PANDEMIA: NO TODOS LA PASARON MAL

No pocos comentaristas económicos hacen alusión hoy aluden a nuestra economía, señalando una generalizada contracción de la actividad en -11.4% el 2020 -contracción que es la otra cara de la moneda- , respecto a caídas por el lado principalmente del consumo privado y de la inversión (ambos explican el 85% de la demanda en nuestra economía), pero hay también  varios sectores y empresas tanto en el plano local como en el internacional que no la pasan nada mal, en cuanto ingresos, Veamos algo de ello.

En nuestro país, producto del aislamiento social -necesario para reducir tasa de contagio del COVID19-, se afectó la continuidad de operaciones para la mayoría de empresas (que representan el 60% del PBI), pero otras nunca dejaron de producir como las firmas en sectores diversos: retail, financiero, farmacéutico, combustibles entre otros y dada la demanda permanente, sus ingresos por ventas seguirán siendo continuos dada la nueva normalidad y formas de vida.

Y si miramos a escala mundial a varias firmas en distintos sectores, no les fue para nada mal: la evolución de las bolsa estadounidense, en plena pandemia, el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos, como si la economía real aumentase   su desconexión de los mercados financieros. El caso es que la “nueva normalidad” implica una serie de nuevos hábitos de carácter de demanda permanente, así la mayor y continua demanda, resulta un factor explicativo de mayores ingresos.

Desde una perspectiva global firmas que operan en sectores de comunicaciones cómo señalaba hay no les fue nada mal como el caso de Zoom.  El éxito de su plataforma y sus operaciones se relacionan inversamente a la crisis sanitaria, esto es cuanto peor, mejor. Anuncios asociados a mayor número de vacunados en 2021 podrán afectar el contexto, pero pareciera no ser así. Sus acciones ganan este año más de un 400% ante la perspectiva de un cambio de hábitos permanente en el que el teletrabajo sea mucho más habitual que antes, señalándose que zoom ya venía reportando números espectaculares: En el 2019 tenía dos millones de usuarios activos, cifra que ya había incrementado en 1er bimestre de este año. Zoom vale hoy 100.000 millones de dólares.  El caso de Amazon, a principios del 2020, con más de US$ 302.000 millones anuales. En el segundo trimestre del año los beneficios doblaron los del mismo periodo del año anterior. La clave es simple: los confinamientos han aumentado el tiempo que los consumidores pasan en casa, aumentando las ventas por Internet, y ningún competidor tiene un catálogo mayor. Plataformas de streaming Disney Plus aparte de incrementar han multiplicado sus usuarios. Durante el confinamiento, estrenó la película Mulan exclusivamente en su plataforma, esquivando el tradicional paso por los cines, por un precio de US$ 18.2, La evidencia es contundente: las salas de cine ya fueron.

Pequeñas farmacéuticas. La estadounidense Moderna y la alemana BioNtech tuvieron buen año por participar en la elaboración de la vacuna. A diferencia de los tradicionales gigantes farmacéuticos, el bajo umbral del que partían ha permitido a estas empresas biotecnológicas disparar su valor. BioNtech, que ha desarrollado su vacuna junto a Pfizer, sube más de un 100% en Bolsa, mientras que Moderna lo hace más de un 400%.

Empresas de delivery. Mas operaciones continuaron este año, incluso en el escenario apocalíptico de calles desiertas y locales cerrados. Muchos bares y restaurantes han dependido de los envíos a domicilio para salvar su negocio, y eso ha beneficiado a plataformas como Just Eat, Glovo o Uber Eats. Esta última, por ejemplo, destaca a España y Japón como los países donde más crecieron las entregas de comida, más de un 300%. 

Como podemos ver los efectos de la pandemia no significó un mal para todas las firmas tanto a nivel local como internacional, tienen ingresos crecientes, sin que estas tengan mucho que ver en estas alzas, por lo cual a partir de la renta que capturan, es posible la aplicación de un impuesto extraordinario, tal como años atrás (2011) se implementó para el caso de la minería. ¿Por qué no?

AFP Y LA CULTURA DEL MIEDO

Dado el proyecto de ley recientemente aprobado por el Congreso que establece la opción de retiro gradual a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones de hasta S/ 17,600 (4 UIT), como en oportunidades anteriores de autorizaciones de retiro, las AFP anuncian la ocurrencia de una inminente catástrofe financiera  no sólo para los afiliados por la reducción del ahorro previsional en sus cuentas individuales de capitalización –dado el retiro de fondos-  sino también un aumento en el costo de financiamiento del Estado –por la venta masiva de bonos soberanos-. ¿Catástrofe financiera a la vista?

