FUSIONES, ADQUISICIONES ¿SABEMOS LO QUE VA A PASAR?

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Un conocido Banco de inversión local, refiere la expectativa de incrementos de Fusiones y Adquisiciones (F&A) de empresas para este año, en tanto  que la actividad  de F&A se redujo en el 2017 respecto 2016. Más allá del mayor dinamismo de estas operaciones, resulta útil mirar los posibles efectos económicos resultantes de estos “deals” más allá de los montos pagados y comisiones cobradas. ¿Estas formas de integración no llevan a concentrar más los mercados y esto ser reñido a la libre competencia? Porque no implementar evaluaciones ex ante que estimen si el resultado de F&A conllevan  a efectivas restricciones a la libre competencia? Miremos estos asuntos  de interés general.

En el 2017, hubo cerca de 69 transacciones públicas, por USD 4,001 millones, incluyendo sólo aquellas donde Perú es el principal país domiciliado; con volúmenes de transacciones menores en  37% respecto al año anterior, habiéndose realizado transacciones por US$ 6,319 millones en el 2016.    De las 69 operaciones registradas en el 2017, 46 se asocian  a capitales extranjeros con targets peruanos, por USD 3,348 millones; 5 fueron firmas con capitales peruanos comprando  empresas extranjeras, alcanzando USD 23 millones; y 18 fueron operaciones internas por USD 541 millones.  Las operaciones del  2017, darían indicios que la actividad se habría mantenido concentrada en deals de tamaño medio a bajo -valor promedio por operación de 73.1 a 59 millones.

Entre las transacciones más identificadas del periodo por tamaño, destacaron las sucedidas los sectores de Energía, Financiero  y Manufactura, como la venta de la planta hidroeléctrica Chaglla (aún pendiente de cerrar) por un valor cercano a USD 1,390 millones; la venta del negocio Latinoamericano de Inkia Energy por USD 1177 millones; y la adquisición de acciones de Volcan Compañía Minera S.A. por Glencore Plc por un valor de USD 732.4 millones.  En el sector Financiero, destaca  la adquisición de Seguros Sura e Hipotecaria Sura por USD 268 millones, mientras que en el sector manufactura,  destaca la venta de Talsa SA por USD 378.2 millones.  Si probablemente para el grueso de lectores les sea difícil identificar estas firmas y los mercados en los que operan,  podríamos mencionar que  In retail (Inkafarma) compro Quicorp (Mifarma, Fasa y BTL) por US$ 583Mlls, Grupo Romero (Primax) a cadena grifos Pecsa por us$ 272 Mlls.   Estas operaciones conllevan sin duda a mercados más concentrados, -medibles sea por el Índice de Herfindahl Hirshman (IHH) o  por la concentración de las 4 primeras empresas-los cuales podrían dificultar la libre competencia en perjuicio de los consumidores.

Es verdad que las F&A al incrementar la magnitud  de operaciones, permiten la ocurrencia de economías de escala y así costos  medios menores, pero por otro al reducir el número de ofertantes en el mercado, ello hace menos plausible la ocurrencia de la libre competencia. A manera de  ejemplo, una reducción  de costos de insumos como el de  la leche en polvo, en una concentrada  industria de lácteos local, con un índice de Herfindahl Hirshman de 4,761 (IHH> 1,800 implica concentración) sea trasladado al precio final.  Cabe anotar también que la facilidad para realizar F&A sin control previo alguno, dificulta la acción fiscalizadora del Indecopi,  en tanto este ex post investiga la existencia de cárteles por ejemplo, pero por definición, estas investigaciones  se hacen entre empresas distintas, posibilidad cancelada cuando se da ya sea una integración vertical u horizontal.

Finalmente contra lo que se piensa, la existencia de una legislación ex ante para evaluar, si las F&A pueden por la concentración resultante afectar adversamente la libre competencia, más bien promueve la inversión, en tanto los inversores al entrar a un sector, tendrán la confianza que cualquier F&A que podría afectarlo adversamente, debe pasar primero por una evaluación previa que determine su efectivización total o parcial.  Mas F&A ; 0 ¿No importa la concentración resultante?

