Fusiones, adquisiciones y retos nuevos

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Entre enero y agosto de este año se han realizado 78 fusiones y adquisiciones en el Perú por US$ 3183 Mills. Considerando un reciente anuncio de la venta de la central hidroeléctrica Chaglla por la  empresa  Odebrecht a la multinacional China Three Gorges Corp., por US$ 1,400 Mills  ello  podría implicar  un punto de inflexión en  este tipo de operaciones. No obstante, ¿Importa sólo los montos de inversión implicados,  o debemos ver el revés de la trama, en tanto a veces estas operaciones implican mayores concentraciones de mercado limitando la libre competencia?
Al margen que la lluvia de millones por venir, en este tipo de operaciones, sea por la venta de activos por parte de algunas constructoras locales implicadas en el efecto Odebrecht, como por próximas concesiones gubernamentales de infraestructura como el caso del tercer grupo de aeropuertos regionales, poco reparamos que esto podría originar mercados más concentrados, afectando adversamente el funcionamiento del libre mercado.

Estos procesos de integración de 2 o más firmas pueden ser: Horizontales cuando se dan al interior de la misma industria. Verticales cuando se realiza entre empresas de diferentes niveles de la cadena productiva y finalmente Conglomerados cuando se integran firmas de diferentes industrias y distintas líneas de negocio. En el fondo, el objetivo de las fusiones es generar economías de escala y/o de alcance conforme se produce a mayor escala, buscando lograr así mayor eficiencia económica, pero a la vez esta mayor participación en el mercado, aumenta la probabilidad de abuso de posición de dominio; a la fecha el Perú presenta altos niveles de concentración, en varios sectores como el de  cerveza, donde hay un nivel de concentración del 98%, Jabón de lavar 84%, gas natural 73%, lacteos 64%; en todos estos casos el indicador de concentración, esto es el índice de Herfindahl Hirschman, está  por encima de 4,900 (un índice mayor a 1800 implica un mercado no competitivo).    Por otro lado, un asunto poco discutido, se refiere al por qué, a diferencia de varios países conformantes de la OECD tomados como referentes de buenas prácticas de gobernanza pública, no existe en el país una legislación ex ante sobre fusiones y adquisiciones, con lo cual estas podrían -dada esta carencia- restringir sin control previo alguno, la libre competencia, con consecuencias macroeconómicas adversas adicionales,, en tanto cambios concertados de alza de precios incidirán sobre la tasa inflacionaria.

Algunos señalan que la  normatividad preventiva sobre fusiones y adquisiciones, es cara y poco útil; apelándose a  la existencia de organismos  reguladores como INDECOPI, que pueden  investigar posibles situaciones de  abuso de posición de dominio y/o concertación de precios, incluso contando ahora con una reciente Guia de Clemencia que hace mas predecible los beneficios a las empresas coludidas, para delatar concertaciones de precios.   El punto es que esta entidad, desarrolla  procesos de investigación ex post y sancionadores, que duran años para ser culminados, mientras tanto en dicho extenso lapso de tiempo, siguen existiendo concertaciones de precios, llevando así  los consumidores la peor parte.

Cabe anotar, además, que la existencia de normatividad ex ante sobre fusiones y adquisiciones, solo restringiría aquellas que podrían dañar la libre competencia. Además, la existencia de esta normatividad ex ante, daría más confianza a los inversores, al limitarse la  ocurrencia de procesos de fusiones que originarían nuevas situaciones de concentración de mercado, cambiando así sustantivamente el contexto sectorial de inicio para el inversor.  Finalmente, fusiones y adquisiciones podrían constituirse como parte de la estrategia de las empresas para driblear investigaciones relacionadas a concertaciones de precios: en tanto estas se realizan sobre la base de 2 o más empresas diferentes; no al interior de una firma integrada.

En suma, que no nos deslumbren la lluvia de millones provenientes de fusiones y adquisiciones, miremos también el riesgo de tener mercados más concentrados, por lo general lesivos al interés común.