Comencemos mirando el retiro de fondos. Obviamente, ello significa la reducción gradual de hasta S/ 17,600 en el ahorro previsional de cada afiliado que optara por el uso de esta prerrogativa y, claro, esto podría implicar una pensión futura menor, dada la obvia reducción en el ahorro. Pero este efecto intertemporal no puede verse al margen del contexto económico actual, marcado por una incipiente recuperación del PBI y, por tanto, también por una débil recuperación de la demanda de empleo. Mirando el lado estrictamente normativo, el ahorro previsional se hace sólo para financiar pensiones, pero diría  también que a la vez situaciones extraordinarias –como la actual- implican acciones del mismo corte: Por ejemplo, teniendo ahorros previsionales, no pocas personas hoy desempleadas (habiéndose gastado su CTS y reventado su tarjeta de crédito) necesitan atender necesidades de salud en medio de la pandemia Covid19, y/o cobertura de gastos cotidianos en los hogares, que no se pueden cubrir al haberse cortado sus flujos de ingresos: Alimentación, gastos en servicios como agua, electricidad, pensiones escolares y universitarias entre otros.  Tienes ahorros pero no los puedes usar.

El otro anuncio catastrófico hecho por las AFP, es que a partir de la necesidad de efectivo para la devolución de fondos, ello implicaría varias decisiones por parte de las AFP respecto a la venta de activos financieros conformante de sus carteras de inversión, pero interesadamente se menciona una sola opción: Venta masiva de bonos soberanos, ¿Es la única opción?

El argumento frente a la demanda por liquidez para atender los retiros es simple: las AFP señalan que los nuevos requerimientos de liquidez, por S/ 37,990 millones (según la SBS) llevaría inexorablemente a una masiva venta de bonos soberanos que al 30 de octubre del 2020 totalizan S/ 27,175 millones. Obviamente una venta masiva de estos bonos por parte de las AFP generaría una caída importante en el precio de estos y por consiguiente una fuerte alza en los rendimientos. Lo curioso es que se deja intocados  S/ 74,940 millones de fondos previsionales invertidos en distintos activos emitidos en el exterior, con bajas tasas de interés, por la aplicación de generalizadas políticas monetarias expansivas por los bancos centrales en el mundo buscando vía crédito más barato, impulsar el consumo, la inversión y así la actividad económica.

Por otra parte, si bien es cierto que la recurrencia de retiros parciales podría haber afectado la rentabilidad de los fondos pensionarios, pues la mayor volatilidad de los componentes de sus portafolios de inversiones complica la optimización de estos, lo que está en cuestión es el altísimo costo de oportunidad de contar con estos óptimos expresados incluso en vidas humanas. Cabe señalar también que igual anunció catastrófico se dio cuando se autorizó el retiro parcial de los fondos el año pasado que implicaron S/ 33,000 millones ¿Qué catástrofe hubo? Ninguna. Lo que sucedió es que el BCRP le compro una importante cantidad de dólares a las AFP y así se fue cubriendo los requerimientos de soles.  Alternativamente, las AFP en vez de inútilmente llamar al cuco de la catástrofe financiera intentando inútilmente detener iniciativas congresales, ¿Por qué no plantean una reforma integral del sistema previsional privado, en la que por ejemplo parte de las comisiones que cobren, estén asociadas al rendimiento de los fondos que administran, o es mucho pedir?

¿SE NOS VA (FUE) EL COCHE?

¿Qué factor enlaza a firmas ensambladoras de autos, computadoras y teléfonos inteligentes? Sin duda sus productos son resultado de la incorporación de conocimiento. Pero estas mercancías se producen contextuados en el marco de la actual 4ª Revolución Industrial y el desarrollo tecnológico que la sustenta, donde por su aplicabilidad, la Inteligencia Artificial (IA) resulta siendo uno de los desarrollos más reconocidos e incorporados a escala global.  En estricto nos referimos a la IA como un desarrollo tecnológico que llegó para modificar distintos procesos productivos en el planeta, tal como desde casi más de 20 años lo hizo el acceso a internet. Miremos más de cerca a la IA .

Entendiendo que la IA es la combinación de algoritmos planteados, con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano; la discusión alrededor de este desarrollo tecnológico (IA), va más allá de usarlo o no, sino más bien se requiere responder a la pregunta ¿Cuan funcional es la (IA) para   maximizar la generación de valor en las firmas y organizaciones en general?, donde la discusión más bien es empoderarla como herramienta eficaz en los procesos de producción.

