 4 razones:

i) Los ajustes fiscales no son muy populares que digamos, más aun considerando un gobierno muy pendiente de las encuestas.

ii) Es una administración de salida, sin partido y con y con poco capital política por afectar.

iii) Nadie sabe cuándo se tendrá la pandemia bajo control, tanto del lado local e internacional, y que resultados se lograron con las medidas de políticas adoptadas.

iv) Efectivamente, la actual administración gobierna y toma decisiones, pero solo hasta abril – mayo. Con presidente electo e incio de trabajo de comisiones de transferencia con acompañamiento  de la Contraloría,  mi experiencia es que la administración saliente en estas circunstancias pone piloto automático.

Es muy probable que con la presentación del Marco Macroeconómico Multianual, junto con los proyectos de ley de Presupuesto , Equilibrio y Endeudamiento a fin de mes por el Ejecutivo al Congreso, deberíamos tener información más actualizada y con una fundamental dosis de realismo, lo que es vital, porque como sabemos las asimetrías de información conducen a decisiones ineficientes por parte de los agentes económicos. ¿Un sinceramiento de la política económica en general y de la política fiscal en particular es útil y plausible? Yo creo que sí.

 

 

Retos ¿posibles?

Entrando al último año de la administración Vizcarra, en su discurso presidencial se presentaron una serie de iniciativas gubernamentales, algunos de los cuales corresponden a planos diferenciados, algunos de los más notorios son:  Salubridad  (afiliación de todos al SIS), Educación (reporte de 96% de hogares que acceden a programa “Aprendo en casa” Económico (subsidios de distinto tipo 6 millones hogares, e identificación de 2 millones y medio hogares más para que accedan a bonos también, pensión orfandad bonos por orfandad, Plan Arranca Perú, Empleo 129,000 puestos de trabajo (frente a 2´700,000 nuevos desempleados), Fondos para agricultura y turismo, reducción brecha infraestructura (inicio de estudios de nuevas líneas de metro) etc., entre otras iniciativas sectoriales con cuando menos  S/ 24,000 millones utilizados.  

Un lugar común  como ha sucedido desde hace años en este  tipo de discursos, es la referencia en una  larga lista de puntuales  intervenciones públicas y  cifras que no agrega a una más integral mirada a la gestión del Presidente Vizcarra. Visto de otra forma tan o más importante que el producto logrado con la aplicación  de recursos públicos es el resultado logrado.  El caso es que hoy existen diversas iniciativas específicas privadas que tienen efectos multiplicadores sobre la actividad económica, actividades no referidas en el discurso y mucho menos potenciadas por el Estado. Veamos estos temas.

Frente a la pandemia, la reacción gubernamental fue establecer el aislamiento social y la paralización de actividades equivalentes al 60% del PBI). La contracción de la actividad resultante, y el aislamiento social sobretodo implicó un aumento sostenido de la demanda por servicios de internet para el comercio, en primer momento por la mayor demanda por soluciones tecnológicas más personalizadas, para luego adaptando estas herramientas a operaciones más específicas, creciendo en número y facturación las empresas de servicios tecnológicos, apareciendo nuevas líneas de negocio. 

Derivado del potenciamiento del  e-commerce durante el aislamiento, ello superó la capacidad de atención de varias empresas, derivado de la expansión anterior, en el segmento delivery,entran empresas nuevas como  Fazil y Cornershop. Esta mayor competencia ha originado la necesidad de desarrollar nuevas estrategias y alianzas en las empresas que ya estaban en el mercado como Glovo y Rappi.  Además, este creciente mercado atrajo a empresas de taxis, como Cabify y Uber. 

¿El Estado tuvo un rol promotor en estas actividades emergentes? O estas se dieron a pesar de disposiciones que respondían a realidades de países desarrollados.  Es claro que componentes de los protocolos a cumplir establecidos por los sectores más las ordenanzas municipales, al extremar condiciones a cumplir basadas en estándares de países desarrollados, se constituyeron como factores poco funcionales al reingreso de las empresas que ya existían como de las nuevas. En contraste, en programas de garantías públicas como “Reactiva Perú”, se presta con tasas promocionales a empresas investigadas por caso Lava Jato o comercializadoras de oro proveniente de la región Madre de Dios, foco claro de la minería aurífera ilegal. Apoyar iniciativas privadas y focalizar mejor las intervenciones públicas, son retos pendientes aún por alcanzar.

