Situación fiscal:¿presente griego para julio?

Cuando a principios de enero comenzaban a verse algunos pequeños brotes verdes de una incipiente reactivación económica en nuestro país, aparece la temida segunda ola del covid19, y por ello el gobierno decidió establecer un nuevo aislamiento social desde principios de febrero hasta el 15 -extendido hasta fin de mes-, focalizado por regiones, a fin de moderar la tasa de contagios. Este hecho de todas maneras retrasará la aún pendiente recuperación de la actividad económica, y con ello se genera la necesidad también de extender en el tiempo los distintas ayudas que el gobierno a familias y empresas, con lo cual se continuaría el flujo de egresos fiscales que, junto a una continua caída de la recaudación tributaria, se seguiría con un elevado déficit fiscal y también del endeudamiento público en el 2021.Veamos un poco más de cerca este tema.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el último Reporte de Inflación de diciembre 2020, estimaba un déficit fiscal para el 2021 de 5.4% del PBI, con un crecimiento de 9.5% del PBI y una ratio de deuda pública/PBI de 34.4%, proyecciones que deben reajustarse a continuación, considerando los efectos adversos sobre la actividad económica del reciente aislamiento de febrero.  

Es evidente, además, que, si no hay progreso en la reactivación económica, y por ello tampoco en la recaudación tributaria, el costo fiscal de las intervenciones generará incrementos en el déficit. A manera de referencia, si se replicara el otorgamiento del bono universal, tan solo esta medida implicaría un gasto adicional en S/ 6,350 millones esto es un 0.8 del PBI.

Pero las amenazas sobre estabilidad fiscal, provienen también de proyectos sin mucho sustento técnico de Congreso: Devolución de aportes de la ONP,  que costaría 2 puntos del PBI, la eliminación de los topes fiscales en la negociación colectiva en el sector público que podría costar hasta S/ 14,500 millones por año. Esto implica el 1.8% del PBI, entre otras.

El sólo considerar estas iniciativas –hay varias más- que implican casi 4 puntos del PBI, llevaría en la práctica, a una no reducción del déficit y tampoco del ratio deuda/PBI, con lo cual se reduce la solvencia fiscal y de allí se tendría que incrementar el rendimiento en futuras emisiones soberanas al aumentarse el riesgo, con el añadido que rebajas en la perspectiva como lo hizo calificadoras como Fitch Ratings, sería la clarinada de alerta de una próxima reducción en la calificación como emisores de deuda y, como sabemos, la curva de rendimiento de activos financieros privados se aumentará también. Por ello presentar una propuesta, técnicamente solvente, de retorno a una senda de sostenibilidad fiscal es fundamental.

Al margen de lo anterior, y asumiendo optimistamente que en el próximo proceso electoral se elija a un presidente –y equipo de gobierno- con experiencia en gestión pública y propuestas económicas sensatas, junto a un Congreso no obstruccionista, creo que la resolución del problema fiscal, al paso que vamos, será tarea para el equipo económico de la administración entrante. Ello a pesar de los esfuerzos de mi amigo Waldo en el MEF, tratando de hacer docencia en finanzas públicas en el Congreso y en el Ejecutivo también, a la vez de tapar multiplicados huecos en el bote fiscal, provenientes de las iniciativas de algunos de sus alumnos de paso, que aún creen que la sostenibilidad fiscal no importa.

La urgida inclusión financiera

Un tema que a veces pasa inadvertido, o es recién discutido cuando su carencia genera severas restricciones en el accionar del Estado –como es la distribución de los bonos- es la insuficiente inclusión financiera en el país. Presentaré algunos elementos implicados en el tema.

Ante el desarrollo de la pandemia  Covid19 y  la diversidad de  carencias de medios en el Estado  para importantes  intervenciones  como  efectuar transferencias de dinero vía bonos,  para suplir la  actual falta de  ingresos de las familias –producto de la cuarentena-, insuficiencia  que se revela en la práctica, es  la falta de un óptimo sistema de acceso a servicios financieros básicos para la población en condición de pobreza, contándose únicamente para tal efecto con la oferta proveniente del  Banco de la Nación. 

Pero el reto de contar con diversos servicios financieros descentralizados, va incluso va más allá de las transferencias de dinero. En tanto los cortes de flujos de ingresos para los que perdieron sus empleos, previsiblemente originarían mayor demanda de liquidez en la forma de nuevas solicitudes de más préstamos o la utilización al tope de líneas de crédito disponibles. La oferta de servicios desde la banca privada tiene mucho que aportar.