Ahora, dados diversos desarrollos tecnológicos, la práctica común es delegar con eficiencia tareas a algoritmos, que, con ayuda del machine learning, entrenados por personas, posibilitan, por ejemplo, gestionar procesos de selección de personal, que incluye, la revisión de currículums y video entrevistas como parte del proceso de evaluación para acceder a un puesto de trabajo. ¿Ficción? No, realidad

Los algoritmos que componen un sistema de IA, los cuales son entrenados por personas, podrían replicar malos juicios de estas. Para que esto no suceda, los procesos de entrenamiento, para evitar sesgos, deben ser extremadamente meticulosos y deben robustecerse con validaciones y pruebas de sustento científico para que desde un inicio la IA siga los principios de inclusión, igualdad y diversidad.

El juego de video https://www.survivalofthebestfit.com fue creado para  explicar cómo funcionan estos algoritmos y cómo en ese intento las cosas no necesariamente salen bien. Al jugarlo, se muestra lo que sucede cuando los algoritmos evolucionan más rápido con los miles de datos que reciben y sin tomarse las medidas necesarias para combatir sesgos, desde la selección de la data hasta su procesamiento. La idea es que estas máquinas deberían ser capaces de replicar o superar inclusive, las capacidades mentales de los humanos: razonamiento, comprensión, imaginación, reconocimiento, creatividad, emociones.

Hay muchas cosas que se pueden hacer para asegurar que los algoritmos estén siendo entrenados en diversidad. La primera y más básica es proporcionando desde el inicio, con diversidad evidenciada en las muestras de entrenamiento, por ejemplo, usando la misma cantidad de muestras de audio y video femeninas y masculinas.

Al margen de los algoritmos referidos dentro de la (IA), la evidencia en el uso de estos en el Perú es limitado a grandes centros comerciales, call centers, bancos algunos productores agroindustriales y pesqueros e incluso organización públicas como el Poder Judicial. En este último caso donde la idea, es que los algoritmos sirvan para reflejar el grado de consistencia en las decisiones de los juzgados. Y paro de contar.

Esta insuficiente incorporación de (IA) a nivel nacional y sectorial, aparte de no permitirnos aumentar más nuestra competitividad, nos deja entrever que aún existe un reto importante por alcanzar por el lado de las empresas y organizaciones. ¿Responderán a este desafío?

SECTOR PRIVADO Y VACUNAS

Un asunto bastante discutido en estas semanas es el relacionado a la posibilidad que el sector privado importe vacunas, dada la urgencia de contar con un mayor stock de capital humano disponible, clave para la indispensable mejora en expectativas en los mercados y recuperar el crecimiento económico. ¿Ayudaría la entrada del sector privado para estos fines?  Veamos las implicancias de esto.

Antes de explorar las implicancias de una hipotética (porque por el momento los laboratorios solo venden a los Estados) mayor oferta de vacunas entrando el sector privado; hay un tema de eficiencia regularmente ignorado: la oferta de vacunas es insuficiente y además tiene para largo el contar con las suficientes dosis para lograr la inmunidad colectiva, entonces se necesita priorizar. Por eso existen planes de vacunación, que en el caso del Perú presenta 3 fases tratándose de  países emergentes, con pocas capacidades de negociación frente a los laboratorios.

Las estrategias de priorización, como la nuestra, se sustentan en el tipo de actividad que realizan las personas –priorizando personal de salud, policías, bomberos, militares, para luego seguir con adultos mayores y comprender luego al resto de población.  El mes pasado, en el artículo “ Model-informed COVID-19 vaccine prioritization estrategias y age and serostatus” en la revista Science, se señala que la utilización de pruebas de anticuerpos (serológicas) podría ser un factor clave para formular una más óptima estrategia de  priorización, para la asignación de las vacunas.  Quienes se vacunan, y quienes ya tuvieron el Covid19, tienen menor probabilidad de contraer y contagiar la enfermedad y de allí se lograría la inmunidad colectiva, en menos tiempo –dado una cantidad de vacunas disponibles-. ¿Acaso no podría hacerse esta evaluación del mas de millón de personas que ya tuvieron la enfermedad, optimizándose el programa de priorización, actual?

