¿Sólo las finanzas importan?

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Si hay un indicador de cuanta riqueza se genera en un periodo de tiempo en un país, este es el Producto Bruto Interno (PBI), como sabemos también de dicha riqueza generada, dependen los ingresos de los agentes económicos,  en tanto son proveedores de servicios de factores productivos  cuyo concurso permitió la generación de esta.  Uno de estos agentes  es el Estado, el cual percibe los ingresos tributarios. Magnitudes reducidas de estos -dado un nivel de gasto público-, generan un déficit fiscal mayor, definiendo un contexto fiscal, que si bien   financieramente es aun manejable, quizás no podríamos decir lo mismo sobre ello, desde una perspectiva económica. Veamos porque.

Como es sabido se han venido sucesivamente recalculando a la baja las proyecciones de  crecimiento 2017. Así en diciembre el  Reporte de Inflación  (RI) del BCRP  refería una proyección de crecimiento de  4.3% reduciéndose a  3.5% en el RI de fines de marzo; resultado último producto  del inexplicable ajuste fiscal del último cuatrimestre 2016 (contracción del déficit de 3.4 a 2.7% del PBI), sumado al efecto adverso sobre la inversión, producto de la pérdida de confianza generalizada  derivada del efecto  Odebrecht y para rematar el enfriamiento de la economía,  ocurre  el destructivo  fenómeno climatológico llamado  Niño Costero .  No se requiere mucha intuición para suponer que tasas de crecimiento menores del PBI complican las cuentas fiscales y el déficit, por el lado de un menor crecimiento de la recaudación; más aún, cuando el contexto  actual de destrucción de capacidad productiva generada por el fenómeno denominado Niño Costero, previsiblemente presiona por un mayor nivel de ejecución del  gasto, superior al 60 a 70% promedio del contenido en los presupuestos institucionales modificados (PIM) en el sector público.

Pero surgen más fuentes de desequilibrio fiscal. Según el RI del BCRP de marzo 2017, incluyendo el efecto del Plan de estímulo económico 2017 , el gasto no financiero del gobierno general  en términos reales se incrementaría en 7% , mientras que los ingresos corrientes del ingreso en general crecerían en 6.1% dato que incluye el efecto de 0.3% de aumento en la recaudación producto de recientes medidas tributarias. Como resultado se tiene un mayor déficit primario que alcanzaría un 1.5% del PBI, el cual sumado al pago por intereses  (1.3% del PBI)  explica el 2.8% de déficit fiscal proyectado por el BCRP.    Si bien desde una  perspectiva financiera este déficit proyectado  incrementaría marginalmente la deuda bruta de 23.8 a 24.5% del PBI entre 2016 y 2017 en tanto la neta de 7.9 a 9.9%, cabría preguntarse si económica y no solo financieramente  son sostenibles algunos  de los componentes de las cuentas fiscales.

Veamos el caso de los ingresos corrientes. Proyectados estos respecto al  PBI en 18.9% para el 2017, con ello ¿Cuanta suficiencia económica tendría  el Estado para atender las necesidades del país? Cabe referir que este nivel de recaudación, incluso es inferior al ratio de  19.8% correspondiente al 2009 cuando el país salía del efecto adverso generado por la crisis subprime,  la cual  llevo a un crecimiento del PBI de solo 1.12% en dicho año; y ni que decir respecto al ratio de 22.8% alcanzado en el 2012. La cosa se pone más complicada si consideramos la proyección del BCRP sobre dichos ingresos respecto al PBI del 2018: 18.6%.  Por otro lado, y siempre desde el plano económico, detrás de estos ratios ingreso corriente/PBI, las recientes medidas tributarias cuyos resultados están contenidos en dichos ratios, ¿Permitirán revertir las actuales asimetrías tributarias: El 0.1% de los contribuyentes explica el 61.9% de la recaudación mientras que las microempresas 64.8% de contribuyentes solo explican el 8.9% de los ingresos tributarios, o quizás servirán para ampliar la base tributaria o para  revertir el actual 33% de incumplimiento del IGV respecto a su base potencial?