 

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Finanzas públicas vs crecimiento

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No sólo la aritmética fiscal cuenta. A pesar de algunas públicas enmendaduras de plana,  parece que en la solicitud de  delegación de facultades del Poder Ejecutivo se consideran  modificaciones al impuesto a la renta cuando menos en el caso de personas naturales, buscando  principalmente aumentar la recaudación por el IGV (producto del incentivo a las personas, de reducir la base imponible de renta, deduciéndose  sin límite todos los gastos con comprobante electrónico).  Como una posible afectación adversa sobre la Renta para personas naturales  podría afectar   reducir el ingreso disponible y así  al consumo privado futuro; por  ello debe de  tenerse mucha precaución en los cambios a desarrollar,  más aún ahora, en tanto estarían  apareciendo  algunos brotes verdes, que indiciarían una recuperación de la velocidad de crecimiento del PBI ocurrida en marzo y probablemente  en abril también. El objetivo  debiera ser, no anular la incipiente recuperación de la dinámica del crecimiento, en tanto con una serie de anuncios parciales e inconexos, se afectan expectativas, al existir más riesgos derivados de los diversos anuncios sueltos por nuestras autoridades, en el caso del impuesto a la renta  , planteándose  cambios en tramo de inafectación, deducción de gastos etc. Independientemente que hace más sentido gravar renta neta y no bruta; el punto que esta buena intención, introduce más inestabilidad en las reglas de juego tributaria, con lo cual se generarán  conductas   más conservadoras de los consumidores dado el probable corte de ingreso disponible por venir.

El PBI en marzo anualizado creció 3.9% a la vez que los indicadores adelantados de abril  de la actividad económica, muestran un  dinamismo mayor, incluso al estimado por nuestras autoridades económicas: Producción de electricidad creció anualizadamente  6%, frente a  3.5% en marzo, consumo interno de cemento creció 8.7%, frente al 3.9% de marzo. La clave para sostener esta mayor crecimiento en los siguientes meses (y ya sin la distorsión generada por  una baja base  de referencia del PBI, como es el caso de comparar contra marzo y abril 2017) reside principalmente en la demanda interna: A propósito ¿La inversión pública aumentará en 17.5% este año? ¿El crecimiento se sustentará en los sectores no primarios (intensivos mano de obra) y no en los sectores primarios,  como viene ocurriendo desde el 2015 hasta marzo de este año?

Por otra parte, de las modificaciones anunciadas en cómodas cuotas episódicas, en cuanto al impuesto a la renta,  se plantearía  reducir, el tramo inafecto para personas naturales  (hoy, siete UITs, más un posible adicional de tres UITs);  así como ampliar también  las deducciones del IR a todo tipo de gastos, siempre y cuando estos estén sustentados con comprobantes de pago electrónicos. Esta propuesta evidencia  que la puntería esta puesta para reducir la evasión del IGV -3.5% del PBI-, aunque también de pasada, se favorecerían con la ampliación de las  deducciones,  los estratos socioeconómico altos,  usualmente ligados al mundo formal, en tanto los estratos socioeconómicos bajos regularmente interactúan con segmentos económicos informales; por ello, ¿Aceptarán estos pagar precios mayores -en segmentos de mercado formales-por sus compras regulares y así poder reducir su ingreso neto para fines impositivos, o simplemente pasarían a ser informales?

Otro hecho poco relevado, es que a partir de los cambios tributarios propuestos, se genera una mayor  volatilidad de tasas y reglas tributarias, lo que origina más incertidumbre en firmas, inversora y consumidora. En suma La afectación del IR así sea para que de carambola inducidamente mejore la recaudación del IGV, podría  afectar adversamente  las posibilidades de recuperación de la velocidad de crecimiento del PBI, evidenciados en los  meses de marzo y abril. Las finanzas importan pero la economía también.

¿Parches tributarios?

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Un reto actual d la política  macroeconómica  es tener bajo control el déficit fiscal y a la vez recuperar la velocidad del crecimiento económico; en tal sentido las decisiones de política en materia tributaria  y de gasto, no integradas en una estrategia explicita, si no presentada s dispersamente – como iniciativas “parche”-  son particularmente relevantes; por sus  efectos adversos  sobre  expectativas de  consumidores, inversores y empresarios.; y de allí sobre la actividad económica.