Paradojas

En medio de la recesión económica del país, y las políticas públicas de corto plazo tratando de reactivar la actividad económica, se pierde de vista la existencia de paradójicas situaciones al interior del Estado que, al no tener objetivos priorizados, origina claras situaciones de falta de eficiencia y eficacia. Paradójicamente, las autoridades económicas refieren lo contrario. Miremos algunos casos.

El programa Reactiva Perú otorga créditos con condiciones muy favorables respecto a condiciones regulares del mercado: plazo de dos años más uno de gracia, garantía estatal entre 98 y 80%, reducida tasa de interés promedio 1.3% para capital de trabajo, solo a empresas privadas, para mantener la continuidad de la cadena de pagos antes el impacto del covid – 19.

El tema es que resulta poco entendible económicamente justificar la exclusión en este programa estatal de ayuda financiera a empresas públicas que no operan en Saturno, ni Júpiter, sino que operan en el mismo contexto económico adverso que enfrentan las privadas, a pesar de que como estas, las empresas públicas generan también actividade económica, empleo e incluso utilidades, sin recibir ninguna subvención del Estado ni de nadie.

Una segunda paradoja se presenta cuando observamos la distribución de las créditos de Reactiva Perú donde más relevante que el número de mypes que tomaron el crédito, es la participación en el total de las colocaciones, siendo esta de 19% sabiéndose que generan el 83% del empleo. Pareciera que está marginal participación de la mypes respondió a que la evaluación crediticia se hizo en estricto tomando en cuenta factores exclusivamente financieros y obviándose la capacidad de generar empleo.

¿No debió considerarse relevante este factor en el reglamento justo cuando la generación de empleo es una variable crítica en la coyuntura actual? Más aún cuando de acuerdo al MEF, en julio estarían en condiciones de operar empresas que explican el 95% de la economía. Esto no equivale a que el 95% de la economía produzca, porque la pregunta es ¿quién comprará la producción por desarrollar? solo así estaríamos frente a una real reactivación económica.

Otra paradoja es que siendo una función del Estado dar seguridad interna y externa, resulta que empresas públicas estratégicas en la defensa nacional como la Fabricación de Armas y Municiones del Ejército (FAME) no solo está excluida de participar en programas estatales como Reactiva Perú por ser firma estatal, sino también por estar comprendida en una lista de exclusión de empresas cuyas operaciones tienen una percepción social negativa, en tanto se considera la fabricación o tráfico de armamento o munición al mismo nivel que la prostitución, tabaco, bebidas alcohólicas, narcóticos y juegos de azar.

¿No es obvio que la producción de munición es una actividad estratégica para la defensa nacional, o acaso esta debe de depender de si hay o no negocios para los empresarios privados? Paradójicamente, en esta lista se excluyen a las empresas de seguridad que compran armas pequeñas y sus municiones para uso propio y sin intención de revenderlas, o sea, se prefiere que empresa de seguridad privadas operen comercialmente, importante sus insumos como armas y municiones, mientras que a la vez se cancela esta posibilidad a FAME, a pesar de ser estratégica para la seguridad nacional.

No nos acordamos cuando la guerra del Cenepan en 1995 tuvimos serios aprietos para conseguir armas y municiones, dado que en estas circunstancias los primeros que pasa es el cierre de esto mercados. Más paradójico es que como cualquier empresa pública FAME está bajo el ámbito de Fonafe, en cuyo directorio el MEF participa.

Estas paradojas implican mayores costos y riesgos económicos, corregirlas podría ser el comienzo del perfilamiento de un Estado más consciente en su accionar mejorando en eficacia y eficiencia, condiciones a veces tan esquivas en las intervenciones públicas.