Sin dejar de reconocer la utilidad de las finanzas públicas en general y la necesidad de tener control sobre el déficit, financieramente nuestra situación aún es sostenible, pero mirando uno de sus determinantes como  los ingresos corrientes, económicamente ¿tienen sostenibilidad? ¿Valdría la  pena  pensarlo no?

Gasto y PBI

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Antes de la ocurrencia del llamado fenómeno del Niño Costero, la economía local –hacia finales del 2016- venia desacelerándose, dado el sobreajuste fiscal (el déficit paso de 3.4 en agosto a 2.7% del PBI a diciembre) y la continua contracción de la inversión privada: -6.1% en el 2016. Como  si fuera poco, la afectación adversa sobre la actividad económica, continua por el Efecto Odebrecht y  finalmente para rematar el cuadro, desde hace algunas semanas ocurre el llamado Niño Costero, evento último que trajo destrucción de capacidades productivas y merma de flujos de actividad económica en el país.  La necesidad a continuación de reconstruir capacidad productiva y de conectividad, es una oportunidad para detener el actual enfriamiento de la economía, pero la variable crítica no es la disponibilidad de recursos, sino la efectivizarían del gasto de estos.

Según cálculos de instituciones privadas, el efecto del Niño Costero sobre la infraestructura hasta el momento está en un rango de US$ 3,124 mlls a US$ 5,000 mlls; pero esta no sería la factura completa, no  solo porque aún no ha terminado la ocurrencia del fenómeno climatológico, sino porque  la destrucción de capacidad productiva origina a su vez  menor flujo de actividad económica (por el lado de la oferta) y adicionalmente un choque adverso de demanda, en tanto productores agrícolas, ganaderos, transportistas y procesadores de insumos provenientes de estos sectores entre otros, son  también  demandantes de bienes y servicios en los mercados locales; algunas estimaciones del impacto adverso refieren 0.5 ptos del PBI cuando menos.

Restituir la capacidad instalada de producción es fundamental y ello  tiene como  eje central la inversión pública; pero esto no está exento de retos. En mi opinión el principal de ellos, y pensando realistamente, es por lo menos ejecutar –en una 1ª etapa- los S/. 5,500 mills  destinados previamente a la reactivación, (monto  que incluyen S/. 1,500 mills destinados a la reconstrucción). Sin dejar de referir  el reducido impulso fiscal asociado a la aplicación de estos recursos, para que ello  sea factible,  se tendrá que recurrir a diversos vehículos de inversión como Asociaciones Publico Privadas, Obras por Impuestos, Fideicomisos etc.  Sin embargo, el desafío principal reside en que de no revertirse el grado de desconfianza generalizada,  consecuencia directa del llamado efecto Odebrecht, los procesos  de inversión públicos y privados van a avanzar con mayor lentitud. ¿Alguien supone que un funcionario público, tomara prestamente decisiones sobre aplicaciones de fondos en un contexto de declaratorias de emergencia (que hoy alcanza a 802 distritos) que flexibilizan y agilizan procesos de gasto, teniendo acciones de control por parte de la Contraloría por venir, frente a lo cual se encuentra absolutamente al descubierto? ¿Qué incentivo tiene para tomar oportunamente decisiones? Considérese que el promedio -anterior a esta problemática- de ejecución de inversión pública  anduvo entre un 60 a 70%.  Repensar las condiciones para asegurar un mayor nivel de ejecución de la inversión pública es fundamental.

Pero la dinamización de la actividad económica  ¿Solo estaría circunscrita al producto de la  reconstrucción de la  capacidad productiva del país? ¿Dependería solo de la política fiscal? La política monetaria también puede ser funcional a la dinamización antes referida; por ejemplo a través de reducciones en el encaje en soles, solo a manera de referencia, una reducción del 6 al 5% implicaría una inyección de  S/ 550 millones, opción  de efecto más directo sobre el crédito y la demanda interna, que una alternativa disminución de la tasa de interés de referencia, dado el rezago de 6 a 9 meses para que esta influya en  las tasas de interés aplicables a créditos de conumo,hipotecarios etc. Una política monetaria expansiva es viable, tanto porque la previsible alta  inflación de marzo,  será solo temporal por la suba de precios de alimentos, como también por una debilitada  inflación subyacente y un tipo de cambio con presión a la baja aun.  La idea es abrir el paracaídas  antes de estar cerca al suelo.

