Política monetaria, ¿infalible?

Durante mucho tiempo, una equivocada –y también muy popular– afirmación sobresimplificada de algunos poco informados medios de comunicación refería que la política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) era casi omnipotente para mantener la estabilidad de precios. ¿Realmente lo era? Ahora que desde el segundo semestre del 2021 se evidencia que la inflación anualizada a marzo 2023 es 8.4%, ha estado bastante por encima del 3% anual, puesto como límite por el BCRP. ¿Qué ha venido pasando? En línea a esta última pregunta, ¿qué efecto principal ha tenido la política monetaria realizada? En la academia, actualmente, ¿se están repensando los fundamentos de la política monetaria en la práctica? Presentaré una inicial aproximación sobre estos asuntos.

La errada infalibilidad –atribuida a la política monetaria del BCRP– podría estar sustentada, cuando la subida de precios sea solo por aumentos del gasto (o demanda), por encima de incrementos de la oferta de bienes y servicios. Para enfrentar la inflación resultante, la receta convencional es conocida: elevar la tasa de interés como política monetaria, encareciendo así el costo del crédito y quitarle la vida al consumo y la inversión. La consecuencia del enfriamiento del gasto resultante explica que hasta el propio BCRP reduzca la proyección del aumento del consumo privado en su reporte de inflación de marzo de este año de 3 a 2.8% y la inversión privada de 1 a -0.5%. ¿No se les estará pasando la mano? Considérese que los cambios en la tasa de interés de política monetaria tiene un efecto diferido –de varios meses– sobre el costo crediticio de distintos productos financieros.

Por otro lado, la inflación puede también responder a factores adversos de oferta –sobre los cuales el BCRP no tiene injerencia–, como alzas en costos de insumos importados, combustibles, fletes, etc. –donde la decisión de política aplicada fue contraer la demanda para no validar precios más altos–, vía subidas de la tasa de interés, en este caso de mayor magnitud en espacios temporales más reducidos. ¿Y qué sucede en la academia sobre la política monetaria convencional?

Se reconoce en principio que el contexto en el que se ha venido aplicando la política monetaria actual se enmarca con la ocurrencia de nuevos factores: cambio climático, envejecimiento de la población, innovación tecnológica, cambios en precios relativos de bienes y servicios como de insumos; aparición del dinero electrónico; todo lo cual limita los grados de libertad para tomar decisiones de política macro en general y monetaria en particular; contextos más volátiles y retos subyacentes en materia de políticas. Gita Gopinath, del FMI, desde tiempo atrás señala que la economía requiere hoy mejorar herramientas prospectivas.

Markus Brunnermeier señalaba que como en la pospandemia estaba presentándose menor crecimiento, inflación más alta y más deuda, los bancos centrales están aplicando aún políticas concebidas para épocas de inflación moderada, bajas tasas de interés y crecimiento sólido. Así pues, ¿Cómo debieran revisarse los marcos y los mandatos de los bancos centrales? Raghuram Rajan afirmaba que estos deben priorizar su función principal, lograr estabilidad de precios y promover la estabilidad financiera que puede amenazar su propia credibilidad.

Greg Kaplan et al. refieren que los nuevos modelos económicos deberían ayudarnos a entender la influencia de la política monetaria sobre la distribución del ingreso y de la riqueza. Por otro lado, Michael Weber desarrolla el cómo mejorar las comunicaciones de la política monetaria porque se podrían cambiar las expectativas. En suma, como no existe infalibilidad de la política monetaria sobre la estabilidad de precios, los ajustes en el interés y demanda pasan factura en términos de menor crecimiento y, por último, hay en curso una indispensable revisión de los fundamentos de la política monetaria convencional actual.

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Inflación mundial que nos complica

Un asunto de preocupación para todos es la inflación. La inflación como concepto simplificado es el aumento del índice de precios al consumidor en el tiempo, este índice basado en el promedio ponderado de los distintos bienes y servicios contenidos en una canasta de consumo promedio.

El caso es que estas sostenidas alzas de precios ocurren hoy en casi todo el mundo, y para enfrentar este adverso evento, correspondientemente los bancos centrales han venido generando, alzas de sus tasas de interés de referencia buscando encarecer el costo del crédito. Creo que resultará interesante referir algunas implicancias sobre nuestra economía, de estos extendidos encarecimientos.

Varios bancos centrales continuaban aumentando recientemente sus tasas de interés de referencia (tasa de política monetaria) como el caso de Suiza, Reino Unido y EE. UU.; en medio de inciertas expectativas sobre lo que pasará en el sistema financiero internacional. Cuando los bancos centrales al encarecer el crédito, lo que buscan es quitarle la vida al consumo, la inversión y así al gasto en la economía, con ello lo que se pretende, es que no se puedan validar precios más altos, pero a la vez se limita la dinámica productiva en el corto plazo.