Objetivos claros

El aislamiento social y la parada en seco a actividades económicas equivalentes  al 65 % del PBI desde el 16 de marzo de este año para evitar una mayor tasa de contagio, implicó la necesidad a continuación de desarrollar una serie de programas de ayuda, como Reactiva Perú, siendo este un programa de garantías del Estado, para cubrir necesidades de capital de trabajo de empresas. Definido, así como esta amplia intención -sin distinción de prioridades en selección de beneficiarios- y dados los resultados del programa en su primera fase, se evidencia la importancia de contar con objetivos claros desde el principio. Veamos esto.

Al plantearse Reactiva Perú como un programa de garantías estatales para créditos destinados a cada capital de trabajo, si bien son las entidades financieras las que califican a las empresas, el que sólo se considerará la capacidad financiera y no otras condicionalidades como la capacidad de crear empleo como objetivo del programa, explica los resultados alcanzados. ¿Cuáles son los más relevantes?

Algunos analistas refieren que sectores no primarios de la economía, como comercio, manufactura y construcción – intensivos en mano de obra-, al participar en un 60% en los créditos de Reactiva, (concluyen erróneamente) evidenciaría (la ¿tácita?) preocupación gubernamental por el empleo. Al margen que estos sectores luego de estar cerrados casi tres meses se recuperarían con mayor lentitud, diría además que no es equivalente el apuntalamiento de condiciones para producir -lado de la oferta- con reactivación efectiva, sino se apuntala la demanda también: ¿Quién comprará los bienes y servicios ofertados? El tema, si de identificar objetivos reales se trata, no es mirar por sectores a los beneficiarios de Reactiva, en tanto cada sector contiene firmas de distinto tamaño, sino, por ejemplo, si queremos ver impacto en el empleo- como objetivos urgentes de lograr- resulta más adecuado evaluar beneficiarios por tamaño de empresas y en esa dirección mirar el acceso crediticios de las mypes, que explican el 83% de la creación del empleo en el país.

Pero incluso mirando a la mypes como beneficiarios de Reactiva, hay que tener cuidado por cuál lado se aborda el tema, cuando algunos presentan como logro que, del total de empresas beneficiados, 51 440 fueron mypes, representando un 70% del total de empresas que recibieron crédito. Este número representa solo el 2% del total de mypes. Por otro lado, el número de empresas referido, ¿cuán relevante es considerando que el 97% de empresas en el Perú son mypes?

Es claro que una mayor flexibilidad para este segmento hubiese permitido ampliar participación respecto al 24% del total de fondos colocados (rango de crédito de S/ 30 000 a S/ 10 000 según BCRP), con 3% de interés promedio, costo crediticio bastante menor a tasas entre el 30 y 40% que enfrentaba regularmente. En contraste, colocaciones entre 5 y 10 millones de soles relacionados a la gran empresa -con mayores espaldas financieras y varias de ellas investigadas por corrupción – explicaron el 29% de las colocaciones.

Cabe mencionar que el sesgo hacia la concentración del programa, se dio también por el lado de la oferta: los bancos grandes realizaron el 99% de los desembolsos y al 91% del total de empresa beneficiadas.

Finalmente, no resultaría obvio que al modificarse el reglamento de Reactiva en el sentido de permitir que a las mypes se les preste en relación a sus deudas y ya no solo de sus ventas, sea suficiente para lograr un aumento sustantivo de las colocaciones de Reactiva Perú al 98% de las mypes pendientes de atención, ¿o seguirá Reactiva priorizando en los hechos a la gran empresa y banca?

¿Y las microempresas?

Una pieza fundamental de la política macro actual frente a la necesidad de reactivar la economía es el plan Reactiva Perú dirigido a dar créditos a firmas en riesgo de quiebra producto de obligárseles a parar actividades desde el 16 de marzo. La idea, según el MEF, es “dar una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de liquidez que enfrentan las empresas antes el impacto del covid-19”. ¿Se cumplió el objetivo?¿Se prestó a las empresas más débiles?¿Son todos los que estan y estan todos los que son?