 

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Inversión pública clave

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Una variable importante para  revertir la desaceleración  del PBI, es la dinamización de la inversión pública;  por ser funcional  a la reversión  de  los 3 años de caída sostenida de la inversión privada, variable determinante del crecimiento  tanto en el corto como en el largo plazo. Trataré brevemente estos asuntos

Según el  Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021, la inversión pública crecería en  7.5% en 2017 y 17.5% en 2018.  En  este año, dado que entre enero y mayo la inversión pública se contrajo  en 12%; el aumento de la misma en el 2do semestre de 2017 debería ser de alrededor del 20% para lograr el crecimiento propuesto.  ¿Es plausible esto?  Por supuesto  que sí, dado que la base de comparación  es el  2do semestre del 2016, periodo donde la  inversión pública venia en caída libre: desacelerándose desde el 1er trimestre e incluso contrayéndose en el  último cuatrimestre. No obstante, con independencia de  este efecto estadístico a tener en cuenta, la expansión de la inversión estatal es  funcional a la recuperación de la inversión privada, impulsándose   el PBI de corto plazo, como también  el producto potencial, vía el aumento del stock de capital físico y la productividad factorial.

Por otro lado, la inversión al 2016 según el BCRP representa  el 22.8% del PBI, explicando la inversión pública el 4.8% del PBI y la inversión privada el 17.9%.  Desde una perspectiva económica, la inversión pública facilita la inversión  privada; sobre todo la relacionada en infraestructura; expreso la idea de funcionalidad con un  simple  ejemplo: Cuando se construye una carretera como proyecto  de inversión pública en el sector rural,  se incrementa  la  conectividad   con los mercados, de los productores ubicados en el área de influencia  del proyecto,  y por tanto surge a continuación como posibilidad  la realización de proyectos de inversión privados; la funcionalidad es evidente.

Cierto es que para que suceda lo descrito hay algunos condicionantes: a) Que  la inversión pública se desarrolle con la mayor continuidad posible.  La Reconstrucción con Cambios implica S/. 23,300 millones a invertirse en los próximos  3 años, dirigiéndose los recursos  en principio a regiones y municipalidades  para la ejecución de estos. De no tener las capacidades de gestión  necesarias, la inversión la  hará el gobierno nacional.  Dada la magnitud de los recursos por invertir, e incluso la participación en las licitaciones, de  constructoras  extranjeras, dados los problemas actuales  de reputación de varias de las empresas locales; es por demás previsible  que  los gobiernos subnacionales  no cuenten con suficientes  capacidades, por ello creo que hay el riesgo de innecesariamente atrasarse  la ejecución de la inversión pública y de allí la tan anhelada recuperación de la inversión privada.   b) La evolución del déficit fiscal, pronosticado en 3% a fin de este año, y 3.5% para el 2018, de allí en adelante el MEF proyecta una trayectoria descendente para llegar al 1% en el 2021. ¿Es plausible ello?  Por un lado, lo que viene pasando, es que al  segundo trimestre de 2017, el déficit fiscal fue de 1,4%del PBI, mayor al  1,1 %  respecto al segundo trimestre de 2016. El problema es que este mayor déficit,  es resultado  de la reducción de los ingresos corrientes y el deterioro del resultado de las empresas públicas. Apostar a la recuperación de la recaudación tributaria solo por la esperada  aceleración del crecimiento  del PBI, -de ocurrencia demorada  por lo explicado líneas arriba-, es una apuesta riesgosa. Por ello deberían adoptarse medidas específicas cuando menos para adelantar los flujos de recaudación, además  de tener mayores grados de flexibilidad en la gestión presupuestal, el cumplimiento de estas condiciones abonaría a una mayor  credibilidad  respecto a la aceleración económica  y  de la reducción prevista del déficit luego del 2018. Consistencia y plausibilidad son fundamentales para recuperar el optimismo en las expectativas.

 

El largo plazo también importa

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Por Kurt Burneo.

Tengo la impresión que la discusión económica actual está dominada  por las urgencias del corto plazo, habida cuenta de la desaceleración actual del PBI.   Sin dejar de reconocer  la necesidad  de incrementar la tasa de crecimiento actual  del PBI ,  comparativamente, no se dice mucho respecto  al PBI potencial; asunto importante no sólo porque este se constituye como un insumo  indispensable para la gestión  macroeconómica,  sino  porque el producto potencial  se convierte en una limitante de la dinámica del PBI en el corto plazo.  Planteare estos asuntos a continuación.