En suma, reconstruir nuestra capacidad productiva abre la posibilidad de dinamizar una débil demanda interna y actividad económica, vía un aumento de la inversión pública, contextuado en una política monetaria expansiva; la clave de la dinamización económica está en nuestra capacidad para efectivizar el gasto público; de no ocurrir esto nuestra holgura fiscal actual será económicamente tan útil como un cenicero de moto.

Buscando más resiliencia

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Si objetivamente nuestra coyuntura actual, está marcada por factores políticos adversos generadores de creciente desconfianza sobre la clase política,  -que explican parte del enfriamiento económico actual-, quizás  los más recientes eventos representativos de estos, son el  sistemático pago de sobornos por  parte de la corporación Odebrecht y recientemente la suscripción de una adenda -luego de varias idas y venidas- al contrato que regenta la  Asociación Publico Privada que viabiliza la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco; asunto  último que ha originado la interpelación del Ministro de Transportes y Comunicaciones (que no será censurado, porque es más útil para la oposición ,solo debilitar al extremo al también 1er Vicepresidente, en la perspectiva de escenarios políticos  futuros).  Cierto es que la intensidad, duración  y magnitud de los factores políticos adversos son de difícil pronostico, pero justamente  por ello, deberíamos preocuparnos más, -vista la cada vez más evidente desaceleración económica—en el  cómo  fortalecer nuestra resiliencia económica futura y ello pasa por ejemplo por potenciar la calidad y competitividad de nuestra oferta de bienes y servicios, y así hacer sostenible nuestra actividad económica en el tiempo.

¿Pueden ser nuestros productos competitivos sin calidad? Obviamente no. ¿Pero que es calidad? De acuerdo a la ISO 9000, esta denota  el “grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos”. Añadiría, requisitos puestos en términos de estándares internacionalmente aceptados, sin presentar fallas y con satisfacción del consumidor.   ¿Y que hemos hecho para encausar nuestra producción en esta  senda llamada calidad?  En nuestro país desde hace menos de 2 años ,se echó a andar la Política Nacional para la Calidad siendo el ente rector de esta el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), a fin de promover una oferta de bienes y servicios de calidad en el país, mediante  la  implementación de la denominada infraestructura de la calidad (IC), la cual comprende 3 tipos de actividades: Normalización (emisión y uso de normas técnicas que estandariza lo que producimos), Acreditación (determinación de la competencia de laboratorios y organismos de inspección) y la Metrología (establecimiento de medidas trazables y precisas estandarizadas). Quizás para entender mejor estas actividades que definen la IC, un caso específico  podría graficar la relevancia de estas…

Asumamos el caso general de hortalizas y legumbres que por ejemplo quisiéramos exportar;  para entrar a mercados externos, requerimos cumplir alrededor de 29 normas o procedimientos etc.  Estas son actividades en ámbito de la Normalización ,desde  Ensayos/Inspección/cuarentena para proteger la salud de las plantas , pasando por los requisitos: relativos al  etiquetado:  Disposiciones  que regulan  el  tipo  y  tamaño  de  los  signos  que  deben imprimirse   en  los  embalajes  y  etiquetas, establecen   la   información   que    debe proporcionarse al consumidor.   Pero muchos de los procedimientos anteriores requieren el uso de laboratorios que deben de ser calibrados y verificados en el uso de reactivos adecuados por ejemplo, y de entes  encargados  de certificar lo anterior, en el marco de un proceso de acreditación, quedando establecido que en estos procesos usan  pesos y medidas confiables y de aceptación internacional, verificación que se hace a través de la Metrología.  Dadas estas indispensables actividades por desarrollar para introducir la IC, ¿Cómo andamos en  estos temas como país? Nos falta un trecho largo: Si solo nos fijamos en la  Normalización, más del 80% de las empresas formales medianas y grandes no utilizan normas técnicas peruanas en sus procesos de producción; y esto en parte explica porque, acuerdos comerciales como los 21 Tratados de libre comercio  (TLC´s), hoy se constituyen como vehículos facilitadoras de la producción y exportación neta…..de nuestros socios comerciales al ser reiterativamente deficitaria la balanza comercial con estos 21 países: –US$1,500 y –US$1,200 millones en  el 2015 y 2016 respectivamente. En la perspectiva que nuestra economía tenga más resiliencia,dados los adversos vientos que vienen de la política, empoderar en calidad y competitividad nuestra oferta de bienes y servicios resulta urgente y fundamental.

