Sobre planes y preguntas

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Hace pocos meses, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa, con implicancias en el mediano y largo plazo, denominada Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). Si bien son meritorias iniciativas como esta, como factor direccionante del crecimiento económico, en el marco de una política de Estado, también hay algunas preguntas relacionadas a su plausibilidad.

La PNCP tiene nueve objetivos prioritarios:1. Infraestructura: Dotar al país de una planificada y eficiente infraestructura económica y social de calidad. ¿Cuál es la secuencia prevista para reducir la brecha de infraestructura de US$ 159,500 millones?

2. Capital humano: Fortalecer el capital humano incrementando el acceso y la calidad de la educación superior técnica y universitaria, articular la oferta formativa y las demandas actuales y futuras del mercado laboral, en base a criterios de innovación y competitividad. ¿Cuál es la estructura objetivo del aparato productivo, del cual se derivará la tipología del capital humano requerido

3. Innovación: Generar capacidades para la innovación, adopción y transferencia de mejoras tecnológicas. Fortalecer el ecosistema de innovación con normas que fomenten la cultura de la investigación, innovación, absorción tecnológica y digitalización. ¿Cuál es la estructura productiva meta de la cual se deriva el derrotero de innovación a seguir?

4. Financiamiento: Impulsar mecanismos de financiamiento local y externo mediante la generación de instrumentos financieros acordes a las necesidades empresariales. ¿Es posible esto con un oligopólico sistema financiero?

5. Mercado laboral: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación del empleo formal. Revisar y adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función de las necesidades del mercado laboral. ¿La idea es que el salario se constituya más como costo variable?

6. Ambiente de negocios: Generar, entre otros aspectos, las condiciones para constituir un ambiente de negocios productivo. Mejorar los instrumentos de asociatividad, articulación empresarial. Simplificación administrativa en los tres niveles de gobierno. ¿Cuál es la secuencia prevista, por ejemplo, para impedir que en los procesos de compras del Estado siga la recurrente participación de empresas creadas específicamente, luego de los cuales desaparecen?

7. Comercio exterior: Facilitar las condiciones para el comercio exterior mediante el desarrollo de una oferta exportable diversificada y competitiva con estándares internacionales de calidad, con la participación de mypes. ¿Cuál es esa oferta exportable objetivo y cuánto del factor conocimiento incorpora?

8. Institucionalidad: Fortalecer la institucionalidad del país mejorando el servicio de administración de la justicia, promoviendo la integridad pública y facilitando la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se revertirá la captura actual de instituciones públicas por intereses particulares?

9. Medio ambiente: Promover la sostenibilidad ambiental en las actividades económicas mediante la promoción de la economía circular en los mercados. ¿Cuál es la magnitud del PBI implicado en actividades no promocionadas?

¿Cuán realizable hoy es la PNCP? Se señala que es “producto de discusiones y reuniones de trabajo con los sectores del Gobierno Nacional y los principales gremios que conforman el sector privado”. ¿Cuán representativo de los agentes económicos es este grupo? La implementación de los objetivos prioritarios será articulada por el Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización (CNCF) del MEF. ¿Se realizará de manera óptima esta función a cargo de una dependencia al interior del MEF, cuando hay sectores enteros, como Produce, con injerencia directa sobre la competitividad, como es la capacitación en mypes, el desarrollo de mecanismos de financiamiento o el establecimiento de un adecuado ambiente de negocios. Varias preguntas con respuestas aún pendientes.

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Derechos de pesca: Algunas precisiones

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En estos días, el Ministerio de la Producción (Produce) publicó una propuesta para incrementar los derechos de pesca (DP) para anchoveta —luego de diez años en que los DP se mantuvieron fijos—, gremios como la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), a través de su presidenta, señalan que Produce no tendría justificación para que, en un nuevo esquema empleado para el cálculo, se proponga aumentar el pago por DP de 0.25 a 0.54% del valor FOB por tonelada de harina de pescado. Haré una básica aproximación económica al tema.

