El desafío de la inversión pública

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El denominado  efecto Odebrecht, a partir de una serie de casos de corrupción en la forma de sobornos,  es como  la puesta en escena en varios actos, con trama, escenario, actores principales y de reparto; evento que no nos está pasando una factura macroeconómica al contado como sugiere el MEF equivalente a  1 pto del PBI, sino que en realidad la economía peruana  viene y seguirá  pagando este costo en caras cuotas periódicas…

Para dar una idea  de estos costos diferidos  será útil mirar los determinantes del PBI  en base al gasto: Así este  depende de las familias vía gastos de consumo, de las  empresas vía el gasto de inversión, del Estado vía gasto público y de las compras de los no residentes vía   exportaciones.  El caso es que la extendida desconfianza conocida como el efecto Odebrecht, ralentiza las decisiones de inversión,  no solo pública sino la privada también,  con ello, se afecta  negativamente tanto  la dinámica del actual  flujo de actividad  económica–el total de la  inversión equivale al 22.5% del PBI- como también al PBI futuro, en tanto que vista la  inversión como variable flujo,  implica cambios en el stock de capital factor determinante.

A manera de referencia tomando un subconjunto de proyectos que tienen en común  además de esta relacionados con empresas brasileras, es  que todas  generan  incerteza y/o desconfianza sobre sus contratos y /o expedientes técnicos: Obras de trasvase del proyecto Olmos, Vías  Nuevas de Lima, Gasoducto del Sur, Tramos 2 y 3 de la IRSA Sur, IRSSA Norte, III etapa de Chavimochic. En conjunto estos proyectos no son poca cosa, alcanzan US$ 9,318 Mills de inversión. Pero hoy o están retrasados en avance de obra o en algunos casos  fueron cancelados. Y  lloviendo sobre mojado, el lunes último se  anuncia la rescisión del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, luego de una serie de idas y venidas, originándose así,  un grado mayor de desconfianza y/o incertidumbre respecto a la inversión pública y privada,  En el caso de la 1ª, según el último informe de actualización de proyecciones macroeconómicas del MEF, se espera que la inversión pública crezca 15% en términos reales en el 2017; habiéndose contraído esta en 3.3% en el 2016; ¿Cuáles son los fundamentos que estarían detrás de este notorio cambio de tendencia?

Asociado a lo anterior ¿Cuál es la estrategia para mejorar la ejecución de la inversión pública? Esto último es fundamental, considerando factores adicionales que ralentizarían aún más la inversión pública y privada. Por un lado, tenemos el cambio de procedimientos como resultado de la implementación del sistema  INVIERTE.PE en reemplazo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), afectándose la inversión pública, o el condicionamiento de  la reducción de un punto del IGV, condicionado a que la recaudación neta equivalga al 7.2% del PBI en mayo, generando expectativa en empresarios que han venido postergando  sus importaciones  (en una espera inútil, por lo irrealizable del 7,2%) para pagar un IGV menor postergándose más los procesos de inversión privados .Cabe señalar que el papel fundamental de la inversión pública no proviene del hecho que representa el 4.8% del PBI (la inversión privada equivale al  17.8% del PBI; ) sino  que esta  desbroza el camino para que a continuación entre la inversión privada.

En suma, dado que tiene un papel  fundamental, la inversión pública  directamente en la recuperación de la demanda  e indirectamente por el efecto sobre la inversión privada, será de suma utilidad que se desarrolle  por el lado del MEF, una estrategia  que lleve a un mayor grado de ejecución de la inversión pública; no hacerlo pondría en riesgo inclusive  un modesto 2% de crecimiento para 2017… Desde la perspectiva del gobierno, debe apuntalar la  economía en tanto esta es  el palo de la carpa denominada gobernabilidad, porque definitivamente la política hace rato que dejo de serlo.