El déficit proyectado para este año es de 3.5% del PBI, el cuál  hoy responde más a una caída de los ingresos fiscales más  que a incrementos en el gasto; en tal sentido por el lado de este último se emite el DU 005-2018 que recorta  la genérica bienes y servicios por S/ 969.2 millones. En  cuanto a ingresos fiscales, hay  una diversidad de iniciativas en evaluación: Desde implementar un Impuesto Selectivo al Consumo de bebidas azucaradas, pasando por incrementos en ISC para combustibles, licores y autos, revisión  de  la inafectación por 7 UITs para definirla  base de cálculo  para definir el  impuesto a la renta para  personas naturales, revisión de las deducciones adicionales en el caso de renta por gasto en alquileres, servicios médicos etc.

Si miramos con  más detalle la propuesta de política fiscal  implícita en los distintos anuncios  del MEF y la PCM, tanto por el lado de los ingresos y el gasto, estas se presentan sin estar integrados en términos de una estrategia explícita., sin  metas financieras, económicas y de eficiencia.   Incluso toda  esta dispersión  de cambios en tasas y tiempos de vigencia de regímenes, reducción beneficios tributarios, cortes de gasto inconexamente anunciados, pueden deteriorar expectativas de crecimiento futuro, para comenzar, porque  subir tasas impositivas combinado con menos gasto, claramente tienen un efecto contractivo sobre la demanda. Interna.

Si la mirada del MEF sobre el tema fiscal es solo financiera y no económica, pensando en políticas de parche para  reducir el déficit, es decir esta práctica de hacer la cuenta del día y nada  más, deja sin cambio falencias estructurales de nuestra recaudación como por ejemplo el nivel del incumplimiento tributario -36% en el IGV y  56% en Impuesto a la Renta-, hacen  que estructuralmente  las magnitudes futuras del déficit  sean mayores, al desaparecer el efecto de medidas inconexas y de corto plazo,  en otras palabras la no adopción de  acciones que corrijan factores estructurales que reducen la  recaudación como los antes descritos,, implicará seguir incubándose varias  debilidades  fiscales, para luego ponerse en evidencia además  previsibles  reducciones en la cantidad de agentes  que declaran y pagan y que no eluden obligaciones con el fisco.    Cabe mencionar que esto último se sujeta también  al  grado de conformidad de los contribuyentes por la cantidad y calidad de los servicios proveídos por el Estado y por supuesto al grado de simplificación en procesos para  cumplir obligaciones  tributarias. Al final, los parches  no duran mucho  y los tributarios menos.

No todo tiempo pasado fue mejor

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En un contexto donde la presión tributaria sostenidamente ha venido reduciéndose, y hoy no alcanza ni al 13%, del PBI, siendo esta caída, hoy  el principal factor explicativo del déficit fiscal actual -que llegaría al 3.5%; cobra prioridad el desarrollo de una estrategia que busque elevar los  ingresos fiscales sin afectar sustantivamente las actuales tasas impositivas. Y  es así que esta comprometida situación, nos debería llevar por ejemplo, no sólo a ,replantear los beneficios tributarios en general y las exoneraciones tributarias en particular, sino  también a replicar  opciones alternativas exitosas, basadas en mecanismos  diferenciados como el desarrollado desde el 2005, en el  caso de la Región San Martin..

En general el contar con una baja presión tributaria, además de ser el resultado del importante nivel de informalidad en el país, así como de los  altos niveles de  elusión y evasión tributaria, se explica también la baja recaudación, por  la existencia de  más de 200 beneficios tributarios, los cuales reducen según Sunat , para este año la recaudación en S/16.498 millones, esto es un  2,2% del PBI.  Visto sectorialmente el 37.9% de estos beneficios, corresponden a los otorgados en conjunto a la Amazonia,, recuperación anticipada del IGV, Drawback , exoneración impuesto a renta organizaciones sin fines de lucro etc.  A esto se suma un  26.6% de estos beneficios dirigidos  al sector agropecuario, un 12.5% a la intermediación financiera y un 11.7% al sector educación. Alternativamente si miramos por tipo  de beneficio tributario, el 48.7% de estos se explica específicamente por  exoneraciones tributarias, esto es  S/8.034 millones.