El programa se dirige a evitar una mayor ruptura de la cadena de pagos, otorgando garantías para tomar créditos de 3 años y uno de gracia para capital de capital de trabajo, y cumplir con sus obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores. El MEF garantiza los créditos colocados por las entidades del sistema financiero. El programa inició con S/ 30,000 millones en garantías, posteriormente se ampliaron en S/ 30,000 millones. ¿Pero por qué no se ha prestado a las firmas más urgidas de capital de trabajo como las microempresas?

Colocados los primeros S/ 30,000 millones, según el BCRP solo el 19% de los fondos fueron a las MYPES, señalándose que este porcentaje es similar a la participación actual de dicho segmento de empresas en el total de colocaciones en el sistema financieros; con tasas ahora históricamente bajas, esta participación constante sería indicativa que este programa, desde un principio, no habría priorizado a las pequeñas unidades productivas.

Priorizar ayudas a las pequeñas unidades económicas, no solo tiene un base de sensibilidad social sino también económica: mirando la creación de empleo por tamaño de firma, un 73% corresponde a microempresarios, 10% a las pequeñas, 2% a las medianas y 15% a las grandes, por ello apoyos preferentes hacia las micro y pequeñas empresas tiene mucho sentido, tanto por la capacidad de creación de empleos como por ser funcionales a la reactivación económica. Dicho sector representa el 96% del total de empresas y un equivalente al 50% de estas son informales.

Considero que el plan desde un principio presentaba factores limitantes para acceso a este, por parte del segmento de firmas (micro y pequeñas) que debiera ser su objetivo: Falta de historial crediticio, exigencias diversas como si fueran créditos regulares, tales como calificación crediticia, aportes a Essalud o declaración de ventas a la Sunat. En el papel inicialmente Reactiva Perú tuvo como objetivo dar la liquidez necesaria para garantizar la operación de 350,000 empresas de las cuales el 90% serían microempresas, los números dirían que esto no fue logrado.

En una segunda etapa se flexibilizan en algo las condiciones para ampliar el alcance del programa, como por ejemplo aumentar la cobertura de 1 a 3 meses de venta promedio mensual del 2019, el problema operativo es que los microempresarios con RUS deben declarar ingresos y no ventas.

Por otro lado, la participación del sector informal -parte importante de las microempresas-, seguiría restringida, pues el Plan Reactiva sigue exigiendo que una empresa tenga RUC para acceder a estos préstamos garantizados. Al respecto, dejar de lado esta exigencia, implicaría dar la opción, primero, de generar actividad económica, generando trazabilidad, y posteriormente como microempresarios ya estabilizados, podría la Sunat iniciar un gradual proceso de incorporación a la base tributaria. Avanzar en la formalización es importante y necesario, pero las ayudas tiene que ser mejor focalizadas y, por último, no pongamos la carreta delante de los caballos.

 

 

 

 

 

No me ayudes compadre

Una demanda particularmente importante es lograr que -ante la contracción de la actividad económica del país-, el Plan de Reactivación Económica, implementando desde inicios de mayo, muestre resultados más auspiciosos y rápidos.

Frente a ello, un lugar común es responsabilizar únicamente al Gobierno nacional por los resultados. ¿Pero y qué de los otros niveles de gobierno? ¿Qué nivel colaborativo tienen? ¿Ayudan u obstaculizan?

El mencionado plan consta de cuatro fases. La que primera fase comenzó con 27 actividades autorizadas desde hace un mes, comprendiendo actividades en los sectores minería, industria, construcción, servicios, turismo y comercio. En teoría, el MEF esperaba, luego de la primera fase, lograr que la economía llegue a operar en un 70%, al no haberse alcanzado aún esta meta, existirían diversos factores explicativos.