Errores ajenos que pagamos nosotros

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En una suerte de amplificación de la onda expansiva del  adverso efecto Odebrecht  sobre la confianza y la inversión en nuestra  economía,  el  reciente señalamiento de participación de las empresas consorciadas con la firma brasilera en el sistema de sobornos implementado por esta  última,  ha tenido efectos devastadores sobre estas, como es el caso de  la Corporación Grana y Montero (GyM)  y la caída estrepitosa del valor de su acción: El problema  derivado , es que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) han invertido parte de los Fondos Previsionales en acciones de esta Corporación y en varios proyectos de infraestructura, por ello, nosotros los afiliados a las AFPs–sin arte ni parte- nos vemos afectados  adversamente.

Como sabemos el Efecto Odebrecht sobre nuestra economía, resulta de la aceptación por parte de esta firma  de haber pagado sobornos por US$ 29 millones para adjudicarse la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica Sur  así como la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.; a raíz del escándalo suscitado, otro gran proyecto de  inversión como el Gasoducto de Sur(GSP), se cae por falta de financiamiento, ya que los bancos que financiarían el proyecto precautoriamente se retiran del mismo,  dada la presencia de Odebrecht en el Consorcio conformado además por Enagas y Grana y Montero. Hasta ese momento, poco se  había dicho sobre las empresas que conformaron los consorcios en  distintas obras junto a  Odebrecht, hasta que el ex representante de esta firma en el Perú, Jorge Barata en una declaración a fiscales peruanos refiere que dichas empresas no solo conocían sino también aportaron para los sobornos otorgados, esta afirmación, genero una extendida desconfianza de los inversores, y así el viernes pasado las acciones  de  GyM se cayeron en 33% y el lunes en 22%.

Aparte del factor reputacional,  la caída  acelerada G y M se complica por las, notorias debilidades financieras derivadas algunas de hechos de reciente ocurrencia. Una de estos es el creciente sobrendeudamiento de la corporación: El ratio Deuda/Ganancia operativa paso de 0.8x a 4.5x teniéndose US$ 345 millones por compromisos de pago para 2017. Adicionalmente la necesidad de liquidez  se  agudizo  en tanto  Grana y Montero en el GSP, comprometió US$ 423 millones. Cancelada la adjudicación del  proyecto, espera recuperar el 95% de estos recursos comprometidos, al final el monto a recuperar y el tiempo para ello, dependerán de la valoración de activos y la no reformulación de las condiciones de la nueva  subasta del proyecto respectivamente. Por otro lado en su búsqueda de  liquidez, GyM  origino la decisión de venta de activos no estratégicos por US$ 300 millones, lo que en el mejor de los casos podría por única vez originar utilidades de la firma al venderse activos inmobiliarios a precios superiores a los de compra. Pero el problema estructural subsiste en tanto las posibilidades de generación de valor futuro depende de la recuperación de la cartera de proyectos; reto complicado  dadas la mayor desconfianza aun por venir como resultado  de continuar abriéndose esa caja de pandora llamada Odebrecht; y en esto poco sirve la renuncia de 3 miembros del Directorio de GyM.

A nivel agregado las AFPs tienen acciones de GyM por S/ 1,519 millones e invertido además S/ 3,100 millones en proyectos de infraestructura; por lo cual,  ya hay una afectación negativa sobre los Fondos previsionales 2 y3 con la caída de las acciones de  GyM; a la vez en el caso de obras de infraestructura, el riesgo es que  si bien por ejemplo  en los  casos de concesiones, el Estado genera un flujo de pagos anuales y automáticos al concesionario, desde el momento en que se encontraran indicios de corrupción en los procesos originantes, se detendría automáticamente el flujo de ingresos.

