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No son 30 pesos, son 30 años

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En estas últimas semanas en Chile, se ha venido produciendo una masiva protesta social, inicialmente expresando el rechazo al alza de 30 pesos en la tarifa del Metro en Santiago, aunque rápidamente esta protesta escaló en magnitud, al sumarse otras demandas resultantes de asimetrías propias del modelo económico: inequitativo sistema previsional privado, salarios reales bajos, altas tarifas de servicios públicos, crítica calidad y cantidad de los sistemas de educación y salud, exigencias por cambios constitucionales, entre otras demandas.

Dado que el modelo económico vigente hoy en el Perú es muy parecido al chileno, cabría preguntarse si el actual derrotero chileno es el espejo inminente en el que debemos de vernos próximamente. Analicemos esta posibilidad con un poquito más de detenimiento.

La protesta de la gente en Chile es la mayor movilización en la historia de dicho país, desplazándose 1.3 millón de personas en las calles de Santiago y un millón en regiones, 3,162 detenidos, 1,051 heridos de bala, 17 personas muertas; desplazamientos que se dieron bajo una contundente y reveladora consigna que dice mucho del carácter estructural de varias demandas de la población: “No son 30 pesos, son 30 años”, así se resumen exigencias que van más allá de lo coyuntural.

Frente a este contexto, el presidente Piñera, buscando calmar esta creciente protesta social, congela tarifas eléctricas, cambia a medio gabinete, eleva salarios, revierte el aumento de tarifas de transporte e, incluso, reconoce la necesidad de revisar la Constitución Política del Estado. Pero las protestas, aunque ahora más espaciadas, continúan. Considero que el trasfondo de gran parte de las demandas reside en una sustantiva concentración del ingreso, que ni el libre mercado ni el crecimiento económico per se han servido para revertirla. ¿Qué evidencia tenemos?

Considerando información sobre crecimiento y el coeficiente de Gini, encontramos habiendo crecido el PBI chileno desaceleradamente entre el 2009 y 2017 y un coeficiente de Gini, que muestra una reducción marginal de 0.49 a 0.47 en dicho periodo. Esta combinación de tasas de crecimiento menores y poco progreso en lograr una menos desigual distribución del ingreso, podría intensificar efectos adversos sobre la gente de una regresiva distribución del ingreso, a pesar que en el 2018 la economía creció 4%.

En nuestro caso, en similar periodo el PBI muestra un mayor dinamismo, pero el coeficiente de Gini se reduce también marginalmente de 0.47 a 0.43. Entonces, ambas economías crecen pero con esa desaceleración y sin progresos sustantivos en la distribución del ingresos. ¿Se reeditaría -cual calco y copia- lo que viene ocurriendo en Chile? Yo diría que no. Tasas de crecimiento más altas comparadas con las chilenas podrían explicar goteos de ingreso incrementados en nivel, pero de variaciones menores miradas en el tiempo; lo cual -dado el resto de factores implicados, entre otros los de política pura- podría explicar en parte diferir reacciones de protesta. En el mismo sentido, el que en nuestro país el sector informal es mucho mayor que el chileno respecto al PBI, esto podría implicar una suerte de colchón de oportunidades que amortiguaría pérdidas de bienestar en la gente, resultado de la expulsión del sector formal, ante una contracción de este último.

En suma, hay factores que en escenarios de regresiva distribución del ingreso, postergan pero no eliminan la posibilidad de protestas sociales futuras. Ser proactivos vía políticas públicas para revertir la concentración del ingreso es lo obvio, ¿no?

Hora de decisiones

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Con motivo de las manifestaciones de descontento social, como las que están ocurriendo en Chile, con demandas en asuntos tan diversos como educación, salarios, pensiones, salud, tarifas, etcétera, donde a pesar de que el presidente Piñera anunció el cambio de  medio gabinete ministerial, congelamientos de tarifas eléctricas, anulación de aumentos de tarifas de transporte, y más, las protestas públicas continúan.