Uno de los más referidos es la existencia de procesos burocráticos extensos y traslapados algunos de los cuales ya existían antes de esta primera fase. Es así que para reiniciar operaciones cada empresa deberá cumplir con estrictos protocolos tanto del Ministerio de Salud como de los sectores. En el caso de estos últimos, por ejemplo, los protocolos para restaurantes al principio establecían exhaustivos requisitos que quizás con suerte el Maxim’s de Paris podría cumplirlos; exigencia rigurosas bajo la peregrina idea de que la mayor cantidad y rigurosidad en los protocolos posibilitaría ampliar la formalización en estos negocios, cuando más bien, opuestamente, se promovería más informalidad, por la imposibilidad de cumplimiento del plazo corto y mayor costo de implementación de los requisitos implicados. 

Afortunadamente, Produce (sector a cargo) flexibilizó en algo estos requisitos. De todas formas, nuevos procesos surgieron en este contexto como la obligación de que cada empresa deberá elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el trabajo y registrarlo en el sistema integrado para el covid-19 (Siscovid-19) del Minsa.

¿Y a todo esto los gobiernos regionales han desarrollado alguna iniciativa para agilizar la parte operativa del plan? Mi impresión es que casi todos se han puesto de perfil, a pesar de que varias direcciones sectoriales dependen de estos. No ayuden, pero al menos no estorban.

No se puede decir lo mismo de no pocas municipalidades, las cuales, vía ordenanzas, originan mayores costos e ineficiencias -incluso a veces invadiendo fueros sectoriales-, complicando así la permanencia algunos brotes verdes, indicativos de reactivación de pequeños emprendimientos. 

Estos obstáculos nuevos son de distinto tipo. Desde cerrar con una valla una cuadra antes de la Plaza de armas de Lima, ahogando económicamente a los pequeños negocios enclaustrados por estas, hasta el establecimiento de medidas de prevención para el contagio del covid-19, cuando estas corresponden al ámbito del Gobierno Nacional.

Un ejemplo de interferencia es el caso de la composición de los desinfectantes a usar. Si bien el Minsa no lo determina específicamente, sí lo hacen otros ministerios mediante protocolos sectoriales, pero resulta que ahora algunas municipalidades también definen discrecionalmente esta composición siendo claro que esta diversidad normativa va en contra sentido a la eficiencia ¿Son estas normas sanitarias legales? O se busca más bien recaudar -precautoriamente- más vía multas, pensando en las épocas de vacas flacas por venir, dado que posiblemente habrá una menor recaudación derivada de la entrada de recesión económicamente este año.

A manera de conclusión frente al entusiasmo regulatorio de varias municipalidades se les podría decir: “No me ayudes, compadre”

 

Expectativas frente a la crisis

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La pandemia covid-19 más el aislamiento social adoptado desde el 16 de marzo -a fin  de reducir la tasa de contagios- y la determinación oficial de paralización del 70% de la actividad económica, serían básicamente los factores que explicarían la caída del PBI en marzo en 16.26%, con previsibles mayores caídas en abril y mayo.

Creo que son dos los restos inmediatos para el Gobierno. Desde el plano económico, ¿cómo inducir efectivamente una reactivación económica y no solo en el papel? Y desde el plano ético, ¿cómo ser eficaz en detectar y sancionar los  hechos de corrupción, en la compras urgidas por el Estado, para cubrir la insuficiente oferta de servicios de salud frente a las demandas de la población?

Llegada la pandemia al Perú, el Gobierno, determina una cuarentena además de establecer la mencionada paralización de la actividad económica del país. Afin de moderar la ruptura de la cadena de pagos (por ejemplo, cese de pagos de salarios y a proveedores), el Estado despliega una serie de intervenciones equivalentes al 14% del PBI: subsidios a empresas y población pobre, facilita acceso a fondos pensiones, alivios tributarios e inyecciones de liquidez. Habiéndose ejecutado al 15 de mayo aproximadamente solo el 47% de estas ayudas.

Siendo un factor crítico la rapidez de dichas intervenciones, ¿a qué respondería la lentitud? Básicamente por idas y venidas: profusión de protocolos, uso exigido de guantes y restricciones para que personas obesas trabajen, sumado a un plan de reactivación con definiciones pendientes de supuestos, líneas de base y metas para mejorar su solvencia técnica y credibilidad.