¿Qué cubre el pago del DP? El artículo 3 del Reglamento de la Ley General de Pesca señala que los recursos hidrobiológicos, son bienes patrimoniales de la Nación y el Estado los administra, con derecho a participar en los beneficios producidos por su utilización; considerándose además los gastos que el Estado efectúa para garantizar la conservación y aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, incluidos los costos de investigación, vigilancia, control y planeamiento del desarrollo de las pesquerías. Estos constituyen parte de los costos de explotación de los recursos renovables y, consecuentemente, son cubiertos con el pago de los derechos de pesca. Por lo anterior, el pago del DP es independiente del hecho de que las empresas productoras de harina y aceite de pescado tengan beneficios o no. Lo que importa, es la captura que se hace de un insumo fundamental para el consumo humano indirecto (CHI) y el gasto continuo del Estado para garantizar la sostenibilidad del recurso.

Un cuestionamiento recurrente se refiere a que el 0.54% del precio de la TM de harina se haga independiente del volumen de pescado desembarcado. Al respecto, diría que el hecho de extraer, aunque fuese un volumen mínimo de anchoveta, ya está causando un impacto con los efectos inevitables que ello genera sobre el ecosistema y el medio ambiente. Por ese solo acto el Estado merece una compensación adecuada. Los DP, en parte, cubren el usufructo de un recurso natural que es propiedad de la Nación, como también contribuyen a la investigación, seguimiento, vigilancia, control, el planeamiento del desarrollo de las pesquerías con soporte científico y técnico, y por supuesto para reducir la pesca ilegal, cómo también incentivar el desarrollo productivo de las actividades de consumo humano y asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos. Todas estas tareas serán necesarias tanto cuando el desembarque sea bajo como, con mayor razón, cuando la magnitud de este fuese importante.

El otro cuestionamiento a la propuesta de Produce es afirmar que el DP no se calculó en base a la renta generada. Falso. Sí se hace, pero considerando solamente ingresos y costos correspondientes a la actividad de desembarque y no de transformación de la materia prima en harina o aceite de pescado. La secuencia es así: determinación de ingresos generados por desembarque de anchoveta, determinación de costos de extracción (operativos y de capital), cálculo de renta generada y, finalmente, estimación del derecho de pesca (25% de la renta generada según propuesta), estos DP, dicho sea de paso, se mantuvieron fijos por diez años en 0.25% del valor FOB por TM de harina de pescado. ¿A alguien se le puede ocurrir que los costos implicados en las tareas relacionadas a la sostenibilidad del recurso desarrolladas por el Produce no se incrementaron, o crecieron menos que la variación acumulada del precio de la harina?

Es cuestión de mirar el ROE y ROA en estos diez últimos años de las empresas dedicadas a producir harina y aceite y apreciar que es evidente que no les fue nada mal, y que, en el peor de los escenarios, el incremento propuesto de los DP subiría sus costos totales (desembarque y transformación) en no más de 3%. ¿Sus márgenes de beneficio están escritos en piedra? Los empresarios debieran ser los primeros interesados en que el Estado cuente con un mejor financiamiento para disponer de una mejor calidad de intervención, que continúe posibilitando la sostenibilidad del recurso en el tiempo. Recurso natural del cual desde buen tiempo atrás usufructúan económicamente.

Economía peruana: ¿la resiliencia es suficiente?

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Revisando el último reporte de inflación del BCRP de marzo del 2019, entre las evidencias más relevantes que presenta este informe, destaca que a nivel de América Latina (AL) -frente a un contexto internacional menos favorable-, nuestra economía –creciendo alrededor del 4%- detenta una de las tasas de crecimiento más altas (promedio AL 2.2%) en el presente año. ¿Qué sustentaría esta mayor resiliencia? Y es esto último, ¿es lo mejor a lo que podríamos aspirar?

La existencia aún de un volátil contexto internacional es absolutamente real, resultado de modificaciones de variables externas en algunos casos con efectos contrarios. A manera de ejemplo, a diciembre del 2018 se preveía que la economía de los EE.UU. crecería 2.2%, hoy la proyección se reduce a 2.1%, con tendencia a una mayor desaceleración, generándose un alza en la tasa de desempleo de 3.5 a 3.7 %. En atención a estas proyecciones, de consolidarse estas tendencias en el tiempo, cobra sentido una menor probabilidad  de alzas en magnitud y en número de veces de la tasa de interés de la FED, con lo cual a renglón seguido podría volver a generarse una nueva salida de capitales,direccionada hacia mercados de países emergentes como el nuestro; lo que podría implicar una mayor oferta de dólares con las consiguientes presiones revaluatorias existiendo además una no descartable mayor volatilidad cambiaria.

