Leche y mercados ineficientes

kb02

A propósito  del revuelo causado por el descubrimiento,  -por lo menos en el caso de una marca- que  lo que comprábamos como leche, no lo era, sino técnicamente definido, el producto era  un alimento compuesto. Este cambiazo se facilitó al publicitarse engañosamente el producto como si fuera leche,-sin serlo-, definiendo así  un oscurantismo nocivo  para el consumidor. El caso es que los efectos de este tema, tiene además otras connotaciones económicas  adversas poco conocidas, como veremos a continuación.

Una primera afectación adversa, proviene  de previsibles  decisiones ineficientes  por parte de los consumidores, al carecer de información correcta sobre las reales características de lo que estaban comprando, inducidos por publicidad engañosa, en tanto se presenta el producto, que ya sea por textos e imágenes, inducia al consumidor a  considerarlo como leche –sin serlo- siendo la imagen de una  vaquita incluida como figura dominante en la envoltura, el reforzamiento central del efecto a lograr sobre los compradores; es decir la idea es que creas que  estas comprando  leche,  y a partir de dicha creencia, la deseabilidad generada,  se expresa por el precio que estás dispuesto a pagar (y que realmente pagas) esta es tu valoración como consumidor que se expresa a través de una función de demanda.   Para el caso que nos ocupa, el producto en referencia, técnicamente no es leche ni  producto lácteo, en tanto incluye otros elementos en su composición (ejem soya) por lo cual, una descripción más adecuada del  producto, es la de alimento compuesto, en línea a lo  especificado en la correspondiente norma técnica, referente fundamental generado bajo el ámbito del Instituto Nacional de la Calidad (INACAL). Si alguien dudase del efecto de esta publicidad ambigua nos preguntamos: ¿Con su real denominación (y de paso sin vaquita) pagarías lo mismo?  Por añadidura, esta práctica duró años, siendo el resultado: Beneficio indebido para la empresa, engaño a los consumidores y decisiones económicas ineficientes.

Otro efecto económico adverso sobre el funcionamiento de los mercados, proviene de  la calidad regulatoria estatal sobre estos. Por una parte, la  Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa)  menciona que los componentes  utilizados en la elaboración del producto, fueron distintos de los presentados por la empresa. Así en el expediente para la obtención del registro sanitario, en el año 2014,  Digesa otorgó un registro  sanitario con la denominación alimento lácteo evaporado, no obstante, en el  2015, se modificaron  los registros sanitarios (anotaciones) cambiándose por la  denominación leche evaporada parcialmente descremada con leche de soya, maltodextrina, grasa vegetal, minerales (hierro y zinc) y enriquecida con vitaminas A y D... Este solo hecho discrecional, pone en cuestión la performance y predictibilidad de la regulación a cargo del Estado.-mala señal para inversores-  más aún cuando  el mercado lácteo es  explicado en un 68% por la empresa, una de cuyas marcas es el producto en cuestión.

De lo referido, líneas arriba, el descubrimiento  sobre lo que realmente comprábamos , define la existencia de un negativo combo que afecta la eficiencia de nuestros mercados,  conformado por publicidad engañosa y una poco clara performance del regulador  -y pareciera que hay en fila más  productos con problemas  similares- agrandándose este tóxico combo para la eficiencia económica. ¿Así queremos llegar a ser considerados elegibles para la OCDE? Y a propósito ¿Cuál es la posición sobre estos  asuntos, de  gremios empresariales como la SNI  o la  Confiep?

 

¿Estrategia correcta?

kb02

La atención ciudadana  en lo que a economía se refiere, hoy  está marcada de lejos por el debilitamiento de la demanda interna y  el enfriamiento de la economía, pero ello no nos debería hacer perder de vista  varios desafíos resultado de nuestra creciente integración económica al mundo.