Cabe mencionar la necesidad de presentar un plan económico de mediano plazo para adecuar expectativas; esta carencia última, sin duda, reforzará que la dinámica de nuestra economía se comporte como una L con una base bastante larga, y no como una V, como algunas autoridades económicas suponen.

El tema de la reactivación es crítico no sólo por los niveles del desempleo, que entre febrero y abril solo en Lima se registró 1 millón 200 mil despidos, sino también para revertir la caída de la recaudación de 17.9% en términos reales en marzo. Si no pasa esto, las posibilidades de acción gubernamental se verán severamente limitadas.

El otro reto es enfrentar con efectividad distintas formas de corrupción. Como sabemos, los costos de esta son presentes y diferidos, como es la introducción de ineficiencia en la economía. Por ejemplo, ganadores de procesos de compras estatales – corruptas – no son los que ofertan los mejores productos y servicios con calidad y precios de mercado. De allí que las necesidades de mantenimiento futuras en el caso de un activo son mayores en recurrencia y costos respecto a promedios en el mercado.

En nuestra experiencia, las compras y distribución de bolsas de alimentos por parte de las municipalidades por S/220 millones fueron cuestionadas, no obstante que, por la urgencia y la pandemia, antes se asignaron S/483 millones para apuntalar servicios de salud, existiendo también varias denuncias por irregularidades. La respuesta gubernamental fue plantear el acompañamiento de la Contraloría en los distintos procesos de adquisiciones, el famoso control recurrente. ¿Suficiente?

Generar riesgo es disuasivo, ¿pero la Contraloría tiene, por ejemplo, la capacidad instalada de ejercer control, para comenzar, en 1,665 distritos, 196 provincias, 25 regiones y 19 ministerios? Es evidente que no, por lo cual el reto económico y el de un enfrentamiento eficaz y rápido frente a la corrupción están absolutamente vigentes. Los ciudadanos ahora, más que nunca, estamos muy pendientes de ello.

Baila con tu pañuelo

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La aplicación del aislamiento social que ya va por 51 días, ha estado asociado a la ruptura de la cadena de pagos, en distintos sectores, a pesar de las ayudas fiscales que podrían llegar a costar el 12% del producto bruto interno (PBI).

Pero como los recursos fiscales no son infinitos, el Gobierno decidió que los trabajadores, con sus propios recursos, cubran sus necesidades de liquidez. En esta opción se inscribe, la reciente ley promulgada por el Congreso de la República que permite retirar el 25% de la cuenta de capitalización de los fondos de AFP con un tope de S/ 12,900 (equivalente a tres UIT). Varios han señalado que de aplicarse esta, originará una adversa afectación financiera y económica al país. ¿Es cierto ello? Veamos.

Para comenzar, estamos viendo un tema que aplica directamente con datos a marzo de ésta a 7’521,916 afiliados de las AFP, con un fondo previsional de S/ 152,000 millones- este monto no captura aún la parte sustancial de la pérdida de valor del fondo en el exterior, por el adverso efecto económico de la pandemia covid-19- a nivel global.

A marzo, el mencionado monto invertido en activos financieros locales representa un 55.4%, o sea S/ 84,208 millones, y el restante 44.6%, es decir, S/ 67,792 millones, en el exterior. Si calculamos la demanda de efectivo implicada por el retiro de fondos, a lo máximo llegaríamos a S/ 27,000 millones requeridos, por lo cual es perfectamente financiable, este requerimiento, vendiendo parte de la posición de activos invertidos en el exterior (S/ 67,792 millones). Si las AFP intencionalmente quisieran afectar al Estado, obtendrían parte del efectivo producto de la venta de inversiones en bonos soberanos peruanos. La secuencia es simple: mayor oferta, precios a la baja e intereses al alza.

¿Y por qué las afiliados apenas pueden retirar sus fondos de las AFP? (¿Clientes satisfechos?). En primer lugar, por la poca confianza respecto a estas, junto a asimétricas reglas que las favorecen. Y, segundo, dada la coyuntura por el covid-19, buscan cautelar la mayor cantidad de sus ahorro bajo control personal.