Dicha volatilidad también podría incrementarse aunque con sentido contrario sobre el precio del dólar, si se reiniciara la suspendida guerra comercial entre EE.UU. y China, o la anunciada recientemente por el presidente Trump contra la Unión Europea, eventos que al originar un menor flujo comercial, causan también un menor flujo de dólares, lo que podría generar nuevas presiones devaluatorias en monedas de países emergentes como el sol.

Al final el desafío para el BCRP es moderar la volatilidad cambiaria sobre la base de intervenciones más frecuentes en el mercado cambiario, intervenciones que tienen como base solo los dólares propios del BCRP (y no las RIN), esto es su posición de cambio, la cual alcanzó US$ 40,566 millones al 3 de abril. Es claro también que una moderación de la volatilidad cambiaria implicará una menor volatilidad del índice de precios al consumidor.

¿Pero de dónde viene esa mayor capacidad de enfrentar con más solvencia este contexto externo más volátil? ¿Qué podría explicar la mayor resiliencia de nuestra economía en comparación de otras en América Latina?: un sostenido bajo riesgo país (la demanda de bonos soberanos en este primer trimestre del 2019 cuadriplicó el monto demandado en periodo similar del 2018 y con 50 pbs de menor rendimiento), una demanda interna aún creciendo, junto a un déficit en cuenta corriente financiado con holgura por flujos de capitales de largo plazo y un prudencial manejo del gasto público en coyunturas de mejores precios de materias primas.

No obstante la evidente resiliencia de la economía peruana, queda intacta la imposibilidad de crecer por encima del 4%, con lo cual, como lo he venido sosteniendo, si queremos que el total de 250,000 jóvenes se incorporen al mercado laboral (aparte están los casi 400,000 migrantes venezolanos en edad de trabajar que ingresaron al país en el último año) necesitamos, dada la actual estructura productiva, crecer cuando menos al 5%. ¿Cuál es la propuesta de política macroeconómica para lograr esta tasa de crecimiento que implica, para comenzar, expandir el producto potencial? La resiliencia no lo es todo.

Advertidos estamos

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Reiteradas veces he referido que una tasa de crecimiento proyectada de 4% para este año -dada nuestra actual estructura productiva- es insuficiente para absorber a los casi 250,000 jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral. El caso es que habría indicios que pondrían en duda la mencionada tasa, razón  por la cual se necesita apuntalar la dinámica del PBI, a través de implementar una política fiscal y monetaria expansivas, existiendo espacio para hacerlo sin mayores presiones inflacionarias resultantes. Miremos algunos de estos indicios sobre el PBI y algunas acciones de política macro sugeridas.

Un hecho real es que el PBI efectivo anual ha venido creciendo por debajo del PBI potencial, el cual hace tres años nos posibilitaba crecer hasta 6% anual sin presiones inflacionarias; luego del fenómeno de El Niño costero y la caída de la productividad factorial, nuestro límite de crecimiento por año se redujo al 4%. Está claro que si no aumenta el stock de capital físico y humano, así como el producto medio de los factores productivos, este tope al crecimiento anual-proveniente de factores de largo plazo se mantendría invariable, con lo cual ofrecer tasas de crecimiento anual mayores al 4% es vender humo.

El punto es que si, por un lado, poco o nada se está haciendo para revertir esta restricción a la dinámica del PBI en el corto plazo -proveniente del PBI potencial-, el asunto se complica más cuando observamos que actualmente podría no realizarse el crecimiento del PBI proyectado para este año en 3.9%, dada la existencia de indicios de efectos encontrados: una tasa de crecimiento de solo 1.58% en enero, hay señales de un debilitamiento de la demanda, cuando vemos desde diciembre una tendencia decreciente de la tasa inflacionaria anualizada, dentro del rango meta anunciado por el BCRP (3 a 1%), como también –aunque con menos contundencia- vemos parecida tendencia para el caso de la tasa de inflación subyacente. A esto se añade la desaceleración del crecimiento de la masa salarial que incide directamente en el consumo privado, factor relacionado a su vez con la economía urbana -implicando esta al 80% del PBI y el 70% de la población-.

