QUE NO SIGA ENFRIÁNDOSE LA ECONOMÍA

El crecimiento de la actividad económica para este año sería muy bajo; según las proyecciones oficiales que he encontrado al asumir el cargo, el PBI solo aumentaría entre 2.4% y 3.4% en 2022. Como la creación de puestos de trabajo depende del crecimiento de la actividad económica, de tal manera que el nivel del empleo agregado es mayor mientras mayor sea el PBI (considerando constante su estructura sectorial), este asunto resulta particularmente importante para los ciudadanos que opinan masivamente que falta trabajo. Por eso, quiero explicar brevemente por qué sucede esto y que hará el MEF al respecto.

¿Cuál ha sido la evolución reciente de la actividad económica medida por el PBI? La respuesta corta es que la actividad económica se está frenando. La economía peruana se está enfriando progresivamente y puede caer en una recesión donde se contrae el PBI y se destruyen empleos. Varias fuerzas recesivas están operando simultáneamente para enfriar la economía peruana. La primera fuerza es externa. Los tres motores de la economía mundial, Estados Unidos, Europa y China, se están deteniendo por distintas razones, como destaca el FMI. Tasas de interés internacional al alza y precios de metales que exportamos a la baja, configuran un escenario externo adverso para una pequeña economía como la peruana muy conectada a la economía global, donde caen las exportaciones y salen los capitales.

Las otras fuerzas recesivas son locales. La situación política particularmente conflictiva afecta la confianza y reduce el gasto privado (especialmente la inversión). El alza de la inflación reduce el ingreso real de los trabajadores, (los precios suben por ascensor y los salarios por escalera), y disminuye también el consumo de las familias. Por último, las políticas monetaria y fiscal han operado claramente en la dirección de enfriar la economía. El BCRP viene elevando desde mediados del año pasado la tasa de interés de política monetaria, encareciendo el crédito al sector privado y haciéndolo menos abundante, para que la tasa de inflación anual retorne del 8.8% actual al rango meta situado entre 3% y 1% anual. Respecto al MEF, el gasto no financiero del gobierno general ha caído en términos reales sostenidamente desde octubre del año pasado.

Este conjunto de fuerzas externas e internas explica la actual desaceleración de la actividad económica y de la creación de empleos, así como el riesgo real que corremos de caer en una recesión abierta donde se contrae el PBI y se destruyen empleos. Esta situación macroeconómica justifica el diseño y aplicación de un plan de reactivación económica que gire alrededor de la política fiscal que está a mi cargo. Necesitamos una política fiscal que empuje la economía y el empleo hacia adelante y contrarreste este contexto macroeconómico adverso. En eso estamos.

POLÍTICA, ECONOMÍA E INICIATIVA PRIVADA

En nuestro país tiempo atrás , se señalaba que cuando  los números de la macroeconomía y microeconomía. aún no mostraban significativos deterioros a pesar de un creciente enrarecimiento del volátil contexto político, un lugar común era señalar que habría una suerte de independencia o cuerdas separadas en el devenir de la política y la economía. Hoy en julio 2022, ya no podemos decir lo mismo. ¿Qué ha venido pasando?

Primeramente   la intensidad creciente de los desencuentros políticos en el país son más que evidentes, cada vez de mayor envergadura y recurrencia, siendo el Presidente de la República uno de los protagonistas de distintas procesos de investigación, lo cual por la jerarquía del cargo, genera un amplificado ruido e incertidumbre en los inversores y agentes económicos en general; con la consecuente ralentización de la toma de decisiones por parte de ellos.

En segundo lugar, los agentes económicos hacen su mejor esfuerzo a nivel microeconómico para por ejemplo en el caso de  las empresas,  buscan  crear valor, pero se topan con varias restricciones para lograr mejores resultados, obstáculos que en parte actualmente provienen de distintas variables macroeconómicas como una alta inflación y volatilidad cambiaria, desaceleración del crecimiento de la actividad económica, encarecimiento del crédito  a lo que se suma el efecto adverso sobre las expectativas del inestable contexto político actual, todos estos factores adversos  más que contrarrestan los esfuerzos que desarrollan en su interior las firmas para ser más competitivas y rentables. Veamos un ejemplo:

Un banco de origen extranjero que opera actualmente en el país, según sus Estados Financieros en el 2022 presentó al 1er trimestre de este año,  una utilidad neta de S/376 millones, implicando ello un incremento  interanual de 169%, resultado explicado fundamentalmente  por los mayores ingresos  por intereses ( S/ 861 mills, 17% más  que en el 1er trimestre 2021) y al resultado de operaciones financieras (S/ 164 mills, 122%  más que el 1er trimestre del 2021). Por el lado de las colocaciones brutas, (S/ 57,987 mills.  11% de crecimiento interanual). En cuanto a la morosidad esta fue de 3.54% (menor al4.89% sucedido en el primer trimestre del 2021             