Cabe referir que la mencionada desconfianza hacia las AFP, estas se las ganaron a pulso en el tiempo, ya que a pesar de evidentes inequidades por resolver, sus planteamiento buscan maximizar sus beneficios: pensión mínima garantizada por el Estado, facilidades para más aportes voluntarios, etcétera. Todas en favor exclusivo de las AFP.

Finalmente, si de algo sirve este bizarro e inédito evento como la pandemia covid-19, es observar primero: que para resolver parte de la iliquidez el trabajador estará usando su propia plata, a través de un mayor acceso a sus fondos previsionales y, además, ante falta de argumentos, las propias AFP- y algunos opinólogos- tratan de meter miedo… Infructuosamente.

Reactivar a Reactiva

Imagen1El Plan Reactiva Perú, definido por garantías de créditos para capital de trabajo hasta por S/ 30,000 millones, que aún sigue en proceso de pre lanzamiento, a pesar de haberse detenido el funcionamiento de casi toda la economía del país, con el aislamiento social (cuarentena) desde hace 38 día, urge ponerse en marcha para reducir la quiebra de firmas y pérdidas de puestos de trabajo.

Este programa garantiza nuevos créditos a 36 meses con 12 de periodos de gracia para capital de trabajo, vía bancos, y está dirigido a la micro, pequeña y mediana empresa hasta el 30 de junio del 2020. Esta garantía se canalizará ya sea por garantías a las carteras de créditos que se implementan mediante fideicomiso o, alternativamente, por garantía individuales que se implementan mediante comisión de confianza u otro instrumento similar.

Mas al detalle, el monto a garantizar resultará del menor entre el monto equivalente a tres veces la contribución anual de la empresa a Essalud en el 2019 y el monto equivalente a un mes de ventas promedio mensual del año pasado, de acuerdo con los registros de la Sunat. Para la microempresa se aplica sólo este último indicador. El monto total de los créditos que se garantizarán a través del Programa por empresa deudora no excederá los S/ 10 millones. La empresa beneficiaria no debe mantener deudas tributarias exigibles en cobranza coactiva mayores a una UIT al 29 de febrero del 2020. Asimismo, las empresas deben estar clasificadas en el Sistema Financiero, a igual fecha, en la Central de Riesgos de la SBS, en la categoría “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP). La garantía que otorga el mencionado Programa fluctúa entre 98% para créditos de hasta s/ 30,000 a 80% para créditos mayores a S/ 5 millones. El plazo de los créditos no puede exceder de 36 meses, lo que incluye un periodo de gracia de intereses y principal de hasta un año.

En cuanto a tasas por aplicar, el BCR establecerá y cobrará una tasa de interés fija en soles anualizada. Así, las tasas de interés que la entidades financieras aplicarán a los créditos que otorguen con la garantía del gobierno no podrán ser mayores a las fijadas en subastas del ente emisor. En temas más operativos, se corrige parcialmente la concentración del mercado incluyendo a las Cajas, pero dejando aún fuera a cooperativas supervisadas por Fenacrep, que conocen bastante bien el negocio de las microfinanzas. Al final, más competencia en este mercado permitirá costos más competitivos de los créditos y maximizar las colocaciones objetivo deseable, más aún, dado que el monto del Programa solo equivale al 14% del saldo de crédito a empresas en el sistema financiero. Aparte de la especialización, las microfinancieras explican 13%  de microcréditos, y al interior de este segmento, las cooperativas representan el 25%  y las cajas municipales de ahorro y crédito 45%.

Otro factor por revisar es el extenso proceso implicado en el programa: a) Solicitud del préstamo y la evaluación de riesgos; b) Entrega de cartera a Cofide en el marco del fideicomiso; c) Remisión a Contraloría para calificación; d) Remisión de cartera al BCR para realizar operación de compra temporal con obligación de recompra; e) Inyección de liquidez a la institución financiera; y f) Otorgamiento del crédito. Es obvio que es posible reducir procesos, factor importante porque rapidez y maximización de este programa resultan claves si consideramos que alargamientos de la cuarentena implican a su vez rupturas de cadenas de pago, inviabilidad de firmas y mayor desempleo.