Base que se puede reducir

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Revisando el último informe de proyecciones macroeconómicas del MEF, en el ámbito tributario la estrategia de formalización considera ampliar la base tributaria vía la incorporación  de transacciones antes no registradas, siendo  clave el régimen Mype tributario y el uso de facturas y comprobantes electrónicos, se considera también  la formalización de rentas antes no declaradas mejorando el control de patrimonio no declarado, siendo funcional a ello medidas inductoras a la repatriación de capitales, habiéndose contemplado adicionalmente medidas de simplificación administrativa y reducción de costos de cumplimiento. Según el MEF  será la ampliación de la base más que la modificación de tasas  lo que hará recuperar la recaudación a partir del 2018. ¿Pero la base actual es inmutable o podría también reducirse? ¿Existe alguna estrategia dirigida a los que hoy  declaran y pagan?

Con datos al 2015, la base tributaria está compuesta por 1´919,500 contribuyentes  que aportan S/. 90,900 millones de soles nominales recaudados por SUNAT. De este monto el 61.9% es aportado por la Mega y Gran empresa (0.61% de contribuyentes), el 25.3% por la Mediana y Pequeña empresa (4% de contribuyentes),  el 8.9% por la Microempresa (64.8% de los contribuyentes), 4% por Personas Naturales (31.1% de los contribuyentes).  Lo recaudado por SUNAT forma parte (junto a los ingresos no tributarios) de los ingresos corrientes del gobierno general que equivalieron al 20% del PBI en el 2015; ¿Pero esto es mucho o poco? Para tener una idea, este ratio es bastante menor que el pico 22.7% del PBI alcanzado en el 2012, con una proyección de sólo 18.9% para este año. Tenemos una recaudación es concentrada en pocos y  esperadamente menor como parte del PBI.

¿Pero esta base de contribuyentes que declaran y pagan es inmune a deserciones?  Mi impresión es que no existe tal inmunidad; y no me refiero al efecto adverso sobre la capacidad instalada de producción y sobre el número y aporte de contribuyentes pagantes resultado del fenómeno llamado Niño Costero.  Esta base actual podría tender a achicarse conforme pasa el tiempo, porque si ya sea en bonanza fiscal como en el 2012 o en tiempos de vacas flacas como ahora, siguen existiendo serios reparos ciudadanos respecto a  la calidad y cantidad de servicios que brinda el Estado, se decanta en consecuencia la vulnerabilidad estructural de la base actual, en tanto los conformantes de esta pagan, no porque tengan conciencia tributaria; sino porque la fiscalización tributaria es omnipresente, omnipresencia posibilitada en gran parte por el uso de poderosas herramientas provistas por las tecnologías de información por ejemplo. El caso es que a la inversa, estas mismas herramientas ahora,  pueden ser funcionales para lograr pagar por debajo de lo que se debiese (elusión) o simplemente no pagar (evasión), acciones sin duda ilícitas, pero relacionadas a la vez  directamente con la creciente insatisfacción por ejemplo sobre la provisión de  servicios estatales relacionados a la seguridad ciudadana, administración de justicia o servicios de salud y educación. La pregunta es  ¿Pagas impuestos y hay conformidad con lo que recibes?

En conclusión, tan importante como incorporar contribuyentes que declaren y paguen -la tan anhelada ampliación de la base tributaria- , es preocuparse también que la base  actual no se reduzca. Esto último no dependería sólo de la SUNAT, depende también de la performance de gestión de todo el Estado: Gobierno nacional, pero también del Regional y Municipal incluidos (con la carga tributaria adicionada por estos últimos). ¿Cuál es la estrategia  para evitar la reducción de la base tributaria actual?

Prevenir para después no lamentar

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Anteayer el Primer ministro presento ante el Congreso un proyecto de ley referido al Plan de Reconstrucción Nacional , por S/.10,000 millones dirigidos a restituir el stock de capacidad productiva destruido o  afectado  a consecuencia del fenómeno de El Niño: 20,000 viviendas colapsadas, más de 10,000 kilómetros de carreteras afectadas o destruidos, 94,000 hectáreas de cultivo afectados o perdidos etc. Siendo hoy la sociedad  más sensible frente a la  corrupción, siendo una de sus formas el pago de sobornos, -consecuencia directa del llamado efecto Odebrecht–, resulta de particular utilidad desarrollar acciones preventivas al respecto.  Una de ellas sería la adopción por parte de  las organizaciones (empresas incluidas) de una Norma Técnica Peruana (NTP), la ISO 37001 o NTP anti soborno. Veamos porqué

