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Comenzando el 2020

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Comenzamos este 2020 con apremios de diversos alcances. Desde aquellos que en las recientes fiestas de fin de año en materia de gasto asumían contar con una suerte de un largo bolsillo de payaso, farreándose el salario, gratificación y hasta la línea de crédito, y hoy ven con lejanía (y angustia) el ansiado cobro de fin de mes para comenzar a pagar. Pero también hay otros apremios más colectivos, como enfrentar este año a nivel país, con eventos económicos y políticos que definen un entorno de difícil pronóstico.

Veamos el largo plazo. Por el lado de la economía, el PBI potencial nos permite crecer anualmente 3.8%; definiendo el tope de crecimiento anual al que hoy podríamos aspirar. Entonces, en el mejor de los casos, si se incrementasen los componentes de la demanda exactamente en línea con la última proyección del Reporte de Inflación de diciembre del BCRP: consumo privado 3.7%, consumo público 2.5%, inversión privada 4.5%, inversión pública 5%, exportaciones e importaciones en 5.6%, respectivamente. De darse esta positiva alineación de los astros, se originaría justamente una expansión resultante en la actividad económica de 3.8%.

Por otro lado, una probable desaceleración de la economía estadounidense de 2% a 1.9% podrá implicar que la Fed, al bajar la tasa de interés, termine generando presiones revaluatorias sobre el tipo de cambio, contraponiéndose a los efectos anteriores sobre el precio interno del dólar. Cabe destacar que adicionalmente, tras la muerte reciente de un popular dirigente y general iraní, se ha abierto una caja de Pandora de rechazo, con amenazas de respuestas violentas, con efectos adversos sobre la producción de bienes y servicios, y presiones adversas sobre el precio del petróleo. A estos factores exógenos adversos debemos sumar una aún regresiva distribución del ingreso – definida como desigualdad vertical– con un Gini de 0.43; sumada a una marcada desigualdad horizontal, que se refleja en la forma diferenciada de trato con los demás según condición socioeconómica y/o racial.

En línea con factores políticos, por lado interno, ninguna agrupación política en el nuevo Congreso tendrá mayoría absoluta, aparte de estar muy vigilante de alianzas a darse, pero creo que de la performance individual de estas bancadas dependerá la suma o resta de simpatías de los electores a los candidatos presidenciales y listas congresales, que se presentarán también a las elecciones generales del 2021. Ello se aplica –ser responsables– a las agrupaciones con opción. Desde ellas, sí vendrá mucho obstruccionismo, pataleta y circo, desde febrero, por parte de agrupaciones que aliadas controlaron el último Congreso defenestrado por el presidente Vizcarra. Ojo que un tema central para la gobernabilidad al 2021 dependerá del profesionalismo de la Comisión de Constitución del Congreso por elegirse, al calificar el grado de constitucionalidad de los decretos de urgencia emitidos por la administración del actual Gobierno, donde no pocos de ellos, ya reglamentados, están en plena aplicación.

Factores económicos coyunturales, definidos por los componentes de la demanda; parto de la suposición de que para dinamizar esta se potenciará Conecta MEF para la asistencia técnica en cuanto a gestión presupuestal (de pasadita se avanza más rápido con el Programa de Reconstrucción con Cambios del cual, en parte, depende el Producto Potencial); y cuento con la seguridad de que nuestras autoridades económicas nos explicarán próximamente sobre el cómo se hará para que la inversión privada crezca en 3.2% y la pública crezca de -0.5 a 5.5% entre el 2019 y el 2020, respectivamente. Un 2020 con múltiples retos, sin duda.

Essalud o Sinsalud ¿Financiera?

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La semana pasada se promulgó el Decreto de Urgencia (DU) 028, que contiene medidas dirigidas al logro del equilibrio financiero de Essalud, institución que en mi opinión presentaría serios problemas de sostenibilidad financiera.

En lo central, el DU dotaría de más ingresos a la institución, al incrementarse el aporte del Estado en tanto empleador, puesto que por cada trabajador público incorporado en un contrato administrativo de servicios (CAS) se ha elevado la base imponible de cada asegurado de 30% a 45%, y a partir del 2021 a 55%, de la UIT.