Retomando a la controversia sobre el ingreso de ofertantes privados de vacunas, los que están a favor afirman que la vacunación de un ciudadano no afecta adversamente al resto, -suponiendo que no afecta adversamente al desarrollo del proceso de vacunación a cargo del Estado- apelándose al principio de Pareto: la mejora de situación de un agente económico, no implica la perdida de bienestar de nadie. Se señala también que se generan externalidades positivas en tanto a más personas vacunadas menor transmisión de la enfermedad. Incluso a pesar que previsiblemente las vacunas obtenibles por privados cuesten más de lo que le costarán el estado, -por menores economías de escala-, se argumenta que los beneficios a lograr con la mayor provisión privada e inmunización de más gente, más que compensarían estos precios mayores.

Al respecto, debe distinguirse dos situaciones en cuanto a una hipotética oferta privada de vacunas: a) Empleadores que se abastecen de vacunas estrictamente para inmunizar a sus colaboradores –quizás el caso menos controversial- siempre que haya cumplimiento estricto de normatividad y control y b) empresas que oferten comercialmente las vacunas.  En este último caso, a diferencia del anterior, ¿el Estado tendría la capacidad de control sobre la actividad de estas firmas? ¿Se imaginan la cantidad de estafas resultantes? En caso de surgimiento de efectos secundarios dadas las distintas vacunas existentes- ¿Quién asume esta responsabilidad? ¿No se afectará el desarrollo actual del Plan actual de vacunación? Por añadidura se envía desde el Estado un controversial mensaje, donde el que tiene plata se inmuniza (aunque creo que los más platudos, hace rato ya se vacunaron en el extranjero) y el que no tiene recursos que siga haciendo su cola en medio de la pandemia.

Cómo vemos, además de poder optimizarse la actual priorización contenida en el plan de vacunación, también es evidente que no sería muy eficiente que el sector privado oferte vacunas también, y todo esto para facilitar la obtención de lucro por parte de este. ¿Vale la pena?

Situación fiscal:¿presente griego para julio?

Cuando a principios de enero comenzaban a verse algunos pequeños brotes verdes de una incipiente reactivación económica en nuestro país, aparece la temida segunda ola del covid19, y por ello el gobierno decidió establecer un nuevo aislamiento social desde principios de febrero hasta el 15 -extendido hasta fin de mes-, focalizado por regiones, a fin de moderar la tasa de contagios. Este hecho de todas maneras retrasará la aún pendiente recuperación de la actividad económica, y con ello se genera la necesidad también de extender en el tiempo los distintas ayudas que el gobierno a familias y empresas, con lo cual se continuaría el flujo de egresos fiscales que, junto a una continua caída de la recaudación tributaria, se seguiría con un elevado déficit fiscal y también del endeudamiento público en el 2021.Veamos un poco más de cerca este tema.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el último Reporte de Inflación de diciembre 2020, estimaba un déficit fiscal para el 2021 de 5.4% del PBI, con un crecimiento de 9.5% del PBI y una ratio de deuda pública/PBI de 34.4%, proyecciones que deben reajustarse a continuación, considerando los efectos adversos sobre la actividad económica del reciente aislamiento de febrero.  

Es evidente, además, que, si no hay progreso en la reactivación económica, y por ello tampoco en la recaudación tributaria, el costo fiscal de las intervenciones generará incrementos en el déficit. A manera de referencia, si se replicara el otorgamiento del bono universal, tan solo esta medida implicaría un gasto adicional en S/ 6,350 millones esto es un 0.8 del PBI.

Pero las amenazas sobre estabilidad fiscal, provienen también de proyectos sin mucho sustento técnico de Congreso: Devolución de aportes de la ONP,  que costaría 2 puntos del PBI, la eliminación de los topes fiscales en la negociación colectiva en el sector público que podría costar hasta S/ 14,500 millones por año. Esto implica el 1.8% del PBI, entre otras.

El sólo considerar estas iniciativas –hay varias más- que implican casi 4 puntos del PBI, llevaría en la práctica, a una no reducción del déficit y tampoco del ratio deuda/PBI, con lo cual se reduce la solvencia fiscal y de allí se tendría que incrementar el rendimiento en futuras emisiones soberanas al aumentarse el riesgo, con el añadido que rebajas en la perspectiva como lo hizo calificadoras como Fitch Ratings, sería la clarinada de alerta de una próxima reducción en la calificación como emisores de deuda y, como sabemos, la curva de rendimiento de activos financieros privados se aumentará también. Por ello presentar una propuesta, técnicamente solvente, de retorno a una senda de sostenibilidad fiscal es fundamental.