Las (NTP), son documentos técnicos voluntarios, que contienen especificaciones de calidad, terminología, métodos de ensayo, información de rotulado, envasado, símbolos entre otros. Estas permiten homogenizar estándares de producción  con lo cual se facilita el ingreso a mercados, es elaborada por el consenso de las partes interesadas (fabricantes, consumidores, Estado, universidades, entre otros), estas partes interesadas forman un Comité Técnico de Normalización, siendo las NTP, aprobadas institucionalmente por el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL).

En  el caso de la recientemente aprobada NTP ISO 37001, esta contiene  prácticas y principios de gestión para aplicación en las organizaciones, que  previene, identifica y enfrenta el soborno al interior de la entidad. Por ello, la implementación de esta NTP implica considerar distintos elementos de gestión: Planificación y Control Operacional, Debida diligencia –en tanto la organización debe evaluar la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal pertinente-. Implementar esta  NTP también implica optimizar controles financieros y no financieros, establecer controles anti soborno dirigidos a socios de negocios, compromisos anti soborno, prevenir la oferta, suministro o aceptación de regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares, en tanto  su aceptación son o razonablemente podrían ser percibidos como soborno, a la vez de corregir controles anti soborno inadecuados.

 

Asimismo, la NTP ISO 37001 establece que  la organización en el marco de la Evaluación del Desempeño efectúa el seguimiento, medición, análisis, evaluación y auditoría interna, asegurándose que los resultados se informen a la dirección pertinente. Además para asegurar la objetividad e imparcialidad de esos programas de auditoría, la organización debe asegurarse que se efectúan por una función independiente o por un tercero debidamente acreditado. Finalmente, la organización debe reaccionar ante la no conformidad e implementar acciones correctivas apropiadas, a  efectos de las no conformidades referenciadas, en el marco de un mejoramiento continuo de la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión anti soborno implementado.

¿Y que ganan las organizaciones con ello? Credenciales éticas para clientes, colaboradores y socios, con el consiguiente efecto de mayor valor de marca y reputacional, reducción riesgos de soborno al interior, y un mejor posicionamiento frente a cualquier investigación  en el marco de una contingencia judicial. Considérese además que el camino de la adopción es más corto para las organizaciones que ya adoptaron otras NTP ISO.

 

Es evidente que la adopción de esta NTP ISO 37001 limita la existencia de corruptores y con ello de situaciones de corrupción, al evidenciar una mayor trazabilidad del dinero al interior de las organizaciones; por tanto si un creciente número de firmas la adoptan, ello constituiría una interesante acción preventiva. No ser proactivos frente al soborno y/o corrupción, agravará el contexto de desconfianza generalizada en el país, que sin duda ralentiza la toma de  decisiones por los agentes económicas, justo cuando se necesita  lo inverso para enfrentar  la actual desaceleración del PBI; peor aun cuando próximamente habrá  mayor cantidad de recursos públicos y procesos; por lo que creo que siempre será más eficiente prevenir la corrupción y enfrentarla que quedarnos como hasta ahora, en el lamento de los hechos consumados a la caza de corruptos y corruptores, cuando el daño a la confianza ya está hecho.

¿Sólo las finanzas importan?

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Si hay un indicador de cuanta riqueza se genera en un periodo de tiempo en un país, este es el Producto Bruto Interno (PBI), como sabemos también de dicha riqueza generada, dependen los ingresos de los agentes económicos,  en tanto son proveedores de servicios de factores productivos  cuyo concurso permitió la generación de esta.  Uno de estos agentes  es el Estado, el cual percibe los ingresos tributarios. Magnitudes reducidas de estos -dado un nivel de gasto público-, generan un déficit fiscal mayor, definiendo un contexto fiscal, que si bien   financieramente es aun manejable, quizás no podríamos decir lo mismo sobre ello, desde una perspectiva económica. Veamos porque.