Otro dato es la reducción proyectada de la tasa de crecimiento de la inversión pública – según el BCRP- del 2.8% al 1%, poniéndose así todos los huevos en la canasta, de aumento de la demanda, en el aumento de la inversión privada en minería, no obstante la desaceleración de la economía mundial, y con un hasta ahora incierto desenlace del problema de Las Bambas.

En contraposición, algunos indicadores adelantados de febrero como la producción de electricidad, que subió 5%, y el aumento en la recaudación del IGV interno en 5%, indicarían una marginal recuperación del PBI, razón por la cual es fundamental para consolidar esta incipiente recuperación aplicar una política macroexpansiva.

Una política monetaria expansiva implicaría reducir prudentemente en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia, cuyo nivel en términos nominales está desde hace varios meses en 2.75% y en términos reales en 0.35%, bastante más baja que la tasa neutral actualmente de 1.7%. El abaratamiento del crédito impulsaría la demanda vía aumento del consumo y la inversión.

Por el lado fiscal no hay mucha ciencia por aplicar. Bastaría aumentar el nivel de ejecución presupuestal, por ejemplo, del programa de Reconstrucción con Cambios.

En suma, este es el momento oportuno para aplicar una política macroexpansiva, retrasar esta decisión de gestión económica podría ser como abrir el paracaídas a 10 metros del suelo.

La ausente proactividad

7Semanas atrás, en mi columna “La reacción empresarial ¿pa’ cuando?”, en Gestión, remarcaba la necesidad de que nuestro sector empresarial fuese más proactivo y no reactivo, siendo la carencia de esta cualidad un factor que complica una sostenida recuperación la actividad económica. En esta breve nota, no solo presentaremos algunas  de dichas carencias, sino también plantearemos algunas opciones de carácter proactivo desde la empresa, para el caso específico de las que administran nuestros fondos previsionales (AFP). Elegimos este sector económico porque es uno donde la inacción sigue siendo notaria.

Un objetivo para la gestión macro en un país es, existiendo la necesidad de la llamada brecha de producto, reducir esta; lo que significa acercar el PBI efectivo al PBI potencial. O de pleno empleo. Para ir en el sentido antes señalado en el corto plazo, la gestión macro puede incluir políticas expansivas de demanda junto a un adecuado manejo de expectativas. Esta gestión macroeconómica si bien es una condición necesaria, no es suficientemente para lograr un crecimiento sostenido, porque una adicionada existencia de proactividad empresarial es fundamental. ¿Pero por qué lo es?

Considerando que el tamaño del Estado representa el 22%  del PBI, se podría asumir que, de lejos, el sector privado explica la dinámica del PBI. De allí que resulta central evaluar la capacidad del empresariado de ser proactivo. Esto es, por ejemplo, de estar permanentemente buscando mejorar su competitividad, desarrollo e innovación de productos y procesos que originen mayor creación de valor, visto este último, de manera muy simple, como la capacidad de una empresa de lograr que el precio pagado por sus clientes sea mayor al costo de los insumos utilizados en la generación de estos. ¿Nuestras empresas locales andan por esta senda?

Lamentablemente, no. El sesgo del accionar de las firmas hoy en el país va por el lado del logro de posiciones de privilegios. A manera de ejemplo, como cuando el gremio de gremios, esto es la Confiep, no solo recusa la normatividad que trata la elusión tributaria, atribuyéndole a esta una supuesta inconstitucionalidad, calificación hecha no por el Tribunal Constitucional, sino por estudios de parte realizados por estudios de abogados contratados para tal fin. Otro ejemplo de acciones empresariales buscadoras de mantención de privilegios se refiere a la propuesta de renovación por 20 años más del régimen especial tributario asignado a las empresas agroindustriales. ¿Se ha realizado, por ejemplo, el análisis costo – beneficio de este régimen especial para, luego 20 años de aplicación, poder saber  en cuánto se incremento realmente la competitividad de las empresas beneficiarias?