Al margen de lo anterior, y asumiendo optimistamente que en el próximo proceso electoral se elija a un presidente –y equipo de gobierno- con experiencia en gestión pública y propuestas económicas sensatas, junto a un Congreso no obstruccionista, creo que la resolución del problema fiscal, al paso que vamos, será tarea para el equipo económico de la administración entrante. Ello a pesar de los esfuerzos de mi amigo Waldo en el MEF, tratando de hacer docencia en finanzas públicas en el Congreso y en el Ejecutivo también, a la vez de tapar multiplicados huecos en el bote fiscal, provenientes de las iniciativas de algunos de sus alumnos de paso, que aún creen que la sostenibilidad fiscal no importa.

La urgida inclusión financiera

Un tema que a veces pasa inadvertido, o es recién discutido cuando su carencia genera severas restricciones en el accionar del Estado –como es la distribución de los bonos- es la insuficiente inclusión financiera en el país. Presentaré algunos elementos implicados en el tema.

Ante el desarrollo de la pandemia  Covid19 y  la diversidad de  carencias de medios en el Estado  para importantes  intervenciones  como  efectuar transferencias de dinero vía bonos,  para suplir la  actual falta de  ingresos de las familias –producto de la cuarentena-, insuficiencia  que se revela en la práctica, es  la falta de un óptimo sistema de acceso a servicios financieros básicos para la población en condición de pobreza, contándose únicamente para tal efecto con la oferta proveniente del  Banco de la Nación. 

Pero el reto de contar con diversos servicios financieros descentralizados, va incluso va más allá de las transferencias de dinero. En tanto los cortes de flujos de ingresos para los que perdieron sus empleos, previsiblemente originarían mayor demanda de liquidez en la forma de nuevas solicitudes de más préstamos o la utilización al tope de líneas de crédito disponibles. La oferta de servicios desde la banca privada tiene mucho que aportar.

Promedialmente, antes de la crisis los bancos mostraban ratios de solvencia adecuados y estables. El caso es que la evidencia reveló que los bancos se comportan regularmente de manera pro cíclica, esto es restringiendo el crédito cuando más se necesita, en medio de la crisis. El comportamiento de los bancos explicados por la tendencia a preservar el azul de sus estados financieros.  De lo presentado, se deduciría que la performance del sistema financiero jugaría un rol crítico como vehículo para implementar políticas públicas, como intervenciones destinadas a proporcionar alivio a los hogares y las empresas frente al choque adverso del coronavirus, donde la eficacia en su accionar dependería principalmente del grado de alcance de la población objetivo. 

 Empero, la existencia de un probable dilema para el sistema financiero privado que se presenta entre proteger el azul de sus estados financieros versus la necesidad de ayudar a reactivar la economía en términos agregados podría llevarnos a resultados sub óptimos dada la actual reducida oferta de servicios financieros (basada principalmente en el Banco Nación).   Por otro lado, debe señalarse que la actual crisis del coronavirus implica choques adversos de oferta y la demanda, en consecuencia, se puede afectar la liquidez y las posiciones de solvencia de los agentes

A manera de conclusión, existe por lo descrito en esta nota, una brecha entre la oferta y demanda de servicios financieros; por el lado de la oferta, de estos servicios resultan insuficientes para atender la demanda por estos servicios, situación más crítica cuando está situación de insuficiencia se da en medio de la urgencia de efectivizar ayudas económicas, tan urgidas para los más pobres, siendo fundamental la incorporación de instituciones financieras privadas en este esfuerzo. Podría quizás, para comenzar, el sistema financiero privado participar con su red en el proceso de pagaduría de los subsidios que hoy otorga el Estado.

El retorno a las reglas fiscales

Durante la pandemia de covid-19, lo países alrededor del mundo adoptaron diversas medidas de aislamiento social, -para reducir la tasa de contagio-, las que implicaron una generalizada recesión mundial, frente a lo cual se destinaron distintos niveles de recursos en distintos planes de reactivación.  Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en América Latina y el Caribe estos ascendieron , en promedio, al 8 % del PIB. En el Perú se ha destinado recursos para la reactivación y apoyos (bonos, subsidios a las firmas, programas de garantías etc.) hasta ahora por un equivalente al 19% del PBI, con reglas fiscales suspendidas ¿Por cuánto más tiempo? Veamos este tema.