Dado lo descrito, los inversionistas se preguntan ¿cuánto más los bancos centrales podrán seguir con estas elevaciones del costo del crédito (política monetaria restrictiva)?, en medio del ruido financiero generado por la quiebra de algunos pequeños bancos en EE. UU. Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, y Signature Bank, con sede en Nueva York, que suscitó una mayor preocupación por la exposición de los inversores a un sector bancario con fisuras.

 Al movido entorno financiero gringo, se suma la absorción del Crédit Suisse por parte del UBS en Europa, luego que el Banco Nacional Suizo había promovido la absorción ofreciendo garantías por  US$ 280,000 millones; cabe mencionar que el Banco Nacional de Suiza ya había previamente subido su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos.

En similar línea precautoria, por el lado de EE. UU., su banco central (FED) anunciaba –en medio de una desaceleración económica– la posibilidad de pausar nuevos incrementos en los costos de endeudamiento, a manera de acción prudencial, luego de la caída de los dos bancos gringos antes mencionados, alejando la posibilidad de ocurrencia de un efecto dominó por el contagio en el sistema bancario.

En el caso del Perú, muy al margen que la inflación anualizada a febrero es de 8.65% sea bastante más alta que el límite superior del 3% establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a diferencia de lo que sucede en EE. UU. y Europa, al interior de los componentes en bienes y servicios  de la canasta, la volatilidad  de los precios es mucho más alta en nuestro caso, a manera de referencia, la inflación anualizada de alimentos y bebidas a febrero es de 13.2% esto es un 53.6% más alta que el promedio 8.65%.

Mención aparte, es que a febrero continuaría acelerándose la inflación anualizada en este rubro, iniciada en junio de 2021.  

Debo  referir que la pausa en los dos últimos meses de subidas en la tasa de interés de referencia por nuestro banco central, dada la previsible continuidad de alzas en las tasas de interés externas, generaría la necesidad de retomar las alzas en la tasa de interés de referencia local, pero probablemente en menor magnitud y más espaciadas en el tiempo, no tanto por la inflación que ya comenzaría  paulatinamente a descender (ayudada por un abaratamiento del dólar en -5.8% entre marzo 2023 y diciembre de 2021), sino porque tasas de interés locales comparativamente reducidas, podría implicar el riesgo de importantes y desordenadas salidas de capitales.

En suma, decisiones de políticas económicas internas, se sujetan también al devenir de la economía internacional, entorno sobre el que, si bien no tenemos control, si podemos –y tenemos que– identificar condicionantes futuros.

Una corta agenda de riesgos

La economía peruana comenzaba el 2023 con varios retos por superar. En el 2022, la actividad económica creció en 2.7%, inflación por encima del 8 % –siendo el tope 3%–, informalidad laboral aumentada a 8 de cada 10 trabajadores, crecimiento desacelerado de la inversión privada en 0.8%, un inestable contexto político y a lo que se suma la ocurrencia de lluvias e inundaciones continuas, producto del ciclón Yaku con sus secuelas de destrucción de infraestructura privada y pública. Pero ¿cuál sería un listado de riesgos básicos a considerar en lo inmediato?

Un primer riesgo es el referido al de la inflación. Según el Banco Central de Reserva, la inflación de marzo sería mayor no solo a la de enero 0,23% y febrero de 0,29% en razón a factores coyunturales y estacionales como es la subida de pensiones de enseñanza escolares y universitarias, sino también creo que existiría una alta probabilidad de que la tasa de inflación de marzo sea cercana a la de marzo del año pasado 1.5%.

De ocurrir ello, casi se detendría la marginal reducción de la inflación anualizada. Explicaría el salto de la inflación en marzo por factores adversos de oferta relacionados al mayor precio de alimentos, producto de la interrupción de vías y destrucción de infraestructura agrícola y cultivos como efecto del ciclón Yaku en el norte; a manera de referencia, el precio del limón mostraba un aumento del 20% el viernes pasado. El factor importante a evaluar es, además, cuán extendidos en intensidad y en el tiempo serán el ciclón Yaku y sus efectos adversos.

Otro componente importante en la canasta de consumo como el pollo (2.7%) ha venido incrementando su precio por una fuerte contracción de la oferta, consecuencia directa de la existencia extendida de gripe aviar en el Perú y restricciones al acceso de la industria a un insumo importante como la torta de soya. La apuesta optimista es que estos choques adversos de oferta sean transitorios. Pero varias diferidas fechas para que se inicie la convergencia de la inflación a su rango meta podrían deteriorar expectativas.