 Cabe señalar que estos destacables resultados del banco, no fueron aislados ni singulares, estos venían desde tiempo atrás.   Por ejemplo, en el 2021, el banco reportó utilidades netas por S/. 1,042 millones   291% más altas que el 2020 con una morosidad que se redujo de 5.37 a 3.65% entre el 2020 y el 2021,

El punto es que una importante calificadora de riesgo como Standard and Poors (S&P), aún  reconociendo la mantención del perfil crediticio en BBB+ dada la calidad crediticia intrínseca favorable, del banco, pero la calificación fue limitada a la del soberano en BBB., justificando esta decisión en la actual incertidumbre   sobre el crecimiento económico de Perú, en parte debido a la inestabilidad política, todo lo cual presionan las calificaciones  en línea a lo definido por S&P.

De lo descrito queda evidenciado a partir del breve ejemplo mencionado, que las decisiones para enfrentar los problemáticos contextos económicos y políticos actuales resulta urgente. No hacerlo, subvaluar sus efectos o suponer confiadamente que estos críticos contextos se arreglan solos, resulta una apuesta arriesgada.  No perdamos el optimismo sobre la ocurrencia finalmente de un viraje en 180 grados por parte de nuestras autoridades y políticos.

A pesar de las circunstancias feliz 28.

DESVISTIENDO EN INVIERNO

Una disposición gubernamental tan controversial como poco discutida, es aquella que establece que desde el 2023 la centralización en la cuenta del Tesoro público de los ingresos propios o Recursos Directamente Recaudados (RDRs) de las entidades estatales. El DS 043-2022 señala acciones para implementar el numeral 15.3 del artículo 15 y el numeral 1 de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1441, referido al Sistema Nacional de Tesorería que trata sobre los RDRs de las entidades del Estado excepto gobiernos locales. ¿Qué se establece? ¿Cuán cuestionable es está disposición?

Los RDRs implicados, corresponden a las tasas aplicadas por entidades estatales relacionadas a los ingresos por la prestación de un servicio público de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria, Derechos, Licencias y otras tasas, ingresos no tributarios por venta de bienes. servicios, venta de activos no financieros y financieros como maquinas, vehículos, edificios, terrenos; reembolso de préstamos, venta de títulos y valores, acciones y de participaciones de capital. También están incluidas multas como ingresos de las entidades por infracciones etc.

Desde el 01 de enero del 2023, los recursos antes referidos serán transferidos por las entidades a la cuenta a la Dirección General del Tesoro Público (DGTP).  La entidad es responsable de la recaudación de los fondos públicos por cuenta del Tesoro, en la determinación, cobranza, custodia, registro y traslado a la cuenta bancaria antes indicada.

Al 31 de diciembre de 2022, la DGTP publicará la relación de las entidades comprendidas y los montos de saldos de balance de los RDRs a transferirse al Tesoro Público. Si el saldo acumulado no sea suficiente para cubrir el importe estimado, ante requerimiento de la DGTP, la entidad depositará el monto diferencial respectivo a favor de la cuenta que determine la Dirección General, en los treinta (30) días calendario siguientes de la publicación del Listado.  Tratándose de fondos que la entidad mantenga bajo determinada modalidad o tipos de instrumentos financieros, el depósito a la cuenta que determine la Dirección General del Tesoro Público, se efectúa al vencimiento de los plazos establecidos, dentro de las veinticuatro (24) horas de efectivizada su percepción, incluidos los intereses generados.  

Como referencia, los Redes implican el 6.2% del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2022 esto es S/ 12,138 millones, y por lo general al corresponder a los ingresos propios de la entidad es una útil herramienta de gestión de la liquidez presupuestal, ante las dificultades a veces para la disposición oportuna de los Recursos Ordinarios (RROO) proveídos por el MEF, no obstante estar considerados en el marco presupuestal establecido por dicha entidad. Con la centralización de los RDRs, se cancela la última herramienta financiera a cargo de las entidades, limitando con ello los grados de libertad de la gestión administrativa. En adición, la centralización desincentiva la búsqueda de eficacia en la generación de productos y resultados del gasto realizado en pliegos y unidades ejecutoras, extendiéndose la magnitud de las limitaciones ya existentes en cuanto la oportunidad de contar con los RROO. ¿Qué incentivos tendrían las entidades para ser eficientes en recaudar RDRs, cuando no tiene acceso directo a lo recaudado, dependiendo de la decisión del MEF en tiempos y montos?  También se pone en riesgo la mantención práctica del útil conocimiento ya existente en las entidades resultado del acceso directo a los RDRs, frente a una disponibilidad efectiva intermitente de los RROO.