Lo descrito en el párrafo anterior se hizo en el marco de generalizadas suspensiones de reglas fiscales, donde vía gasto público expandido, sin topes formalizados, se apoya económicamente a familias y empresas en medio de fuertes caídas de ingresos tributarios. En consecuencia, los déficits fiscales suben y la deuda pública también. El reto vigente hoy, es que haya señales claras de retomo a una creíble senda de sostenibilidad de las finanzas públicas, más aún en el caso del Perú, dado el importante aumento del déficit de 1.6% del PBI en el 2019 a 8.4 % en el 2020, ello a su vez originó mayores necesidades de financiamiento, por ello en el caso del Perú, el ratio deuda/PBI paso de 26.8 a 35.1% en periodo similar.  Dadas las reglas fiscales –ahora suspendidas- por ejemplo, la existencia de un limitado ratio Deuda Publica/ PBI de 30% así como regresar al límite del déficit fiscal en 1%. El retorno gradual a estas reglas es imprescindible, si se quiere generar permanente de confianza y no solo episódicas.

La mantención durante mucho tiempo de ratios deuda pública/PBI en niveles altos respecto a nuestra historia fiscal -en las últimos 20 años- podría estorbar una indispensable recuperación económica, si nuestras autoridades económicas no son proactivas al limitarlos –aunque ello podría tener un alto costo político en el corto plazo- y a la vez de enviar señales claras de gestión responsable de las finanzas públicas comenzando con restituir la vigencia de reglas fiscales.  La idea central es que estas reglas permitirán mantener los fundamentales macroeconómicos del país sólidos y estables, independientemente de la administración de turno.

En estricto, lo que pasa ahora en el Perú es que se está potenciando el gasto público para contrarrestar la caída de la inversión y el consumo, sobre todo privados. Quizás esta práctica, encuadrada en una política contra cíclica, es mejor desarrollarla en el marco de reglas fiscales vigentes, funcionales para la sostenibilidad fiscal de largo plazo, en línea con parámetros de sostenibilidad de la deuda.  Por supuesto, nunca estará demás, referir que efectivas reglas fiscales, tienen incidencia sobre el riesgo soberano., y a partir de ello, sobre la probabilidad de generarse un sudden stop en la entrada de capitales al país.

 Cabe mencionar que reglas fiscales vigentes, pueden también proveer beneficios claros a los países en términos de menores costos de endeudamiento y mayor estabilidad en los flujos de capitales, factores básicos para apuntalar la estabilidad macroeconómica, condición previa para cualquier sostenible reactivación de la economía.  El hecho que aún exista incertidumbre sobre el fin de la pandemia y sus efectos macroeconómicos, no debería limitar la necesidad que los gobiernos restituyan  reglas para la implementación de políticas fiscales, necesarias para una recuperación económica sostenida, y sobre todo tan especialmente urgida, dadas las especialmente  adversas circunstancias económicas en nuestro país,

No todo fue malo

Un lugar común, es que la sola recordación del 2020 trae reminiscencias negativas: pandemia covid19, recesión económica sin parangón en la última centuria, pérdidas de empleo masivas, insuficiencia oferta servicios de salud, inestabilidad política, hasta el descenso de Alianza (para algunos), ¿pero todo fue malo? Veamos esto.

En principio hay un particular contexto en el que se dan los hechos reportados en el párrafo anterior en el periodo 2019-2020: Ratio deuda pública /PBI pasa de 26.8 a 35.1%, restringido espacio fiscal para ayudas, déficit fiscal pasa de -1.6 a -8.6%, lenta reactivación de actividad económica, empleo 6.2% por debajo del 2019, trabajadores con baja calificación promedio con menores posibilidades de desarrollar trabajo remoto.  Por otro lado, la lenta salida de la recesión y la necesidad de retornar a una senda fiscal sostenible, plantea preguntas como ¿Se subirán impuestos y/o se recortarán las ayudas que apoyan más a las clases medias y bajas? Internacionalmente el entorno no pinta bien. La incertidumbre sobre la dirección de la globalización se hace evidente: efectivizarían del Brexit , imposición de medidas proteccionistas en países buscando que sus empresas se reactiven más rápido, restricciones mayores a la migración. Este incierto derrotero de la globalización, podría afectar el crecimiento a futuro.  

Pero también, los problemas nuevos derivados de la pandemia, originó la necesidad de desarrollar soluciones frente a problemas nuevos, desde trabajo y compras remotas, nuevos protocolos en uso transporte público y relacionamiento entre personas, servicios expandidos como educación y salubridad en línea. A estas innovaciones se suma la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mejoras en la calidad del aire y recuperación de los espacios naturales. Por otro lado, las cuarentenas han inducido a una mejor disposición por parte de varios países: China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos (tras la salida de Trump), para proponer planes de emisiones cero en un futuro próximo. Próximamente, la Secretaria del Tesoro de EE.UU. retomaría la discusión sobre impuestos a la generación de dióxido de carbono, haciendo más plausible que los objetivos del Acuerdo de París se cumplan. Resultaría así, que la pandemia indujo a la búsqueda de soluciones que están asociadas a una nueva normalidad más sana y sostenible, e impulsándonos hacia un futuro más sano y sostenible para todos.