Finalmente, crédito barato es condición necesaria pero no suficiente para tomar deuda, perspectivas post cuarentena también importan. Por ello, el planteamiento de estrategias de intervenciones futuras por las autoridades económicas es crucial.

AFP: el acceso a los ahorros

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El viernes último se aprobó una ley que permite el acceso al 25% de sus fondos de pensiones a los trabajadores afiliados a una AFP, con un tope de S/ 12,900. En una coyuntura de falta de liquidez próxima, esta medida tiene mucho sentido, y para otros como la propia Asociación de AFP es equivoca, previendo desde recesiones hasta mayores costas de fondeo para todos. ¿Qué tan ciertas son estas predicciones?

Habiendo llegado el Covid19 a nuestro país, una de las primeras e indispensables medidas adoptadas para reducir la tasas de contagio fue el establecimiento de una aislamiento social – cuarentena- desde el 16 de marzo hasta el 12 de abril. Al haber comprendido esta medida a gran parte de los trabajadores y con prohibiciones expresas de operar a la mayoría de la empresas, obviamente se pone en cuestión la viabilidad de la compañías y empleos, dada la iliquidez, resultante tanto por la paralización de la producción como por la falta de pago de salarios y a proveedores, rompiéndose la cadena de pagos.

Para evitar esta última, parte de las medidas adoptadas por el Gobierno, además de las fiscales y monetarias (Reactiva Perú), es permitir una mayor disponibilidad ya sea de S/ 2,400 como máximo de las cuentas CTS y S/ 2,000 más como tope del acceso a la cuenta individual de capitalización que los trabajadores tienen en una AFP. Y finalmente, el congreso aprobó una ley que permitiría acceder al 25% de sus fondos ahorrados en una AFP, con un tope de S/ 12,900. ¿Esta decisión es tan nociva como algunos dicen?

Diversos personajes y la propia presidenta de la Asociación de AFP han pronósticos distintas catástrofes desde una contracción del PBI hasta severos desequilibrios financieros. ¿Tienen asidero estos malos augurios? o ¿es meter miedo y no cambiar nada?

El origen de estas iniciativas es usar parte de las plata ahorrada por los trabajadores para que pueda ser gastada y ayudar a revertir la fuerte contracción de la demanda y de la liquidez surgida por la casi paralización  de la actividad económica. El problema resultante es claro: cuanto más largo sea el aislamiento más se pone en cuestión la sostenibilidad económica cuando se rompe la cadena de pagos.

La propuesta del Ejecutivo de acceso a los ahorros en las AFP con tope de S/ 2000 no tuvo muchas observaciones. Alternativamente sí generó discusión la iniciativa del Congreso que permitiría acceso hasta 25% del fondo con un tope de 3 UIT (S/ 12,900). Los trabajadores que en esta opción efectivizarían una pérdida son los afiliados cuyo fondo estuviera invertido en renta variable dada la caída en picada del precio de las acciones, que es el caso del Fondo 3 (pura renta variable) y en menor magnitud los afiliados al Fondo 2 (híbrido renta fija y variable). ¿Podría esto afectar la actividad económica del país? ¿Cuál es el mecanismo? Algunos asumen un encarecimiento del financiamiento al Estado, al venderse masivamente bonos del Tesoro, pero por qué alternativamente no vender primero las inversiones en activos en el exterior por S/ 75,753 millones, que seguirán bajando de valor dado el camino a la recesión en que está direccionada la economía internacional.

Finalmente, ¿por qué los afiliados a las AFP buscan sacar el máximo de dinero de sus cuentas?¿Confían en estas empresas? ¿O más bien, ante un incierto futuro del empleo buscan tener su dinero bajo control? Desde las AFP, ¿qué han hecho para ganarse la confianza o no lo necesitan por tener un mercado cautivo?