PBI, DÓLAR e INTERÉS

En estos días caracterizados por una inédita incertidumbre sobre los derroteros futuros de nuestra economía, principalmente en 3 asuntos: ¿Qué ocurrirá con la actividad económica? ¿Cómo evolucionará el tipo de cambio? y ¿Qué ocurrirá con la tasa de interés? Intentaré dar algunas ideas sobre estos asuntos.

La actividad económica en términos desestacionalizados muestra un cuasi estancamiento que ya lleva varios meses tomando como base al último trimestre del 2019.   Así a septiembre del 2021 el índice del PBI fue 102.6, en diciembre 2021 102.3 y 100.6 en marzo del 2022. Viendo las cifras desestacionalizadas, del Banco Central de Reserva (BCR) estas muestran que en el primer trimestre del año el PBI cayó 1.7% respecto del resultado del cuarto trimestre del 2021.  La mayor incertidumbre sumada a un no claro percibido curso de acción futuro de política económica desde la perspectiva de los agentes económicos más una política monetaria contractiva que al encarecer el crédito afecta adversamente al consumo y a la inversión -importantes componentes de la demanda-  explicarían lo sucedido.

Desafortunadamente la ralentización del PBI continuaría el resto del año, en tanto el propio BCRP de proyectar un crecimiento de 3.4% lo reduce a 3.1% para el 2022. Detrás de esta revisión a la baja en la tasa de crecimiento, se proyecta un poco significativo crecimiento del consumo privado de 4.1%, consumo público en 1.5%, inversión pública en 2.1% y 0% de crecimiento de la inversión privada.

En cuanto al dólar, podría preverse presiones al alza en los meses que vienen.  Por un lado tenemos incrementos  hechos y otros anunciados  por venir de la tasa de interés por la FED (enfrentando una inflación de 8.6%) en medio de generalizados aumentos de las tasas de política monetaria por los bancos centrales en el mundo, para enfrentar una creciente inflación, buscando  que el financiamiento en dólares sea más caro y con menos  dólares en el mercado, previsiblemente ello fortalecerá a esta divisa, haciendo también más atractivos para los inversores los activos financieros estadounidenses.

Por otro lado, el BCR ha venido subiendo sostenidamente su tasa de interés de referencia, encareciendo el crédito en soles y así ralentizando la expansión del gasto, buscando lograr pasar de una inflación anualizada de 8.1% en mayo a menos del 3% en el 2do semestre del 2023 según el instituto emisor. El asunto es que aun si se lograse reducir “a la mala”  la inflación al rango anunciado por  el BCR (entre 3 y 1%) pero a la vez  -ahogando la demanda-, estas subidas de la tasa de interés de referencia podrían continuarse ,de seguir los aumentos en la tasa de interés por parte de la FED,  a fin de evitar que se amplíe el diferencial de rendimientos entre activos financieros externos respecto a los locales, moderando la salida de capitales haciéndola  más gradual, pero de todas formas por la reducción de la oferta de dólares, se generarán presiones al alza del tipo de cambio.

De lo reseñado tanto por el lado externo con una FED con previsibles subidas en su tasa de interés (75 puntos básicos la semana pasada, la mayor desde 1994) en medio de subidas generalizadas de las tasas de política monetaria en el mundo, a la vez de una sostenida subida de la tasa de política monetaria por el BCR, indicaría que el crédito será más caro en los meses siguientes.    Entonces en este previsible contexto de debilitamiento de la dinámica del PBI, junto a un dólar y tasas de interés más caros, queda entonces pendiente saber ¿Cuál es la propuesta de política económica a desarrollar?

TIEMPOS QUE NO PINTAN BIEN

En medio de un desconcertante contexto actual caracterizado por el deterioro en cantidad y calidad de los servicios que el Estado debe brindar a los ciudadanos, una afectación adversa adicional viene por la aceleración de la inflación. ¿Qué es lo que está ocurriendo?