La ocurrencia de estas positivas soluciones y buenas prácticas señaladas, con implicancias económicas futuras locales y externas.  Un detalle importante es que el acceso efectivo a esta “nueva normalidad” en mucho se condiciona a la efectiva capacidad de acceso a esta nueva generación de bienes y servicios, por tal razón, no sólo es importante retomar el crecimiento económico, sino también, lograr una menos regresiva distribución del ingreso.

Quizás lo más visible en todo este conjunto de cambios se refiere a lo referido a la vida económica personal: Nuestros modos de trabajar, comprar y de relacionarnos con los demás. Cuando todo el mundo esté vacunado ¿Volveremos a trabajar presencialmente o se optará por ahorrar el coste en oficinas y el desplazamiento diario a estas? ¿Se reconciliará así la vida personal y laboral? ¿Cómo serán las nuevas formas de gestionar el trabajo remoto?  ¿Seguiremos haciendo viajes de trabajo o aceptaremos Zoom como un sustituto barato y eficaz? ¿Volveremos a las tiendas y los restaurantes como antes u optaremos por la comodidad del ecommerce y el delivery? ¿El turismo se volverá más local o viajaremos como si el mundo se acabara mañana?

La respuesta a estas preguntas plasmadas en nuevos hábitos permanentes nos daría una oportunidad, -quizás única-, para generarse relaciones laborales más humanas y de pasada para crear una economía más inductora a la innovación a nivel microeconómico. Al final, no todo fue malo.

Reto para las firmas 2021

En estos tiempos finalizando un duro año 2020, con Pandemia, recesión económica  sin precedentes, inseguridad ciudadana, sucesivas crisis políticas, corrupción extendida, institucionalidad pública bajo permanente sospecha, clase empresarial  poniéndose de perfil y por cierto un Congreso fuente constante de iniciativas que podrán tener un propósito de mejorar condiciones a sectores más desfavorecidos, pero en la práctica se termina paradójicamente afectando a estos.

Todo este listado de limitantes para ser un país próspero podría ser más largo, pero es suficiente como encuadre para evaluar en este corto artículo, a un factor poco exhibido, como es el de la actitud de las empresas, muchas veces muda cuando no reactiva y poco capaz de hacer indispensables análisis prospectivos –dada la calidad de información que detentan- frente a situaciones críticas no sólo en sectores donde ellas participan. Veamos este asunto a continuación.

Entender el funcionamiento de un sector económico, implica referir la interacción de empresas consumidores, regulación estatal (en algunos casos) y un contexto macroeconómico que lo condiciona.  El caso es que la interrelación entre estos distintos agentes económicos antes referidos, no está libre de diferencias o contingencias resultantes.  El punto es: ¿Cómo se resuelven estas? ¿Quiénes aparecen para resolver desacuerdos y quienes se ponen de perfil? Como podría ser el caso de las firmas, a pesar que cuando escalan estos conflictos económicos (y políticos también) a pesar de verse afectadas, presentan un no disimulado grado de inacción, como si el asunto no fuera con ellas. O si plantean posición lo hacen vía opinólogos “independientes” Al final, la idea errada es asumir que el sólo cumplimiento de normatividad legal, es condición necesaria y suficiente para operar.

El que las firmas tengan que -desde el principio-  buscar explícitamente soluciones ante diferendos, por lo menos en sectores donde participan es indispensable.  A manera de ejemplo en el caso de las empresas agroexportadoras y no obstante recibir por más de 20 años beneficios provenientes de una ley promotora para ellos: Impuesto a renta 15%, depreciación acelerada, pago a Essalud de 5% etc, nunca se anticiparon a un embalsado problema de salarios reducidos para sus trabajadores, y mucho menos actuaron proactivamente.   

Pero al margen de su propio sector, adicionalmente incluso con participación de sus gremios, deberían –por su propio interés- fijar posición en otros sectores, dadas las externalidades negativas generadas. Pensemos, por ejemplo, en los efectos económicos en empresas de transporte de carga, servicios almacenaje, servicios aeroportuarios relacionados etc. siendo la cereza en el helado, el bloqueo de carreteras y la afectación económica en sectores económicos que no tienen relación directa con la agro exportación. Por ejemplo, servicios de transporte interprovinciales, turismo etc.