Como es sabido se han venido sucesivamente recalculando a la baja las proyecciones de  crecimiento 2017. Así en diciembre el  Reporte de Inflación  (RI) del BCRP  refería una proyección de crecimiento de  4.3% reduciéndose a  3.5% en el RI de fines de marzo; resultado último producto  del inexplicable ajuste fiscal del último cuatrimestre 2016 (contracción del déficit de 3.4 a 2.7% del PBI), sumado al efecto adverso sobre la inversión, producto de la pérdida de confianza generalizada  derivada del efecto  Odebrecht y para rematar el enfriamiento de la economía,  ocurre  el destructivo  fenómeno climatológico llamado  Niño Costero .  No se requiere mucha intuición para suponer que tasas de crecimiento menores del PBI complican las cuentas fiscales y el déficit, por el lado de un menor crecimiento de la recaudación; más aún, cuando el contexto  actual de destrucción de capacidad productiva generada por el fenómeno denominado Niño Costero, previsiblemente presiona por un mayor nivel de ejecución del  gasto, superior al 60 a 70% promedio del contenido en los presupuestos institucionales modificados (PIM) en el sector público.

Pero surgen más fuentes de desequilibrio fiscal. Según el RI del BCRP de marzo 2017, incluyendo el efecto del Plan de estímulo económico 2017 , el gasto no financiero del gobierno general  en términos reales se incrementaría en 7% , mientras que los ingresos corrientes del ingreso en general crecerían en 6.1% dato que incluye el efecto de 0.3% de aumento en la recaudación producto de recientes medidas tributarias. Como resultado se tiene un mayor déficit primario que alcanzaría un 1.5% del PBI, el cual sumado al pago por intereses  (1.3% del PBI)  explica el 2.8% de déficit fiscal proyectado por el BCRP.    Si bien desde una  perspectiva financiera este déficit proyectado  incrementaría marginalmente la deuda bruta de 23.8 a 24.5% del PBI entre 2016 y 2017 en tanto la neta de 7.9 a 9.9%, cabría preguntarse si económica y no solo financieramente  son sostenibles algunos  de los componentes de las cuentas fiscales.

Veamos el caso de los ingresos corrientes. Proyectados estos respecto al  PBI en 18.9% para el 2017, con ello ¿Cuanta suficiencia económica tendría  el Estado para atender las necesidades del país? Cabe referir que este nivel de recaudación, incluso es inferior al ratio de  19.8% correspondiente al 2009 cuando el país salía del efecto adverso generado por la crisis subprime,  la cual  llevo a un crecimiento del PBI de solo 1.12% en dicho año; y ni que decir respecto al ratio de 22.8% alcanzado en el 2012. La cosa se pone más complicada si consideramos la proyección del BCRP sobre dichos ingresos respecto al PBI del 2018: 18.6%.  Por otro lado, y siempre desde el plano económico, detrás de estos ratios ingreso corriente/PBI, las recientes medidas tributarias cuyos resultados están contenidos en dichos ratios, ¿Permitirán revertir las actuales asimetrías tributarias: El 0.1% de los contribuyentes explica el 61.9% de la recaudación mientras que las microempresas 64.8% de contribuyentes solo explican el 8.9% de los ingresos tributarios, o quizás servirán para ampliar la base tributaria o para  revertir el actual 33% de incumplimiento del IGV respecto a su base potencial?

Sin dejar de reconocer la utilidad de las finanzas públicas en general y la necesidad de tener control sobre el déficit, financieramente nuestra situación aún es sostenible, pero mirando uno de sus determinantes como  los ingresos corrientes, económicamente ¿tienen sostenibilidad? ¿Valdría la  pena  pensarlo no?

Gasto y PBI

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Antes de la ocurrencia del llamado fenómeno del Niño Costero, la economía local –hacia finales del 2016- venia desacelerándose, dado el sobreajuste fiscal (el déficit paso de 3.4 en agosto a 2.7% del PBI a diciembre) y la continua contracción de la inversión privada: -6.1% en el 2016. Como  si fuera poco, la afectación adversa sobre la actividad económica, continua por el Efecto Odebrecht y  finalmente para rematar el cuadro, desde hace algunas semanas ocurre el llamado Niño Costero, evento último que trajo destrucción de capacidades productivas y merma de flujos de actividad económica en el país.  La necesidad a continuación de reconstruir capacidad productiva y de conectividad, es una oportunidad para detener el actual enfriamiento de la economía, pero la variable crítica no es la disponibilidad de recursos, sino la efectivizarían del gasto de estos.