El PBI  de corto plazo viene desacelerándose sostenidamente, de la mano  con la caída de la inversión privada desde 3 años atrás, la caída de las exportaciones y la desaceleración  del consumo privado;  por ello el crecimiento del producto  este año , estará  en alrededor del 2%. Esta desaceleración responde a 3 factores:  El sobreajuste fiscal  en el último cuatrimestre del 2016, el  llamado efecto  Odebrecht y  la generalizada desconfianza generada y finalmente el efecto del Niño costero que destruyó capacidad productiva del país, afectando adversamente l la capacidad  de generación de flujos  de producto futuros.  El punto es que la limitante para el crecimiento del PBI en el corto plazo sin generar sustantivas presiones inflacionarias, proviene del producto  potencial o de pleno empleo, debiendo ser la expansión de este último  un objetivo explícito de política macro económica.

Qué es el producto potencial?  Es el resultante del pleno uso de los factores productivos con que cuenta el país, y resulta muy útil su estimación, por ejemplo para fines de la política fiscal, para identificar la posición de la economía en el ciclo económico, o en el caso de la política monetaria, permite identificar desequilibrios como excesos de demanda o de oferta y de esa manera identificar presiones inflacionarias o por ejemplo en el caso del mercado laboral para prever situaciones  futuras de desempleo o subempleo.  Por otro lado, el crecimiento del  Producto Potencial ha sido volátil: De un promedio  de 4.5% en el periodo 2000-2006, pasó a 6.2% en el 2007 y 6.38%  en el 2009,4.7% en el 2014 y 4% en el 2016. Dicho en simple se ha venido reduciendo  nuestra capacidad instalada o para los que gustan de ver la economía con más rigurosidad técnica es como si se hubiese contraído nuestra frontera de posibilidades de producción.

De los datos presentados, se puede inferir que  s no se hace nada sobre los determinantes del PBI potencial;  esto es, sobre  el stock de capital físico y humano así como sobre  la productividad  factorial; nuestras aspiraciones de crecimiento no podrán ir más allá del 4% anual , porque a tasas mayores  las presiones inflacionarias por costos por  ejem por el lado de la  energía eléctrica al  comprarse toda la oferta de energía disponible, como también presiones de demanda al acelerarse el consumo privado , por ambos efectos , la tendencia de los precios irán en línea  con las presiones antes descritas.

Queda claro entonces, que si bien es fundamental resolver la desaceleración del PBI de corto plazo, por estrategia  el MEF debería también,  hacer explicita la decisión de expandir el producto potencial o de largo plazo. De no preocuparse por ello ,  la actividad económica anual no podrá crecer más allá del 4%,  y si consideramos  que  dada la actual estructura  sectorial productiva  del país, debería el PBI crecer cuando menos al 5% anual,  para generar la demanda de empleo suficiente para  absorber a los entrantes anuales  a la Población Económicamente Activa (PEA)     ; no preocuparse por el PBI potencial nos condenará a un mayor deterioro del mercado laboral con  un subempleo que  seguirá creciendo  sostenidamente en el tiempo.  La idea  al final es no tener más de lo mismo.

Apóyame BCR

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Kurt Burneo Farfán

Si bien la actual ley orgánica del BCRP señala que esta institución  tiene un solo objetivo, cuál es la estabilidad monetaria- léase estabilidad de precios-, la coyuntura  de desaceleración económica actual , hace más necesaria una mayor coordinación de la política macro, definida por la fiscal y monetaria,; pero en el caso de esta última, la posibilidad de más grados de libertad pasa entre otras cosas, por revisar  la decisión de haber bajado en el 2007, la inflación meta al 2% anual, veamos  porque.

Que la economía peruana hoy está en un claro proceso de  desaceleración es más que evidente: Habiendo crecido en 3.9% el 2016, el primer trimestre creció en 2.1%, proyectándose tasas de 2.2, 2 y 2.4% para el 2do, 3er y 4to trimestre de este año.  Frente a esto el MEF anunció  la realización de un fuerte impulso  fiscal, basado en 1ª instancia en  más inversión pública y gasto en mantenimiento de infraestructura, anunciándose además  la realización de 12 proyectos privados por US$ 10,000 millones además de otros 20  en estudio. ¿Será suficiente esta expansión fiscal más los  primeros brotes verdes por el lado de la inversión privada para reactivar la economía? Diría que no. La política monetaria debería jugar un rol más activo, que el definido por la última reducción de la tasa de interés de referencia,  en julio  de 4 a 3.75% o en términos reales  de 1.08 a 0.9%; medida de política que como sabemos tiene un rezago de influencia (además de parcial en magnitud) sobre la  mayoría de tasas del sistema financiero de 9 meses a un año.