En mi opinión, no basta este mayor involucramiento de las firmas, importa también, si el cómo, es consistente con la conducta real de estas. Al respecto, algunos señalan como posibilidad de involucramiento empresarial, el tomar como referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, sin decir en cuáles de ellos se enmarca el priorizado actuar de ellas. Alternativamente, siempre desde el sector empresarial, otros plantean tomar posición sobre el respeto a la normatividad cercana al ciudadano como la laboral.  

El problema es que nadie les cree, porque, por ejemplo, en el caso de las agroexportadoras, nunca se hizo referencia por parte de ellas, de la existencia de empresas de services que intermediaban ilícitamente en la contratación de trabajadores.  ¿O en verdad alguien cree que no se sabía de la existencia de estas irregulares situaciones? Por lo expuesto, la recuperación de la confianza en las empresas, plantea una senda empinada y extendida en el tiempo. ¿Las empresas y sus gremios se animarán a dar primer paso?

PD.: Que este 2021 sea un exitoso año para todos, -en verdad, cualquiera será mejor que el 2020- que ya se va.

¿Andador eterno?

Un tema que generó y genera mucha controversia en estas últimas semanas fue el régimen de promoción al sector agroexportador, Ley N° 27360 de Promoción del Sector Agrario; norma que tuvo como objetivo dinamizar las actividades del sector agropecuario y agroindustrial. Promulgada hace 20 años, fue renovadora en el 2019 estableciéndose una vigencia hasta el 2031.

Este régimen especial se visibilizó a partir de las protestas de los trabajadores del sector industrial, no solo por condiciones de trabajo sino por bajos salarios también. El caso es que, dada la presión social, con trabajadores que tomaron parte de la carretera Panamericana Sur por varios días, el Congreso derogó la norma, y ahora se discute una nueva ley de promoción. ¿Qué asuntos están en discusión y sobre todo cuáles ni siquiera son mencionados? Veamos brevemente esto.

Mirado por la evolución de valor de las exportaciones agroindustriales, al amparo de los beneficios a las empresas les ha ido muy bien. Las exportaciones pasaron de S/ 6,172 millones en el 2017 a S/ 23,755 en el 2019. Incluso a pesar de la pandemia covid-19, las exportaciones del sector agroindustrial sumaron S/ 16,045 millones entre enero y setiembre del presente año, monto mayor al 3.4% respecto a similar periodo del 2019.

Debe señalarse que la renovación del régimen ocurrida en el 2019 implicó algunas modificaciones: la remuneración mínima diaria aumentó de S/ 36.29 a S/ 29.19 (incluido el pago de gratificaciones), el periodo de vacaciones se amplió de 15 a 30 días y la tasa de aporte a Essalud se incrementó de 4% a 6% (en el régimen general es de 9%), finalmente la indemnización por despido arbitrario aumentó de 15 a 45 remuneraciones diarias por cada año de labor.

Si bien los cambios realizados acercan a las empresas de este sector a las reglas aplicables al resto de las empresas, este acercamiento fue marginal, en tanto, por ejemplo, se dejó intocada la tasa de Impuesto a la Renta en 15% siendo esta en el régimen general de 29.5%.

En la discusión actual en el Congreso en el proceso de elaborar una nueva ley de promoción que reemplazará a la norma derogada, si bien en principio se admite correctamente la temporalidad de los beneficios tributarios, en tanto se trata de dar un envión temporal a las empresas del sector promovido, a la vez se plantea -luego de 20 años de existencia del beneficio tributario- la mantención de la tasa de IR en el 15% y un aumentó de la tasa a 20% en el periodo 2022-2021, aumentando a 25% para 2025-2027, y del 2018 en adelante, el IR recién llegaría al 29.5%, tasa correspondiente a la del régimen general.

Adicionalmente, se plantea una tasa de depreciación de 20% a las obras de infraestructura hidráulica y riesgo, tasa que se plantea su mantención hasta el 2027.

Dado el conjunto de beneficios que sería incluidos en la nueva norma, solo por curiosidad: ¿se ha hecho previamente una evaluación de las ganancias en competitividad, resultados del accionar de las firmas beneficiadas por este régimen promocional desde hace 20 años?¿Bajo qué supuestos se justifica, por ejemplo, que el IR siga el 15% un año más, para elevarse a 20% recién en el 2022?¿Extensión de beneficios tributarios contra qué? Al final, la disponibilidad de información técnica resulta fundamental para no repetir errores pasados, como fue el otorgar beneficios a las empresas agroexportadoras sin condición alguna.