Al respecto, distintos analistas han venido lanzando variadas conjeturas sobre el porqué de lo ocurrido en un país cuyos números macroeconómicos son mejores que los nuestros.

En tal sentido, y dada la similitud entre los modelos económicos peruano y chileno, y además en nuestro caso porque la economía vendría acumulando importantes situaciones de desequilibrios e inequidades que más temprano que tarde, podrían –dada la inacción para la reversión de estas– derivar en que se incremente el riesgo de estallidos sociales futuros, veamos una lista corta de estos pendientes.

Incremento de la tasa de crecimiento del PBI. En el mejor de los casos, el PBI este año crecería 2.3%, bastante por debajo del 5% requerido como mínimo para que sean incorporados al mercado laboral los casi 250,000 jóvenes ofertantes de empleo. Con lo cual el subempleo se incrementaría, por encima del dato actual: 7 de cada 10 trabajadores son subempleados.

Mejor eficiencia de la seguridad interna. Planeamiento y capacidad proactiva frente a la delincuencia, evitando traslapes de intervenciones y pérdidas de eficiencia.

Intervenciones proactivas frente a la corrupción. Desarrollo de procesos sumarios cuando exista flagrancia y/o faltas acumuladas.

Reconstrucción institucional. Se necesita que instituciones claves, como el Congreso, el Poder Judicial, la Policía y los partidos políticos, recuperen la confianza.

Administración de justicia más predictible. Aplicación indistinta de la ley. Mejor distribución de los servicios del Estado. Como parte de un genuino y eficiente proceso de descentralización y/o localización, la idea es un Estado cercano a la gente con procesos abreviados y efectivos en generar insumos, productos y sobre todo resultados. Promoción y logros medibles en ganancias de competitividad de las empresas, como única alternativa para una mejor inserción en mercados externos y locales.

Sustanciales cambios en el sistema previsional, buscándose alinear comisiones con rendimientos en el caso de las administradoras de fondos de pensiones.

Reversión de tasas de inequidad en ingreso. En los últimos diez años crecimos, en términos acumulados, en 20%, en tanto el coeficiente de Gini se redujo marginalmente de 0.47 a 0.44. A manera de referencia, los países de la OCDE (Organización que agrupa a 35 países con mejores prácticas de gobernanza pública) presentan un Gini de 0.32.

¿Cuántos problemas enumerados en esta pequeña lista ya han sido evaluados? Y a continuación, siendo así, ¿qué tanto se propone para resolverlos? ¿Cuánto cuesta ello? ¿Qué otros elementos se necesitan? Sería útil que el Poder Ejecutivo, y en particular el Consejo de Ministros, hoy al hacer la presentación de la política gubernamental (no obstante que no hay Congreso ni voto de confianza por recibir, pero quizás sí un voto más directo, como es el de los ciudadanos), no solo registren diagnósticos sino  propuestas de solución para temas de interés para la gente. Hora de decisiones.

Institucionalidad: ¿tocamos fondo?

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En mi artículo anterior “Destruyendo instituciones y a la economía también” (Gestión 02.10.2019) refería como siendo las instituciones “factores claves para explicar tanto la prosperidad y la pobreza, dada su relevancia en las interacciones de los agentes económicos” y mostraba que en el caso del Congreso, desde su  accionar sesgado a favor de determinados grupos de interés, se evidenciaba este proceso destructivo.

Debo decir, sin embargo, que con el pasar de los días me quedé corto en la narrativa de estas negativas experiencias de continua afectación institucional en el país, en tanto esta afectación se extiende, al multiplicarse los casos de instituciones con accionar sesgado y así poco predecible, se genera aún mayor grado de impredictibilidad en el efectivo cumplimiento de mandatos normativos definidos institucionalmente.

Veamos lo nuevo y adverso también. En estos últimos días se produjo una clara vulneración al efectivo cumplimiento de los mandatos institucionales; como fue el caso de las atribuciones detentadas por la Superintendencia Nacional de educación Superior Universitaria (Sunedu). Esta institución desde enero del 2015 tiene la responsabilidad de otorgar el licenciamiento para ofrecer el servicio educativo superior universitario. Y como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación, verifica también el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad (CBC) y fiscaliza si los recursos públicos y los beneficios otorgados a través del marco legal son destinados hacia fines educativos y el mejoramiento de la calidad.