Según cálculos de instituciones privadas, el efecto del Niño Costero sobre la infraestructura hasta el momento está en un rango de US$ 3,124 mlls a US$ 5,000 mlls; pero esta no sería la factura completa, no  solo porque aún no ha terminado la ocurrencia del fenómeno climatológico, sino porque  la destrucción de capacidad productiva origina a su vez  menor flujo de actividad económica (por el lado de la oferta) y adicionalmente un choque adverso de demanda, en tanto productores agrícolas, ganaderos, transportistas y procesadores de insumos provenientes de estos sectores entre otros, son  también  demandantes de bienes y servicios en los mercados locales; algunas estimaciones del impacto adverso refieren 0.5 ptos del PBI cuando menos.

Restituir la capacidad instalada de producción es fundamental y ello  tiene como  eje central la inversión pública; pero esto no está exento de retos. En mi opinión el principal de ellos, y pensando realistamente, es por lo menos ejecutar –en una 1ª etapa- los S/. 5,500 mills  destinados previamente a la reactivación, (monto  que incluyen S/. 1,500 mills destinados a la reconstrucción). Sin dejar de referir  el reducido impulso fiscal asociado a la aplicación de estos recursos, para que ello  sea factible,  se tendrá que recurrir a diversos vehículos de inversión como Asociaciones Publico Privadas, Obras por Impuestos, Fideicomisos etc.  Sin embargo, el desafío principal reside en que de no revertirse el grado de desconfianza generalizada,  consecuencia directa del llamado efecto Odebrecht, los procesos  de inversión públicos y privados van a avanzar con mayor lentitud. ¿Alguien supone que un funcionario público, tomara prestamente decisiones sobre aplicaciones de fondos en un contexto de declaratorias de emergencia (que hoy alcanza a 802 distritos) que flexibilizan y agilizan procesos de gasto, teniendo acciones de control por parte de la Contraloría por venir, frente a lo cual se encuentra absolutamente al descubierto? ¿Qué incentivo tiene para tomar oportunamente decisiones? Considérese que el promedio -anterior a esta problemática- de ejecución de inversión pública  anduvo entre un 60 a 70%.  Repensar las condiciones para asegurar un mayor nivel de ejecución de la inversión pública es fundamental.

Pero la dinamización de la actividad económica  ¿Solo estaría circunscrita al producto de la  reconstrucción de la  capacidad productiva del país? ¿Dependería solo de la política fiscal? La política monetaria también puede ser funcional a la dinamización antes referida; por ejemplo a través de reducciones en el encaje en soles, solo a manera de referencia, una reducción del 6 al 5% implicaría una inyección de  S/ 550 millones, opción  de efecto más directo sobre el crédito y la demanda interna, que una alternativa disminución de la tasa de interés de referencia, dado el rezago de 6 a 9 meses para que esta influya en  las tasas de interés aplicables a créditos de conumo,hipotecarios etc. Una política monetaria expansiva es viable, tanto porque la previsible alta  inflación de marzo,  será solo temporal por la suba de precios de alimentos, como también por una debilitada  inflación subyacente y un tipo de cambio con presión a la baja aun.  La idea es abrir el paracaídas  antes de estar cerca al suelo.

En suma, reconstruir nuestra capacidad productiva abre la posibilidad de dinamizar una débil demanda interna y actividad económica, vía un aumento de la inversión pública, contextuado en una política monetaria expansiva; la clave de la dinamización económica está en nuestra capacidad para efectivizar el gasto público; de no ocurrir esto nuestra holgura fiscal actual será económicamente tan útil como un cenicero de moto.