La tendencia creciente de la inflación actual, tiene un efecto adverso incrementado sobre el bienestar de los ciudadanos, puesto que ello ocurre no aisladamente, sino que hoy se agrega a nuevas dificultades para obtener o renovar una licencia de conducir ,un pasaporte u obtención de servicios de salubridad públicos, inseguridad interna o recientemente desagradables sorpresas -como sacar un nuevo conejo de sombrero de mago- al establecerse desde el 1º de julio la eliminación de la venta de combustibles según el octanaje y reemplazarla agrupando estos en dos categorías; Regular (gasolinas 84 y 90 octanos) y Premium (gasolinas 95, 97 y 98 octanos), siendo la principal intención maquillar  el nivel y encarecimiento futuro de las gasolinas, afectando a toda la cadena operativa y de distribución, además de buscar que los organismos estatales encargados de la fiscalización en el sector tengan un ahorro en cuanto a los análisis de laboratorio y fiscalización tributaria; el punto es que esta sorpresita ocurre sin reparar que las especificaciones de los fabricantes de vehículos automotores son muy claras en cuanto al octanaje del combustible a usar ¿Por qué no se deja actuar al mercado?

A este bizarro y adverso contexto descrito, se suma una creciente inflación –que como sabemos afecta más a los que tienen menos ingresos (30% de la población en condición de pobre)- es así que en términos anualizados en lo que va del año esta fue en enero 5.68%, 6.15% febrero, 6.82% en marzo,7.96% en abril y 8.1% en mayo. – la más alta en los últimos 24 años-   Siendo una inflación por costos la que venimos afrontando, causada por aumentados precios de insumos importados determinados en mercados internacionales como el trigo, maíz, soya, petróleo; frente a ello, el BCRP viene a través de subidas sucesivas de la tasa de interés de referencia, busca encarecer el crédito y así ralentizar la dinámica del gasto agregado principalmente del consumo privado y de la inversión. Con este debilitamiento de la demanda, se imposibilitaría la validación de mayores precios, con lo cual tal como lo señala el ente emisor, la inflación regresaría al rango meta entre 3 y 1%, lo cual ocurriría según el BCRP recién en el segundo semestre del 2023.  Y ¿Qué podría pasar en este año por transcurrir? Creo que previsibles y aún sostenidas altas tasas de inflación, impactarían en las expectativas inflacionarias incrementándolas. Al 31 de mayo las expectativas inflacionarias según la encuesta de expectativas macroeconómicas del BCRP mostraba desde la percepción de analistas económicos, empresas financieras y no financieras que la inflación se situaría en 6, 5.5 y 5.8%, respectivamente, siguiendo una tendencia alcista iniciada a mediados del 2020.

No habiendo avisos de reversión de los altos precios de los insumos importados antes referidos, como tampoco de los fletes marítimos, un factor adicional que complica el contexto inflacionario descrito, es la subida del precio de la úrea con complicaciones futuras en el abastecimiento, generándose nuevas presiones alcistas en los precios de los bienes agrícolas.  Todo lo anterior explica que para finales del 2022 recientemente proyecciones del sector privado como la del BBVA Research, eleve su estimado de inflación de 5% a 6% para el cierre de 2022.

Por lo descrito, la tendencia alcista de la inflación originará una nueva elevación de la tasa de interés de referencia mañana por el BCRP probablemente a 5.5%, acentuándose el aumento del costo del crédito, continuándose la afectación adversa sobre la recuperación de la actividad económica y del empleo, lo que sumado al deterioro en cantidad y calidad de varios servicios prestados por el Estado, configuran un indeseable pero posible escenario de incrementada pérdida de bienestar en los siguientes meses. ¿Qué previsiones están tomando las autoridades al respecto?

¿CATASTROFE POR VENIR?

La semana pasada el Poder Ejecutivo promulgó le ley que autoriza un sexto retiro de los fondos previsionales en las AFPs desde que se inició la pandemia Covid 19; hasta 4 unidades impositivas tributarias esto es S/ 18,400.  ¿Se viene una catástrofe económica? A continuación, haré un breve análisis de las implicancias de la medida.

Estando pendiente establecer el procedimiento operativo por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS), se sabe que el retiro será gradual. El primer desembolso de hasta 1 UIT (S/ 4,600) se daría en un plazo máximo de 30 días calendario posteriores a la solicitud del afiliado a su AFP. El segundo retiro de hasta 1 UIT (S/ 4,600) se ejecutaría en un plazo de hasta 30 días calendario. Finalmente, el desembolso restante, de ser el caso, es de hasta 2 UIT (S/ 9,200) desembolsándose en un plazo de 30 días.