La mayor apertura  a la economía internacional, origina estar expuestos a un mayor grado de competencia.  Sin embargo un  asunto de interés es, si con el mismo dinamismo en que se avanza en  esta mayor integración, lo hizo nuestra competitividad en términos relativos respecto a otros países

La mayor apertura comercial, se evidencia del ratio entre la suma de exportaciones e importaciones respecto al PBI.  En 1990 este ratio fue 4.9%, en el 2000 6.4%, en 2010 16.7% mientras que en 2016 alcanzó un 40%, este creciente grado de apertura tiene como elementos  representativos  a los  Tratados de Libre Comercio (TLC),  La esencia de estos es promover vía desgravaciones arancelarias, un mayor flujo comercial  y de inversiones entre los países suscriptores, siendo lo ideal como país el como resultado de su aplicación,  nos constituyamos como  exportadores netos con crecientes captaciones de inversiones, pues ello significa mayor producción local, demanda de empleo ,recaudación impositiva etc.

¿Cómo nos ha estado yendo?’ Perú ha suscrito 21 TlCs, lo cual en  teoría  nos abre la oportunidad de ingresar a 21 nuevos mercados, pero que a la vez productores de estos 21 países pueden ingresar desgravados de aranceles al mercado peruano; el caso es que en los 2 últimos años la balanza comercial fue negativa en US$ 1,500 y US$ 1,200 millones,  como tampoco se puede invocar atracción de inversiones gracias a estos TLCs:  la inversión extranjera de largo plazo  ha venido sostenidamente cayendo  US$ 20,927 Mills  (2012) llegando a US$ 10,195 Mills en 2015 y US$ 5,544 Mills el 2016. Al final, este  déficit comercial y decreciente inversión  serían  indicativos  de falta de competitividad de nuestros productos en comparación con los extranjeros; tal como se reflejaría del último Índice de competitividad  mundial del IMD.

El ranking de competitividad  presentado, mide como una economía gestiona sus recursos y competencias para elevar su productividad  e incrementar el bienestar de su población para una muestra de 63 países sobre la base de 4 pilares: Desempeño Económico, Eficiencia Gubernamental, Eficiencia en los Negocios e Infraestructura; cada uno de los cuales contienen 5 factores evaluados… El Perú en el 2017 bajo una posición (55º) respecto al 2016 (54º), siguiendo una sostenida perdida de posiciones desde el 2008. De los 20 factores evaluados en 2017 Perú  retrocedió en 12, mantuvo posición en 4  y mejoro posición en 4 de ellos. Los factores donde se producen los mayores retrocesos son Legislación para los negocios (7 lugares), Política Fiscal (6 lugares) y Prácticas Gerenciales (4 lugares). Este deterioro en competitividad se hace mayor cuando se pone en evidencia  que empresas locales no son explicitas en la información al consumidor sobre la composición  exacta de lo que producen y venden, primando la publicidad ambigua como es el reciente caso de lácteos en Perú.  Pero, ¿Cómo estamos frente a opciones de integración económica entre países menos disímiles como la Alianza del Pacífico? El índice de competitividad nuestro es el último del grupo (55o): Chile (35º), México (48º), Colombia (54º); por ello no es  casual el que la balanza comercial con este bloque haya sido deficitaria  en –US$ 1653 Mills, -US$ 891 Mills y – US$ 1,749 Mills en el 2013,2014 y 2015 respectivamente. La pregunta derivada de los hallazgos antes referidos es ¿Cómo podríamos tener alguna posibilidad de convertirnos en exportadores netos, cuando venimos perdiendo posiciones en competitividad relativa a otros países? ¿Maximizar el número de TLCs  contextuado con  una sostenida pérdida de competitividad, es una estrategia correcta?