Promedialmente, antes de la crisis los bancos mostraban ratios de solvencia adecuados y estables. El caso es que la evidencia reveló que los bancos se comportan regularmente de manera pro cíclica, esto es restringiendo el crédito cuando más se necesita, en medio de la crisis. El comportamiento de los bancos explicados por la tendencia a preservar el azul de sus estados financieros.  De lo presentado, se deduciría que la performance del sistema financiero jugaría un rol crítico como vehículo para implementar políticas públicas, como intervenciones destinadas a proporcionar alivio a los hogares y las empresas frente al choque adverso del coronavirus, donde la eficacia en su accionar dependería principalmente del grado de alcance de la población objetivo. 

 Empero, la existencia de un probable dilema para el sistema financiero privado que se presenta entre proteger el azul de sus estados financieros versus la necesidad de ayudar a reactivar la economía en términos agregados podría llevarnos a resultados sub óptimos dada la actual reducida oferta de servicios financieros (basada principalmente en el Banco Nación).   Por otro lado, debe señalarse que la actual crisis del coronavirus implica choques adversos de oferta y la demanda, en consecuencia, se puede afectar la liquidez y las posiciones de solvencia de los agentes

A manera de conclusión, existe por lo descrito en esta nota, una brecha entre la oferta y demanda de servicios financieros; por el lado de la oferta, de estos servicios resultan insuficientes para atender la demanda por estos servicios, situación más crítica cuando está situación de insuficiencia se da en medio de la urgencia de efectivizar ayudas económicas, tan urgidas para los más pobres, siendo fundamental la incorporación de instituciones financieras privadas en este esfuerzo. Podría quizás, para comenzar, el sistema financiero privado participar con su red en el proceso de pagaduría de los subsidios que hoy otorga el Estado.

El retorno a las reglas fiscales

Durante la pandemia de covid-19, lo países alrededor del mundo adoptaron diversas medidas de aislamiento social, -para reducir la tasa de contagio-, las que implicaron una generalizada recesión mundial, frente a lo cual se destinaron distintos niveles de recursos en distintos planes de reactivación.  Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en América Latina y el Caribe estos ascendieron , en promedio, al 8 % del PIB. En el Perú se ha destinado recursos para la reactivación y apoyos (bonos, subsidios a las firmas, programas de garantías etc.) hasta ahora por un equivalente al 19% del PBI, con reglas fiscales suspendidas ¿Por cuánto más tiempo? Veamos este tema.

Lo descrito en el párrafo anterior se hizo en el marco de generalizadas suspensiones de reglas fiscales, donde vía gasto público expandido, sin topes formalizados, se apoya económicamente a familias y empresas en medio de fuertes caídas de ingresos tributarios. En consecuencia, los déficits fiscales suben y la deuda pública también. El reto vigente hoy, es que haya señales claras de retomo a una creíble senda de sostenibilidad de las finanzas públicas, más aún en el caso del Perú, dado el importante aumento del déficit de 1.6% del PBI en el 2019 a 8.4 % en el 2020, ello a su vez originó mayores necesidades de financiamiento, por ello en el caso del Perú, el ratio deuda/PBI paso de 26.8 a 35.1% en periodo similar.  Dadas las reglas fiscales –ahora suspendidas- por ejemplo, la existencia de un limitado ratio Deuda Publica/ PBI de 30% así como regresar al límite del déficit fiscal en 1%. El retorno gradual a estas reglas es imprescindible, si se quiere generar permanente de confianza y no solo episódicas.

La mantención durante mucho tiempo de ratios deuda pública/PBI en niveles altos respecto a nuestra historia fiscal -en las últimos 20 años- podría estorbar una indispensable recuperación económica, si nuestras autoridades económicas no son proactivas al limitarlos –aunque ello podría tener un alto costo político en el corto plazo- y a la vez de enviar señales claras de gestión responsable de las finanzas públicas comenzando con restituir la vigencia de reglas fiscales.  La idea central es que estas reglas permitirán mantener los fundamentales macroeconómicos del país sólidos y estables, independientemente de la administración de turno.

En estricto, lo que pasa ahora en el Perú es que se está potenciando el gasto público para contrarrestar la caída de la inversión y el consumo, sobre todo privados. Quizás esta práctica, encuadrada en una política contra cíclica, es mejor desarrollarla en el marco de reglas fiscales vigentes, funcionales para la sostenibilidad fiscal de largo plazo, en línea con parámetros de sostenibilidad de la deuda.  Por supuesto, nunca estará demás, referir que efectivas reglas fiscales, tienen incidencia sobre el riesgo soberano., y a partir de ello, sobre la probabilidad de generarse un sudden stop en la entrada de capitales al país.