Para elevar la recaudación, se cuenta con varios frentes para actuar: Desde lograr reducir el grado de informalidad de nuestra economía, lograr acelerar la tasa de crecimiento del PBI, revisar la actual estructura impositiva y por supuesto mejorar la eficiencia tributaria esto es la relación entre la tasa impositiva y la recaudación efectiva, que por ejemplo en el caso del IGV  es de un reducido 43%; y justamente mejorar la eficiencia tributaria pasa por revisar los beneficios tributarios en general y en particular las exoneraciones tributarias: La pregunta fundamental es: ¿Cumplieron los objetivos para los que fueron creados?

En el caso específico de los beneficios otorgados a la Amazonia, ¿dinamizaron sustantivamente  la actividad económica de la región? Comparativamente con la región San Martin, donde por ley 28575 en el año 2005,  se eliminó el derecho al reintegro tributario del Impuesto General a las Ventas a los comerciantes de la Región de la Selva, se eliminó el crédito fiscal especial del Impuesto General a las Ventas y se eliminó la exoneración del Impuesto General a las Ventas por la importación de bienes, comprometiéndose el gobierno nacional  a transferir al Gobierno Regional de San Martín al menos S/ 45 millones al año, a valor constante. Valor que  se actualiza usando el deflactor del PBI, principalmente, para proyectos de inversión prioritarios de la región, por otro lado, siendo  los saldos destinados a un fideicomiso,. es claro  que  en el interin de  la guerra, esta   implica muertos y heridos principalmente en función de los Resultados. Si uno mira comparativamente la evolución del PBI de las regiones de selva y San Martin, es evidente que esta última  ve acelerada su tasa de crecimiento luego  de la implementación del cambio antes descrito; incluso dada esta mayor velocidad del crecimiento, este dinamismo económico en San Martin  implica un PBI per encima de los US$ 4,000 cápita

En suma, con independencia de las actuales urgencias fiscales replicar experiencias exitosas como la de la región San Martín, debe ser considerada como parte de la estrategia gubernamental en busca de aumentar la presión tributaria, y esto no sólo es  un asunto financiero, es económico también.

¿Cirujano o carnicero?

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En estos últimos días tanto el ministro de Economía como el presidente del Consejo de Ministros, abiertamente refieren que dado un déficit fiscal creciente, la opción inmediata es cortarel gasto, básicamente el gasto corriente “superfluo”. No obstante, dicha opción dista de ser simple, no solo por conocer en particularcuál es la denominación gubernamental de lo que es “superfluo”; sobre todo cuando a renglón seguido las autoridades aluden al gasto en consultorias. Estos asuntos no pueden mirarse solo desde una perspectiva financiera, pues el lado económico también importa, en tanto si se les pasa la mano en el ajuste del gasto, podría afectarse el regular funcionamiento del Estado, como ocurrió con el ajuste fiscal de octubre del 2016, que causó una fuerte desaceleración de la economía.

Que es necesario que el déficit fiscal esté bajo control, está fuera de toda discusión, más aún cuando a la fecha este anda en un 3.3% del PBI, (siendo el tope un 3.5% para este año); fundamentalmente porque ello trae aparejado un mayor ratio deuda pública PBI que llegaría al 25%, con lo cual perdemos solvencia y a continuación se elevaría probablemente la curva de rendimientos, encareciéndose el costo del financiamiento, incluso para el sector privado.

El caso es que este déficit fiscal, hoy responde básicamente a una sostenida caída de los ingresos fiscales; es así que actualmente la presión tributaria solo es del 12.9%. Entonces, diría que para controlar este déficit comenzaría por revertir medidas equivocadas que solo implicaron pérdidas de ingresos como el creado régimen Mype Tributario o las extendidas exoneraciones tributarias sectoriales y geográficas.

Por otro lado, mirando el lado del gasto, no perdamos de vista de que el Estado es un ente prestador de servicios: administrar justicia, seguridad interna y externa, salud y educación básicas, etc. Por lo cual, no debería ser novedad que el gasto corriente, o sea el gasto de funcionamiento, sea predominante. Así, en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2018, este representa el 65.7%. Esto no quita que siempre hay la posibilidad de reducir algo de grasa al interior del gasto, pero cuidado que este ajuste no solo debe hacerse con una mirada financiera, sino debe tenerse en cuenta la perspectiva económica también. Alternativamente, siempre hay posibilidades de menor gasto por el lado financiero, por ejemplo, aprovechando oportunidades de canje de deuda.