¿Pero porque tiene  hoy restricciones el BCRP en términos de su política monetaria?  En el 2007 cuando redujo su tasa de inflación meta de 2.5 a 2%, -sin que hayan cambiados los fundamentos macroeconómicos-,  se forzó a un  poco sustentado técnicamente rango de  fluctuación de la inflación entre 3 y 1%.    En respuesta a ello se desencadenaron 2 consecuencias Desde julio del 2011 a julio del 2017, solo en 18 de los 73 meses,  la tasa inflacionaria estuvo dentro del rango, y por añadidura este forzamiento a un irreal rango (antes del 2007 la meta era 2.5%, con un rango entre 1,5 y 3.5), le quita grados de libertad para  una política monetaria más expansiva; a pesar de ahora más que nunca se necesita  de una  política monetaria más laxa, dada la desaceleración económica actual.  Modificar la meta inflacionaria al 2.5%  anterior, para revertir esta actual menor capacidad de acción,  no tendría efectos sustantivos  sobre expectativas  distintas a las de ahora, no solo por la ausencia  de presiones por demanda,  con  tasas inflacionarias proyectadas en los  trimestres que vienen :de 2.7 y 2.1% para el 3er y 4to trimestre del 2017 respectivamente , en un contexto de  tipo de cambio sin presiones devaluatorias sustantivas  en el corto plazo.

Lograr tasas de crecimiento más altas cuando menos en el corto plazo, es vital para tener un mejor manejo del déficit fiscal  y realmente  poder mayores probabilidades de converger al 1% en el 2021; ¿O alguien piensa  que con una recaudación tributaria equivalente al 18.7% del PBI (30.2% es ratio promedio en países con grado de inversión similar al Perú)  es sostenible la meta de déficit anunciada?  La política fiscal expansiva requiere  ahora de un apoyo mayor de la política monetaria,  con la oportunidad  necesaria; Abrir el paracaídas a  10 m antes de llegar al suelo ya  no sirve.

Menos corruptores, menos corruptos.

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A la fecha, según informe de la SUNAT, habrían más de S/. 4,700 millones por concepto de  ingresos, signos de riqueza  y otros, no adecuadamente sustentados por 33,000 personas ante la autoridad tributaria,  y eso sólo considerando los años 2013 y 2014.  No sería extraño que  parte de esta riqueza no sustentada, podría corresponder a actos de corrupción de funcionarios públicos; donde el dato es, que a según la unidad de Inteligencia financiera el 20% de la inversión pública se destina a la corrupción, pero hay herramientas útiles que servirían para enfrentar este problema como  la NTP ISO 37001 anti soborno. Veamos porqué.

Frente a rentas o signos exteriores de riqueza cuyo origen  está por precisar, y habiendo aumentado en 125% los montos investigados por lavados de activos vinculados a actos de corrupción, La SUNAT anuncia el inicio de acciones de control vía cartas inductivas y verificaciones, pero ofreciendo a la vez opciones –como una suerte de amnistía- para  que el contribuyente omiso se acoja al beneficio del régimen sustitutorio del impuesto a la renta o de repatriación de capitales. Visto con más detalle, seguimos actuando  reactivamente frente a la corrupción, práctica generadora de daños al contexto económico como menor eficiencia en los mercados, afectación  negativa sobre la libre competencia, discutible calidad de los bienes y servicios provistos por postores corruptores implicando costos de mantenimiento mayores etc. Cabe señalar, que los riesgos de soborno que enfrenta una organización varían en función de factores tales como el tamaño de la organización, los lugares y sectores en los que opera y la naturaleza, magnitud y complejidad de sus actividades.

Frente a lo descrito, se hace necesario actuar  proactivamente, y una herramienta útil para ello es la adopción por parte de las organizaciones de una Norma Técnica peruana, la ISO 37001 anti soborno, de reciente presentación por parte del Instituto Nacional de la Calidad (INACAL).