 Cabe mencionar que reglas fiscales vigentes, pueden también proveer beneficios claros a los países en términos de menores costos de endeudamiento y mayor estabilidad en los flujos de capitales, factores básicos para apuntalar la estabilidad macroeconómica, condición previa para cualquier sostenible reactivación de la economía.  El hecho que aún exista incertidumbre sobre el fin de la pandemia y sus efectos macroeconómicos, no debería limitar la necesidad que los gobiernos restituyan  reglas para la implementación de políticas fiscales, necesarias para una recuperación económica sostenida, y sobre todo tan especialmente urgida, dadas las especialmente  adversas circunstancias económicas en nuestro país,

No todo fue malo

Un lugar común, es que la sola recordación del 2020 trae reminiscencias negativas: pandemia covid19, recesión económica sin parangón en la última centuria, pérdidas de empleo masivas, insuficiencia oferta servicios de salud, inestabilidad política, hasta el descenso de Alianza (para algunos), ¿pero todo fue malo? Veamos esto.

En principio hay un particular contexto en el que se dan los hechos reportados en el párrafo anterior en el periodo 2019-2020: Ratio deuda pública /PBI pasa de 26.8 a 35.1%, restringido espacio fiscal para ayudas, déficit fiscal pasa de -1.6 a -8.6%, lenta reactivación de actividad económica, empleo 6.2% por debajo del 2019, trabajadores con baja calificación promedio con menores posibilidades de desarrollar trabajo remoto.  Por otro lado, la lenta salida de la recesión y la necesidad de retornar a una senda fiscal sostenible, plantea preguntas como ¿Se subirán impuestos y/o se recortarán las ayudas que apoyan más a las clases medias y bajas? Internacionalmente el entorno no pinta bien. La incertidumbre sobre la dirección de la globalización se hace evidente: efectivizarían del Brexit , imposición de medidas proteccionistas en países buscando que sus empresas se reactiven más rápido, restricciones mayores a la migración. Este incierto derrotero de la globalización, podría afectar el crecimiento a futuro.  

Pero también, los problemas nuevos derivados de la pandemia, originó la necesidad de desarrollar soluciones frente a problemas nuevos, desde trabajo y compras remotas, nuevos protocolos en uso transporte público y relacionamiento entre personas, servicios expandidos como educación y salubridad en línea. A estas innovaciones se suma la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mejoras en la calidad del aire y recuperación de los espacios naturales. Por otro lado, las cuarentenas han inducido a una mejor disposición por parte de varios países: China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos (tras la salida de Trump), para proponer planes de emisiones cero en un futuro próximo. Próximamente, la Secretaria del Tesoro de EE.UU. retomaría la discusión sobre impuestos a la generación de dióxido de carbono, haciendo más plausible que los objetivos del Acuerdo de París se cumplan. Resultaría así, que la pandemia indujo a la búsqueda de soluciones que están asociadas a una nueva normalidad más sana y sostenible, e impulsándonos hacia un futuro más sano y sostenible para todos.

La ocurrencia de estas positivas soluciones y buenas prácticas señaladas, con implicancias económicas futuras locales y externas.  Un detalle importante es que el acceso efectivo a esta “nueva normalidad” en mucho se condiciona a la efectiva capacidad de acceso a esta nueva generación de bienes y servicios, por tal razón, no sólo es importante retomar el crecimiento económico, sino también, lograr una menos regresiva distribución del ingreso.

Quizás lo más visible en todo este conjunto de cambios se refiere a lo referido a la vida económica personal: Nuestros modos de trabajar, comprar y de relacionarnos con los demás. Cuando todo el mundo esté vacunado ¿Volveremos a trabajar presencialmente o se optará por ahorrar el coste en oficinas y el desplazamiento diario a estas? ¿Se reconciliará así la vida personal y laboral? ¿Cómo serán las nuevas formas de gestionar el trabajo remoto?  ¿Seguiremos haciendo viajes de trabajo o aceptaremos Zoom como un sustituto barato y eficaz? ¿Volveremos a las tiendas y los restaurantes como antes u optaremos por la comodidad del ecommerce y el delivery? ¿El turismo se volverá más local o viajaremos como si el mundo se acabara mañana?

La respuesta a estas preguntas plasmadas en nuevos hábitos permanentes nos daría una oportunidad, -quizás única-, para generarse relaciones laborales más humanas y de pasada para crear una economía más inductora a la innovación a nivel microeconómico. Al final, no todo fue malo.