Además, la norma deja pendiente hasta el 2022 la elevación de la base imponible de los servidores del sector Salud (DL 1153) y de la carrera magisterial (Ley 30002). Con los mayores ingresos que recibiría Essalud ¿estarían resueltos los problemas financieros de esta institución? ¿Y sus problemas económicos (estructurales) también?

Según el MEF, la planilla actual (a junio de este año) del régimen CAS sería de S/ 160 millones, pero con una previsión presupuestal de hasta S/ 180 millones de ser necesario… Sin embargo, resulta necesario recordar que la Ley 26790 (Ley de Modernización de la Seguridad Social) ha sido mediatizada en cuanto a los ingresos establecidos para Essalud por la existencia de leyes especiales aplicables a maestros, servidores de Salud y del régimen CAS. En los hechos, en lugar de calcular el 9% del ingreso o remuneración total para establecer el aporte se toma solo el 65% de este.

Asimismo, como señala la Ley 26790, el pago a Essalud está a cargo del empleador; así, los aportes para estos conjuntos de colaboradores públicos (régimen CAS, servidores de salud y el magisterio) dependerán de la disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la República, asunto que no genera mucha confianza de pago oportuno, sino miremos la deuda del Estado con las AFP por aportes hechos por trabajadores públicos, alcanzando hoy un monto de S/ 6,970 millones incluyendo moras y multas.

Tras piedras palos. Los problemas financieros no vienen solo por menores ingresos (producto de leyes especiales que establecen tasas de aporte menores), agravando la situación el gasto estructural tiende a elevarse sostenidamente. Así, al 2018, Essalud tenía 11’449,000 personas derechohabientes; población que, producto de un natural proceso de envejecimiento, es demandante de una mayor cantidad de servicios y de mayor complejidad. Según data de Essalud, el número de consultas entre el 2005 y el 2018 pasa de 12’169,000 a 21’895,000 con un ratio de recetas por consulta de 1.08 a 2.05; todo en medio de una clara tendencia creciente de intervenciones de alta complejidad (y costo); esto se refleja en un ratio incrementado de estas respecto al total, pasando del 5.5 al 12.2%. Gastos crecientes con tasas de aporte fijas y/o reducidas sin sustento técnico hacen que los ingresos crezcan solo nominativamente por nuevas afiliaciones de trabajadores. Al 2018 alcanzaron casi S/ 11,180 millones frente a un total de gastos por S/ 10,440 millones. Lo descrito fundamenta que el gasto operativo represente el 95.2% de los ingresos totales, y que la inversión respecto al gasto total sea de solo 3.4%.

Como fresas en el pastel, quedan intactos varios de los regímenes especiales, que siguen implicando menos ingresos adicionales a los antes descritos; pero a la larga o a la corta se hará menos sostenible financieramente la entidad, con el añadido de una deuda pendiente por S/ 1,400 millones del Estado a Essalud. Retos grandes por afrontar.
¡Exitoso 2020 para todos!

Finanzas vs. economía

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Luego de algunas horas de vuelo en el ejercicio profesional tanto por la parte pública como por la privada, y estando en modo reflexivo, encuentro que tiende a ser asimétrico el conocimiento y la discusión pública alrededor de temas financieros y los propiamente económicos, con un claro sesgo en los primeros. No olvidemos que detrás de los números en las finanzas hay decisiones adoptadas, bienes y servicios producidos, como contraparte; siendo claro que estos últimos asuntos corresponden al plano económico, plano tan o más importante que el financiero. Miremos un par de casos locales.

El famoso riesgo país (RP) corresponde, cual tema de libro de texto, al plano de las finanzas. Como es sabido, el (RP) es calculado por el JP Morgan, mediante el EMBI+ (Emerging Market Bond Index), siendo este el diferencial adicional que debe presentar el rendimiento promedio de los títulos soberanos peruanos, frente al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense (asumido en los mercados como el activo financiero más seguro).