El caso de afectación adversa institucional que presento trata de lo siguiente: existiendo una solicitud de licenciamiento por parte de la Universidad Privada Telesup, de  propiedad del excongresista José Luna Gálvez, la Sunedu denegó el licenciamiento institucional a esta universidad hasta en dos ocasiones, luego de comprobar que esta entidad educativa no cumplía con los indicadores establecidos según las condiciones básicas de calidad (CBC) y la Ley Universitaria.

Frente a ello la universidad presentó tres acciones de amparo para suspender los efectos de el no licenciamiento en juzgados de Lima, Talara y Bagua. Los dos primeros fueron desestimados, pero el tercero procedió en una medida cautelar con fecha 9 de octubre. Esta medida al dejar suspendidos los efectos del no licenciamiento, como es la implementación de un plan de cierre de la universidad en los siguientes 2 años, va en contra del proceso de exigencia de estándares de calidad educativa por la Sunedu, y también en contra de la reforma universitaria y de garantizar a los estudiantes peruanos de una educación de calidad.

La medida cautelar del juez de Bagua (que extrañamente renuncia a los pocos días a la magistratura) es un claro absurdo, la medida cautelar ordena a la Sunedu que mantenga en el proceso a una universidad cuyo licenciamiento fue denegado. Es evidente el menoscabo a la efectivización del accionar institucional de la Sunedu, haciendo por ello impredecibles los resultados efectivos de los actuales procesos de licenciamiento de entidades educativas en curso. ¿Así lograremos tener educación de mejor calidad en el país? Al final habíamos tocamos fondo, pero pareciera que podemos seguir cavando.

Destruyendo instituciones… Y a la economía también

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El enfrentamiento abierto entre el Poder Ejecutivo y un crecientemente desacreditado Congreso, que el lunes tuvo como corolario el cierre de este y como respuesta, la ilegal suspensión del mandato del presidente y la juramentación de la “presidenta” Aráoz, por parte de un Congreso ya disuelto, me lleva a reflexionar que los efectos de todo esto no se circunscriben al plano de afectación adversa en la estabilidad política, sino, y con efectos ampliados, sobre la institucionalidad del país, implicando, por supuesto, al entorno económico.

Las instituciones cumplen un rol fundamental en el desarrollo de la actividad económica, siendo evidenciado ello desde las primeras investigaciones del profesor North, contenidas en su libro “Instituciones, cambio institucional y performance económica” (1990), hasta las investigaciones de Acemoglu y Robinson en su famoso libro “Por qué fracasan los países” (2012), donde las instituciones se constituyen como restricciones ideadas por el hombre que permiten estructurar útiles interacciones de distinto tipo, incluidas las económicas, conductuales, etc.

Por lo expuesto, de esta manera, las instituciones son claves para compatibilizar los intereses de los distintos agentes económicos,definiendo los mecanismos de interacción de estos, pero a la vez las instituciones crean incentivos, determina las políticas y, al final, dependiendo del caso, resultan siendo factores claves para explicar tanto la prosperidad y la pobreza, dada su relevancia en las interacciones de los agentes económicos.

Por otra parte, el diseño de instituciones no se debería tomar como exógeno a las mismas, como algo dado, sino en tanto que son los mismos agentes económicos los que tienen injerencia en las instituciones que van a regir sus interacciones económicas. Aquellas instituciones en las que los agentes no las perciben con carácter duradero o capturadas por los intereses de un grupo específico en su accionar, no producirán los resultados económicos esperados en su diseño, dado el particular sesgo en su accionar; siendo el adecuado funcionamiento de las instituciones, clave en la dinámica y desarrollo de los sistemas económicos o alternativamente vistas como las reglas del juego que rigen la vida económica, política y social, y que al final explicarían en términos más específicos, el éxito o el fracaso de un sistema económico.