Finalmente,  si bien hay preguntas por responder por GyM, como por que entra en  participación en  GSP  en setiembre 2015, cuando desde junio del 2015 ya estaba el Presidente de Odebrecht encarcelado. O en  el caso de las AFPs  explicar   a qué criterios responde contar a la fecha con S/ 1519 millones en acciones de G y M, conocido deterioro del valor de la firma ; el efecto negativo sobre los Fondos Previsionales 2 y 3 ,conlleva , a estar pagando comisiones  a las AFPs  para perder ….otra vez.

Factura cara

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Estas últimas semanas han estado marcadas por una serie de eventos políticos adversos, definidos por el conocimiento de extendidos casos de corrupción.  Este factor  comienza a pasarle una creciente factura a la economía, agravando la pérdida de dinamismo de la inversión, el consumo privado, la demanda interna, y por tanto reduciendo más la velocidad de crecimiento del PBI. Si bien estructuralmente, esta desaceleración económica viene por lo menos de 2 años atrás al ir apagándose el motor  llamado  economía internacional; es la desconfianza creciente proveniente del  complicado actual contexto político,  la que estaría acelerando la perdida de viada de ese avión llamado economía peruana.

El año pasado el crecimiento del PBI (que estimo en un 3.8%) estuvo  explicado en un 53% por el sector minería e hidrocarburos (al entrar en operaciones la ampliación de Cerro Verde y Las Bambas). Para el 2017, la esperanza está cifrada en el sector servicios como nuevo motor del crecimiento económico, pero pareciera que esto –dadas las circunstancias actuales- será difícil de ocurrir.  Luego del 2010, la inicial  desaceleración y posterior contracción de la inversión privada  -sustentada en el deterioro de las expectativas económicas-  comenzó  a afectar la velocidad de crecimiento del consumo privado y por tanto de los servicios. Si a eso le sumamos que el crecimiento del año pasado basado en sectores intensivos en capital  y con poco impacto en la economía urbana  como minería y petróleo, definió  una debilitada base de esta, debilidad a su vez extendida a la demanda hacia el sector  servicios. Empeorando el cuadro descrito, el contexto político volátil, determinado por una  caja de pandora de casos de corrupción que recién comienza a abrirse, genera un clima de desconfianza generalizada.    De acuerdo a Transparencia Internacional el Perú en el 2016, ocupa  el lugar 101 en una muestra de 176 países en cuanto a percepción de corrupción.

Para poder caracterizar el  efecto proveniente del  factor corrupción, es imposible no referirnos al llamado efecto Odebrecht; el cual no se circunscribe solo a la postergación del proyecto Gasoducto del Sur, sino también a la ralentización de otras  obras de infraestructura aun en curso.  A manera de referencia, si solo consideramos los cuatro proyectos de infraestructura vial adjudicados a Odebrecht entre el 2010 y 2015  por  US$ 1563.3 millones  pendientes de entrega, en uno de ellos, el proyecto  Via Costa Verde Tramo Callao, con una buena pro otorgada por US$ 302.7 Mills, a través de varias  adendas este alcanza hoy US$ 470.7 Mills (56% adicional), por ello, este proyecto  ya cuenta con  denuncia en firme en la Fiscalía Anticorrupción del Callao. Y es que a partir de lo anterior, y dada la sospecha extendida, no se necesita mucha perspicacia para suponer que los procuradores, van a solicitar que sean objeto de investigación  los otros proyectos –como ya ocurrió con la Vía de Evitamiento del Cusco-por ello la viada de avance de los proyectos previsiblemente será menor.  Esta es la carta de presentación directa del llamado  efecto Odebrecht, que se gatilla a partir del propio reconocimiento de esta firma de  haber entregado sobornos (habiendo indicios que otras firmas  también habrían aplicado similar Know How) para ganar adjudicaciones de proyectos y luego inflando costos de las obras  via  sucesivas adendas al contrato original, obtener ilícitos ingresos adicionales.