Un segundo riesgo se asocia con el accionar de instituciones como el del Congreso, puesto que con niveles de aprobación de un dígito tendría bastantes incentivos para medidas populistas, tal como el otorgamiento de bono de reconocimiento a los afiliados a la ONP que se trasladen a una AFP y por otra parte continuar con dispendiosas decisiones de gasto, aparte de sonados casos bufets, alfombras, etc.

Ahora se suma la reciente contratación de un suplemento en un diario de circulación nacional por S/130.000 en cuyas 12 páginas se presentan solo copias escaneadas de documentos relacionados al proceso de elección del defensor del pueblo.

Un tercer riesgo se relaciona a la gestión gubernamental, sobre todo a nivel de gobernadores y alcaldes en torno a los efectos destructivos del ciclón Yaku en el norte del país, que hasta el viernes último generó 23 mil afectados, 420 viviendas destruidas, 2.509 viviendas inhabitables, 41 aulas destruidas, 375 aulas afectadas, 123 aulas inhabitables, 1.485 zonas críticas por posibles movimientos de masa como deslizamientos, derrumbes, caídas de rocas, huaicos y avalanchas y 60 establecimientos de salud afectados.

Visto en términos económicos, se contrae el patrimonio, que en el caso de las familias implica un súbito deterioro de sus condiciones de vida y en el caso de los productores, principalmente agricultores, se produce una inmediata contracción de sus capacidades de producción. Observo que, frente a ello, en estos días alcaldes y gobernadores se la pasan declarando en medios, pidiendo apoyos de distinto tipo al Gobierno nacional, y la pregunta es cuál es el valor agregado en la gestión pública por parte de estos funcionarios?

Debo señalar que en circunstancias de carencia extrema –como la carencia de vivienda y/o medios de producción–, la sensibilidad ciudadana frente a una ineficiente y/o lenta gestión gubernamental es particularmente alta, lo que podría significar un agravamiento de la actual conflictividad social.

En suma, estos tres riesgos principales, de lejos, son los que deberían estar incorporados en la agenda gubernamental de corto plazo. No olvidemos que la identificación de problemas siempre será el primer paso para encontrar soluciones.

Inversión debilitada

Un lugar común muy extendido del conocimiento económico es afirmar la importancia de la inversión en general y minera en particular, en el sentido de promover inexorablemente el desarrollo territorial. No obstante, paradójicamente, hay algunas zonas del corredor minero sur, donde habiendo inversión minera, los progresos de algunos indicadores socioeconómicos estuvieron incluso por debajo del promedio nacional. ¿A qué respondió ello?

Descomponiendo la inversión en pública y privada, la primera asociada con una mejor y más ampliada infraestructura, que entre otros efectos posibilitan una mayor competitividad (transporte), mejora de la calidad del capital humano (saneamiento), o incluso ampliación de mercados. Cabe mencionar además que el desarrollo de la inversión pública facilita la implementación de inversión privada, y así la aparición de nuevas oportunidades de actividad económica. Pero además que esta causalidad desde la inversión pública, a veces se mediatiza u ocurre marginalmente, debilitando el efecto sobre el crecimiento económico, ¿qué factores explican esto?

Una primera idea es suponer para explicar lo anterior, es saber cuál sería el resultado de la falta de recursos destinados a la inversión pública, lo que no habría venido ocurriendo: en el 2022 a nivel macro, la inversión pública subió en 23.4%, por el mayor gasto de inversión del gobierno general —gasto que deliberadamente promovimos cuando estuvimos a cargo el Ministerio de Economía y Finanzas—; a pesar de que las empresas públicas ejecutaron menos en sus planes de inversión.

Pero si no hubo menos plata para la inversión pública, ¿qué pasó? Veamos. Desde la minería, solo por canon y regalías —que representa solo el 20% de las transferencias que reciben los gobiernos locales y regionales— en el 2022, las municipalidades tuvieron S/8,047 millones y las regiones S/2,367 millones (en el 2004 recibieron S/348 millones) aparte de otras transferencias canon de distintos tipos, (Foncomun, Provías, Saneamiento urbano etc.).

Los gobiernos subnacionales tuvieron más plata, pero ¿se gastó en lo necesario para mejorar la calidad de vida para la gente? Tomando una muestra representativa en el caso de los gobiernos locales visto por funciones, luego del gasto de transporte, el 17% del gasto 2022 se fue en planeamiento y gestión. ¿Es una adecuada distribución? ¿Planeamiento que aterriza en qué de utilidad efectiva?

Pero hay otros factores a mencionar. Si bien la aplicación de canon y regalías en el mejor de los casos amplió la infraestructura, en la práctica no se consideró la indispensable disponibilidad de insumo requerido para que esta funcione a total capacidad: escuelas nuevas con insuficiente cantidad de maestros, sistemas de agua sin disponer de suficiente agua tratada son algunos ejemplos de ello.