Según la Asociación de AFPs el potencial de salida de recursos de esta 6ta autorización, es de S/27,333 millones de los fondos de pensiones. Por otro lado, los montos retirados en las cinco anteriores autorizaciones alcanzan S/ 65,923 millones según la SBS. En total desde inicio de la Pandemia se retirarían S/ 93.256 millones, esto es un 11% del PBI.  Las AFPs señalan –sin mayor sustento-, que cualquier autorización para que los trabajadores accedan a su propia plata, generan efectos macro negativos, señalando –a manera de amenaza- por ejemplo, que para juntar los soles y atender los retiros venderían los bonos soberanos peruanos que forman parte de su portafolio de inversiones, reduciéndose los precios de estos e incrementándose el costo de financiamiento del Estado a continuación. Frente a ello que las obligaría a hacerse del efectivo vendiendo estos activos, cuando tienen en su cartera otras opciones que presentan rentabilidades negativas como acciones de firmas no locales, bonos privados y soberanos no peruanos, por ejemplo. Por otra parte, nos hemos puesto a pensar, que si no hubiera los trabajadores accedido a parte de sus ahorros previsionales la contracción del consumo y de la economía hubiese sido mayor al -9.8% y -11.% respectivamente.  Al final luego de haberse retirado S/ 65,923 millones ¿ello condujo a alguna afectación macro importante? Ninguna relevante. Contrariamente a los anuncios de afectación financiera adversa a nivel macro, hemos visto que en plena pandemia esto es en el 2020, estos retiros autorizados permitieron más bien paliar la no prevista caída en los ingresos de los trabajadores producto del aislamiento social establecido en marzo 2020, (para impedir el aumento de la tasa de contagio del Covid19) paralizando un equivalente al 63% de la actividad económica del país y con ello generarse 2.3 millones de nuevos desempleados. 

Alternativamente en vez de una torpe estrategia de meter miedo en cuanto a consecuencias económicas negativas del retiro, las AFPs han evaluado ¿Por qué los afiliados apenas pueden retiran sus ahorros previsionales? ¿Porque sigue manteniéndose una cuestionable distribución de riesgos en tanto las AFPs cobran comisión independientemente de la rentabilidad de los fondos que administran? Por otro lado, se señala que la posibilidad de retiro debería restringirse a aquellos afiliados desempleados, pero en el caso de los que aún laboran, no es verdad que con una inflación anualizada de 7.96% el salario real se contrae y lo seguirá haciendo aceleradamente con tasas de inflación crecientes que se desaceleraría recién en el 2do semestre del 2023 periodo en el que el propio BCRP señala que la inflación estaría por debajo del 3%. Se dirá que los ahorros previsionales no tienen la finalidad de moderar la perdida de poder adquisitivo de los trabajadores, en todo caso si las AFPs están interesadas en que no haya un perjuicio económico por una menor pensión resultante de los retiros autorizados, porque por ejemplo no reducen sus comisiones. Al final diré que situaciones extraordinarias ameritan decisiones del mismo corte también.

SERIOS PROBLEMA MACRO

Existiendo una sostenida crisis política en el país con un pugilato continuo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo –sin fecha de término- que en la práctica  dificulta la generación de políticas públicas, el contexto se agrava con 2 problemas económicos  relevantes, como es el mayor dinamismo en la elevación de los precios y una ralentizada dinámica de la actividad económica , el hecho particular es que  las acciones que viene desarrollando el BCRP frente a la creciente  inflación estaría afectando adversamente la recuperación de la actividad económica. Veamos lo que está ocurriendo.

Antes de entrar en materia, un elemento importante del contexto es la inexistencia en cantidad y calidad de políticas públicas en magnitudes suficientes, para lograr algún nivel de normalidad de funcionamiento básico para el país. Esta carencia se hará más notoria en la medida que se agraven los problemas en distintos sectores: Tenemos el caso del sector salud, donde frente a la pandemia Covid – 19, aún subsiste la falta de un desarrollado sistema primario de salud, que hubiese servido para no ser el país con más muertes por millón de habitantes en el mundo y por supuesto para enfrentar pandemias futuras, en el sector educación está pendiente tomar acciones para  completar las competencias por adquirir por los escolares promovidos de grado en los 2 años de clases no presenciales, en el sector interior un agravado problema de inseguridad ciudadana, en el sector laboral no hay intervenciones dirigidas a promover una mayor tasa de incremento de la demanda de empleo  por el sector privado, entre varios pendientes.  En medio de este listado de pendientes, asociados a carencias de políticas públicas, se suman complicaciones macro como es el caso de una incrementada tasa inflacionaria y una cada vez más debilitada recuperación del PBI, y en esto tiene mucho que ver la actual política monetaria contractiva del BCRP. 