Adicionalmente, hay secciones como el caso del manejo de fondos previsionales, donde existen amplios márgenes para entender mejor sobre la base de qué las empresas administradoras, AFP, cobran una comisión a sus afiliados. Por ejemplo, ¿cómo hacen estas firmas para lidiar con el problema de la rigidez de la composición de cada uno de los cuatro tipo de fondos previsionales en coyunturas con mucha volatilidad en los mercados? Además, frente a un largo plazo cambiante, las AFP no tiene mayor incentivo para advertir al afiliado de la necesidad de reestructurar su fondo previsional. Total, la comisión que cobra la AFP es independiente de la rentabilidad de los fondos que administra.

En conclusión, sería deseable contar con sector privado menos buscador de privilegios y más proactivo, priorizando el suministro de información a sus clientes. Condiciones ambas que, sumadas a una acertada política macro, pueden coadyuvar a tener una economía que funciona con mayor eficiencia.

Y la reacción empresarial: ¿ Pa’ cuándo?

Imagen2Luego de conocerse que la economía peruana creció un 3.9% en el 2018, algunos economistas refieren la necesidad de cambios en la gestión macroeconómica  con el objetivo de crecer a tasas mayores y sostenibles en el tiempo. Frente a ello, sin dejar de reconocer la relevancia de la política macro, casi nadie refiere que para el logro anterior una condición adicional es que las empresas tengan un rol proactivo frente a consumidores y mercados. Veamos brevemente estos asuntos.

En principio, es un error mirar triunfalistamente esta tasa de crecimiento del 3.9% comparándose con el 2.5% logrado en el 2017. Primero, porque dada la estructura productiva necesitamos crecer cuando menos al 5% para que el mercado absorba a los 260,000 jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral; en segundo lugar, no ha ocurrido aún una sostenida reversión de la estructura sectorial productiva, donde la dinámica del PBI esté principalmente determinada – por los sectores no primarios de la economía intensivos en mano de obra, factor que junto al salario son determinantes del consumo privado-, consumo que implica al 65% del PBI por el lado del gasto.

El punto es que no sobredimensionemos las expectativas sobre el consumo privado,  en tanto que en el 2018 el ingreso promedio mensual creció solo 1.1% en la urbe, dato al que se suma que en las pequeñas empresas, que son mayoría en el total, el empleo formal cayó en 3.6%. En tercer lugar, el desborde de optimismo de algunos surge porque el 3.9% de crecimiento es mayor a las proyecciones que tenían varios bancos y medios especializados. ¡Existe también la probabilidad de equivocarse por si acaso!

El libre mercado no revierte por sí solo estos modestos resultados de la dinámica del PBI de corto plazo y su estructura, siendo una limitante de la expansión de este PBI, el PBI potencial. Al respecto, creo que la política macro puede hacer mucho, para que vía mayor inversión privada inducida crezca sostenidamente el capital físico y humano, así como la productividad factorial y expandirse así el producto potencial. ¿Esto es suficiente? Desafortunadamente, no. La política macro no actúa en una burbuja, sino se dan los resultados agregados producto de las decisiones que toman distintos agentes económicos como consumidores y productores, que interactúan en diferentes mercados. Entonces, si para la macro las decisiones de invertir a cargo de las empresas es una variable crítica: ¿contamos con una masa extendida de empresarios schumpeterianos; esto es proactivos, emprendedores y/o innovadores?¿ O al revés, una mayoría de estos son reactivos, riesgófobos y poco innovadores? A manera de ejemplo: en mi columna en Gestión del 13 de febrero, “¿Qué hacemos con las AFP?”,  señalaba que evidentemente hay un claro desalineamiento de incentivos, distorsión gráfica por el cobro de una comisión por parte de la AFP, independientemente de la rentabilidad lograda de los fondos que administra; asimetría que no es de ayer, sino que existe desde el inicio del Sistema Privado de Pensiones. ¿Alguna propuesta de las AFP al respecto? ¡Nada!