También podríamos referir la insuficiente cantidad de gestores públicos calificados y una alta rotación de estos. Cabe mencionar también un insuficiente alineamiento de los proyectos con el cierre de brechas sociales y una clara tendencia de gobernadores y alcaldes de priorizar el corto al largo plazo en la priorización de ejecución de los proyectos.

A los factores que problematizan los resultados esperados de la inversión, se suma hoy la violencia social, sobre todo contra la actividad minera. Actualmente no solo se desarrolla por la oposición a proyectos futuros (como era antes) sino incluso afectando a proyectos mineros en operación; generando así más incertidumbre sobre la continuidad de la inversión; más aún, cuando somos menos atractivos para atraer inversión minera.

Hay que agregar también el mayor tiempo que hoy le lleva a los opinantes, emitir los informes requeridos por las empresas para la continuidad de los proyectos: como corolario de lo descrito, en el índice de atracción del Instituto Fraser hemos descendido del 27ª (2018) al 42º lugar (2021).

Esta claro, a partir de lo reportado, que para nada debemos asumir como automática la ocurrencia de efectos favorables de la inversión pública y privada (minera) sobre el bienestar de la población. Un reto para la gestión pública actual es levantar las restricciones presentadas que debilitan los efectos de la inversión, no solo para que funcione mejor la macro sino para potenciar los efectos de esta sobre el bienestar de los ciudadanos.

¿Una buena nueva?

La semana pasada, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó mantener la tasa de interés de referencia (llamada también de política monetaria) en 7,75% luego de 18 meses seguidos de alzas.

La razón principal para estas subidas es que el ente emisor, ante una tasa de elevación creciente de los precios en la economía (inflación), busca encarecer la tasa de interés, aumentado el costo crediticio, afectando adversamente el consumo, la inversión y así la demanda a fin de moderar la subida de precios, objetivo único del BCRP según su ley orgánica. Pero si la inflación a enero de este año es aún creciente con un 8,66% anualizada, ¿qué explicaría esta pausa? ¿Se acabaron estas alzas a futuro?

Comencemos por lo último. El BCRP señala que esta pausa no cancela la posibilidad de futuras alzas en la tasa de interés de referencia, condicionadas a los factores explicativos de la inflación, y los efectos macro de la inestabilidad social actual. Ejemplo: toma de carreteras que impiden transporte de bienes como combustibles o alimentos que originan desabastecimiento de oferta, escasez y subida de precios.

¿Y qué sobre la pausa en la subida de tasas del BCRP? Nótese que el problema inflacionario para nada está revertido. La tasa de inflación, a 12 meses, aumentó de 8,46% en diciembre de 2022 y a 8,66% en enero de 2023; por subidas de precios de alimentos producidos localmente a 12,93%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos ni energía fue de 5,80%. Ambos indicadores se ubicaron bastante por encima del límite superior del rango meta de inflación (3%), habiéndose iniciado la tendencia inflacionaria alcista desde el segundo trimestre del 2021.

Explicación: la prudente decisión de no seguir elevando la tasa de interés nominal (7,75%) por el BCRP creo que respondió a descontinuar la sostenida afectación adversa sobre la demanda, la actividad económica y el empleo, dada la marcada desaceleración de estas variables, resultado de sucesivas alzas de las tasas de interés, en medio de una priorizada reducción de la inflación como objetivo de una política.

Aunque una mirada más técnica a lo ocurrido con la mantención de la tasa nominal en 7,75% es que, descontada la expectativa inflacionaria, la tasa de interés de referencia real se reduce a 3,13%.

Quizás, incluso, en línea con la prioridad puesta sobre la inflación —cuando menos en el último año y medio—, hasta el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda al Perú implementar un impulso fiscal moderado —léase limitada expansión del gasto— para ayudar a moderar la inflación también. Esta moderación recomendada cobraría sentido con el efecto expansivo de una reportada actual tasa de interés de referencia real descendente.

Por otro lado, si bien parte de la prioridad de enfrentar la inflación hoy responde a que es un complejo fenómeno a nivel global, con bancos centrales subiendo sus tasas de interés desde 2021, a veces también se sobresimplifica el análisis internacional comparativo de este fenómeno basándose solamente en su magnitud cuantitativa en términos absolutos, sin relevar factores explicativos que pueden ser bastante diferenciados.

Al final, con la pausa en la subida de la tasa de interés de referencia nominal por el BCRP (que implica, como ya dijimos, una expansiva menor tasa de interés real), podríamos estar espectando el inicio de una mejor coordinada política monetaria y fiscal en el Perú, una buena noticia al fin.