Buscando más resiliencia

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Si objetivamente nuestra coyuntura actual, está marcada por factores políticos adversos generadores de creciente desconfianza sobre la clase política,  -que explican parte del enfriamiento económico actual-, quizás  los más recientes eventos representativos de estos, son el  sistemático pago de sobornos por  parte de la corporación Odebrecht y recientemente la suscripción de una adenda -luego de varias idas y venidas- al contrato que regenta la  Asociación Publico Privada que viabiliza la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco; asunto  último que ha originado la interpelación del Ministro de Transportes y Comunicaciones (que no será censurado, porque es más útil para la oposición ,solo debilitar al extremo al también 1er Vicepresidente, en la perspectiva de escenarios políticos  futuros).  Cierto es que la intensidad, duración  y magnitud de los factores políticos adversos son de difícil pronostico, pero justamente  por ello, deberíamos preocuparnos más, -vista la cada vez más evidente desaceleración económica—en el  cómo  fortalecer nuestra resiliencia económica futura y ello pasa por ejemplo por potenciar la calidad y competitividad de nuestra oferta de bienes y servicios, y así hacer sostenible nuestra actividad económica en el tiempo.

¿Pueden ser nuestros productos competitivos sin calidad? Obviamente no. ¿Pero que es calidad? De acuerdo a la ISO 9000, esta denota  el “grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos”. Añadiría, requisitos puestos en términos de estándares internacionalmente aceptados, sin presentar fallas y con satisfacción del consumidor.   ¿Y que hemos hecho para encausar nuestra producción en esta  senda llamada calidad?  En nuestro país desde hace menos de 2 años ,se echó a andar la Política Nacional para la Calidad siendo el ente rector de esta el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), a fin de promover una oferta de bienes y servicios de calidad en el país, mediante  la  implementación de la denominada infraestructura de la calidad (IC), la cual comprende 3 tipos de actividades: Normalización (emisión y uso de normas técnicas que estandariza lo que producimos), Acreditación (determinación de la competencia de laboratorios y organismos de inspección) y la Metrología (establecimiento de medidas trazables y precisas estandarizadas). Quizás para entender mejor estas actividades que definen la IC, un caso específico  podría graficar la relevancia de estas…

Asumamos el caso general de hortalizas y legumbres que por ejemplo quisiéramos exportar;  para entrar a mercados externos, requerimos cumplir alrededor de 29 normas o procedimientos etc.  Estas son actividades en ámbito de la Normalización ,desde  Ensayos/Inspección/cuarentena para proteger la salud de las plantas , pasando por los requisitos: relativos al  etiquetado:  Disposiciones  que regulan  el  tipo  y  tamaño  de  los  signos  que  deben imprimirse   en  los  embalajes  y  etiquetas, establecen   la   información   que    debe proporcionarse al consumidor.   Pero muchos de los procedimientos anteriores requieren el uso de laboratorios que deben de ser calibrados y verificados en el uso de reactivos adecuados por ejemplo, y de entes  encargados  de certificar lo anterior, en el marco de un proceso de acreditación, quedando establecido que en estos procesos usan  pesos y medidas confiables y de aceptación internacional, verificación que se hace a través de la Metrología.  Dadas estas indispensables actividades por desarrollar para introducir la IC, ¿Cómo andamos en  estos temas como país? Nos falta un trecho largo: Si solo nos fijamos en la  Normalización, más del 80% de las empresas formales medianas y grandes no utilizan normas técnicas peruanas en sus procesos de producción; y esto en parte explica porque, acuerdos comerciales como los 21 Tratados de libre comercio  (TLC´s), hoy se constituyen como vehículos facilitadoras de la producción y exportación neta…..de nuestros socios comerciales al ser reiterativamente deficitaria la balanza comercial con estos 21 países: –US$1,500 y –US$1,200 millones en  el 2015 y 2016 respectivamente. En la perspectiva que nuestra economía tenga más resiliencia,dados los adversos vientos que vienen de la política, empoderar en calidad y competitividad nuestra oferta de bienes y servicios resulta urgente y fundamental.