El desafío de la inversión pública

kb01

El denominado  efecto Odebrecht, a partir de una serie de casos de corrupción en la forma de sobornos,  es como  la puesta en escena en varios actos, con trama, escenario, actores principales y de reparto; evento que no nos está pasando una factura macroeconómica al contado como sugiere el MEF equivalente a  1 pto del PBI, sino que en realidad la economía peruana  viene y seguirá  pagando este costo en caras cuotas periódicas…

Para dar una idea  de estos costos diferidos  será útil mirar los determinantes del PBI  en base al gasto: Así este  depende de las familias vía gastos de consumo, de las  empresas vía el gasto de inversión, del Estado vía gasto público y de las compras de los no residentes vía   exportaciones.  El caso es que la extendida desconfianza conocida como el efecto Odebrecht, ralentiza las decisiones de inversión,  no solo pública sino la privada también,  con ello, se afecta  negativamente tanto  la dinámica del actual  flujo de actividad  económica–el total de la  inversión equivale al 22.5% del PBI- como también al PBI futuro, en tanto que vista la  inversión como variable flujo,  implica cambios en el stock de capital factor determinante.

A manera de referencia tomando un subconjunto de proyectos que tienen en común  además de esta relacionados con empresas brasileras, es  que todas  generan  incerteza y/o desconfianza sobre sus contratos y /o expedientes técnicos: Obras de trasvase del proyecto Olmos, Vías  Nuevas de Lima, Gasoducto del Sur, Tramos 2 y 3 de la IRSA Sur, IRSSA Norte, III etapa de Chavimochic. En conjunto estos proyectos no son poca cosa, alcanzan US$ 9,318 Mills de inversión. Pero hoy o están retrasados en avance de obra o en algunos casos  fueron cancelados. Y  lloviendo sobre mojado, el lunes último se  anuncia la rescisión del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, luego de una serie de idas y venidas, originándose así,  un grado mayor de desconfianza y/o incertidumbre respecto a la inversión pública y privada,  En el caso de la 1ª, según el último informe de actualización de proyecciones macroeconómicas del MEF, se espera que la inversión pública crezca 15% en términos reales en el 2017; habiéndose contraído esta en 3.3% en el 2016; ¿Cuáles son los fundamentos que estarían detrás de este notorio cambio de tendencia?

Asociado a lo anterior ¿Cuál es la estrategia para mejorar la ejecución de la inversión pública? Esto último es fundamental, considerando factores adicionales que ralentizarían aún más la inversión pública y privada. Por un lado, tenemos el cambio de procedimientos como resultado de la implementación del sistema  INVIERTE.PE en reemplazo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), afectándose la inversión pública, o el condicionamiento de  la reducción de un punto del IGV, condicionado a que la recaudación neta equivalga al 7.2% del PBI en mayo, generando expectativa en empresarios que han venido postergando  sus importaciones  (en una espera inútil, por lo irrealizable del 7,2%) para pagar un IGV menor postergándose más los procesos de inversión privados .Cabe señalar que el papel fundamental de la inversión pública no proviene del hecho que representa el 4.8% del PBI (la inversión privada equivale al  17.8% del PBI; ) sino  que esta  desbroza el camino para que a continuación entre la inversión privada.

En suma, dado que tiene un papel  fundamental, la inversión pública  directamente en la recuperación de la demanda  e indirectamente por el efecto sobre la inversión privada, será de suma utilidad que se desarrolle  por el lado del MEF, una estrategia  que lleve a un mayor grado de ejecución de la inversión pública; no hacerlo pondría en riesgo inclusive  un modesto 2% de crecimiento para 2017… Desde la perspectiva del gobierno, debe apuntalar la  economía en tanto esta es  el palo de la carpa denominada gobernabilidad, porque definitivamente la política hace rato que dejo de serlo.

Base que se puede reducir

kb3

Revisando el último informe de proyecciones macroeconómicas del MEF, en el ámbito tributario la estrategia de formalización considera ampliar la base tributaria vía la incorporación  de transacciones antes no registradas, siendo  clave el régimen Mype tributario y el uso de facturas y comprobantes electrónicos, se considera también  la formalización de rentas antes no declaradas mejorando el control de patrimonio no declarado, siendo funcional a ello medidas inductoras a la repatriación de capitales, habiéndose contemplado adicionalmente medidas de simplificación administrativa y reducción de costos de cumplimiento. Según el MEF  será la ampliación de la base más que la modificación de tasas  lo que hará recuperar la recaudación a partir del 2018. ¿Pero la base actual es inmutable o podría también reducirse? ¿Existe alguna estrategia dirigida a los que hoy  declaran y pagan?