La inflación anualizada al mes de abril alcanza un 7.96%, siguiendo una tendencia alcista iniciada varios meses atrás, tasa bastante mayor a la meta inflacionaria de 2% con un rango de +-1, este diferencial de tasas, está en parte asociada con expectativas inflacionarias en abril situadas en 4.62%

El agravamiento de la inflación, se refleja también en una más generalizada mayor velocidad de crecimiento de los precios en cuanto a los componentes de la canasta referencial para medir el índice de precios al consumidor.  Mientras que entre el 2001 y el 2022 el 37% de rubros del índice de precios al consumidor mostraban una variación superior al 3%, en abril de este año este porcentaje fue del 72%, lo cual es indicativo de la aceleración inflacionaria en curso.  ¿Pero a que responde la inflación actual? Fundamentalmente es por mayores costos (choque adverso de oferta) resultados de mayores precios de insumos importados como el trigo, maíz, petróleo, soya, urea, mayores costos fletes marítimos, siendo mercados concentrados los correspondientes a los productos finales donde estos costos son relevantes, con pocos ofertantes que tienen poder de mercado, se puede colegir la facilidad de trasladado de estos mayores costos a precios finales.   Por otro lado, si bien desde principios de año hasta hace 2 semanas el tipo de cambio se redujo, esto no implicó reducciones en los precios finales, dada la concentración de mercado antes señalada.  

Frente a esta inflación creciente, el BCRP ha venido aumentando su tasa de interés de referencia primero para encarecer el crédito afectando adversamente el consumo, y la inversión y así la demanda, de esta forma forzadamente se busca que la inflación regrese a la banda establecida por el BCRP. La otra razón de subidas de las tasas de interés de referencia, es para incrementar el rendimiento de activos financieros locales, y moderar una abrupta salida de capitales, habida cuenta del inicio de alzas de la tasa de interés por la Reserva Federal de los EEUU, a fin de enfrentar una inflación anualizada del 8% -la más alta en los últimos 40 años- está más alta tasa de interés posibilita un aumento en el rendimiento de activos financieros externos.  ¿Cuáles son las propuestas de políticas de nuestras autoridades frente a estos problemas macro?

FALTA DE POLITICAS PUBLICAS

La casi permanente crisis política en la que está sumido hoy nuestro país, origina una serie de  situaciones adversas visibles como es la inexistencia y/o discontinuidades de políticas públicas, problema  que tiene consecuencias más graves,  cuando aún todavía estamos inmersos en los efectos directos de la pandemia Covid -19 en el Perú, siendo los más visibles los efectos adversos sobre la economía y sobre la salubridad; sin embargo si reparamos con más detenimiento, se han producido además afectaciones adversas sobre sectores tan fundamentales  para la vida ciudadana  como  es la educación. Veremos a continuación algunos indicios de esto último, afectación poco referida, pero no por ello menos existente.

Los efectos adversos de esta pandemia más conocidos sobre la economía son varios, pero los más visibles quizás fueron la recesión de -11.2% y la generación de más de 2 millones de desempleados y el deterioro de las cuentas fiscales y la retracción de la inversión.  En lo que respecta a la salubridad el dato directo más visible son los más de 200,000 fallecidos en los dos últimos años, al margen de las diversas secuelas en salud que aquejan a los que padecieron la enfermedad: Menor suficiencia respiratoria, inestabilidad emocional creciente etc. asuntos casi ignorados en la discusión pública, dicho sea de paso.    Pero sin duda, -a pesar de su ausencia en primeras planas- ha ocurrido la mayor afectación negativa en la historia de la educación en el país definido por el cierre masivo de escuelas en todos los niveles educativos y afectando a 8´175,000 escolares.   A pesar de buscar paliarse la falta de educación presencial a través de la educación en línea, el impacto adverso sobre la calidad educativa (sobre todo en la educación pública) fue lo predominante, la denominada “pobreza de aprendizaje”. Se ha promovido en estos 2 años de educación no presencial (198 días) a escolares que no pudieron adquirir las competencias correspondientes a sus grados, siendo las pérdidas de aprendizaje mayores para los estudiantes más desfavorecidos.

Los factores que explican estos resultados son diversos: Desde la falta de preparación de docentes y estudiantes en el uso de la informática como herramienta para el aprendizaje, la falta de infraestructura tecnológica, hasta la falta de planes anteriores para desarrollar esta opción educativa.