Errores ajenos que pagamos nosotros

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En una suerte de amplificación de la onda expansiva del  adverso efecto Odebrecht  sobre la confianza y la inversión en nuestra  economía,  el  reciente señalamiento de participación de las empresas consorciadas con la firma brasilera en el sistema de sobornos implementado por esta  última,  ha tenido efectos devastadores sobre estas, como es el caso de  la Corporación Grana y Montero (GyM)  y la caída estrepitosa del valor de su acción: El problema  derivado , es que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) han invertido parte de los Fondos Previsionales en acciones de esta Corporación y en varios proyectos de infraestructura, por ello, nosotros los afiliados a las AFPs–sin arte ni parte- nos vemos afectados  adversamente.

Como sabemos el Efecto Odebrecht sobre nuestra economía, resulta de la aceptación por parte de esta firma  de haber pagado sobornos por US$ 29 millones para adjudicarse la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica Sur  así como la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.; a raíz del escándalo suscitado, otro gran proyecto de  inversión como el Gasoducto de Sur(GSP), se cae por falta de financiamiento, ya que los bancos que financiarían el proyecto precautoriamente se retiran del mismo,  dada la presencia de Odebrecht en el Consorcio conformado además por Enagas y Grana y Montero. Hasta ese momento, poco se  había dicho sobre las empresas que conformaron los consorcios en  distintas obras junto a  Odebrecht, hasta que el ex representante de esta firma en el Perú, Jorge Barata en una declaración a fiscales peruanos refiere que dichas empresas no solo conocían sino también aportaron para los sobornos otorgados, esta afirmación, genero una extendida desconfianza de los inversores, y así el viernes pasado las acciones  de  GyM se cayeron en 33% y el lunes en 22%.

Aparte del factor reputacional,  la caída  acelerada G y M se complica por las, notorias debilidades financieras derivadas algunas de hechos de reciente ocurrencia. Una de estos es el creciente sobrendeudamiento de la corporación: El ratio Deuda/Ganancia operativa paso de 0.8x a 4.5x teniéndose US$ 345 millones por compromisos de pago para 2017. Adicionalmente la necesidad de liquidez  se  agudizo  en tanto  Grana y Montero en el GSP, comprometió US$ 423 millones. Cancelada la adjudicación del  proyecto, espera recuperar el 95% de estos recursos comprometidos, al final el monto a recuperar y el tiempo para ello, dependerán de la valoración de activos y la no reformulación de las condiciones de la nueva  subasta del proyecto respectivamente. Por otro lado en su búsqueda de  liquidez, GyM  origino la decisión de venta de activos no estratégicos por US$ 300 millones, lo que en el mejor de los casos podría por única vez originar utilidades de la firma al venderse activos inmobiliarios a precios superiores a los de compra. Pero el problema estructural subsiste en tanto las posibilidades de generación de valor futuro depende de la recuperación de la cartera de proyectos; reto complicado  dadas la mayor desconfianza aun por venir como resultado  de continuar abriéndose esa caja de pandora llamada Odebrecht; y en esto poco sirve la renuncia de 3 miembros del Directorio de GyM.

A nivel agregado las AFPs tienen acciones de GyM por S/ 1,519 millones e invertido además S/ 3,100 millones en proyectos de infraestructura; por lo cual,  ya hay una afectación negativa sobre los Fondos previsionales 2 y3 con la caída de las acciones de  GyM; a la vez en el caso de obras de infraestructura, el riesgo es que  si bien por ejemplo  en los  casos de concesiones, el Estado genera un flujo de pagos anuales y automáticos al concesionario, desde el momento en que se encontraran indicios de corrupción en los procesos originantes, se detendría automáticamente el flujo de ingresos.

Finalmente,  si bien hay preguntas por responder por GyM, como por que entra en  participación en  GSP  en setiembre 2015, cuando desde junio del 2015 ya estaba el Presidente de Odebrecht encarcelado. O en  el caso de las AFPs  explicar   a qué criterios responde contar a la fecha con S/ 1519 millones en acciones de G y M, conocido deterioro del valor de la firma ; el efecto negativo sobre los Fondos Previsionales 2 y 3 ,conlleva , a estar pagando comisiones  a las AFPs  para perder ….otra vez.