Con datos al 2015, la base tributaria está compuesta por 1´919,500 contribuyentes  que aportan S/. 90,900 millones de soles nominales recaudados por SUNAT. De este monto el 61.9% es aportado por la Mega y Gran empresa (0.61% de contribuyentes), el 25.3% por la Mediana y Pequeña empresa (4% de contribuyentes),  el 8.9% por la Microempresa (64.8% de los contribuyentes), 4% por Personas Naturales (31.1% de los contribuyentes).  Lo recaudado por SUNAT forma parte (junto a los ingresos no tributarios) de los ingresos corrientes del gobierno general que equivalieron al 20% del PBI en el 2015; ¿Pero esto es mucho o poco? Para tener una idea, este ratio es bastante menor que el pico 22.7% del PBI alcanzado en el 2012, con una proyección de sólo 18.9% para este año. Tenemos una recaudación es concentrada en pocos y  esperadamente menor como parte del PBI.

¿Pero esta base de contribuyentes que declaran y pagan es inmune a deserciones?  Mi impresión es que no existe tal inmunidad; y no me refiero al efecto adverso sobre la capacidad instalada de producción y sobre el número y aporte de contribuyentes pagantes resultado del fenómeno llamado Niño Costero.  Esta base actual podría tender a achicarse conforme pasa el tiempo, porque si ya sea en bonanza fiscal como en el 2012 o en tiempos de vacas flacas como ahora, siguen existiendo serios reparos ciudadanos respecto a  la calidad y cantidad de servicios que brinda el Estado, se decanta en consecuencia la vulnerabilidad estructural de la base actual, en tanto los conformantes de esta pagan, no porque tengan conciencia tributaria; sino porque la fiscalización tributaria es omnipresente, omnipresencia posibilitada en gran parte por el uso de poderosas herramientas provistas por las tecnologías de información por ejemplo. El caso es que a la inversa, estas mismas herramientas ahora,  pueden ser funcionales para lograr pagar por debajo de lo que se debiese (elusión) o simplemente no pagar (evasión), acciones sin duda ilícitas, pero relacionadas a la vez  directamente con la creciente insatisfacción por ejemplo sobre la provisión de  servicios estatales relacionados a la seguridad ciudadana, administración de justicia o servicios de salud y educación. La pregunta es  ¿Pagas impuestos y hay conformidad con lo que recibes?

En conclusión, tan importante como incorporar contribuyentes que declaren y paguen -la tan anhelada ampliación de la base tributaria- , es preocuparse también que la base  actual no se reduzca. Esto último no dependería sólo de la SUNAT, depende también de la performance de gestión de todo el Estado: Gobierno nacional, pero también del Regional y Municipal incluidos (con la carga tributaria adicionada por estos últimos). ¿Cuál es la estrategia  para evitar la reducción de la base tributaria actual?

Prevenir para después no lamentar

kb2

Anteayer el Primer ministro presento ante el Congreso un proyecto de ley referido al Plan de Reconstrucción Nacional , por S/.10,000 millones dirigidos a restituir el stock de capacidad productiva destruido o  afectado  a consecuencia del fenómeno de El Niño: 20,000 viviendas colapsadas, más de 10,000 kilómetros de carreteras afectadas o destruidos, 94,000 hectáreas de cultivo afectados o perdidos etc. Siendo hoy la sociedad  más sensible frente a la  corrupción, siendo una de sus formas el pago de sobornos, -consecuencia directa del llamado efecto Odebrecht–, resulta de particular utilidad desarrollar acciones preventivas al respecto.  Una de ellas sería la adopción por parte de  las organizaciones (empresas incluidas) de una Norma Técnica Peruana (NTP), la ISO 37001 o NTP anti soborno. Veamos porqué

Las (NTP), son documentos técnicos voluntarios, que contienen especificaciones de calidad, terminología, métodos de ensayo, información de rotulado, envasado, símbolos entre otros. Estas permiten homogenizar estándares de producción  con lo cual se facilita el ingreso a mercados, es elaborada por el consenso de las partes interesadas (fabricantes, consumidores, Estado, universidades, entre otros), estas partes interesadas forman un Comité Técnico de Normalización, siendo las NTP, aprobadas institucionalmente por el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL).