Inflación, el revés de la trama

Un asunto de interés económico —por fuera del correspondiente al de la evolución de la actividad económica o las pérdidas estimadas por los bloqueos de carreteras, según el MEF, del 8 de diciembre al 23 de enero, en S/2.850 millones— es, qué duda cabe, la continua elevación de los precios al consumidor, esto es una inflación creciente. En diciembre de 2022, la inflación aumentó un 0,79%, cifra superior a la de noviembre (0,52%), y de allí que la inflación del Perú alcanzara en el 2022 un 8,46%, la tasa más alta en 26 años. Pero ¿qué asuntos relevantes están detrás de este número agregado?

La inflación 8,46% al 2022 fue más del doble que el tope del rango meta anual de 3% determinado por el Banco Central de Reserva (BCR). Recuérdese que el establecimiento de un rango inflacionario y una tasa inflacionaria meta de 2%, en el caso de esta última, se constituye en una especie de ancla para las expectativas de los agentes económicos, siempre y cuando los anuncios del BCRP tengan credibilidad. El caso es que la inflación ha sido creciente en los últimos años: 1,97% en el 2020, 6,43% en el 2021 y 8,46% en el 2022.

En esta tendencia ha tenido mucho que ver los aumentos de precios de insumos importados, como la soya, petróleo, trigo, urea, fletes marítimos, etc., factores que en un esquema de concentradas estructuras de mercado, como las que existen en el Perú, no hay mucha ciencia que aplicar, para señalar que, con más facilidad, los mayores costos de estos insumos se trasladan a precios finales.

Además, dados los salarios nominales y la demanda, la alta inflación reduce el poder adquisitivo de estos y el consumo privado también, afectándose adversamente el crecimiento económico en el corto plazo. Pero hay aspectos detrás de la inflación poco discutidos y no por ello menos importantes, con implicancias directas en el bienestar de las familias, como es el caso de la evolución de los precios de alimentos.

Recordemos que el cálculo de la inflación resulta de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), índice basado en una canasta promedio de consumo con componentes ponderados, y de allí surge un asunto central: los cambios en los precios relativos al interior de esta canasta. Por ejemplo, en los 3 últimos años, sistemáticamente, el gran grupo alimentos y bebidas aumentó en 2,34,7,97 y 12,64% frente a tasas de inflación anuales de 1,97, 6,43 y 8,46%, respectivamente.

La teoría económica nos dice que los agentes económicos toman decisiones en cuanto a sustitución de un bien por otro, en base a cambios en precios relativos, pero también sabemos que cuanto más genérica sea la definición conceptual, como es el caso de alimentos y bebidas, no obstante aumentos de precios mayores al promedio, el efecto sustitución sería marginal y, más bien, mirando a nivel socioeconómico del estrato C hacia abajo, lo que se observa es la reducción del número de meriendas de 3 a 2 diarias.

Y siguiendo con el tema inflación, estando bajo la responsabilidad del BCRP al subir sistemáticamente su tasa de referencia estando hoy en 7,75%—, encarece el crédito y aplaza una indispensable reactivación económica, indispensable porque de ella depende el aumento en la demanda de empleo, variable fundamental a considerar, sobre todo en estos tiempos críticos en nuestro país. Al final, los efectos y correctivos de la inflación deberían ser evaluados al formularse la política pública.

Desigualdad y descontento

En los últimos meses, en América Latina y recientemente en el Perú observamos diseminadas protestas sociales. ¿Por qué suceden estos generalizados eventos? Parte de la explicación —por fuera de los causales políticos— reside en la no revertida alta desigualdad por ingresos, siendo Latinoamérica una de las regiones más desiguales del mundo. Esta desigualdad, aparte de alta, es excesiva para el estándar de desarrollo de la región.

Hoy, una alta desigualdad regional no es un estado de situación nuevo, a pesar de las mejoras —aunque insuficientes— en diferentes indicadores positivos de crecimiento económico y social en los últimos periodos, no habiendo cambios a la vez importantes en los niveles promedio de desigualdad en la región ni al interior de los países.

Un factor explicativo novedoso al respecto planteado en el reciente Reporte de Economía y Desarrollo 2022 (RED 2022) de la CAF, es que la alta desigualdad en la región tiene un carácter inercial (continua en el tiempo), consolidando una ampliada diferenciación de las estructuras socioeconómicas.

El informe también documenta la evolución de la movilidad intergeneracional en la región, considerando las múltiples dimensiones que determinan los niveles de bienestar de padres e hijos. Pero esto se da en un contexto económico complicado: el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento global del 1.7%, CEPAL 1.3% y S&P 0.7%.

Con este nivel de crecimiento y producto de la grave herencia dejada por la pandemia COVID-19, como lo señala la CEPAL, la región sumaría una nueva década económica perdida (2014-2023). El contexto se termina de definir con una alta inflación y tasas de interés. Así, si la inversión local está misia, la captación de inversión extranjera es crucial.