Urge, por tanto, acelerar el proceso de nivelación en calidad y cantidad de las competencias que debieran tener nuestros estudiantes. Existe mucha casuística en cuanto a prácticas y evidencias de experiencias internacionales positivas que van surgiendo y que podríamos replicar, reduciéndose en el tiempo nuestra curva de aprendizaje como país en estos temas, pero una condición necesaria, aunque no suficiente (porque se necesita capacidad de gestión también) para ello es la disponibilidad presupuestal. Esto último nos lleva al fundamental tema de la existencia de políticas públicas. ¿Existen ahora en el país?

En 9 meses se han tenido 4 gabinetes y más de 50 ministros de Estado, y como sabemos cada Ministro llega al sector con su equipo propio de funcionarios de confianza, originándose producto de sucesivos cambios) discontinuidades en la gestión sectorial, si a eso le agregamos la falta desde el principio de un claro Plan de Gobierno de la administración entrante, todo ello configura la incertidumbre actual, acrecentada además por un continuo ruido político, inflación creciente, marginal crecimiento económico y del empleo, inoperancia en provisión  de servicios públicos en cantidad y calidad requerida por los ciudadanos. ¿Hay margen hoy, para definir diagnósticos y correctivos frente a estos problemas, esto es establecer Políticas Públicas plausibles? ¿Hacia dónde va nuestro querido país?

GEOPOLÍTICA, ENTRE EL DOLOR DE BOLSILLO Y LA DEFENSA DE DD.HH.

En medio de la Invasión de Rusia a Ucrania, la aplicación de nuevas sanciones económicas del quinto paquete con embargo a compras de carbón, petróleo y en perspectiva del gas por parte de la Unión Europea (UE) sobre Rusia, pone a esta en un dilema: Afrontar encarecimiento y probable racionalización energética producto de sanciones aplicadas o menos costo económico al establecer leves sanciones por vulneración de DD.HH. por los rusos. Este sería un buen ejemplo de libro de texto sobre la vinculación entre geopolítica y economía, veamos cómo.

La invasión iniciada desde el 26 de febrero y su permanencia en el tiempo ha implicado desde Occidente la aplicación de una serie de restricciones económicas: prohibición a empresas occidentales a seguir abastecimiento en mercado ruso, no acceso al Swift, cancelación uso patentes, etc. y además después se cerrarían gasoductos, lo que a la vez sería la respuesta rusa por un posible embargo del crudo.

El caso es que la confianza en Rusia como proveedor energético (40% y 27% del gas y petróleo consumido en la U.E. respectivamente) pone en cuestión –dada una desordenada retracción de la oferta- que la U.E. empiece a bajar el consumo mientras encuentra opciones de suministro. Las reducciones de importaciones de petróleo ruso, por venir y la probable interrupción de abastecimiento del gas dado el aumento de precios de la energía llevarían a un escenario de racionamiento energético, cuya última vez data de la crisis del petróleo de 1973. De esta manera, según Bruselas el PBI se contraería en 6%. Nuevas amenazas de ocurrencia de un ataque químico o nuclear deterioran aún más las expectativas futuras sobre el contexto descrito.  

Cada acción violenta de Rusia en la invasión de Ucrania, justifica más el corte de importaciones de petróleo y gas. Estas imitaciones por venir –por el lado de la demanda- en el uso del auto o de calefacción en casas afectará negativamente en el bienestar de la gente. Frente a este complicado contexto, la UE pudo comprometer a EE UU de aumentar este año en 15.000 millones de metros cúbicos sus exportaciones de gas natural licuado (GNL) a Europa.  Italia y Alemania con alta dependencia de la energía rusa han estado muy activos, Italia acordó con Argelia, un 40% más de gas a través del gaseoducto Transmed, y con Egipto para el suministro de GNL. Alemania acordó con Qatar gas licuado del golfo. Un punto crítico es si las corporaciones energéticas europeas aumentarían sus reservas a precios altos derivados del conflicto en Ucrania y sin seguridades de recuperar la inversión en la campaña de invierno.  Pero incluso considerando que 19 países de la UE tienen capacidad de almacenar energía, esta capacidad al 100%, 400,000 millones m3 solo alcanza al 25% de la demanda anual.

Haciendo más complejizado el contexto, el 07 abril la U.E. decretó el embargo sobre el carbón ruso, paso que la enfila hacia la ruptura de relación energética comercial con el país de Putin.  El calendario de la UE plantea que este año se reduzca en un 66% la dependencia energética respecto a Rusia. Hay un libreto ya definido: La continuidad de acciones militares con crecientes crímenes de guerra por el Ejército ruso, con un continuo suministro de Occidente de armas y financiamiento a Ucrania, hace inviable la existencia de una relación comercial confiable entre las ofertantes empresas energéticas rusas y sus demandantes europeos. Se comienza restringiendo el carbón, luego el petróleo y finalmente el gas.  La búsqueda de alternativas de energía acarrea; además, un previsible aumento de precios, añadido al que ya se ha producido y que ha llevado a la mayoría de los países europeos a adoptar medidas para intentar mitigar o neutralizar el impacto de la crisis energética en ciudadanos y empresas. En total, 24 de 27 países de la UE, han adoptado ese tipo de planes con un coste presupuestario considerable.