En  el caso de la recientemente aprobada NTP ISO 37001, esta contiene  prácticas y principios de gestión para aplicación en las organizaciones, que  previene, identifica y enfrenta el soborno al interior de la entidad. Por ello, la implementación de esta NTP implica considerar distintos elementos de gestión: Planificación y Control Operacional, Debida diligencia –en tanto la organización debe evaluar la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal pertinente-. Implementar esta  NTP también implica optimizar controles financieros y no financieros, establecer controles anti soborno dirigidos a socios de negocios, compromisos anti soborno, prevenir la oferta, suministro o aceptación de regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares, en tanto  su aceptación son o razonablemente podrían ser percibidos como soborno, a la vez de corregir controles anti soborno inadecuados.

 

Asimismo, la NTP ISO 37001 establece que  la organización en el marco de la Evaluación del Desempeño efectúa el seguimiento, medición, análisis, evaluación y auditoría interna, asegurándose que los resultados se informen a la dirección pertinente. Además para asegurar la objetividad e imparcialidad de esos programas de auditoría, la organización debe asegurarse que se efectúan por una función independiente o por un tercero debidamente acreditado. Finalmente, la organización debe reaccionar ante la no conformidad e implementar acciones correctivas apropiadas, a  efectos de las no conformidades referenciadas, en el marco de un mejoramiento continuo de la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión anti soborno implementado.

¿Y que ganan las organizaciones con ello? Credenciales éticas para clientes, colaboradores y socios, con el consiguiente efecto de mayor valor de marca y reputacional, reducción riesgos de soborno al interior, y un mejor posicionamiento frente a cualquier investigación  en el marco de una contingencia judicial. Considérese además que el camino de la adopción es más corto para las organizaciones que ya adoptaron otras NTP ISO.

 

Es evidente que la adopción de esta NTP ISO 37001 limita la existencia de corruptores y con ello de situaciones de corrupción, al evidenciar una mayor trazabilidad del dinero al interior de las organizaciones; por tanto si un creciente número de firmas la adoptan, ello constituiría una interesante acción preventiva. No ser proactivos frente al soborno y/o corrupción, agravará el contexto de desconfianza generalizada en el país, que sin duda ralentiza la toma de  decisiones por los agentes económicas, justo cuando se necesita  lo inverso para enfrentar  la actual desaceleración del PBI; peor aun cuando próximamente habrá  mayor cantidad de recursos públicos y procesos; por lo que creo que siempre será más eficiente prevenir la corrupción y enfrentarla que quedarnos como hasta ahora, en el lamento de los hechos consumados a la caza de corruptos y corruptores, cuando el daño a la confianza ya está hecho.

¿Sólo las finanzas importan?

kb1

Si hay un indicador de cuanta riqueza se genera en un periodo de tiempo en un país, este es el Producto Bruto Interno (PBI), como sabemos también de dicha riqueza generada, dependen los ingresos de los agentes económicos,  en tanto son proveedores de servicios de factores productivos  cuyo concurso permitió la generación de esta.  Uno de estos agentes  es el Estado, el cual percibe los ingresos tributarios. Magnitudes reducidas de estos -dado un nivel de gasto público-, generan un déficit fiscal mayor, definiendo un contexto fiscal, que si bien   financieramente es aun manejable, quizás no podríamos decir lo mismo sobre ello, desde una perspectiva económica. Veamos porque.