Por otro lado, el informe alude al fenómeno de movilidad intergeneracional, visto como la relación que existe entre el nivel socioeconómico de padres e hijos, medido generalmente a través de su educación o de sus ingresos (Conconi et al., 2008).

Este presenta varios canales, asociados con la desigualdad de oportunidades que impera en la región. Estos canales están basados en las desiguales condiciones que enfrentan las personas según lugar de nacimiento y nivel socioeconómico familiar; importantes aspectos que determinan sus oportunidades de formación del capital humano, acceso a empleos de calidad y acumulación de activos.

La escasa movilidad social es un problema importante para América Latina y el Caribe, no solo por afectar la equidad, sino sobre otros componentes del desarrollo económico, como el crecimiento y la estabilidad político-institucional.

Además, podría distorsionarse la formación y la asignación del talento humano, afectando así la productividad, el crecimiento y la estabilidad político-institucional, debilitándose también la confianza entre los ciudadanos y en las instituciones, limitando no solo las posibilidades de proveer bienes públicos, sino también la tolerancia y el respeto mutuo, base para la convivencia en democracia.

Finalmente, señalo que la desigualdad en América Latina y el Caribe se encuentra entre las más altas del mundo. Así lo indica el índice de Gini, que mide la concentración en la distribución del ingreso, (0.46 para el Perú y región al 2020) mientras que el de países de la OCDE era de 0.34.

Si vemos en perspectiva, durante años hubo un sesgo de la política macroeconómica buscando crecer más, pero el crecimiento de esta torta llamada riqueza no implicó que los pedazos repartidos siempre tendieron a ser mayores para minorías con menores necesidades.

El reto a continuación no es solo crecer, sino promover a través de la política macro una menos desigual distribución del ingreso, porque esta tarea no la hace el libre juego de la oferta y la demanda. Esta mirada distinta podría ser quizás el inicio de un mejor relacionamiento con nuestros compatriotas al interior del país.

Estabilidad fiscal, presupuesto y reactivación

La semana pasada, un evento puso en riesgo la estabilidad fiscal del Perú: la ocurrencia de un difícil proceso de discusión entre la Comisión de Presupuesto del Congreso y Cuenta General de la República (CPC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con motivo del dictamen de la ley de presupuesto para 2023. Al final, se aprobó un dictamen modificado que, a diferencia del propuesto por la CPC, en este último caso por insistencia del MEF, se respetó el principio constitucional del equilibrio presupuestal.

Resulta fundamental que exista transparencia en la discusión presupuestal entre el Congreso y el Ejecutivo respetando reglas fundamentales como aquella que señala que el gasto total proyectado debe estar íntegramente financiado. Esto se vulnera cuando la CPC establece gasto adicional por S/ 1,164 millones supuestamente financiado por la Reserva de Contingencia –ya distribuida–. Mantener consecutivamente el equilibrio presupuestal en parte explica que el Perú sea una de las economías de mayor estabilidad fiscal en América Latina, con niveles de deuda pública, déficit fiscal y riesgo país más bajos de la región.

Hace 20 años que emprendimos en el MEF una serie de cambios conducentes a un manejo responsable de las finanzas públicas, con normatividad de efectivo cumplimiento, con permanente seguimiento a los mercados para priorizar colocación de bonos soberanos en soles, calzando así con los ingresos fiscales nominados soles, generándose así una curva de rendimientos en moneda local, facilitando emisiones privadas en soles. Así se ha mantenido nuestra calificación crediticia con grado de inversión y accedemos a financiamiento en condiciones más favorables en los mercados internacionales, clave para avanzar en el cierre de la enorme brecha de infraestructura y para seguir impulsando políticas de reactivación y de promoción del crecimiento sostenible. De esta forma, la rápida recuperación del PBI y de las cuentas fiscales tras la pandemia, producto de las medidas implementadas, fue posible gracias al espacio fiscal disponible ganado en años de un manejo equilibrado y sostenible del presupuesto público.

El presupuesto aprobado para 2023 asciende a S/214,8 mil millones, lo que representa un incremento de 9,0% (S/18 mil millones adicionales), el cual incluye un aumento histórico para la inversión pública (con un presupuesto de S/54 mil millones y un incremento de 25%), asimismo, el presupuesto 2023 prioriza intervenciones en sectores intensivos en provisión de servicios a la población como educación, salud, protección social, saneamiento y vivienda, seguridad, sectores que concentran el 77% del incremento total del presupuesto.