Reto para las firmas 2021

En estos tiempos finalizando un duro año 2020, con Pandemia, recesión económica  sin precedentes, inseguridad ciudadana, sucesivas crisis políticas, corrupción extendida, institucionalidad pública bajo permanente sospecha, clase empresarial  poniéndose de perfil y por cierto un Congreso fuente constante de iniciativas que podrán tener un propósito de mejorar condiciones a sectores más desfavorecidos, pero en la práctica se termina paradójicamente afectando a estos.

Todo este listado de limitantes para ser un país próspero podría ser más largo, pero es suficiente como encuadre para evaluar en este corto artículo, a un factor poco exhibido, como es el de la actitud de las empresas, muchas veces muda cuando no reactiva y poco capaz de hacer indispensables análisis prospectivos –dada la calidad de información que detentan- frente a situaciones críticas no sólo en sectores donde ellas participan. Veamos este asunto a continuación.

Entender el funcionamiento de un sector económico, implica referir la interacción de empresas consumidores, regulación estatal (en algunos casos) y un contexto macroeconómico que lo condiciona.  El caso es que la interrelación entre estos distintos agentes económicos antes referidos, no está libre de diferencias o contingencias resultantes.  El punto es: ¿Cómo se resuelven estas? ¿Quiénes aparecen para resolver desacuerdos y quienes se ponen de perfil? Como podría ser el caso de las firmas, a pesar que cuando escalan estos conflictos económicos (y políticos también) a pesar de verse afectadas, presentan un no disimulado grado de inacción, como si el asunto no fuera con ellas. O si plantean posición lo hacen vía opinólogos “independientes” Al final, la idea errada es asumir que el sólo cumplimiento de normatividad legal, es condición necesaria y suficiente para operar.

El que las firmas tengan que -desde el principio-  buscar explícitamente soluciones ante diferendos, por lo menos en sectores donde participan es indispensable.  A manera de ejemplo en el caso de las empresas agroexportadoras y no obstante recibir por más de 20 años beneficios provenientes de una ley promotora para ellos: Impuesto a renta 15%, depreciación acelerada, pago a Essalud de 5% etc, nunca se anticiparon a un embalsado problema de salarios reducidos para sus trabajadores, y mucho menos actuaron proactivamente.   

Pero al margen de su propio sector, adicionalmente incluso con participación de sus gremios, deberían –por su propio interés- fijar posición en otros sectores, dadas las externalidades negativas generadas. Pensemos, por ejemplo, en los efectos económicos en empresas de transporte de carga, servicios almacenaje, servicios aeroportuarios relacionados etc. siendo la cereza en el helado, el bloqueo de carreteras y la afectación económica en sectores económicos que no tienen relación directa con la agro exportación. Por ejemplo, servicios de transporte interprovinciales, turismo etc.

En mi opinión, no basta este mayor involucramiento de las firmas, importa también, si el cómo, es consistente con la conducta real de estas. Al respecto, algunos señalan como posibilidad de involucramiento empresarial, el tomar como referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, sin decir en cuáles de ellos se enmarca el priorizado actuar de ellas. Alternativamente, siempre desde el sector empresarial, otros plantean tomar posición sobre el respeto a la normatividad cercana al ciudadano como la laboral.  

El problema es que nadie les cree, porque, por ejemplo, en el caso de las agroexportadoras, nunca se hizo referencia por parte de ellas, de la existencia de empresas de services que intermediaban ilícitamente en la contratación de trabajadores.  ¿O en verdad alguien cree que no se sabía de la existencia de estas irregulares situaciones? Por lo expuesto, la recuperación de la confianza en las empresas, plantea una senda empinada y extendida en el tiempo. ¿Las empresas y sus gremios se animarán a dar primer paso?

PD.: Que este 2021 sea un exitoso año para todos, -en verdad, cualquiera será mejor que el 2020- que ya se va.

¿Andador eterno?

Un tema que generó y genera mucha controversia en estas últimas semanas fue el régimen de promoción al sector agroexportador, Ley N° 27360 de Promoción del Sector Agrario; norma que tuvo como objetivo dinamizar las actividades del sector agropecuario y agroindustrial. Promulgada hace 20 años, fue renovadora en el 2019 estableciéndose una vigencia hasta el 2031.

Este régimen especial se visibilizó a partir de las protestas de los trabajadores del sector industrial, no solo por condiciones de trabajo sino por bajos salarios también. El caso es que, dada la presión social, con trabajadores que tomaron parte de la carretera Panamericana Sur por varios días, el Congreso derogó la norma, y ahora se discute una nueva ley de promoción. ¿Qué asuntos están en discusión y sobre todo cuáles ni siquiera son mencionados? Veamos brevemente esto.