Como es sabido se han venido sucesivamente recalculando a la baja las proyecciones de  crecimiento 2017. Así en diciembre el  Reporte de Inflación  (RI) del BCRP  refería una proyección de crecimiento de  4.3% reduciéndose a  3.5% en el RI de fines de marzo; resultado último producto  del inexplicable ajuste fiscal del último cuatrimestre 2016 (contracción del déficit de 3.4 a 2.7% del PBI), sumado al efecto adverso sobre la inversión, producto de la pérdida de confianza generalizada  derivada del efecto  Odebrecht y para rematar el enfriamiento de la economía,  ocurre  el destructivo  fenómeno climatológico llamado  Niño Costero .  No se requiere mucha intuición para suponer que tasas de crecimiento menores del PBI complican las cuentas fiscales y el déficit, por el lado de un menor crecimiento de la recaudación; más aún, cuando el contexto  actual de destrucción de capacidad productiva generada por el fenómeno denominado Niño Costero, previsiblemente presiona por un mayor nivel de ejecución del  gasto, superior al 60 a 70% promedio del contenido en los presupuestos institucionales modificados (PIM) en el sector público.

Pero surgen más fuentes de desequilibrio fiscal. Según el RI del BCRP de marzo 2017, incluyendo el efecto del Plan de estímulo económico 2017 , el gasto no financiero del gobierno general  en términos reales se incrementaría en 7% , mientras que los ingresos corrientes del ingreso en general crecerían en 6.1% dato que incluye el efecto de 0.3% de aumento en la recaudación producto de recientes medidas tributarias. Como resultado se tiene un mayor déficit primario que alcanzaría un 1.5% del PBI, el cual sumado al pago por intereses  (1.3% del PBI)  explica el 2.8% de déficit fiscal proyectado por el BCRP.    Si bien desde una  perspectiva financiera este déficit proyectado  incrementaría marginalmente la deuda bruta de 23.8 a 24.5% del PBI entre 2016 y 2017 en tanto la neta de 7.9 a 9.9%, cabría preguntarse si económica y no solo financieramente  son sostenibles algunos  de los componentes de las cuentas fiscales.

Veamos el caso de los ingresos corrientes. Proyectados estos respecto al  PBI en 18.9% para el 2017, con ello ¿Cuanta suficiencia económica tendría  el Estado para atender las necesidades del país? Cabe referir que este nivel de recaudación, incluso es inferior al ratio de  19.8% correspondiente al 2009 cuando el país salía del efecto adverso generado por la crisis subprime,  la cual  llevo a un crecimiento del PBI de solo 1.12% en dicho año; y ni que decir respecto al ratio de 22.8% alcanzado en el 2012. La cosa se pone más complicada si consideramos la proyección del BCRP sobre dichos ingresos respecto al PBI del 2018: 18.6%.  Por otro lado, y siempre desde el plano económico, detrás de estos ratios ingreso corriente/PBI, las recientes medidas tributarias cuyos resultados están contenidos en dichos ratios, ¿Permitirán revertir las actuales asimetrías tributarias: El 0.1% de los contribuyentes explica el 61.9% de la recaudación mientras que las microempresas 64.8% de contribuyentes solo explican el 8.9% de los ingresos tributarios, o quizás servirán para ampliar la base tributaria o para  revertir el actual 33% de incumplimiento del IGV respecto a su base potencial?

Sin dejar de reconocer la utilidad de las finanzas públicas en general y la necesidad de tener control sobre el déficit, financieramente nuestra situación aún es sostenible, pero mirando uno de sus determinantes como  los ingresos corrientes, económicamente ¿tienen sostenibilidad? ¿Valdría la  pena  pensarlo no?

Gasto y PBI

kb7

Antes de la ocurrencia del llamado fenómeno del Niño Costero, la economía local –hacia finales del 2016- venia desacelerándose, dado el sobreajuste fiscal (el déficit paso de 3.4 en agosto a 2.7% del PBI a diciembre) y la continua contracción de la inversión privada: -6.1% en el 2016. Como  si fuera poco, la afectación adversa sobre la actividad económica, continua por el Efecto Odebrecht y  finalmente para rematar el cuadro, desde hace algunas semanas ocurre el llamado Niño Costero, evento último que trajo destrucción de capacidades productivas y merma de flujos de actividad económica en el país.  La necesidad a continuación de reconstruir capacidad productiva y de conectividad, es una oportunidad para detener el actual enfriamiento de la economía, pero la variable crítica no es la disponibilidad de recursos, sino la efectivizarían del gasto de estos.