Mirando el caso del fenecido Congreso peruano, caracterizado por actuar sobre la base de intereses específicos, nos ayuda a entender por qué se constituyen como obstáculos al crecimiento.

Por lo expuesto, es claro que el desempeño económico de un país no puede ser explicado solamente por la simple sumatoria de los factores productivos vistos a través de una función de producción. Por lo cual debemos agregar a esta el factor institucional, definido por un conjunto de instituciones que dan mayor certidumbre al intercambio y prosperidad a las transacciones a un menor posible. Las instituciones, ya sea de tipo formal o informal, definen el marco de restricciones legales y aquellas definidas por cultura y costumbres; espacios en los cuales los individuos actúan, se organizan e intercambian.

Regresando a la praxis, el Congreso al actuar en base al interés de grupos específicos (leyes con nombre propio, investigaciones direccionadas, etc.) se constituía en un ente poco predecible y generador de incertidumbre, por lo cual su remoción por lo menos permitirá detener no solo la destrucción institucional sino, y de pasada, reducir obstáculos que impedían retomar la dinámica económica hoy tan anhelada ausente.

Calma chicha

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Un evento adverso proveniente de la economía internacional es la guerra comercial entre EEUU y China, siendo una complicación adicional el que esta tiene para rato. La preocupación viene tanto por sus efectos directos, como por la incertidumbre que genera, quién inicia un nuevo round y cuál es la respuesta del otro.

Por otro lado, el paréntesis actual en este toma y daca de mutua aplicación de impuestos a la importación (aranceles) es una suerte de calma chicha: Una suerte de alto al fuego temporal, que precede a una nueva ronda de mutuas imposiciones arancelarias y no arancelarias con mayor virulencia que la ronda anterior. Esto prolonga la incertidumbre y percepción de riesgo en tanto nadie sabe por cuánto tiempo más la economía internacional (y la nuestra) seguirán afectándose por este efecto desestabilizador. Ello a pesar del especial cuidado que necesita Trump de la economía, dadas las no tan lejanas elecciones en EE.UU. a fines del 2020, donde Trump buscará la reelección, a la vez que China está en búsqueda de acelerar su tasa de crecimiento económico. Veamos con más detalle lo que está ocurriendo.

Esta pugna tiene como efecto más conocido la reducción de los flujos comerciales,  producto de US$ 550,000 millones de importaciones de China gravadas y US$ 185,000 millones importaciones de EE.UU. gravadas también. Esta reducción de los flujos comerciales implica menos dólares en circulación, con lo cual se generan presiones devaluatorias sobre las monedas locales, que a su vez presionan al alza al índice de precios al consumidor. Esta guerra comercial afecta directamente a la dinámica de crecimiento del producto (PBI) de ambos contrincantes y del resto de mundo por el debilitamiento de la demanda proveniente de dichos países. Pero en el caso de afectación adversa proveniente de la desaceleración de la economía china, esta nos pega más rápido dado que la demanda, en promedio el 50% del total de metales, en los mercados internacionales es sobre todo de estaño y cobre. Al respecto, es sabida la alta correlación entre la dinámica del ciclo económico chino y el nuestro.

Esta guerra comercial, ha implicado menos crecimiento del PBI a nivel mundial corroborado por últimas revisiones a la baja de los estimados de crecimiento. Frente a ello, para el caso de EE.UU.  la administración Trump deberá de ir en puntas de pies, puesto que una más extendida guerra comercial dado el efecto adverso sobre el PBI puede poner en riesgo la reelección el próximo año de Mr. Trump, con el detalle que una política monetaria expansiva da margen para afrontar mejor nuevas rondas de imposición de aranceles.

Dos variables son particularmente útiles para observar los efectos adversos de esta guerra comercial: las exportaciones mineras y los términos de intercambio. El precio del cobre en lo que va del 2019 se redujo en 6.2% (este metal explica casi el 50% de exportaciones mineras) y del zinc en 10%, lo que estaría explicando que se estime que la inversión minera crezca en la segunda mitad del año bastante menos que en el primer semestre. Pero no todos los mineros pierden, el precio del oro en similar periodo creció en casi 20%.