La adopción de esta Norma por parte de estas, ayudará a especificar las medidas que estas deban adoptar para evitar prácticas de soborno, posibilitando su prevención y detección a tiempo,  ya sean de tipo directo o indirecto, por parte de sus colaboradores o socios de negocios; para ello deberá desarrollar una serie de cambios internos, como por ejemplo adecuar sus sistemas de gestión  financiera, o  los protocolos de interrelación con otros agentes económicos entre otros aspectos, en línea con las reglas contenidas en la Norma. Esta es aplicable a organizaciones pequeñas, medianas y grandes en todos los sectores, vale decir, públicas, privadas y sin fines de lucro. En términos sencillos, habría una más clara trazabilidad del dinero, desde sus orígenes hasta su aplicación; generando más confianza en  inversionistas, clientes y otros socios comerciales. De esta forma seria más difícil encontrar empresas que contrataron con el Estado, que pagan a ex funcionarios públicos  por “conferencias” con sumas que no la percibe ni un galardonado con el premio Nobel, o “consultorías” sin evidencia final de la misma, pagadas a personas jurídicas en cuentas abiertas en paraísos fiscales etc.

Pero  hay más ventajas para las organizaciones que adopten esta Norma Técnica, pues sirve como herramienta de defensa frente a los fiscales y/o tribunales en caso de investigación, mostrando evidencia de que la organización tomó  medidas para prevenir el soborno; Permite también identificar a aquellas organizaciones que buscan desarrollar sus actividades en un escenario en contra del soborno y trabajar con proveedores no expuestos a riesgos que puedan comprometer su imagen de marca. Adicionalmente las organizaciones, enfrentarán menores riesgos al operar en mercados extranjeros, dado que desarrolla prácticas internacionalmente reconocidas.

Finamente, está claro que la adopción de este standard internacional de gestión anisoborno, dificulta  la ocurrencia de esta práctica ilícita; el principio es simple: Si hay menos corruptores habrán menos corruptos.

 

Para recuperar la confianza

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Kurt Burneo
Está por cumplirse el primer año de la administración de PPK, en medio de una economía desacelerada, resultado básicamente del debilitamiento de la demanda interna. Frente a ello no solo se debe rectificar errores de la política macro sino a la vez cambiar las formas de gestionarla. Veamos esto.
Hay errores de política que deben ser revertidos, señalemos algunos: El nuevo régimen tributario dirigido a las Mypes, que muy poco ha servido para formalizarlas. Hasta la fecha de 377,000 nuevos inscritos en este régimen; 322,000 provienen del régimen general donde pagaban 30% de tasa impositiva por renta y ahora acogidos en el nuevo régimen pagarían solo 10%; al final esta discutible iniciativa adoptada por el ministro anterior, reduce los ingresos fiscales, y ello empieza a constituirse como el principal factor explicativo del déficit fiscal y no por un mayor gasto ejecutado. Así, este déficit proyectado -3% para este año-, no tendría impulso reactivador. En línea con la caída del gasto, la inversión pública a junio se contrajo en -4.7%. Al enfriamiento de la demanda interna por el lado fiscal, sumemos lo que pasa con la inversión privada: Desde hace 3 años esta ha venido cayendo., incluso el BCRP pronostica que este año se retraerá en -1.7% por año, ello ocurre, a pesar de la actual reducción de la tasa de interés; para qué tomar un crédito -por más barato que este sea- cuando la ampliación de la capacidad de planta o de capital de trabajo, resultado de la aplicación de los fondos prestados, deja de tener sentido dada el debilitamiento del mercado por atender. Por otra parte, es sabida la relación de funcionalidad entre la inversión pública y la privada, en tanto la primera por ejemplo al generar nueva infraestructura, abre la trocha para que entre la inversión privada. A todo esto vale la pena advertir, que en el 2do semestre de este año por efecto estadístico –dado el ajustón fiscal en el último trimestre 2016-, previsiblemente los números de la demanda interna podrían ser mejores que los del 1er semestre de este año, en este caso, separemos la paja del trigo.
Por otra parte , dada la inercia proveniente del hecho que en el 2016 la mitad del 3.9% de crecimiento fue explicado por sectores poco intensivos en mano de obra como es minería e hidrocarburos, esto explica una repercusión marginal sobre la economía urbana y por tanto sobre el empleo formal, el cual viene cayendo, si a eso le adicionamos el actual estancamiento del crédito, no sería de extrañar que el consumo privado crezca por debajo del 2.5% pronosticado por el BCRP en su último reporte inflación (habiendo crecido un 3.4% en el 2016) , no perdamos de vista que el consumo privado representa el 64% del PBI .
Otra acción importante, es revertir la actual regla fiscal, basada en el déficit observado, pues si bien esta da más flexibilidad en el diseño de políticas, a la vez esta da menos opciones de manejo fiscal contra cíclico, respecto a la (derogada) anterior regla basada en el déficit estructural.
El otro determinante tan o más importante , es la optimización de las formas de como el Ministro de Economía comunica –y no solo informa- las decisiones de política macroeconómica, coadyuvando a generar confianza, sobre la base de metas de crecimiento plausibles y explicación clara sobre el cómo serán logradas,- . Este asunto de los estilos de gestión no es trivial, y conociendo al actual Ministro, estoy seguro que dará lo mejor de su profesionalismo para no sólo enmendar errores sino también para darle a la gestión conductiva del MEF un carácter más Ejecutivo. Estos componentes de fondo y forma en la política macro, resulta absolutamente indispensable para que los inversores recobren la confianza, escurridizo factor en estos tiempos.