SEPARANDO LA PAJA DEL GRANO

En estos últimos días los paros al interior del país y bloqueo de carreteras, dispararon los precios de alimentos y combustibles y recién allí se entra en cuenta oficialmente que la inflación es un serio problema,  incluso antes, la inflación ya presentaba desde julio del 2020 una tendencia creciente: 6.82% anualizada a marzo (más del doble del límite de 3% referido por el BCRP) generando incluso dificultades en definición de estrategia de precios. Uno de los factores explicativos de esta, es el sucesivo aumento en el precio de insumos importados requeridos por la industria alimentaria como el trigo, maíz, soya. En el caso del precio del trigo tan sólo en la semana pasada se incrementó 4,6 por ciento y 33.8% en lo que va del año, en medio de una sostenida tendencia alcista iniciada a mediados del 2020 llegando a un máximo histórico en los últimos 3 años de US$/ton. 483.  Según el BCRP, refiere la ocurrencia de sequías en los campos de cultivo de trigo de invierno en Norteamérica, reducción de la oferta en Ucrania y aumento de impuestos a la exportación de trigo de Rusia. Exploremos más de cerca lo que ocurre en los mercados de commodities, insumos de la industria alimentarias y sus efectos diferenciados entre países dada la importancia de estos sobre la inflación.

Hoy en los mercados globales de granos, se define una más aleatoria e incrementada demanda, ejerciendo el cambio climático una afectación adversa sobre las cosechas. Cabe señalar que los precios internacionales de cereales ya habían subido en el 2021 en razón de la elevación de las temperaturas en Canadá, inundaciones en Alemania y sequias en el sur de Brasil.

Desde el plano financiero, fondos de equity de envergadura como Blackrock invierten en el negocio del maíz, azúcar, soja por ejemplo en el nordeste brasilero, en medio de la liberalización del sector agroindustrial, promoviendo flujos de entrada de capital financiero. Así fondos de inversión agroindustriales (fiagros), facilitan inversiones en la agroindustria, posibilitando que las haciendas de soja y ganado se conviertan en activos de inversión internacional.

Visto macroeconómicamente en la región, la necesidad de mayores ingresos resultantes de exportaciones de commodities y de inversiones de multinacionales es heterogénea.  Por ejemplo, estos serán más requeridos en países como Brasil, dada la prevista desaceleración de la economía brasileña, cuyo crecimiento del PBI pasaría del 4,6% al 0,3% entre el 2021 y el 2022, según el FMI. En adición,  la urgencia de más divisas e inversiones es mayor, dado el encarecimiento de la deuda brasileña (equivalente al 80% del PBI), en un contexto que se complica en dicho país, considerando que el banco central brasilero al igual que muchos bancos centrales en el mundo, ha venido subiendo su tasa de interés para la enfrentar la inflación, considerando que la generalizada alza de precios, post pandemia Covid -19, responde a una incrementada demanda inducida por la política macroeconómica  -para salir de la recesión- frente a una oferta que crece a menor velocidad. Alternativamente, en otros países como Argentina, otro importante productor de granos, los mayores ingresos de capitales son fundamentales para manejar una crítica situación de su deuda pública y poder tener un mejor relacionamiento con el FMI para el tratamiento de esta.

No obstante, un boom de precios de materias primas no beneficia a todos. Por ejemplo, en el caso de los metales, países exportadores de estos como Perú y Chile son claramente favorecidos, en tanto como importadores de commodities que son insumos en la producción de alimentos nos afecta adversamente, pero para países como Brasil, Argentina o Uruguay se benefician al ser exportadores de dichos insumos. Lo descrito se da en medio de extendidas políticas monetarias contractivas, para enfrentar crecientes tasas de aumentos de precios, afectando negativamente la recuperación de la actividad económica al encarecerse el crédito. En suma, siendo la inflación creciente un problema real en curso y siendo la subida de los precios de insumos usados en la producción de alimentos como el trigo, maíz, soya entre otros un factor explicativo importante de esta, es necesario entender con más detalle lo que viene ocurriendo en los mercados de estos commodities y sus perspectivas futuras.