Habiéndose aprobado el presupuesto 2023, pensemos en retos venideros, como acelerar la tasa de crecimiento del PBI por su impacto en empleo y recaudación tributaria. Para ello, se debe culminar la implementación del Plan de Reactivación Impulso Perú. De las 48 medidas planteadas, ya están en implementación 30, pero hay 12 proyectos de ley que aún se encuentran en discusión en el Congreso y cuya aprobación será relevante para mitigar los efectos en familias y empresas del deterioro del entorno internacional: crédito caro, crecimiento reducido, mayor incertidumbre. Las medidas de Impulso Perú tendrán un impacto importante en la generación de alrededor de 250 mil puestos de trabajo, brindarán soporte a las familias, promoverán un mayor acceso al crédito para las mypes e inversión privada en infraestructura diversificada.

Subsidios al transporte, electricidad, creación de empleo, impulso al crédito a las mypes, mejora del fondo Mipyme Emprendedor, medidas promotoras a la inversión en investigación y desarrollo, en exploración minera, en el sector construcción y medidas para dotar de recursos al Fondo de Estabilización de Precios en Combustibles (FEPC), para que siga moderando la volatilidad interna de los precios del combustibles, todas estas medidas son parte de Impulso Perú. Si como el Congreso señala, que busca la prosperidad del país, es hora de que pasen de la palabra a la acción. Dictaminen y aprueben los proyectos de ley de Impulso Perú.

Turbulencias Financieras

Un evento financiero reciente y poco puesto en perspectiva, es el referido a los recientes anuncios de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), -luego de elevar el miércoles pasado su tasa de interés objetivo en 75 puntos básicos y dejar entrever nuevas alzas, a la vez de señalarse la no realización de recortes hasta el 2024. ¿Cómo nos puede afectar macroeconómicamente esto? y ¿Por qué de lo anterior se justifica un Plan de Reactivación en el Perú, en actual proceso previo de implementación?

En principio diversas proyecciones sobre la economía de los Estados Unidos, señalan que los costos crediticios bordearían 4,40% a fines de año, en tanto, proyecciones de la propia FED anuncian una desaceleración del crecimiento del PIB en 0,2% este 2022; esta desaceleración se asocia a un aumento del desempleo en 3,8% este año. Por otra parte, la inflación, recién retornaría en el 2025 a la meta del 2 %, (8.3% anualizada en agosto).  “El comité está fuertemente comprometido con regresar la inflación a su objetivo del 2%”, dijo en un comunicado el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) al anunciar el tercer aumento sucesivo de 75 puntos básicos; se espera que la Fed disponga nuevos aumentos de las tasas de interés este año para combatir la inflación en Estados Unidos. La inflación es consecuencia de la importante recuperación de la economía tras la recesión causada por la Pandemia Covid -19, que tomó por sorpresa a las empresas y las obligó a buscar más mano de obra e insumos para satisfacer la demanda. El resultado de esto ha sido escasez de productos, demoras en las entregas y precios más altos; el tema es que el encarecimiento del crédito y afectación acelerada adversa sobre la demanda y producto, podrían acercar la economía norteamericana a una recesión.

El caso es que este aumento de las tasas conlleva al alza de las tasas de interés internacionales, lo que atraería capitales hacia la economía de EEUU, pudiendo originarse nuevas y desordenadas fuga de capitales en países emergentes como el Perú que reduciría la oferta de dólares y, por ende, una depreciación de la moneda local de países emergentes, tendencia que ya venía ocurriendo meses atrás con la caída de los precios de los metales, haciendo menos atractiva la inversión.   

Por cierto, estas tendencias depreciatorias dados sus efectos inflacionarios, han obligado a intervenciones más recurrentes del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a través de distintos instrumentos: Ventas de dólares, colocaciones de certificados indizados al tipo de cambio del BCRP o usando swaps de divisas.

Pero hay otros efectos importantes por hacerse notorios también, por ejemplo líneas de crédito externas más caras, que sumadas a las internas encarecidas por la actual política contractiva del BCRP, buscando acercar la inflación al rango meta; en la práctica ambas constituyen choques de oferta adversos que afectan negativamente a la actividad económica, por ello hace sentido la aplicación de un Plan de Reactivación Económica que contiene medidas por el lado de la demanda y de la oferta, no solo por la afectación adversa sobre el sector real antes descrita,  sino también por una economía internacional -que explica casi el 60% de la variabilidad del PBI- y que por la desaceleración del PBI externo, inflación extendida y la mayor volatilidad financiera, son factores  que necesitan ser compensados, dada la ralentización del PBI que estos generan.

En suma, complicaciones desde la economía internacional más una suerte de externalidad negativa de la política monetaria actual, ambas afectando adversamente a la actividad económica, justifica la implementación de un plan de reactivación económica con efectos graduales sobre el PBI, no sólo por el tiempo que demanda contar con la normatividad necesaria para su aplicación, sino también por la exogeneidad en la intensidad y secuencia de los factores externos e internos con efectos adversos sobre el PBI, que necesitamos más que contrarrestar.