Leche y mercados ineficientes

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A propósito  del revuelo causado por el descubrimiento,  -por lo menos en el caso de una marca- que  lo que comprábamos como leche, no lo era, sino técnicamente definido, el producto era  un alimento compuesto. Este cambiazo se facilitó al publicitarse engañosamente el producto como si fuera leche,-sin serlo-, definiendo así  un oscurantismo nocivo  para el consumidor. El caso es que los efectos de este tema, tiene además otras connotaciones económicas  adversas poco conocidas, como veremos a continuación.

Una primera afectación adversa, proviene  de previsibles  decisiones ineficientes  por parte de los consumidores, al carecer de información correcta sobre las reales características de lo que estaban comprando, inducidos por publicidad engañosa, en tanto se presenta el producto, que ya sea por textos e imágenes, inducia al consumidor a  considerarlo como leche –sin serlo- siendo la imagen de una  vaquita incluida como figura dominante en la envoltura, el reforzamiento central del efecto a lograr sobre los compradores; es decir la idea es que creas que  estas comprando  leche,  y a partir de dicha creencia, la deseabilidad generada,  se expresa por el precio que estás dispuesto a pagar (y que realmente pagas) esta es tu valoración como consumidor que se expresa a través de una función de demanda.   Para el caso que nos ocupa, el producto en referencia, técnicamente no es leche ni  producto lácteo, en tanto incluye otros elementos en su composición (ejem soya) por lo cual, una descripción más adecuada del  producto, es la de alimento compuesto, en línea a lo  especificado en la correspondiente norma técnica, referente fundamental generado bajo el ámbito del Instituto Nacional de la Calidad (INACAL). Si alguien dudase del efecto de esta publicidad ambigua nos preguntamos: ¿Con su real denominación (y de paso sin vaquita) pagarías lo mismo?  Por añadidura, esta práctica duró años, siendo el resultado: Beneficio indebido para la empresa, engaño a los consumidores y decisiones económicas ineficientes.

Otro efecto económico adverso sobre el funcionamiento de los mercados, proviene de  la calidad regulatoria estatal sobre estos. Por una parte, la  Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa)  menciona que los componentes  utilizados en la elaboración del producto, fueron distintos de los presentados por la empresa. Así en el expediente para la obtención del registro sanitario, en el año 2014,  Digesa otorgó un registro  sanitario con la denominación alimento lácteo evaporado, no obstante, en el  2015, se modificaron  los registros sanitarios (anotaciones) cambiándose por la  denominación leche evaporada parcialmente descremada con leche de soya, maltodextrina, grasa vegetal, minerales (hierro y zinc) y enriquecida con vitaminas A y D... Este solo hecho discrecional, pone en cuestión la performance y predictibilidad de la regulación a cargo del Estado.-mala señal para inversores-  más aún cuando  el mercado lácteo es  explicado en un 68% por la empresa, una de cuyas marcas es el producto en cuestión.

De lo referido, líneas arriba, el descubrimiento  sobre lo que realmente comprábamos , define la existencia de un negativo combo que afecta la eficiencia de nuestros mercados,  conformado por publicidad engañosa y una poco clara performance del regulador  -y pareciera que hay en fila más  productos con problemas  similares- agrandándose este tóxico combo para la eficiencia económica. ¿Así queremos llegar a ser considerados elegibles para la OCDE? Y a propósito ¿Cuál es la posición sobre estos  asuntos, de  gremios empresariales como la SNI  o la  Confiep?