Pero no todos los empresarios son reactivos. Opuestamente- aunque pocas aún- de modo aislado algunas cadenas de supermercados adelantándose a la ley que establecía reemplazar bolsas de plástico por otras biodegradables o reutilizables ya habían comenzado a hacerlo meses atrás, con efectos muy favorables sobre la capacidad de crear valor por parte de estas empresas…Y el resto ¿pa’ cuándo?

¿Qué hacer con la AFP?

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Al 2018, los fondos a cargo de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), todos, presentan pérdidas- excepto el 0- y a la vez , como empresas presentan beneficios por S/. 418 millones.

Dado lo anterior nos preguntamos ¿qué se podría hacer para modificar esta asimétrica distribución de riesgo, costos y beneficios?

Una iniciativa que propuse años atrás fue promover el ingreso de más gestoras de fondos previsionales; la mayor competencia debería promover una mayor de estas para aumentar el rendimiento de los fondos y/o menores comisiones. Hoy, con satisfacción, veo que el gerente de Estudios Económicos del BCRP propone una idea similar, con el agregado de ampliar también los portafolios de inversión a infraestructuras, por ejemplo.

Tan disconformes están los afiliados a los AFP, que cuando surgió la posibilidad de retirar el 95.5% del fondo acumulado, con el llamado Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA), para que los afiliados menores de 65 años pudieran retirar sus fondos para necesidades de corto plazo, casi todos (90%) se llevaron toda su plata. Tal es el incentivo para buscar retirar los fondos, que hoy la gente se presta plata, hace depósitos voluntario no previsional y así cumple la condición para poder jubilarse anticipadamente, al lograr por lo menos un 40% de pensión resultante con el fondo total acumulado. En la práctica, cuarentones nomás, rescatan el 95.5% de su fondo.

No obstante, una externalidad negativa resultante sobre los afiliados que quedan las AFP es que como hoy con la salida en estampida de los jubilados, los retiros de fondos son mayores que los ingresos, por lo cual los portafolios de las AFP tenderán a ser más líquidos, pero a la vez menos rentables, afectándose adversamente la rentabilidad del fondo que manejaban, pero no la comisión que cobran. Por ello, suena sarcástico que un gerente de una AFP señalara a Gestión sobre las pérdidas de los fondos previsionales en el 2018: “Pensaría que un año tan malo como el año pasado es poco probable que se repita”. Y, yo diría que así fuera una seguidilla de cinco años de pérdida- con las reglas de hoy- no se afectarían ni las comisiones de las AFP ni el salario de este funcionario. Frente a esto, el “filosofo Melcochita” diría: ¡No lo lean!

¿Y las magnitudes de las perdidas de los afiliados? El fondo 1, de bajo riesgo (90% renta fija y 10% variable) obtuvo -1.6% de rentabilidad real; el fondo 2, de riesgo medio (55% renta fija y 45% renta variable) tuvo una rentabilidad real negativa de -3.4%, y el fondo 3, de mayor riesgo (80% renta variable y 20% renta fija) cerro en -5.9%.  Solo el fondo 0 (100% renta fija) tuvo rentabilidad de 1.5%. Dado lo reportado sobre los fondos, solo para saber nomás, ¿por qué habría que suponer que las AFP harán un mejor aprovechamiento de un entorno externo menos adverso, aunque exógeno a estas dado el paréntesis entre la guerra comercial EE.UU- China y sus efectos? Claro, siempre se alude a que estos son ahorros de largo plazo y por lo tanto no debemos evaluar resultados de un año en específico, pero a la vez, los gestores de los fondos previsionales reciben principalmente comisión por flujos (asumiendo que la de por saldos no es representativa), no importando el resultado logrado. Distintos derroteros para afiliados  y AFP, ¿no?

El reto hoy no solo esta en promover una indispensable mayor competencia, también se deben alinear incentivos para relacionar comisiones con rentabilidad lograda por las AFP. ¿ Alguien del Congreso o del Ejecutivo tomara alguna iniciativa sobre estos añejos temas?