En cuanto a la posibilidad explícita mencionada por las autoridades de recortes en servicios profesionales y técnicos (básicamente consultorías), se refiere que en soles nominales el devengado de estos servicios pasó de S/ 7,305 millones a S/ 9,759 millones entre 2014 y 2017; señalándose también que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el 2018 es de S/ 10,831 millones.

Dándose una connotación oficial negativa al crecimiento de estos servicios cabría preguntarse: ¿Acaso no se contratan consultorías porque no se cuenta con la suficiente cantidad instalada en términos de capacidades técnicas, por ejemplo, para elaborar expedientes técnicos que sustentan proyectos de inversión, o para corroborar la pertinencia técnica de una decisión gubernamental? Podrían decir algunos que hay consultorías contratadas poco útiles, ¿acaso la entidad y los funcionarios encargados no asumen la responsabilidad de la pertinencia de los servicios contratados, sobre todo en un contexto donde se persigue dinamizar la inversión pública? De lo expuesto, planteo que se tiene que ser muy cuidadoso en los recortes por hacerse, dado que es fundamental preservar el regular funcionamiento del Estado. Las finanzas son importantes, pero la economía también lo es.

Cuidado con el lado fiscal

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Un aspecto fundamental de la situación macroeconómica de  cualquier país, está referido a la salud de las finanzas públicas. Si bien  para el caso de nuestro país, no estamos frente a un inminente colapso de estas, más bien quisiera alertar sobre su progresivo deterioro, con la consecuencia adicional que el MEF, tendría menos margen para desarrollar en el futuro,  una política fiscal expansiva , opción de política macro de suma utilidad, sobretodo, cuando aún existe el riesgo  de originarse un nuevo proceso de deterioro de las expectativas por parte de los agentes económicos; deterioro originado por ejemplo, porque  hoy resulta poco plausible, que se incremente en 14.2%  la inversión pública este año,-como pronostica el BCRP en su último Reporte de Inflación-  dada la caída de esta en el 1er bimestre en 19%.

Si tomamos como referencia la misma fuente, los ingresos corrientes del gobierno general han venido reduciéndose desde el 2012  22.8% del PBI, llegando al 2017 al 18% del PBI, proyectándose para este año un  incremento marginal,  que llevaría a estos al  18.3%.   En cuanto al Gasto no financiero del gobierno general, entre el 2012  y el 2014, este mostró una tendencia al alza del 19.6% al 21.5% del PBI; para luego descender sostenidamente desde el 21.3% en el 2015 al 20% del PBI en el 2017; proyectándose para el 2018, que este déficit se mantenga casi igual  esto es 20.3% del PBI.   Si relacionamos la evolución de gastos e ingresos desde el 2015 en adelante; incluyendo  los datos proyectados para este año, resulta que los déficits fiscales  son crecientes, pero en promedio no lo son por la expansión del gasto, sino principalmente por la caída de los ingresos fiscales y esto sí debe ser motivo de preocupación.

Otro aspecto de las finanzas públicas a mirar con atención, se refiere a la consecuencia de estos déficits crecientes: El aumento  sostenido  del ratio Deuda Pública/PBI.      Este pasó del 20% en el 2013 al  24.8% en el 2017; proyectando el BCRP, que este ratio llegue al 25.3% del PBI este año; con lo cual nos estamos acercando sostenidamente, al tope de 30% establecido por la regla fiscal vigente. A pesar de lo que dicen las calificadoras de riesgo que han mantenido la perspectiva de nuestras emisiones en la calificación Estable; un incrementado ratio Deuda Pública/PBI cada vez más  cercano al tope, nos hace  sostenidamente  menos solventes, y más riesgosos; por añadidura difícilmente el PBI crecerá  4.5%, con lo cual, se podría poner próximamente en cuestión la sostenibilidad fiscal.