La factura política marcada por los casos de corrupción conocidos y por conocer, se extiende más allá de los sobrecostos de los proyectos: Enrarece el clima de los negocios  desincentivándose  la inversión, en tanto por ejemplo  en el caso de una licitación, no se selecciona al  postor más eficiente sino al corruptor, con lo cual se pierde eficiencia económica, además la corrupción origina una más  regresiva distribución del ingreso; de esta forma estos  costos mediatos deben adicionarse a los efectos adversos de corto plazo sobre el crecimiento. Al final el adverso factor político, origina una costosa cuentasa  que pagamos todos.  Frente a ello, liderazgo, credibilidad y una plausible propuesta de política contra cíclica (¿Qué sentido tiene seguir con el sobreajuste fiscal graficado con un déficit de 2.6% a enero?), son indispensables ya.

PBI como el agua tibia

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Camino a enfriarse. Es lo que se desprende de un reciente  señalamiento del Ministro de Economía respecto al menor crecimiento del PBI de 4.8 a 3.8%, producto del adverso efecto Odebrecht (y de paso originado también por el accionar de otras constructoras brasileras) sobre la inversión en infraestructura. Asumamos que los efectos directos e indirectos sobre la demanda interna y el PBI pueden costar hasta 1 pto del crecimiento tal como el Ministro dice; ¿No hubiese sido mejor dar el estimado de este costo sobre la actividad económica, junto a una propuesta de medidas claras de política macro para revertir lo anterior? Las expectativas cuentan y mucho en economía. Veamos este asunto.

Directamente la postergación de los US$ 950 Mills del Gasoducto del Sur y la dilación de otros proyectos de infraestructura  producto del efecto Odebrecht (firma vista ahora, como una suerte de rey midas al revés) , de acuerdo al Ministro ello  podría pasar una factura de 1 pto del crecimiento del PBI para este ano,, pero en aras de ese realismo, indispensable determinante en la formación de expectativas en los agentes económicos; quedarse  solo en el anuncio, sin presentar a la vez una propuesta articulada de política económica para revertir la actual desaceleración pronosticada, en mi opinión es haber desaprovechado una oportunidad para oportuna y rápidamente amortiguar  la desaceleración oficialmente reconocida.

El énfasis solo en las penurias venideras, da la sensación de poca proactividad; condición ultima  fundamental para anticiparse a problemas producto del adverso efecto Odebrecht, que ya se venían venir desde que el año pasado en Brasil. Cuando esta firma era objeto de investigación y sus principales directivos puestos en la cárcel.     Previéndose una reactiva reacción, ¿Alguien tiene alguna duda que la administración gubernamental actual va a revisar prolijamente en cuanto a infraestructura no solo las APPs, Obras por Impuestos y Concesiones otorgadas, así como todos sus procesos técnicos  y de selección implicados?  No olvidemos que en la omisión de denuncia también es penada, con lo cual la ralentización de la inversión pública –que en el 2016 se contrajo- está  más que cantada. Adicionalmente, considerando  la relación de complementariedad entre inversión pública y privada, la desaceleración de la primera afectara  también adversamente a la segunda.     Se necesita adoptar proactivamente acciones claras y creíbles  hoy, para cambiar este contexto macro que no pintaría bien. El rol crítico de la evolución de la inversión privada está detrás de la proyección de la demanda interna en 4% según el BCRP y 3% según un banco privado para el 2017.

Y lloviendo sobre mojado,  al debilitamiento de la demanda interna producto de  la ralentización  de la inversión pública y privada, se agrega otro efecto adverso adicional sobre la demanda: La presión sobre costos y precios internos, resultado no solo a) de la suba del precio internacional de la leche en polvo, maíz y soya; sino también  b) de la menor disponibilidad de productos agrícolas, dada la mayor cantidad de lluvias que ha originado la interrupción de vías de transporte terrestre; ambos factores  definen  un choque adverso de oferta; factor frente a lo cual nuestro BCRP, no tiene mucho por  hacer. La mayor inflación de enero reducirá  salarios reales, consumo privado y demanda interna.

De lo expuesto, resulta más que urgente presentar por parte de las autoridades económicas una propuesta creíble y mensurada de medidas de política, que vayan más allá de las generalidades como nuevas APPs, obras por impuestos o destrabes de proyectos; habida cuenta que no hacerlo; tendrá como resultado directo, el no mejoramiento de las expectativas garantizando la continuación de la  actual desaceleración de la economía. Expresiones de realismo económico sin  una creíble  propuesta de política macro para enfrentar el problema presentado, genera más incertidumbre que certezas de resolución; de allí que, un manejo poco pensado de las expectativas  es replicar  figurativamente parte del estribillo de una antigua canción que cantaban nuestros abuelos: …No juegues con el diablo, que el diablo tiene candela …

Errores macro, errores caros.