Mirado por la evolución de valor de las exportaciones agroindustriales, al amparo de los beneficios a las empresas les ha ido muy bien. Las exportaciones pasaron de S/ 6,172 millones en el 2017 a S/ 23,755 en el 2019. Incluso a pesar de la pandemia covid-19, las exportaciones del sector agroindustrial sumaron S/ 16,045 millones entre enero y setiembre del presente año, monto mayor al 3.4% respecto a similar periodo del 2019.

Debe señalarse que la renovación del régimen ocurrida en el 2019 implicó algunas modificaciones: la remuneración mínima diaria aumentó de S/ 36.29 a S/ 29.19 (incluido el pago de gratificaciones), el periodo de vacaciones se amplió de 15 a 30 días y la tasa de aporte a Essalud se incrementó de 4% a 6% (en el régimen general es de 9%), finalmente la indemnización por despido arbitrario aumentó de 15 a 45 remuneraciones diarias por cada año de labor.

Si bien los cambios realizados acercan a las empresas de este sector a las reglas aplicables al resto de las empresas, este acercamiento fue marginal, en tanto, por ejemplo, se dejó intocada la tasa de Impuesto a la Renta en 15% siendo esta en el régimen general de 29.5%.

En la discusión actual en el Congreso en el proceso de elaborar una nueva ley de promoción que reemplazará a la norma derogada, si bien en principio se admite correctamente la temporalidad de los beneficios tributarios, en tanto se trata de dar un envión temporal a las empresas del sector promovido, a la vez se plantea -luego de 20 años de existencia del beneficio tributario- la mantención de la tasa de IR en el 15% y un aumentó de la tasa a 20% en el periodo 2022-2021, aumentando a 25% para 2025-2027, y del 2018 en adelante, el IR recién llegaría al 29.5%, tasa correspondiente a la del régimen general.

Adicionalmente, se plantea una tasa de depreciación de 20% a las obras de infraestructura hidráulica y riesgo, tasa que se plantea su mantención hasta el 2027.

Dado el conjunto de beneficios que sería incluidos en la nueva norma, solo por curiosidad: ¿se ha hecho previamente una evaluación de las ganancias en competitividad, resultados del accionar de las firmas beneficiadas por este régimen promocional desde hace 20 años?¿Bajo qué supuestos se justifica, por ejemplo, que el IR siga el 15% un año más, para elevarse a 20% recién en el 2022?¿Extensión de beneficios tributarios contra qué? Al final, la disponibilidad de información técnica resulta fundamental para no repetir errores pasados, como fue el otorgar beneficios a las empresas agroexportadoras sin condición alguna.

Bocado envenenado

Variados comentarios ha generado la reciente colocación por parte de nuestro país de un bono soberano a 101 años con favorables condiciones financieras y de demanda poco esperada. Qué factores explicarían este resultado -no solo es la confianza de los inversores-, debiendo advertir que por más barata que sea la deuda, si esta no es parte de un programa de reperfilamiento de deuda, sino solo para financiar déficits fiscales sin reducciones sustantivas, el resultado previsible es tener más dificultades para un creíble retorno a una senda de los sostenibilidad fiscal, además de perder solvencia e incrementar riesgo, encareciéndose así el costo de financiamiento futuro.

La colocación de US$ 1,000 millones a 101 años formó parte de una emisión de US$ 4,000 millones de bonos colocados el lunes 16 de noviembre a 12,40 y 101 años, con tasa cupón de 1.86%, 2.78% y 3.23%, respectivamente, alcanzando la demanda por estos bonos US$ 11,500 millones, casi tres veces el monto ofertando. Esta sobredemanda se explica en parte por la confianza de los inversionistas -pero solo en parte-, dada la existencia aún de fortalezas macroeconómicas del país, tanto absolutas como en comparación con otros emergentes.

Pero además de la confianza de los mercados, la sobredemanda y tasa lograda se explican también, por i)Una incrementada liquidez en los mercados, productos de políticas monetarias expansivas desarrolladas por la mayoría de bancos centrales alrededor del mundo. ii) Por una mayor probabilidad de rápida reactivación, por una cada vez más cercana disposición de las vacunas contra el covid-19. iii) Adicionalmente, ayudó el carácter acotado de la crisis política sucedida recientemente; y así el riesgo país del Perú se estabilizó en alrededor de 151 puntos básicos, y iv) Jugó también a favor, del menor rendimiento de esta colocación, la reducción de la tasa de los bonos del Tesoro americano a 10 años a 0.86%, habiendo estado meses atrás en 1.89%.