Presupuesto, Gestión y Confusiones

Un tema que podría ser de interés para los ciudadanos es conocer -al menos en lo fundamental – cómo se gestiona la asignación de recursos por parte del Estado, para que este cumpla con sus funciones: Dirigir las relaciones internacionales, dar seguridad externa e interna, administrar justicia, ser ofertante en última instancia de servicios básicos como salud y educación entre otras.  A nivel agregado la asignación de recursos está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero cada sector define junto con sus entidades adscritas esto es pliegos presupuestales y unidades ejecutoras, la distribución de los recursos públicos asignados. Para fines explicativos y siendo un asunto que concita la atención pública, me referiré a la asignación de recursos para cumplimiento de la Ley 31336 (denominada Ley del Cáncer).

A nivel agregado, la gestión presupuestal está a cargo del MEF, gestión que implica varias etapas: i) programación y formulación, ii) aprobación y ejecución, y iii) control y evaluación; el proceso se inicia en mayo del año anterior con las primeras directivas y asignación de topes presupuestales por el MEF, el cual elabora el proyecto de Ley de presupuesto, que junto a los de equilibrio y endeudamiento más la actualización del Marco Macroeconómico Multianual, son remitidos en la quincena de agosto al Consejo de Ministros para que hacia fines de dicho mes, el Poder Ejecutivo remita al Congreso de la República, para su debate y aprobación, estos proyectos de ley con plazo de pronunciamiento hacia fines de noviembre, siendo este el presupuesto denominado Presupuesto Inicial de Apertura (PIA),el que se convierte en el denominado Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al incorporarse cambios en los recursos  presupuestales a lo largo del ejercicio fiscal-. El tema es distribuir S/ 214,000 millones de recursos públicos frente a demandas por mas del doble ¿tremendo dilema verdad? –  al final se define la necesidad de enfrentar la escasez -recursos limitados frente a necesidades bastante mayores en magnitud- lo que implicará necesariamente priorizar. Veamos un caso concreto.

Nos referimos a la asignación de fondos para el financiamiento de la Ley del Cáncer y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2022-SA., el costo estimado total asciende a S/ 5 398.7 millones para un horizonte de tiempo de 10 años.

Dado esto y en línea con la capacidad de gasto expresada por el Ministerio de Salud (MINSA), en el presente año, para la implementación de la Ley del Cáncer y su Reglamento, con fecha 30 de agosto, se emitió el Decreto Supremo N° 189-2022-EF, hasta por la suma de S/ 122.9 millones, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del MEF, para financiar la atención del fortalecimiento de la atención integral del cáncer a nivel nacional, a través del cual se financian las siguientes medidas:

• Contratación de personal para atención de pacientes niños y adolescentes, así como el desembalse quirúrgico adulto y pediátrico en el INEN (S/ 1.7 millones).
• Contratación de personal para monitoreo, evaluación y seguimiento del Programa presupuesto 0024, así como para la conformación de brigadas de vacunación contra el VPH a favor del MINSA y Gobiernos Regionales (S/ 3.4 millones).
• Adquisición de equipamiento biomédico (no estratégico) en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas que brindan atención integral del cáncer a favor del MINSA y Gobiernos Regionales (S/ 38 millones).
• Adquisición de recursos estratégicos en Salud Pública (medicamentos) para prevención y control de cáncer a nivel nacional a través del CENARES-MINSA (S/ 46.7 millones).
• Mantenimiento de infraestructura hospitalaria de los servicios oncológicos del MINSA y Gobiernos Regionales (S/ 33 millones).

¿Y para el 2023? Siempre en línea a la explícita capacidad de gasto señalada al MEF para el próximo año, por el MINSA en el Proyecto de Ley N° 2907/2022-PE, Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Publico, en su artículo 37 se refiere la asignación de S/ 515 millones para financiar el fortalecimiento de las acciones para la prevención y control del cáncer del Sistema de Salud Público. Adicionalmente, en el análisis costo beneficio, contenido en la Exposición de Motivos del Reglamento, el costo estimado de su implementación asciende a S/ 5 398.7 millones (periodo 10 años), lo que permitirá incrementar la detección de cáncer más anticipadamente. Además, considerando una comparación de un escenario con y sin la implementación de dichos marcos legales, se generaría que los costos (en un horizonte de 10 años) se reduzcan a S/ 4 752 millones; Finalmente si bien el sentido común y las normas presupuestales impiden asignar inmediatamente los S/. 4,752 millones programados para 10 años, el MEF estará particularmente atento a las necesidades derivadas de esta ley en el tiempo  para su atención.