Según cálculos de instituciones privadas, el efecto del Niño Costero sobre la infraestructura hasta el momento está en un rango de US$ 3,124 mlls a US$ 5,000 mlls; pero esta no sería la factura completa, no  solo porque aún no ha terminado la ocurrencia del fenómeno climatológico, sino porque  la destrucción de capacidad productiva origina a su vez  menor flujo de actividad económica (por el lado de la oferta) y adicionalmente un choque adverso de demanda, en tanto productores agrícolas, ganaderos, transportistas y procesadores de insumos provenientes de estos sectores entre otros, son  también  demandantes de bienes y servicios en los mercados locales; algunas estimaciones del impacto adverso refieren 0.5 ptos del PBI cuando menos.

Restituir la capacidad instalada de producción es fundamental y ello  tiene como  eje central la inversión pública; pero esto no está exento de retos. En mi opinión el principal de ellos, y pensando realistamente, es por lo menos ejecutar –en una 1ª etapa- los S/. 5,500 mills  destinados previamente a la reactivación, (monto  que incluyen S/. 1,500 mills destinados a la reconstrucción). Sin dejar de referir  el reducido impulso fiscal asociado a la aplicación de estos recursos, para que ello  sea factible,  se tendrá que recurrir a diversos vehículos de inversión como Asociaciones Publico Privadas, Obras por Impuestos, Fideicomisos etc.  Sin embargo, el desafío principal reside en que de no revertirse el grado de desconfianza generalizada,  consecuencia directa del llamado efecto Odebrecht, los procesos  de inversión públicos y privados van a avanzar con mayor lentitud. ¿Alguien supone que un funcionario público, tomara prestamente decisiones sobre aplicaciones de fondos en un contexto de declaratorias de emergencia (que hoy alcanza a 802 distritos) que flexibilizan y agilizan procesos de gasto, teniendo acciones de control por parte de la Contraloría por venir, frente a lo cual se encuentra absolutamente al descubierto? ¿Qué incentivo tiene para tomar oportunamente decisiones? Considérese que el promedio -anterior a esta problemática- de ejecución de inversión pública  anduvo entre un 60 a 70%.  Repensar las condiciones para asegurar un mayor nivel de ejecución de la inversión pública es fundamental.

Pero la dinamización de la actividad económica  ¿Solo estaría circunscrita al producto de la  reconstrucción de la  capacidad productiva del país? ¿Dependería solo de la política fiscal? La política monetaria también puede ser funcional a la dinamización antes referida; por ejemplo a través de reducciones en el encaje en soles, solo a manera de referencia, una reducción del 6 al 5% implicaría una inyección de  S/ 550 millones, opción  de efecto más directo sobre el crédito y la demanda interna, que una alternativa disminución de la tasa de interés de referencia, dado el rezago de 6 a 9 meses para que esta influya en  las tasas de interés aplicables a créditos de conumo,hipotecarios etc. Una política monetaria expansiva es viable, tanto porque la previsible alta  inflación de marzo,  será solo temporal por la suba de precios de alimentos, como también por una debilitada  inflación subyacente y un tipo de cambio con presión a la baja aun.  La idea es abrir el paracaídas  antes de estar cerca al suelo.

En suma, reconstruir nuestra capacidad productiva abre la posibilidad de dinamizar una débil demanda interna y actividad económica, vía un aumento de la inversión pública, contextuado en una política monetaria expansiva; la clave de la dinamización económica está en nuestra capacidad para efectivizar el gasto público; de no ocurrir esto nuestra holgura fiscal actual será económicamente tan útil como un cenicero de moto.