El haber obtenido financiamiento con auspiciosas (temporales) condiciones no nos debe dejar de considerar que este ha servido para financiar un alto déficit fiscal que al 2020 llegaría a -9.1%, con lo cual la deuda publica respecto al PBI alcanzaría un 34%, proyectándose un 38% para dicho ratio al 2021. El desafío esta en que los mercados tengan la confianza, que retornaremos al ratio deuda publica/PBI tope de 30%, establecido en la normatividad fiscal -ahora en suspenso-, siguiendo una trayectoria factible y medible. No hacerlo -dado que no es muy popular realizar un ajuste fiscal- podría ser el resultado de caer en la tentación de seguir colocando bonos a tasa temporalmente bajas- para financiar déficits fiscales aún altos-, lo cual haría que el costo futuro del endeudamiento se incremente y, de pasada, cual externalidad negativa, se incrementará el costo del crédito al sector privado.

Alternativamente, suponer por algunos, que los márgenes entre activos financieros de soberanos se reducirán y a partir de ellos compensar la elevación del riesgo país, es bastante forzado, pero al final, la esperanza es lo ultimo que se pierde para algunos. Diría más bien que estas ventanas de oportunidad de financiamiento menos costoso podrían servir para hacer operaciones de canje de deuda de dólares a soles y a plazos más largos, dado el aplanamientos, estando todas estas intervenciones contenidas en una estrategia de reperfilamiento de la deuda tal como lo hicimos en el MEF en el 2003.

A manera de conclusión, se espera que la tentación facilista de accesar a un actual pero temporal abaratamiento del crédito -para financiar déficits crecientes o con reducciones marginales- sirva para postergar el desarrollo de un necesario planteo y ejecución de una estrategia dirigida a retomar las sostenibilidad de nuestras finanzas publicas, tarea poco visible y con réditos diferidos, pero no por eso menos necesaria.

Cuando se mira solo la coyuntura

Son varios factores que explican la actual volatilidad de importantes variables macroeconómicas como el tipo de cambio, índices bursátiles, riesgo país, entre otras. Entre estos factores están las acrecentada incertidumbre que se genera en los mercados, debido al avance lento del plan de reactivación, dudas sobre una real independencia de poderes, difícil recuperación de la estabilidad fiscal, control de la pandemia y control de crisis política. Estos factores deben ser tenidos en cuenta para limitar en el tiempo la inestabilidad de hoy. Debo mencionar que la incertidumbre resulta exacerbada cuando a la fecha no pocas iniciativas provenientes del Poder Legislativo, con quizás buena intención, carecen de un sólido sustento técnico.

Un ejemplo de esto último, es el proyecto de devolución de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), aprobado por el Legislativo y observado por el Ejecutivo. ¿Cuál será ahora la posición del Ejecutivo frente a la previsible insistencia del Congreso? Veamos algo de este proyecto, y la respuesta frente al tema por
el entonces encargado de la Presidencia.

¿Por qué es populista y de endeble base técnica este proyecto? Todos sabemos que el SNP es un sistema de reparto –todos los aportes van a un solo pozo- y a la vez de subsidio intergeneracional de los 1´250,000 afiliados (a febrero 2020) para cubrir pensiones de los 576,000 jubilados en el sistema previsional público.

Los problemas del SNP son varios: aparte de la reducción de afiliados (eran 1´650,000 a fines del 2019), una densidad menor de aportes de 34% (en el SPP es 40%), desfinanciamiento en febrero del 2020 los ingresos sólo llegaron a S/ 326 millones frente a una planilla de pensionistas ascendiente a S/ 416.3 millones, lo faltante es cubierto con presupuesto público.

Si hay un déficit por cubrir todos los meses, cualquier traslado de dinero a los afiliados, significará una mayor necesidad de recursos por aportar del Estado, así sea por única vez (aunque lo dudo por la lentitud de la reactivación económica y del empleo). Adicionalmente plantearía algunas preguntas básicas: Que criterio técnico definió que la devolución de aportes sea de una UIT (S/ 4,300) por que no 2, 3 o media UIT? Y a todo esto ¿El Congreso, ha hecho algún ejercicio de prospectiva y sostenibilidad financiera del SNP, habida cuenta que la esperanza de vida entre el 2020 y el 2075 pasa de 76?4 a 85.8 años, o que la población mayor a 65 años pasa de 2.9% a 10.7% en periodo similar, ¿Qué cambios se necesitan en el SNP para que este sistema sea sostenible? ¿Se mantiene la actual tasa de aporte ? Pero a la vez ¿Dejando funcionar el mercado de trabajo tal cuál? Creo que el retiro por S/4,300, sería sólo un parche financiero dada la iliquidez actual de los desempleados ahora, pero este desordenado acceso a los fondos del SNP ¿Soluciona al menos en parte los problemas de fondo antes mencionados? Yo creo que en nada.