Otro indicador alternativo son los Credit Debt Swaps, que son instrumentos derivados que dan cobertura a los que compraron un bono o deuda, frente a la posibilidad de que un emisor incumpla sus obligaciones de pago a los acreedores.

Así, en el caso de riesgo soberano –relacionado a bonos públicos– se originan categorías de calificaciones crediticias (rating crediticio): grado especulativo y grado de inversión, contexto donde las agencias calificadoras de riesgo internacionales elaboran y clasifican a los países mirando, entre  otras cosas, acciones de presión respecto a sus deudas públicas. Estos ratings crediticios para el común de emisoras están usualmente designados por un conjunto de letras y signos o números estableciéndose una calificación determinada.

Alternativamente a los asuntos financieros, existen temas económicos poco comparativamente conocidos y discutidos; como es el caso de lo que hay detrás en cuanto a las asignaciones contenidas en el Presupuesto General de la República.
La tarea es ir más allá de lo obvio, cual es referir los productos logrados con el gasto ejecutado, y analizar qué resultados se obtuvieron dada la asignación de recursos (inputs), los productos generados (outputs) y los resultados económicos (outcomes). Siendo lo relevante estos últimos.

Un ejemplo: siendo conocido el presupuesto público para el 2020 de S/ 177,367’, para la función intervenciones sociales se asignaron S/ 66,276’. ¿Esto es mucho o poco? ¿Es discusión común, por ejemplo, conocer contra qué metas económicas se asignaron estos recursos para financiar la función referida? ¿Independientemente de qué sector los gaste?

Finalmente, de acuerdo a la evidencia presentada, se tiende a discutir hoy más sobre temas financieros como el riesgo país, coberturas, etcétera, quedando relegada la discusión sobre temas económicos. Por ejemplo, qué metas se pretende lograr con el gasto ejecutado, asumiendo determinados niveles de eficiencia y eficacia. En tal sentido, para comenzar a revertir este sesgo ayudaría mucho que el Ministerio de Economía y Finanzas sea un Ministerio más de Economía que de Finanzas. ¿Qué opina?, amable lector.

Providencial informalidad

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Dada la similitud de los modelos económicos de Chile y el Perú  ¿por qué no hay aquí protestas similares? Planteo que un sector informal, mucho más extendido en nuestro país, se constituye como un factor de amortiguamiento.

Sin embargo, el cuadro actual se podría complicar a partir de una mayor desconfianza de los agentes económicos, producto de situaciones más recurrentes de corrupción, sumadas a un mayor deterioro de la institucionalidad. Ello afectaría el crecimiento, que podría sobreponerse al efecto retardatorio de la informalidad.

La protesta social en Chile va mucho más allá del aumento de la tarifa del Metro, que fue el detonante. Existen inequidades o asimetrías del modelo económico  fundamentado en la liberalización de los mercados y reducción del accionar del Estado– implementado décadas atrás por el régimen de Pinochet. Entre las principales desigualdades tenemos un inequitativo sistema previsional privado, salarios reales bajos, altas tarifas de servicios públicos, crítica calidad y cantidad de los sistemas de educación y salud, y demandas por cambios constitucionales. Suena conocido, ¿no? Dado que el modelo económico vigente hoy en el Perú es muy parecido al chileno, ¿lo descrito en el país del sur podría ser necesariamente un avant premiere de lo que se nos viene?

Dada la magnitud de la protesta, los intentos por solucionarla han sido fútiles; fracasaron, dado el carácter estructural de no pocas demandas. Considero que el trasfondo de gran parte de ellas reside en una sustantiva concentración del ingreso, que ni el libre mercado ni el crecimiento económico, en su momento, han servido para revertirla.

Teniendo en cuenta información reciente sobre el coeficiente de Gini (indicador que mide la desigualdad de los ingresos dentro de un país) e informalidad, encontramos que habiéndose desacelerado la evolución del PBI chileno entre los años 2009 y 2017, este registra una reducción marginal de 0.49 a 0.47, tendencia similar para la experiencia peruana, que  pasa de 0.47 a 0.43.