Dominado por la caída de precios de las exportaciones, en cuanto a los términos de intercambio de una proyección inicial de crecimiento de 1.3%, se estima una contracción de 2.8% por parte del BCRP, con lo cual, dada la conocida relación directa entre esta variable y la inversión privada con el rezago de casi un año, la recuperación futura de la demanda y del PBI se complica más.

Sin tener arte ni parte, nos sigue pegando un evento internacional como la guerra comercial EE.UU.-China. Con la finalidad de morigerar estos efectos adversos, existe la política macroeconómica. Es tiempo de plantear una propuesta al respecto por nuestras autoridades económicas, ¿no?

Política fiscal y fantasías

Imagen12.pngEn el ultimo mensaje del 28 de julio, el presidente Vizcarra señalaba que nuestra economía crecería 3.5%. Poco menos de un mes después, el Marco Macroeconómico Multianual 2020-2023, elaborado por el MEF, refiere una proyección de crecimiento para el 2019 de 3%. ¿Qué cambió en los fundamentos macro en estas tres últimas semanas? Nada central.

Por ello, que el presidente haga anuncios sobre irreales tasas de crecimiento, no ayuda a mejorar las expectativas, como tampoco ayuda que por el lado de la política fiscal esta no sería suficientemente contracíclica, Veamos esto.

A inicios de año, los pronósticos oficiales proyectaban entre 4.2% y 3.8% de crecimiento para el 2019 -anuncios sobre los cuales varios señalábamos ya, en aquel tiempo, sobre lo irrealizable de dichas tasas-. ¿Y cómo vamos ahora? Habiendo crecido en 4% en el 2018 y solo 1.7 en el primer semestre del 2019, esta desaceleración del PBI responde a un innecesario sobreajuste fiscal, cuando el sector público no financiero entre enero y julio del 2019 acumuló un superávit económico de S/ 6,919 millones, superior en S/ 4,535 millones respecto a similar periodo del 2018.

A ello se suman algunos choques de oferta adversos como la caída de precios del cobre, más la mayor volatilidad por desaceleración de la inversión y consumo interno, y un dólar más caro producto de la guerra comercial entre EE.UU. y China; todo esto explicaría la desaceleración actual de la economía peruana. Tal como están las cosas, la política fiscal en curso, ¿qué tanto es funcional para revertir la desaceleración de la economía hoy?

Dada la desaceleración del PBI, la política macroeconómica (fiscal y monetaria) sirve para revertirla. Viendo el lado fiscal, una manera simple de evaluar la postura, es observar el Resultado Económico Nominal del Sector Público no Financiero por su simplicidad y también porque se usa para evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales.

Al respecto, la desaceleración económica afectó adversamente la recaudación, que anualizadamente cae 0.5% en julio. Esta reducción en los ingresos llevaría en julio al déficit fiscal (DF) a 1.6% del PBI, el cual mostraría una tendencia al alza, por la caída de los ingresos fiscales desde mayo, a la vez de una menor ejecución del gasto público a no más del 30% en el periodo. Resultado que se da en un contexto en el que el MEF buscaría consolidar un DF de 1.8% del PBI% para este año, siguiendo una trayectoria descendente, quizá más preocupado por las finanzas que por la economía.

Aparte del problema por revertir, la subida del DF por menores ingresos se requiere efectivizar un mayor gasto a nivel de devengado (y no solo certificado), siendo esto clave para reactivar la demanda y PBI. Por otra parte, el actual deterioro de expectativas sobre la economía haría que la inversión privada no minera (84% del total) crezca en no más del 1%, con lo cual es fantasía que la inversión privada crezca 4% en el segundo semestre tal como señala el MEF.

Dado este estado de cosas, seguiré insistiendo que por el lado fiscal hay acciones pendientes por desarrollar, que impulsarían rápidamente el gasto, como direccionar recursos hacia el mantenimiento de infraestructura, por ejemplo, repriorizar unidades ejecutoras en el Programa de Reconstrucción con Cambios desde regiones y municipalidades hacia el Gobierno nacional, al contar este con una mayor capacidad instalada para proyectos de importante magnitud.