Frente a estas preguntas –hasta ahora sin respuesta- el encargado de la Presidencia señalaba hasta el pasado domingo 15 de noviembre:

“Vamos a convocar a una reunión al presidente del Congreso, a los miembros de la Mesa Directiva y a las nueve bancadas para que podamos hacer un análisis de responsabilidad en los actos de este corto plazo que nos queda y poder tomar acciones que vayan directamente en el buen funcionamiento del Estado y la responsabilidad de la transición de este gobierno al 28 de julio”, ¿Se entiende que cosa es sostenibilidad financiera? ¿Es cuestión de una reunión para lograrla?

En suma, autorizar el retiro de aportes al SNP, tal como ha sido planteado, es un desordenado paliativo frente a la insuficiencia de liquidez actual -hubiese sido quizás más adecuado otorgar un bono- dejándose intactos los problemas estructurales del SNP, un nuevo “regalito” para la administración entrante

El costo de la incapacidad

La inversión publica ha venido contrayéndose desde antes de la pandemia: tomando información del último Reporte de Inflación del BCRP, esta se contrajo en 1.4% en el 2019 mientras que para este año se estima una contracción de 19%. Estas contracciones -incluso desde antes de la pandemia- han llevado al Estado a buscar opciones que aceleren la inversión, siendo una de ellas los convenios de gestión de Gobierno a Gobierno (G2G), para desarrollar proyectos de infraestructura el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRC), en el norte del país, dada la destrucción de infraestructura por el fenómeno de el Niño costero en el 2017. Para ello, a fines de junio del 2020, se adjudicó al Reino Unido este encargo, aunque hay en este caso, temas pendientes de explicación.

El poco tiempo para adjudicar obras bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) y los retrasos en la determinación de la viabilidad de los proyectos son las justificaciones de la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) para postergar adjudicaciones adicionales de proyectos al 2021, a pesar de los retrasos en la ejecución del PIRC. A julio del 2020 solo se ejecuto el 24.2% del Plan, con recursos por S/. 25,655 millones. Frente a ello, al 2020, la ARCC adjudicó al Reino Unido un paquete del G2G, por lo cual expresamente la directora ejecutiva de la ARCC señalaba: “Tenemos que aceptar que no podemos abordar todos los proyectos [en plazos tan ajustados], porque son grandes inversiones. Es muy riesgoso y eso también Reino Unido nos lo hizo ver”. Dicho esto hay un reconocimiento claro de la actual incapacidad estatal para gestionar proyectos.

Adicionalmente, la AARC señalaba: “Reprogramamos el presupuesto asignado al G2G porque todo cambió por la pandemia. Nosotros señalamos que la meta para el 2020 era convocar procesos que ascendían a S/ 6 mil millones, no ejecutarlo”. O sea, ellos solo convocan, entonces ¿Cuál es el valor agregado, que justifica su existencia institucional? Alternativamente, sería útil saber ¿a qué se dedica entonces la AARC? Por otra parte, en el papel, los contratos G2G sirven para transferir know how, en gestión de proyectos a funcionarios locales. ¿A 9 meses del cambio de administración? Con el añadido de que hoy, por limitaciones presupuestales, no se está renovando contratos a terceros y CAS, no obstante que en la practica no pocos de estos colaboradores tenían que ver con la gestión de proyectos públicos.

Por otra parte, desde una perspectiva macro, la inversión es funcional al crecimiento de la inversión privada (con contracción prevista de 28.9% para el 2020), dado que el incremento de infraestructura desarrollada por el Estado facilita inversión privada a continuación; debiendo señalar además que la inversión estatal tiene un impacto económico no solo por el lado de la demanda sino también por el lado del producto potencial, el cual define nuestra capacidad de crecer en el corto plazo, sin presiones inflacionarias importantes.

Regresando al contrato G2G con los ingleses, con una asignación por S/ 7,000 millones para la construcción de drenajes, defensas ribereñas, hospitales, colegios, en el norte, estos cobrarían un 8% por comisión. Esto es S/595’948,000- esto es lo que nos cuesta la ineptitud estatal para gestionar proyectos de infraestructura-, pero además de caro, este contrato con los ingleses tiene situaciones de excepción, como, por ejemplo, si se produjese alguna irregularidad en el proyecto, ellos no están sujetos a la legislación peruana.