En conclusión de lo descrito hoy, resulta fundamental advertir, sobre  varias complicaciones macro fiscales futuras;  sobre todo cuando la regla fiscal vigente, señala que el déficit fiscal debe ser reducido al 1% hacia el 2021, y para lograrlo es clave definir por ejemplo, un plan de intervención económica,  que contenga propuestas de política macro fiscal. Quizás una acción sugerida es implementar nuevas medidas tributarias administrativas, que si bien con su aplicación, solo permite en el mejor de los casos, adelantar ingresos al fisco, ello daría a su vez, el margen de tiempo necesario para elaborar medidas tributarias de mayor envergadura, y permanencia en el tiempo, asumiendo que efectivamente se recuperará la inversión pública y con ello la demanda interna, con lo cual se impulsaría el PBI de corto plazo pero a diferencia de hoy, con un mayor grado de sostenibilidad  y grados de libertad para implementar  política fiscal contracíclica,;asunto importante pero poco discutido, excepto cuando los desequilibrios son bastante grandes y surge la necesidad de costosos ajustes por el lado de la demanda, que son plausibles de evitar.

La calle está dura

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Según una encuesta de PULSO PERU reportada el lunes en Gestión, han pasado de 59 a  73%. Los  peruanos que consideran que actualmente será más difícil encontrar trabajo: La calle esta dura dicen. ¿Es solo una percepción, sin mucho asidero real? O, si realmente no hay trabajo suficiente, se crearían más oportunidades laborales  descentralizadamente, siguiendo la recomendación de un ex Ministro de Produce  de este gobierno,  de reducir la Remuneración Mínima Vital en el interior del país. La desaceleración de la demanda de empleo formal es real (porque el sub-empleo sí viene aumentando crecientemente), ello es el reflejo  no sólo de  insuficientes tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), sino también de ser este poco demandante de empleo por su composición sectorial.

Sabemos que la demanda de empleo es una demanda derivada de la dinámica del PBI, así como de la estructura que presente este. Por un lado, desde el 2011 viene desacelerándose el crecimiento del PBI, pero sobre todo desde el 2015 en adelante, sostenidamente el crecimiento del sector Primario  -basado fundamentalmente en actividades extractivas (minería, pesca, hidrocarburos)- ha presentado tasas de crecimiento por encima de las exhibidas por el  PBI no primario, -intensivo en mano de obra-. Sólo a manera de referencia en el 2017 el PBI creció en 2.5%, explicado por el crecimiento del sector primario en 2.9% mientras que el no primario lo hizo en 2.4%. Esta diferencia de dinámicas intra PBI que podría parecer marginal, explica que el año pasado, el empleo formal en el área urbana se redujo en 2.8%  en comparación al 2016.  Por lo referido, el que la calle este dura, no es simple percepción,  y entonces cabe preguntarse si la política económica, no tiene nada que hacer al respecto. Considero que sí tiene un rol y planteo algunas ideas.

Es fundamental a fin de apuntalar la demanda interna, concentrar esfuerzos para que se efectivice la inversión para la reconstrucción, (dada la ocurrencia del Fenómeno del Niño Costero el año pasado); por parte del Estado, que no es poca cosa,  no sólo por el monto presupuestado, más de S/. 7,000 millones destinados este año; sino también por la relación de complementariedad con la inversión privada.  El caso es, que dada la coyuntura electoral regional y local de este año, esta evidentemente, se puede constituir –o quizás  ya lo está siendo- como un factor que ralentizará la ejecución de la inversión pública prevista.  Por ello, en mi opinión se debería modificar la normatividad actual, que establece  un orden de prelación en la ejecución de los proyectos de inversión en reconstrucción, que prioriza a los gobiernos locales y regionales; debiendo asegurarse la ejecución a través del gobierno nacional, por excepción. Estos proyectos al estar descentralizadamente distribuidos, siendo intensivos en empleo,  descentralizan también la demanda de mano de obra.

Adicionalmente a lo anterior, sería de utilidad formular una relación detallada de políticas sectoriales específicas, debidamente articuladas, por parte de  los Ministerios de Economía y Finanzas, Producción, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento; dirigidas a promover al sector no primario  de nuestra economía; (manufactura no primaria, construcción, servicios).  Esta específica intervención estatal, debe de ser presentada explícitamente, por el MEF con indicadores  medibles, ordenados  en el tiempo, señalándose  metas cuantificadas por lograr.  Esta última sugerencia, además sería útil, para revertir la actual caída del tramo optimista de las expectativas de los agentes económicos. En parte originada por la inestabilidad política –que sí la hay- , pero también por la de carácter económico, cuyo efecto  se hace directamente perceptible por la gente al ser cada vez más difícil encontrar trabajo.  Sí, la calle está dura y no sólo es percepción, es una situación real, pero también  hay márgenes de acción para actuar.