Estamos aún a tiempo para un MEF más proactivo. Que efectivamente desarrolle una política fiscal contracíclica en la magnitud necesaria. ¿Lo hará?

Política fiscal contracíclica: ¿Pa’ cuándo?

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La semana pasado, el Banco Central de Reserva redujo la tasa de interés referencia en 25 pbs. Si bien la medida era necesaria, porque ayudaría a revertir la actual desaceleración del PBI, abaratando el crédito e impulsando la demanda vía consumo e inversión, esta reducción a la vez ya era factible, pues desde tiempo atrás la tasa inflacionaria anualizada estaba en el rango meta, incluso esta última se redujo de 2.29% en junio a 2.11% en julio. Sí hay alguna novedad, esta reside en que los mercados asumieron que recién el BCRP podría tomar esta decisión en el último trimestre del año. Veamos algo del detrás de cámaras de esta decisión.

La reducción de la tasa de interés de referencia de 2.75% a 2.5%, luego de 16 meses de estar sin cambios, es una medida de libro de texto a implementar, dada la actual desaceleración económica –fundamentalmente por debilitamiento de la demanda–, no obstante que la variación del PBI de junio definitivamente saldrá algo mayor que el 0.63% de mayo. Pero como una golondrina no hace el verano, no habría nuevos motores en la economía para lograr que el crecimiento del PBI se acerque al 3.4% proyectado por el BCRP. En verdad, la tasa estaría en alrededor del 3% siempre que se implemente una continua política macroeconómica expansiva –condición cumplida por el lado de la política monetaria–, en tanto la tasa de interés de referencia en términos reales (tasa de interés de referencia nominal- expectativa inflación) viene reduciéndose desde octubre del 2016 a la fecha, llegando a 0.18 actualmente (2.5-2.32). Cabe mencionar que luego de la reducción de la tasa interés por la Fed, a fines de julio, podría ampliarse la probabilidad de nuevas reducciones por venir. Incluso se podría decir que, a diferencia de antes, reducciones de la tasa de interés por la Fed, podrían generar solo una marginal entrada de dólares a nuestra economía buscando más rentabilidad, sin embargo en un contexto de incertidumbre en la economía internacional, la aversión al riesgo podría significar un menor flujo de entrada de dólares a plazas emergentes como la nuestra.

Sabiendo lo que puede hacer la política monetaria, frente a una debilitada demanda, detrás de esta sectorialmente vista, se esconde un sector primario que detenta una pobre performance por caída de precios y volúmenes de metales; a la vez que la actividad no primaria se ha venido desacelerando también. Por el lado de componentes de la demanda, la inversión pública presenta una menor ejecución entre enero y julio, respecto a lo proyectado, además de una marcada volatilidad con tasas decrecientes, presentando la inversión privada similares patrones evolutivos. Y por si fuera poco, por el lado externo, se han venido pronosticando menores tasas de crecimiento de la economía mundial, junto a una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales.

Considerando que los efectos de los cambios en la tasa de interés de referencia sobre el interés correspondiente a distintos productos financieros son solo parciales y con rezagos que van de 9 a 12 meses, la implementación de una política fiscal expansiva resulta ahora fundamental, incluso para mejorar expectativas de agentes económicos. ¿Es posible implementar una política fiscal más expansiva? Por supuesto que sí. A junio, el déficit fiscal (DF) acumulado alcanzaba el 1.4% del PBI, frente a un 2.2% acumulado proyectado a diciembre. Esto quiere decir que hay opción para, desde el plano fiscal, contribuir –vía mayor gasto– a revertir la actual desaceleración de la economía. ¿Y cuáles son las opciones específicas para desarrollar una política fiscal más activa? Por supuesto que existen, pero, como decía Jack el Destripador, vamos por partes; razón por la cual estas opciones serán presentadas en dos semanas en mi próxima columna.