Mayores inequidades podrían ser aceleradores de la pobreza. Esta combinación es más leve en nuestro caso, con tasas desaceleradas de crecimiento (pero de mayor nivel) junto a un Gini menor. La combinación desaceleración del PBI en Chile y reducido segmento laboral informal hace que la olla de presión llamada insatisfacción (por modelo) sea más evidente al existir una más regresiva distribución del ingreso.

En nuestro caso, yo diría que no percibo la ocurrencia de reacciones inmediatas frente a inequidades, puesto que aumentos de ingresos, aunque cada vez menores, podrían retardar algunas reacciones por parte de la gente, asumiéndose que la situación política no se deteriore más.

Por otro lado, contamos con un sector informal más grande, da más opciones a los expulsados del sector formal. A manera de referencia, la informalidad laboral chilena anda por el 35% y nosotros por el 70%… Siendo un factor que fundamenta nuestra informalidad tener rentabilidad en tanto detenta costos subvaluados (no pago de derechos de autor, patentes, licencias de operación, etcétera). Cavas una zanja al costado de la avenida Venezuela y te pones a soldar tubos de escape. ¿Alguien te lo impediría?

Visto lo anterior, factores adversos, como la desaceleración del crecimiento más la existencia generalizada de casos de corrupción y destrucción de instituciones, podrían desencadenar protestas sociales, hasta ahora contenidas. Queda en las autoridades tratar con tiempo las inequidades del modelo, así como los factores que podrían exacerbarlas.

No son 30 pesos, son 30 años

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En estas últimas semanas en Chile, se ha venido produciendo una masiva protesta social, inicialmente expresando el rechazo al alza de 30 pesos en la tarifa del Metro en Santiago, aunque rápidamente esta protesta escaló en magnitud, al sumarse otras demandas resultantes de asimetrías propias del modelo económico: inequitativo sistema previsional privado, salarios reales bajos, altas tarifas de servicios públicos, crítica calidad y cantidad de los sistemas de educación y salud, exigencias por cambios constitucionales, entre otras demandas.

Dado que el modelo económico vigente hoy en el Perú es muy parecido al chileno, cabría preguntarse si el actual derrotero chileno es el espejo inminente en el que debemos de vernos próximamente. Analicemos esta posibilidad con un poquito más de detenimiento.

La protesta de la gente en Chile es la mayor movilización en la historia de dicho país, desplazándose 1.3 millón de personas en las calles de Santiago y un millón en regiones, 3,162 detenidos, 1,051 heridos de bala, 17 personas muertas; desplazamientos que se dieron bajo una contundente y reveladora consigna que dice mucho del carácter estructural de varias demandas de la población: “No son 30 pesos, son 30 años”, así se resumen exigencias que van más allá de lo coyuntural.

Frente a este contexto, el presidente Piñera, buscando calmar esta creciente protesta social, congela tarifas eléctricas, cambia a medio gabinete, eleva salarios, revierte el aumento de tarifas de transporte e, incluso, reconoce la necesidad de revisar la Constitución Política del Estado. Pero las protestas, aunque ahora más espaciadas, continúan. Considero que el trasfondo de gran parte de las demandas reside en una sustantiva concentración del ingreso, que ni el libre mercado ni el crecimiento económico per se han servido para revertirla. ¿Qué evidencia tenemos?

Considerando información sobre crecimiento y el coeficiente de Gini, encontramos habiendo crecido el PBI chileno desaceleradamente entre el 2009 y 2017 y un coeficiente de Gini, que muestra una reducción marginal de 0.49 a 0.47 en dicho periodo. Esta combinación de tasas de crecimiento menores y poco progreso en lograr una menos desigual distribución del ingreso, podría intensificar efectos adversos sobre la gente de una regresiva distribución del ingreso, a pesar que en el 2018 la economía creció 4%.