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A diferencia de lo que puede ocurrir a nivel microeconómico, cuando el gerente de una firma toma una equivocada decisión, por ejemplo decidiendo subir el precio del producto cuando la demanda de este es elástica; lo que  sucederá a lo sumo, es que la empresa vera caer sus ingresos y el funcionario será despedido. Pero en contraposición, cuando los errores lo cometen los  gestores de la política macroeconómica, estos por lo general implican consecuencias más caras y de mayor alcance.  A partir de la evidencia local, presentare 2 ejemplos de estos últimos.

Hasta el año 2007 la meta de inflación establecida por el BCRP era de 2,5% anual con un rango de +- 1 punto, a continuación el Directorio de aquel entonces, redujo la meta inflacionaria a 2%, sin que cambiaran los fundamentales, basando la decisión adoptada  en tanto 2% era la inflación meta promedio de nuestros principales socios comerciales, como también porque una tasa inflacionaria más pequeña anclaría también las expectativas respecta a ese nivel de inflación…

El punto es que este 2% de inflación meta, al no  estar técnicamente sustentado tanto porque nuestra estructura y fundamentales macroeconómicos no tienen porque  ser iguales al de nuestros propios socios comerciales como también sobretodo en contextos devaluatorios como los predominantes desde el 2014 en nuestra economía, las expectativas se asocian más a la dinámica cambiaria que a la meta de inflación.  Dada la discutible justificación  oficial de  la reducción de la meta de inflación; to único que ha originado esta, es que el BCRP, en los últimos 66  meses, solo en un 25% del periodo la inflación estuvo dentro del rango meta; con lo cual evidentemente se restringen los grados de libertad de la política monetaria, en tanto el BCR busca con calzador lograr que la tasa inflacionaria regrese al rango discrecionalmente reducido. Todo sería menos forzado y quizás la política monetaria hubiese sido menos restrictiva (y más funcional al crecimiento económico) de haberse mantenido la meta inflacionaria en 2.5%; el costo de oportunidad en términos del PBI no logrado no es poca cosa.

En el caso de la política fiscal el MEF hacia agosto de 2016, refería un déficit fiscal anualizado de 3.4% del PBI y audazmente propuso como meta que a fin de año  este llegue al 3%. El caso es que a diciembre, el déficit se redujo a 2.7%, resultado que tiene detrás (respecto al 2015) una contracción de los ingresos corrientes en -4.2%, aumento de intereses en 5.6%,  junto a una reducción del gasto no financiero en -2.2%; cifra ultima que a su vez resulta de una contracción de la inversión  pública en -10.3% junto a un marginal aumento del gasto corriente en 0.5%. ¿Cuál es el costo de oportunidad del sobreajuste fiscal ocurrido?  Un ajuste menor de la inversión pública   -sin sobreajuste fiscal- no solo habría impulsado la demanda;  sino también hubiese facilitado un monto mayor de inversión privada –dada la reconocida relación de complementariedad de la una con la otra- con lo cual la tasa de crecimiento del PBI para el 2016 hubiese sido mayor al 3.9% que estimo para dicho año. ¿Un poquito cara la factura del sobreajuste fiscal no?  Cabe mencionar que la fuerte caída de la  inversión pública sucede justo cuando factores exógenos a la economía, como es el tema de la admitida ocurrencia de actos de corrupción de funcionarios  sobretodo en área de infraestructura pública, hará que se pongan no solo varias lupas sobre los procesos de selección y proyectos pasados, en curso y futuros , sino que  además estos  no solo serán pasados por los  rayos x, sino por un tomógrafo  en términos de sus contenidos, montos implicados, selección de postores etc.para curarse en  salud; estos mayores controles  ralentizaran  la inversión, lloviendo así sobre mojado frente a la urgencia de redinamizar la economía. En suma los errores de los gestores macroeconómicos a diferencia de los gestores de empresas, no