Mirando al 2021, el presupuesto de la ARCC es de S/. 8 mil millones y aproximadamente S/. 6 mil millones se destinarán a las obras bajo contratos G2G. ¿Tal como el descrito? ¿Qué iniciativa gubernamental se viene desarrollando para mejorar las capacidades en la gestión de proyectos? ¿Existe alguna? Preguntas relevantes para un año con cambio de administración gubernamental y con una reactivación económica aún pendiente.

A propósito de las AFP

Distintas iniciativas legislativas del Congreso, han buscado permitir un mayor acceso a sus fondos a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), dada la situación de iliquidez actual. ¿Es solo por la falta de liquidez que los afiliados están a la expectativa de nuevas opciones de retiro de su dinero?¿Qué esta pasando?

Con datos de Cepal con una elasticidad empleo/producto de 0.65 y una contracción del PBI prevista de 13% para este años, se pronostica un aumento de caso 1 millón 500 mil desempleados. Esta caída de la demanda de empleo, en los hechos, disciplinó el mercado de trabajo. Así no resulta infrecuente reducciones “voluntarias” de salarios para mantener el empleo, resultado de una mezcla de excesos de oferta en el mercado laboral al nivel salarias previo a la recesión, más una creciente necesidad de reducción de costos por parte de las firmas, buscando recuperar competitividad y sobrevivir a la extendida contracción de la demanda para este año, según el último Reporte de Inflación del BCRP (setiembre 2020): consumo privado -10%, inversión privada -28.5%, inversión publica -19%, exportaciones -22%.

Esta claro que salarios y empleos disminuidos retraen la masa salarial y así el consumo privado (67% del gasto). Obviamente, el desempleo originado implica una menor densidad de aportes y con lo cual una menos presión futura. Adicionalmente, esta menor densidad se vería incrementada por la previsible mayor informalización laboral para reducir costos por las firmas también. Al final, una menor densidad de aportes (que a diciembre 2019 ya era 40%) por las razones descritas originan menores pensiones futuras y no solo por retiros parciales hechos por los afiliados a fin de cubrir la falta de flujos de ingresos al estar hoy desempleados.

Por otra parte, no se dice nada que de un total de 7.4 millones de afiliados a las AFP a diciembre del 2019, 3.3 millones no estaban aportando. ¿Se sabe cuántos de ellos no podrían alcanzar una pensión de al menos la pensión promedio en la ONP de S/. 784?¿Y si se sabe quienes y cuántos son, las AFP que los tiene aún como afiliados, les han dado a conocer su inútil permanecía en el Sistema Privado de Pensiones?¿Les siguen cobrando comisiones por flujos cuando hacen esporádicos aportes o, peor aún, les cobran sí o sí comisiones cuando están pactadas por saldos? En general, la respuesta de las AFP frente a estas inequidades es plantear la existencia de una pensión mínima financiada por el Estado, o sea del bolsillo de nosotros los contribuyentes. De colección.

También hay otros factores que implican complicaciones futuras, no para las AFP, sino para los afiliados: Hoy las esperanza de vida es 76.4 años, en tanto al 2075 será de 85.8 años. ¿Más años de vida, con la misma tasa de aporte y la reducida densidad actual a la misma edad de jubilación?

Las AFP señalan que un proceso de reforma tiene que garantizar que las personas que no tienen capacidad de ahorro previsional puedan beneficiarse de una pensión de jubilación. ¿Y las AFP no se beneficiarían teniendo afiliados subsidiados con nuestros bolsillos? Y una alternativa para lograr esta pensión mínima es generar incentivos que garanticen que el afiliado llegue a la edad de jubilación con aportes constantes a un fondo, ¿y continuando con el cobro de comisiones independientes de la rentabilidad lograda por el fondo (plata nuestra) que ellas manejan? Incluso aplicando un sistema de cobro de comisión solo cuando se genere rentabilidad en los fondos, ¿qué nos garantizan que las inversiones de las AFP sean las más conservadoras, originando una reducida rentabilidad positiva asegurando así el cobro de comisión, donde son los afiliados los que afrontarían un costo oportunidad?

¿En verdad creen que los afiliados estamos conformes con todas estas inequidades? Por lo descrito, así no hubiese falta de liquidez, ¿alguien duda que los afiliados apenas se dé la posibilidad, maximizarán el retiro de sus fondos previsionales?