En nuestro caso, en similar periodo el PBI muestra un mayor dinamismo, pero el coeficiente de Gini se reduce también marginalmente de 0.47 a 0.43. Entonces, ambas economías crecen pero con esa desaceleración y sin progresos sustantivos en la distribución del ingresos. ¿Se reeditaría -cual calco y copia- lo que viene ocurriendo en Chile? Yo diría que no. Tasas de crecimiento más altas comparadas con las chilenas podrían explicar goteos de ingreso incrementados en nivel, pero de variaciones menores miradas en el tiempo; lo cual -dado el resto de factores implicados, entre otros los de política pura- podría explicar en parte diferir reacciones de protesta. En el mismo sentido, el que en nuestro país el sector informal es mucho mayor que el chileno respecto al PBI, esto podría implicar una suerte de colchón de oportunidades que amortiguaría pérdidas de bienestar en la gente, resultado de la expulsión del sector formal, ante una contracción de este último.

En suma, hay factores que en escenarios de regresiva distribución del ingreso, postergan pero no eliminan la posibilidad de protestas sociales futuras. Ser proactivos vía políticas públicas para revertir la concentración del ingreso es lo obvio, ¿no?

Hora de decisiones

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Con motivo de las manifestaciones de descontento social, como las que están ocurriendo en Chile, con demandas en asuntos tan diversos como educación, salarios, pensiones, salud, tarifas, etcétera, donde a pesar de que el presidente Piñera anunció el cambio de  medio gabinete ministerial, congelamientos de tarifas eléctricas, anulación de aumentos de tarifas de transporte, y más, las protestas públicas continúan.

Al respecto, distintos analistas han venido lanzando variadas conjeturas sobre el porqué de lo ocurrido en un país cuyos números macroeconómicos son mejores que los nuestros.

En tal sentido, y dada la similitud entre los modelos económicos peruano y chileno, y además en nuestro caso porque la economía vendría acumulando importantes situaciones de desequilibrios e inequidades que más temprano que tarde, podrían –dada la inacción para la reversión de estas– derivar en que se incremente el riesgo de estallidos sociales futuros, veamos una lista corta de estos pendientes.

Incremento de la tasa de crecimiento del PBI. En el mejor de los casos, el PBI este año crecería 2.3%, bastante por debajo del 5% requerido como mínimo para que sean incorporados al mercado laboral los casi 250,000 jóvenes ofertantes de empleo. Con lo cual el subempleo se incrementaría, por encima del dato actual: 7 de cada 10 trabajadores son subempleados.

Mejor eficiencia de la seguridad interna. Planeamiento y capacidad proactiva frente a la delincuencia, evitando traslapes de intervenciones y pérdidas de eficiencia.

Intervenciones proactivas frente a la corrupción. Desarrollo de procesos sumarios cuando exista flagrancia y/o faltas acumuladas.

Reconstrucción institucional. Se necesita que instituciones claves, como el Congreso, el Poder Judicial, la Policía y los partidos políticos, recuperen la confianza.

Administración de justicia más predictible. Aplicación indistinta de la ley. Mejor distribución de los servicios del Estado. Como parte de un genuino y eficiente proceso de descentralización y/o localización, la idea es un Estado cercano a la gente con procesos abreviados y efectivos en generar insumos, productos y sobre todo resultados. Promoción y logros medibles en ganancias de competitividad de las empresas, como única alternativa para una mejor inserción en mercados externos y locales.

Sustanciales cambios en el sistema previsional, buscándose alinear comisiones con rendimientos en el caso de las administradoras de fondos de pensiones.

Reversión de tasas de inequidad en ingreso. En los últimos diez años crecimos, en términos acumulados, en 20%, en tanto el coeficiente de Gini se redujo marginalmente de 0.47 a 0.44. A manera de referencia, los países de la OCDE (Organización que agrupa a 35 países con mejores prácticas de gobernanza pública) presentan un Gini de 0.32.

¿Cuántos problemas enumerados en esta pequeña lista ya han sido evaluados? Y a continuación, siendo así, ¿qué tanto se propone para resolverlos? ¿Cuánto cuesta ello? ¿Qué otros elementos se necesitan? Sería útil que el Poder Ejecutivo, y en particular el Consejo de Ministros, hoy al hacer la presentación de la política gubernamental (no obstante que no hay Congreso ni voto de confianza por recibir, pero quizás sí un voto más directo, como es el de los ciudadanos), no solo registren diagnósticos sino  propuestas de solución para temas de interés para la gente. Hora de decisiones.